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“La negociación de la servidumbre no fue buena”

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El pasado lunes, el Concejo Municipal de Guatemala aprobó una servidumbre onerosa por 50 años a la empresa Corredor Verde, Sociedad Anónima, a cambio de la construcción del puente Adolfo Mijangos, zona 3 capitalina, el cual sufrió daños durante un accidente; está inhabilitado, debe ser demolido y edificarse otro.

Aún existe la posibilidad de revocar la decisión del mencionado ente colegiado de la comuna capitalina. En la siguiente entrevista, el concejal noveno Oscar Girón, del partido Winaq, brinda detalles acerca del aval a la mencionada compañía.

¿Es todo un hecho la aprobación de la servidumbre o existen mecanismos para revocarla?


Como concejales, podemos plantear una reposición contra la resolución. Sin embargo, al tomar mayoría de votos de participantes unionistas, difícilmente se lograría. También, lo puede hacer la ciudadanía organizada, abogados particulares y diputados, desde la vía legal, mediante un amparo.

¿Como concejales opositores, se plantean alguna acción?


Estamos en análisis. Aún no tenemos nada definido; tendremos que discutirlo con colegas de Creo, que también emitieron su voto en contra (de la decisión).
Como opositores no fuimos parte de esa negociación; solo se presentó como un punto de agenda más.


¿Por qué genera opacidad el mecanismo utilizado?


No solo genera opacidad, sino que violenta la transparencia con la que se debe gestionar cualquier obra pública. La forma empleada se salta los mecanismos de la Ley de Contrataciones del Estado, por no hacerse una licitación pública.

¿Algunas otras consecuencias por obviar estos procesos?


Puede afectar la calidad de la obra con el material por utilizar, y eso nos preocupa al no existir un mecanismo de fiscalización determinado.


¿El valor de los terrenos cedidos se equiparan a los 16 millones de quetzales en que está valuada la construcción del puente?


Considero que no se hizo una evaluación objetiva. Según nos informaron en sesión privada, antes de la pública, el costo de los terrenos es menor (al de la edificación del puente), de acuerdo con el catastro municipal que la ubica en 4 millones de quetzales, pero no es algo oficial. La negociación no fue buena.

¿Por qué?


Porque para negociar en beneficio de la municipalidad se tiene que considerar que la empresa tendrá ganancias millonarias. Asimismo, nos explicaron que si el costo de la construcción del puente sobrepasa los 16 millones de quetzales, la comuna tendría que poner el resto. Eso nos hace pensar en que no hubo una evaluación objetiva.

A cambio de la servidumbre, la empresa eligió hacerse cargo del puente, entre tres opciones que se le pusieron sobre la mesa…


Así es y, básicamente, se evidenció que les estaban orientando a que se decidiera por el puente, al dejar la carta abierta al más barato. Sin embargo, ni la misma municipalidad tiene bien establecido si este proyecto podría costar más.

Wendi Villagrán Fotógrafo: Danilo Ramírez
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Devuelven institucionalidad a la DEMI

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La institucionalidad, el mecanismo para el nombramiento de la autoridad y la temporalidad de acción e integración de la Junta Coordinadora y el Consejo Consultivo, de la Defensoría de la Mujer Indígena (DEMI), serán reformados con el Acuerdo Gubernativo 105-2024 presentado ayer por el presidente Bernardo Arévalo y publicado hoy en el Diario de Centro América.

Los cambios son el resultado de un proceso técnico y de consensos mediante una mesa de diálogo entre diferentes actoras de los pueblos maya, garífuna y xinca. El objetivo es fortalecer la institucionalidad de la DEMI para la protección de los derechos de estas ciudadanas, en cumplimiento de los Acuerdos de Paz, indicó el secretario general de la Presidencia, Juan Gerardo Guerrero.

En las negociaciones se contó con una amplia participación de mujeres y representantes de organizaciones de pueblos originarios.

Ana Glenda Tager, secretaria privada de la Presidencia, subrayó la importancia de este proceso, como muestra del compromiso del Gobierno con la participación ciudadana y la promoción de los derechos de las indígenas.

María Morales, delegada de la organización Majawil Q´ij, resaltó la importancia de recuperar la participación de las mujeres en la toma de decisiones para el nombramiento de la defensora, y destacó el avance hacia una selección pública y democrática.

Cleotilde Vásquez, de Comam, y María Canil, de la Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala (Conavigua), compartieron su satisfacción con este nuevo enfoque, que busca visibilizar y proteger los derechos de las mujeres indígenas.

Este proceso incluyó la participación activa de la diputada Sonia Gutiérrez, del Movimiento Político Winaq, quien resaltó: “Estamos restituyendo derechos que lamentablemente tres gobiernos anteriores nos quitaron”.

Rubelsy Pimentel
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Presentan denuncias por anomalías en proyectos energéticos

Los contratos firmados durante la administración pasada del INDE ascienden a 406.7 millones de quetzales.

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Cuatro denuncias fueron presentadas ante el Ministerio Público (MP), luego de auditorías realizadas en el Instituto Nacional de Electrificación (INDE), las que reflejaron contrataciones con anomalías, aprobadas por la administración anterior.

El monto de los contratos asciende a 406.7 millones de quetzales, informó el titular del Ministerio de Energía y Minas (MEM) y presidente del Consejo Directivo del INDE, Víctor Ventura.

Según el análisis de adjudicaciones cedidas entre 2022 y 2023, en algunos casos hubo contrataciones que no tuvieron avance físico, pero recibieron anticipos.

Por ejemplo, Ventura mencionó un proyecto fotovoltaico otorgado por 117 millones de quetzales, del cual se pagaron 9.4 millones; sin embargo, no hay ningún resultado del trabajo.

Asimismo, se identificaron contrataciones sin resultados del trabajo ni financiero en la repotenciación de la planta Santa María, por 196.1 millones de quetzales, e iniciativas energéticas para comunidades aisladas, del Sistema Nacional Interconectado, principalmente en Alta Verapaz, por 67 millones de quetzales.

Adicionalmente, se identificó una malversación de fondos por 3.6 millones de quetzales durante la sede de Guatemala del Consejo de Electrificación de América Central (CEAC).

Según el ministro, una cuenta en dólares en el Banco Industrial fue blanqueada en el período de la pandemia por Covid-19.

Ventura, quien fue acompañado por Julio Flores, titular de la Comisión Nacional Contra la Corrupción (CNC), afirmó que entre los problemas detectados en estas contrataciones está falsedad en la documentación de experiencia, entrega e instalaciones de equipos distintos a los contratados, así como proyectos con anticipos sin ningún avance en su ejecución.

Contra quiénes se acciona


El funcionario explicó que las acciones penales presentadas en el MP son contra las empresas involucradas. En una segunda fase se dará seguimiento a funcionarios o exfuncionarios que podrían tener vínculos con las irregularidades.


“No es posible que esos recursos destinados para el cumplimiento de servicios públicos hayan sido desviados para satisfacer intereses personales”, dijo Flores.


Como parte de las acciones, se documentaron los incumplimientos, se finalizaron los contratos administrativos, se realizaron las gestiones para la ejecución de fianzas y la inhabilitación de los proveedores, señaló el MEM.


Las autoridades indicaron que otros casos en proceso de auditorías totalizan 565.6 millones de quetzales, como la construcción de la subestación eléctrica Melchor de Mencos, en Petén; instalación de redes y líneas para electrificación rural, y modernización de la planta Los Esclavos.

Mariano Macz
Josselinne Santizo Fotógrafo: Archivo
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Ven impostergable una justicia independiente

Salida de exfiscal Virginia Laparra al exilio genera condenas y repudio en diversos sectores del país.

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Condena y repudio causó en diversos sectores del país la salida al exilio de la exfiscal anticorrupción, Virginia Laparra. Esta es otra muestra de que grupos corruptos, liderados por el Ministerio Público (MP), se aferran al manto de la impunidad, señalaron analistas, activistas humanitarios y projusticia, quienes urgen un sistema judicial imparcial.

Este caso, según los entrevistados, evidencia que persiste la criminalización sistémica. La justicia está siendo manipulada para liberar culpables y castigar personas valientes, coincidieron.

Laparra, exjefa de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) de Quetzaltenango, anunció ayer, por medio de un comunicado, su salida al exilio para preservar su vida, luego de dos años en prisión por un supuesto caso administrativo en su contra y una sentencia de cinco años conmutables, dictada la semana pasada por un Tribunal del citado departamento.

“Lo hago con tristeza y con plena consciencia de que esta decisión será dura para mi familia, mis amistades y mis abogados. Procedo con el objetivo de protegerme y protegerles”, expresó la jurista en el documento.

Rechazo generalizado

“El exilio de Virginia Laparra evidencia dos cosas: que la persecución a operadores de justicia continúa por parte de una minoría corrupta liderada por el MP, y que tener un sistema de justicia independiente es impostergable. Mientras Virginia se ve obligada a abandonar el país, los corruptos se pasean impunemente por las calles”, indicó el presidente Bernardo Arévalo en su cuenta de X.

El exprocurador de los Derechos Humanos Jordán Rodas, quien también está en el exilio, calificó la decisión de Laparra como difícil y comprensible, y subrayó la valentía de la exfiscal, quien “peleó contra una justicia cooptada por las mafias”.

Por su parte, Francisco

Solórzano Foppa, abogado y activista, también expresó su apoyo a la exfuncionaria de la FECI.
La diputada electa por el Movimiento Semilla Laura Marroquín desaprobó los hechos, que son “artimañas nefastas de la minoría corrupta que lidera el MP”, e hizo un llamado a resistir contra la corrupción.

La Asociación Grupo Integral de Mujeres Sanjuaneras, que defiende las garantías fundamentales de las guatemaltecas, señaló al crimen organizado incrustado en la Fiscalía y el Organismo Judicial como los responsables de obligar a Laparra a salir al exilio.

La acusó un sancionado

Entre 2020 y 2022, Laparra estuvo en prisión por un supuesto caso de abuso de poder que fue impulsado por la denuncia del juez Lesther Castellanos, quien tiene acusaciones de corruptela en su contra, incluida una sanción por parte de Estados Unidos.

Durante su estadía en la cárcel, la defensa de Laparra y organizaciones internacionales denunciaron violaciones a sus derechos y complicaciones de salud que no fueron atendidas oportunamente.
El pasado 8 de marzo, el mandatario Arévalo entregó un reconocimiento a Laparra, “por su excelencia laboral”, durante un acto oficial en el Palacio Nacional.

Larga lista de exiliados

Entre 2019 y 2023, más de 50 operadores de justicia, periodistas, líderes indígenas y activistas de Guatemala decidieron salir al exilio tras denunciar persecución política en su contra por parte del Ministerio Público (MP), cuya cúpula está sancionada por EE. UU., cita una nota de EFE.

Entre quienes debieron abandonar el país están Thelma Aldana, exfiscal general; Juan Francisco Sandoval, exjefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI); los jueces Miguel Ángel Gálvez, Claudia Escobar y Ericka Aifán; Gloria Porras, exmagistrada de la Corte de Constitucionalidad; Jordán Rodas, exprocurador de los Derechos Humanos; Andrei González y Rudy Herrera, exfiscales, así como el periodista Juan Luis Font.

Luis Carrillo Fotógrafo: Archivo
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