Bien haría la Fiscal General y jefa del Ministerio Público (MP) en jalarle las orejas a quienes le preparan sus discursos y hacen que ponga en evidencia su desconocimiento en temas complejos como los económico-financieros. O, tal vez, debe ser más prudente cuando intenta restar méritos a otras instituciones del Estado, puesto que cuando los ataques no están sustentados, se corre el riesgo de sufrir desgastes innecesarios.

El martes recién pasado, durante la declaración que ofreció en la sede del MP, para intentar desmentir las afirmaciones nacionales e internacionales que la vinculan con las mafias que asaltan el erario, la señora Consuelo Porras quiso mofarse del Organismo Ejecutivo al asegurar que este gobierno tiene el “presupuesto más alto de la historia y que, casi a mitad del año, no ha podido ejecutar ni el 10 por ciento del mismo”.

No puede ser posible que en un pequeño párrafo, la funcionaria cometa dos equivocaciones o mentiras y que, a estas alturas, aún no haya recapacitado y ofrecido disculpas, aunque, quizás, ni ella ni sus asesores se han percatado de sus yerros.

Para empezar, el proyecto de ingresos y gastos de 2024 es el mismo que tuvieron a su disposición Alejandro Giammattei y Miguel Martínez en 2023, el cual fue aprobado por la anterior legislatura.
Además, cuando se compara la ejecución presupuestaria realizada de enero a abril, en el primer año de los cuatro gobiernos anteriores, el Gabinete de Bernardo Arévalo y Karin Herrera registra la mayor eficiencia, al alcanzar el 28.34 por ciento del total disponible, con el agregado de que las carteras de Salud y Educación contabilizan los mayores desembolsos, contrario a las aseveraciones de Porras.

En fin, por el bien del país, confiemos que en materia de investigación criminal, la fiscal cuente con consejeros más atinados y serenos, que le aporten y no le resten credibilidad, aunque sea en las alocuciones y conferencias de prensa.

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Poco a poco, más sectores se pronuncian a favor de la destitución de la fiscal general y jefa del Ministerio Público (MP), Consuelo Porras, quien es vista, nacional e internacionalmente, como una aliada incondicional de las mafias de cuello blanco y conciencia negra que han saqueado y pretenden continuar
robándose los fondos públicos.

Una muestra del rechazo que concita la funcionaria se evidenció ayer, cuando organizaciones y colectivos universitarios, empresariales, campesinos y de la sociedad civil hicieron sentir su inconformidad contra la labor de la fiscal, a quien no se le considera apta para el cargo.

Las posiciones de los grupos aludidos, las cuales se manifestaron en las calles y en comunicados de prensa, se conocieron en el marco de una cumbre regional sobre migración, a la que asistieron 20 delegaciones del continente americano, las que constataron el repudio que genera la persona que, lejos de combatir la impunidad y promover la decencia en el Estado, lo alienta y protege.

Pero mientras aumenta el respaldo ciudadano a la decisión del presidente Bernardo Arévalo y de la vicemandataria Karin Herrera de terminar con “el oscuro ciclo” de Porras, la Corte de Constitucionalidad (CC) volvió a resguardarla, al resolver que se debe respetar el tiempo para el que fue nombrada por Alejandro Giammattei, por cierto, uno de los principales señalados de los saqueos cometidos durante su administración, a quien el MP se resiste a investigar.

Sin duda, esta batalla por recobrar el Estado de derecho y de combate a la corrupción va colocando a cada quien en lado correcto o equivocado. El Congreso de la República fue un reflejo de ello, luego de que fue imposible que se alcanzara el quorum para conocer y aprobar el anteproyecto que el lunes pasado entregó el mandatario.

“Como Presidente electo por el pueblo no puedo tolerar que esta injusticia continúe”, afirmó el gobernante cuando presentó la iniciativa; un sentimiento que contagia a quienes se hartaron de la deshonestidad que destilan quienes desgobernaron esta nación.

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Los diputados del Congreso de la República enfrentan una disyuntiva histórica: fortalecer el sistema democrático y velar porque se imparta justicia, o perpetuar la impunidad y corrupción que han impedido el desarrollo del país y alcanzar mayores niveles de prosperidad.

El dilema, fácil de resolver, le llega a los parlamentarios con la propuesta de reforma al
Artículo 14 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (MP), que promueve el presidente
Bernardo Arévalo. En esencia, hay que decirlo claramente, la referida modificación permitirá retomar las causas que legalicen el retiro de Consuelo Porras, quien se ha atrincherado en el cargo con un objetivo muy claro: asegurar la inmunidad propia y la de quienes integran el llamado pacto de corruptos.

Pero más allá de cumplir con la demanda social de concluir con “el oscuro ciclo” de Porras, el anteproyecto restituye la independencia del MP y lo obliga a rendir cuentas sobre sus actos, una responsabilidad que tienen todas las entidades estatales, la cual es común en las naciones democráticas del mundo.

Conviene aclarar que la Fiscal General y sus aliados en el Ministerio no se enfrentan a revanchismos políticos o venganzas personales, como sugieren las teorías conspirativas que provienen de algunos individuos y sectores. Estos funcionarios, muchos de ellos vetados en 43 países por su presunta complicidad en el saqueo del erario, confrontan a una ciudadanía que está consciente de que mientras la Fiscal General continúe en el puesto, la transparencia y la probidad en el aparato público continuarán siendo utopías.

Insistimos. En breve, esta legislatura, que ha enviado mensajes esperanzadores y optimistas, deberá elegir entre construir una Guatemala en donde ministros, diputados, magistrados y fiscales sean los buenos que rechazan a los malos y no al revés, donde los patos no solo le disparan a las escopetas, sino que se roban el armamento para perpetrar nuevos asaltos.

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