EDITORIALES
La destitución de Porras ya es un clamor nacional
Poco a poco, más sectores se pronuncian a favor de la destitución de la fiscal general y jefa del Ministerio Público (MP), Consuelo Porras, quien es vista, nacional e internacionalmente, como una aliada incondicional de las mafias de cuello blanco y conciencia negra que han saqueado y pretenden continuar
robándose los fondos públicos.
Una muestra del rechazo que concita la funcionaria se evidenció ayer, cuando organizaciones y colectivos universitarios, empresariales, campesinos y de la sociedad civil hicieron sentir su inconformidad contra la labor de la fiscal, a quien no se le considera apta para el cargo.
Las posiciones de los grupos aludidos, las cuales se manifestaron en las calles y en comunicados de prensa, se conocieron en el marco de una cumbre regional sobre migración, a la que asistieron 20 delegaciones del continente americano, las que constataron el repudio que genera la persona que, lejos de combatir la impunidad y promover la decencia en el Estado, lo alienta y protege.
Pero mientras aumenta el respaldo ciudadano a la decisión del presidente Bernardo Arévalo y de la vicemandataria Karin Herrera de terminar con “el oscuro ciclo” de Porras, la Corte de Constitucionalidad (CC) volvió a resguardarla, al resolver que se debe respetar el tiempo para el que fue nombrada por Alejandro Giammattei, por cierto, uno de los principales señalados de los saqueos cometidos durante su administración, a quien el MP se resiste a investigar.
Sin duda, esta batalla por recobrar el Estado de derecho y de combate a la corrupción va colocando a cada quien en lado correcto o equivocado. El Congreso de la República fue un reflejo de ello, luego de que fue imposible que se alcanzara el quorum para conocer y aprobar el anteproyecto que el lunes pasado entregó el mandatario.
“Como Presidente electo por el pueblo no puedo tolerar que esta injusticia continúe”, afirmó el gobernante cuando presentó la iniciativa; un sentimiento que contagia a quienes se hartaron de la deshonestidad que destilan quienes desgobernaron esta nación.
La iniciativa de ley de incremento presupuestario 2024 que presentó el Organismo Ejecutivo, ayer, ante el Congreso de la República evidencia las convicciones que mueven al presidente Bernardo Arévalo y a la vicemandataria Karin Herrera en cuanto a impulsar el desarrollo social y económico inclusivo.
La propuesta, que asciende a 14 mil 451.7 millones de quetzales, incluye condiciones que aseguran la probidad en el uso de los fondos y la rendición de cuentas, valores que priorizan el binomio y el Gabinete.
Adicionalmente, el anteproyecto también promueve en los artículos 5 y 8 el rendimiento de los fondos en la Obra Pública y medicamentos, al facultar al Gobierno para que suscriba contratos con organismos internacionales para que supervisen los proyectos y provean fármacos, suministros e instrumentos médico-quirúrgicos a costos más accesibles, de calidad comprobada y en tiempos prudenciales.
Otro elemento que debe destacarse son los 1 mil 841.6 millones de quetzales que se asignan a la Ley de Atención Integral del Cáncer, normativa aprobada por la actual legislatura, la cual, de momento, no dispone de recursos para atender a los enfermos.
El fortalecimiento que propone para el sector de Seguridad, Defensa y Justicia va en sintonía con la lucha contra la corrupción y el establecimiento de un Estado de derecho que busca el Gobierno.
En este sentido, otorga 4 mil 516.7 millones a este sector, fondos que favorecen al Ministerio Público con una concesión de 1 mil 919.2 millones, gesto que comprueba que el rechazo del jefe de Estado a la negativa de la Fiscal General de combatir la corruptela no se traslada a la institución, la cual debe ser uno de los bastiones de la gobernabilidad del país.
Finalmente, conviene destacar que la iniciativa de aumento del gasto excluye la posibilidad de mayores endeudamientos, puesto que los fondos solicitados se financiarían con ingresos fiscales y saldo de caja, y prevé el incremento de los aportes ordinarios y extraordinarios a los consejos departamentales, con lo cual se estimularía la prosperidad individual y colectiva de las comunidades.
La muerte de Jorge Sebastián Pop Chocooj, más conocido como Farruko Pop, ha conmovido a buena parte de la sociedad guatemalteca, dada la popularidad y el carisma del cantante, y la forma tan alevosa en que ocurrió el acontecimiento.
De esa cuenta, conviene valorar la eficiencia y rapidez del trabajo realizado por la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC), de la Policía Nacional Civil (PNC), que inició la búsqueda que concluyó con el lamentable descubrimiento del cadáver del joven, así como el posible vínculo de cabecillas del Barrio 18 con el asesinato.
Además de sus condolencias, el Diario de Centro América condena el crimen y confía en que los autores materiales y los posibles ideólogos del hecho sean capturados, llevados ante los tribunales de justicia y sometidos a los castigos de ley, como debe pasar con el resto de atentados contra la vida.
Como es lógico en estos casos, la percepción sobre la inseguridad ciudadana se incrementó y los connacionales comienzan a cuestionar la labor del Gobierno y del Ministerio de Gobernación (Mingob), algo que pareciera injusto cuando ese sentir de aumento en los índices de homicidios y robo de furgones, residencias y automotores es insostenible, cuando se confronta con los registros oficiales y privados, que advierten de disminuciones en ambos rubros.
El camino por alcanzar niveles de seguridad y bienestar social es complicado, y no solo porque implica enfrentar a bandas organizadas nacionales y externas, sino porque se lucha contra sectores que abogan por la ingobernabilidad y el fracaso del Gobierno, por considerar que es el sistema que facilita sus fechorías y les mantiene impunes.
Sin embargo, tanto criminales como políticos y empresarios de cuello blanco y conciencia negra olvidan que el Organismo Ejecutivo ya no está bajo su control y que, lejos de ello, se comprometió a alcanzar un Estado de derecho y una democracia que responda a los intereses y beneficios de las grandes mayorías.
A nadie asombran, pero los pagos del Gobierno anterior por obras inconclusas, de mala calidad o sobrevaloradas siguen apareciendo. Escuelas, hospitales, centros de salud y ahora hasta museos, son obras que revelan los negocios multimillonarios de los exgobernantes para vaciar las arcas del Estado y llenar los bolsillos de sus funcionarios.
Para quienes hemos sido testigos de la voraz corrupción de los gobiernos posfirma de los Acuerdos de Paz en 1996, ya nada nos sorprende.
A diario, con solo revisar los listados de obras adjudicadas y salir al campo a comprobar su ejecución, brotan indicios descarados de engaño o corrupción.
Hoy, este medio devela una de tantas de esas maniobras que han conducido al desprecio por el erario público y la burla hacia los guatemaltecos. Se trata de la construcción del Museo Caracol del Tiempo, que deja sin palabras a propios y extraños.
Esta obra, construida en El Asintal, Retalhuleu, demoró años en concretarse, pero finalmente fue inaugurada el 21 de diciembre de 2023, en el período de Alejandro Giammattei.
Se abrió al público para apreciar la diversidad de piezas arqueológicas que guardan tanta riqueza del sitio Tak´alik Ab´aj, declarado, incluso, Patrimonio Mundial de la Humanidad por la Unesco (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura).
Al parecer, todo transcurría bien, pero apenas comenzó la temporada de lluvias en la región, el museo debió cerrarse al público, debido a filtraciones de agua que pusieron en riesgo las piezas. También fue retirada la mayor parte de los atractivos arqueológicos.
Para sorpresa de todos, las medidas fueron tomadas porque comenzó a filtrarse el agua de las lluvias por la losa del techo y poner en riesgo el museo.
La obra adjudicada durante la gestión de Felipe Aguilar, como ministro de de Cultura y Deportes a la empresa J.P., Sociedad Anónima, costó 18.1 millones de quetzales. Según el portal Guatecompras, desde 2005, la constructora ha recibido contratos por 445.7 millones.
Hoy, J.P., Sociedad Anónima, aduce que el problema es del cemento utilizado por una tercera compañía. Cierto o no, el caso es que es evidente que las instalaciones fueron mal construidas y quién sabe cuánto se movió bajo la mesa. El país no puede seguir con esas prácticas que han enriquecido, de manera ilegal, a una minoría y empobrecido a la mayoría de guatemaltecos.
