La lucha contra la delincuencia y el crimen organizado en Guatemala ha dado un paso adelante con la habilitación de la Subestación 15-1-5 de la Policía Nacional Civil (PNC). Ubicada estratégicamente en la colonia Plan Grande, Bárcena, Villa Nueva, estas instalaciones representan un avance en el fortalecimiento de la seguridad ciudadana y las capacidades de los agentes para abordar la problemática delictiva en el país.

70 uniformados fueron asignados a esta delegación.

El titular del Ministerio de Gobernación (Mingob), Francisco Jiménez, destacó la importancia de esta habilitación, no solo en el combate a la delincuencia, sino en el compromiso del Gobierno, encabezado por el presidente Bernardo Arévalo y la vicemandataria Karin Herrera, con el trato digno y decoroso de los uniformados. Jiménez subrayó la relevancia del recurso humano en la consecución de las metas de resguardo ciudadano.

El director general de la PNC, David Custodio Boteo, afirmó que esta sede policial es un paso hacia la construcción de una sociedad más segura y un futuro mejor para todos los guatemaltecos. Custodio reiteró la tarea de servir con honestidad, respeto y transparencia en la misión de garantizar la plena protección de la población y su patrimonio.

Lizandro Acuña, experto en seguridad del Instituto de Análisis e Investigación de los Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos (Ipnusac), subrayó la importancia de fortalecer las instalaciones y las fuerzas policiales en sí, no solo con equipamiento y tecnología, sino también con formación y capacitación continua.

Acuña enfatizó la necesidad de promover la comunicación y coordinación con la comunidad para impulsar la denuncia y la prevención del delito.

La construcción de esta subestación, con un costo de 6 millones 911 mil 522.26 quetzales, fue financiada con el préstamo otorgado por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) al Estado de Guatemala, destinado al Programa para el Desarrollo de la Infraestructura y Equipamiento para la Modernización de las fuerzas policiales y el Sistema Penitenciario (SP).

Luis Carrillo Fotógrafo: Cecilia Vicente

Los pasillos del Congreso de la República son el escenario utilizado por entidades para hacer denuncias públicas de corrupción. Una de ellas es la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente
(SOSEP), que dio a conocer anomalías por más de 30 millones de quetzales en esa instancia.

José Chic, de la bancada VOS, afirmó que se trata de un nuevo caso de estafa a la SOSEP y a 18 proveedores de alimentos para los programas Mis Años Dorados y Hogares Comunitarios, quienes no recibieron los pagos correspondientes por el monto mencionado.

“Son vendedores desde hace varios años. Sin embargo, en 2023 personal de la Secretaría de la pasada administración les indicaron a quienes deberían facturar; casualmente, eran jugadores de la selección de softbol”, explicó el parlamentario. En los últimos meses del año pasado, se extendieron documentos contables por 500 mil y hasta por 4 millones de quetzales.

Según los comerciantes, entregaban facturas directamente a la institución, pero a mediados de 2023, a través de mensajes y llamadas, una tal María les dijo que había un cambio en el proceso y que debían hacerlo a terceras personas.

Natali Contreras, subsecretaria de Promoción Social, explicó que esta es una mora que dejó el gobierno anterior, lo que es preocupante por los millones de quetzales que hubo de estafa en alimentos, que se manejaron de manera discreta y de los cuales hay registro de que sí se pagó a los proveedores, pero fueron sobrevalorados.

“Ahora nos encotramos con esta sorpresa, que las personas que realmente trabajaron nunca recibieron su dinero. Vamos a colaborar con ellos y a unir esfuerzos. Ya presentamos denuncias y veremos qué se puede hacer con la información que se aporte”, explicó la funcionaria.

Ya lo conoce el MP

Por este proceso hay dos denuncias en el Ministerio Público (MP): una hecha por la Contraloría General de Cuentas (CGC), por un monto de 60 millones de quetzales en contra de la exsecretaria Sara López y otros funcionarios. La segunda, puesta por la SOSEP, alcanza a dos exdirectores de la parte financiera de la entidad. Esta última sería ampliada con los nuevos señalamientos de los comerciantes.

Contreras agregó que, para evitar futuros actos de corrupción, se han realizado controles, revisado las bases y las listas de proveedores que ofertan, con la finalidad de mantener la transparencia y no la sobrevaloración de los productos.

Mis Años Dorados atiende a adultos mayores en situación de vulnerabilidad, mientras que Hogares Comunitarios da servicio a menores de 7 años y algunos con grados de desnutrición. Además, cumple con una función social a madres que trabajan que son apoyadas con el cuidado de sus hijos en lugares donde reciben alimentos.

Investigan adquisición de maquinaria

Una auditoría interna se realizará en el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), por la adquisición de maquinaria en los últimos meses de 2023, para realizar trabajos en el basurero de Amsa, labores que no le corresponden a la cartera y por no contar con operarios que la manejen, ni un seguro. “No es posible que el despacho se convierta en el recolector de basura.

Me enteré de que el MARN paga maquinaria pesada en varias municipalidades a lo largo del río Motagua, lo cual no es su rol. Se compraron tres juegos de retroexcavadoras y otras unidades”, dijo la encargada del ministerio, Patricia Orantes.

Asimismo, la funcionaria indicó que buscan comenzar a trabajar con las comunas para discutir el tratamiento de los desechos, así como lograr apoyo en el Congreso para próximas asignaciones financieras, debido a que algunas alcaldías no cuentan con los recursos necesarios para el manejo de estos.

Se dará seguimiento a obras adjudicadas a empresa Cebco

Santiago Palomo, jefe de la Comisión Nacional contra la Corrupción, informó que conversó con la titular del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (Micivi), Jazmín de la Vega, para seguir el caso de la empresa Cebco que se declaró en quiebra y abandonó obras, a pesar de haber recibido desembolsos.

La compañía, vinculada al exdiputado Armando Ubico, preso en EE. UU., que construía los pasos a desnivel en la calzada Roosevelt y 9a. avenida, zona 11, y avenida Petapa y 53 calle, zona 12, ya no terminará los proyectos. Según De la Vega, citarán a los representantes de la firma para solucionar la situación.

“La Comisión tomó nota y esperamos las acciones correspondientes por parte del Micivi, las cuales serán informadas en su momento y si se determina que proceden las denuncias o cualquier otra acción legal, se le dará acompañamiento a esta institución”, advirtió Palomo.

Giovanni Pérez Fotógrafo: Herbert García

El pasado lunes, el Concejo Municipal de Guatemala aprobó una servidumbre onerosa por 50 años a la empresa Corredor Verde, Sociedad Anónima, a cambio de la construcción del puente Adolfo Mijangos, zona 3 capitalina, el cual sufrió daños durante un accidente; está inhabilitado, debe ser demolido y edificarse otro.

Aún existe la posibilidad de revocar la decisión del mencionado ente colegiado de la comuna capitalina. En la siguiente entrevista, el concejal noveno Oscar Girón, del partido Winaq, brinda detalles acerca del aval a la mencionada compañía.

¿Es todo un hecho la aprobación de la servidumbre o existen mecanismos para revocarla?

Como concejales, podemos plantear una reposición contra la resolución. Sin embargo, al tomar mayoría de votos de participantes unionistas, difícilmente se lograría. También, lo puede hacer la ciudadanía organizada, abogados particulares y diputados, desde la vía legal, mediante un amparo.

¿Como concejales opositores, se plantean alguna acción?

Estamos en análisis. Aún no tenemos nada definido; tendremos que discutirlo con colegas de Creo, que también emitieron su voto en contra (de la decisión).
Como opositores no fuimos parte de esa negociación; solo se presentó como un punto de agenda más.

¿Por qué genera opacidad el mecanismo utilizado?

No solo genera opacidad, sino que violenta la transparencia con la que se debe gestionar cualquier obra pública. La forma empleada se salta los mecanismos de la Ley de Contrataciones del Estado, por no hacerse una licitación pública.

¿Algunas otras consecuencias por obviar estos procesos?

Puede afectar la calidad de la obra con el material por utilizar, y eso nos preocupa al no existir un mecanismo de fiscalización determinado.

¿El valor de los terrenos cedidos se equiparan a los 16 millones de quetzales en que está valuada la construcción del puente?

Considero que no se hizo una evaluación objetiva. Según nos informaron en sesión privada, antes de la pública, el costo de los terrenos es menor (al de la edificación del puente), de acuerdo con el catastro municipal que la ubica en 4 millones de quetzales, pero no es algo oficial. La negociación no fue buena.

¿Por qué?

Porque para negociar en beneficio de la municipalidad se tiene que considerar que la empresa tendrá ganancias millonarias. Asimismo, nos explicaron que si el costo de la construcción del puente sobrepasa los 16 millones de quetzales, la comuna tendría que poner el resto. Eso nos hace pensar en que no hubo una evaluación objetiva.

A cambio de la servidumbre, la empresa eligió hacerse cargo del puente, entre tres opciones que se le pusieron sobre la mesa…

Así es y, básicamente, se evidenció que les estaban orientando a que se decidiera por el puente, al dejar la carta abierta al más barato. Sin embargo, ni la misma municipalidad tiene bien establecido si este proyecto podría costar más.

Wendi Villagrán Fotógrafo: Danilo Ramírez