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Mingob refuerza presencia de la PNC en Villa Nueva

Subestación 15-1-5, ubicada en Bárcena, marca un avance en la lucha contra el crimen.

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La lucha contra la delincuencia y el crimen organizado en Guatemala ha dado un paso adelante con la habilitación de la Subestación 15-1-5 de la Policía Nacional Civil (PNC). Ubicada estratégicamente en la colonia Plan Grande, Bárcena, Villa Nueva, estas instalaciones representan un avance en el fortalecimiento de la seguridad ciudadana y las capacidades de los agentes para abordar la problemática delictiva en el país.

El titular del Ministerio de Gobernación (Mingob), Francisco Jiménez, destacó la importancia de esta habilitación, no solo en el combate a la delincuencia, sino en el compromiso del Gobierno, encabezado por el presidente Bernardo Arévalo y la vicemandataria Karin Herrera, con el trato digno y decoroso de los uniformados. Jiménez subrayó la relevancia del recurso humano en la consecución de las metas de resguardo ciudadano.

El director general de la PNC, David Custodio Boteo, afirmó que esta sede policial es un paso hacia la construcción de una sociedad más segura y un futuro mejor para todos los guatemaltecos. Custodio reiteró la tarea de servir con honestidad, respeto y transparencia en la misión de garantizar la plena protección de la población y su patrimonio.

Lizandro Acuña, experto en seguridad del Instituto de Análisis e Investigación de los Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos (Ipnusac), subrayó la importancia de fortalecer las instalaciones y las fuerzas policiales en sí, no solo con equipamiento y tecnología, sino también con formación y capacitación continua.

Acuña enfatizó la necesidad de promover la comunicación y coordinación con la comunidad para impulsar la denuncia y la prevención del delito.

La construcción de esta subestación, con un costo de 6 millones 911 mil 522.26 quetzales, fue financiada con el préstamo otorgado por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) al Estado de Guatemala, destinado al Programa para el Desarrollo de la Infraestructura y Equipamiento para la Modernización de las fuerzas policiales y el Sistema Penitenciario (SP).

Luis Carrillo Fotógrafo: Cecilia Vicente
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Devuelven institucionalidad a la DEMI

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La institucionalidad, el mecanismo para el nombramiento de la autoridad y la temporalidad de acción e integración de la Junta Coordinadora y el Consejo Consultivo, de la Defensoría de la Mujer Indígena (DEMI), serán reformados con el Acuerdo Gubernativo 105-2024 presentado ayer por el presidente Bernardo Arévalo y publicado hoy en el Diario de Centro América.

Los cambios son el resultado de un proceso técnico y de consensos mediante una mesa de diálogo entre diferentes actoras de los pueblos maya, garífuna y xinca. El objetivo es fortalecer la institucionalidad de la DEMI para la protección de los derechos de estas ciudadanas, en cumplimiento de los Acuerdos de Paz, indicó el secretario general de la Presidencia, Juan Gerardo Guerrero.

En las negociaciones se contó con una amplia participación de mujeres y representantes de organizaciones de pueblos originarios.

Ana Glenda Tager, secretaria privada de la Presidencia, subrayó la importancia de este proceso, como muestra del compromiso del Gobierno con la participación ciudadana y la promoción de los derechos de las indígenas.

María Morales, delegada de la organización Majawil Q´ij, resaltó la importancia de recuperar la participación de las mujeres en la toma de decisiones para el nombramiento de la defensora, y destacó el avance hacia una selección pública y democrática.

Cleotilde Vásquez, de Comam, y María Canil, de la Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala (Conavigua), compartieron su satisfacción con este nuevo enfoque, que busca visibilizar y proteger los derechos de las mujeres indígenas.

Este proceso incluyó la participación activa de la diputada Sonia Gutiérrez, del Movimiento Político Winaq, quien resaltó: “Estamos restituyendo derechos que lamentablemente tres gobiernos anteriores nos quitaron”.

Rubelsy Pimentel
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Presentan denuncias por anomalías en proyectos energéticos

Los contratos firmados durante la administración pasada del INDE ascienden a 406.7 millones de quetzales.

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Cuatro denuncias fueron presentadas ante el Ministerio Público (MP), luego de auditorías realizadas en el Instituto Nacional de Electrificación (INDE), las que reflejaron contrataciones con anomalías, aprobadas por la administración anterior.

El monto de los contratos asciende a 406.7 millones de quetzales, informó el titular del Ministerio de Energía y Minas (MEM) y presidente del Consejo Directivo del INDE, Víctor Ventura.

Según el análisis de adjudicaciones cedidas entre 2022 y 2023, en algunos casos hubo contrataciones que no tuvieron avance físico, pero recibieron anticipos.

Por ejemplo, Ventura mencionó un proyecto fotovoltaico otorgado por 117 millones de quetzales, del cual se pagaron 9.4 millones; sin embargo, no hay ningún resultado del trabajo.

Asimismo, se identificaron contrataciones sin resultados del trabajo ni financiero en la repotenciación de la planta Santa María, por 196.1 millones de quetzales, e iniciativas energéticas para comunidades aisladas, del Sistema Nacional Interconectado, principalmente en Alta Verapaz, por 67 millones de quetzales.

Adicionalmente, se identificó una malversación de fondos por 3.6 millones de quetzales durante la sede de Guatemala del Consejo de Electrificación de América Central (CEAC).

Según el ministro, una cuenta en dólares en el Banco Industrial fue blanqueada en el período de la pandemia por Covid-19.

Ventura, quien fue acompañado por Julio Flores, titular de la Comisión Nacional Contra la Corrupción (CNC), afirmó que entre los problemas detectados en estas contrataciones está falsedad en la documentación de experiencia, entrega e instalaciones de equipos distintos a los contratados, así como proyectos con anticipos sin ningún avance en su ejecución.

Contra quiénes se acciona


El funcionario explicó que las acciones penales presentadas en el MP son contra las empresas involucradas. En una segunda fase se dará seguimiento a funcionarios o exfuncionarios que podrían tener vínculos con las irregularidades.


“No es posible que esos recursos destinados para el cumplimiento de servicios públicos hayan sido desviados para satisfacer intereses personales”, dijo Flores.


Como parte de las acciones, se documentaron los incumplimientos, se finalizaron los contratos administrativos, se realizaron las gestiones para la ejecución de fianzas y la inhabilitación de los proveedores, señaló el MEM.


Las autoridades indicaron que otros casos en proceso de auditorías totalizan 565.6 millones de quetzales, como la construcción de la subestación eléctrica Melchor de Mencos, en Petén; instalación de redes y líneas para electrificación rural, y modernización de la planta Los Esclavos.

Mariano Macz
Josselinne Santizo Fotógrafo: Archivo
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Ven impostergable una justicia independiente

Salida de exfiscal Virginia Laparra al exilio genera condenas y repudio en diversos sectores del país.

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Condena y repudio causó en diversos sectores del país la salida al exilio de la exfiscal anticorrupción, Virginia Laparra. Esta es otra muestra de que grupos corruptos, liderados por el Ministerio Público (MP), se aferran al manto de la impunidad, señalaron analistas, activistas humanitarios y projusticia, quienes urgen un sistema judicial imparcial.

Este caso, según los entrevistados, evidencia que persiste la criminalización sistémica. La justicia está siendo manipulada para liberar culpables y castigar personas valientes, coincidieron.

Laparra, exjefa de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) de Quetzaltenango, anunció ayer, por medio de un comunicado, su salida al exilio para preservar su vida, luego de dos años en prisión por un supuesto caso administrativo en su contra y una sentencia de cinco años conmutables, dictada la semana pasada por un Tribunal del citado departamento.

“Lo hago con tristeza y con plena consciencia de que esta decisión será dura para mi familia, mis amistades y mis abogados. Procedo con el objetivo de protegerme y protegerles”, expresó la jurista en el documento.

Rechazo generalizado

“El exilio de Virginia Laparra evidencia dos cosas: que la persecución a operadores de justicia continúa por parte de una minoría corrupta liderada por el MP, y que tener un sistema de justicia independiente es impostergable. Mientras Virginia se ve obligada a abandonar el país, los corruptos se pasean impunemente por las calles”, indicó el presidente Bernardo Arévalo en su cuenta de X.

El exprocurador de los Derechos Humanos Jordán Rodas, quien también está en el exilio, calificó la decisión de Laparra como difícil y comprensible, y subrayó la valentía de la exfiscal, quien “peleó contra una justicia cooptada por las mafias”.

Por su parte, Francisco

Solórzano Foppa, abogado y activista, también expresó su apoyo a la exfuncionaria de la FECI.
La diputada electa por el Movimiento Semilla Laura Marroquín desaprobó los hechos, que son “artimañas nefastas de la minoría corrupta que lidera el MP”, e hizo un llamado a resistir contra la corrupción.

La Asociación Grupo Integral de Mujeres Sanjuaneras, que defiende las garantías fundamentales de las guatemaltecas, señaló al crimen organizado incrustado en la Fiscalía y el Organismo Judicial como los responsables de obligar a Laparra a salir al exilio.

La acusó un sancionado

Entre 2020 y 2022, Laparra estuvo en prisión por un supuesto caso de abuso de poder que fue impulsado por la denuncia del juez Lesther Castellanos, quien tiene acusaciones de corruptela en su contra, incluida una sanción por parte de Estados Unidos.

Durante su estadía en la cárcel, la defensa de Laparra y organizaciones internacionales denunciaron violaciones a sus derechos y complicaciones de salud que no fueron atendidas oportunamente.
El pasado 8 de marzo, el mandatario Arévalo entregó un reconocimiento a Laparra, “por su excelencia laboral”, durante un acto oficial en el Palacio Nacional.

Larga lista de exiliados

Entre 2019 y 2023, más de 50 operadores de justicia, periodistas, líderes indígenas y activistas de Guatemala decidieron salir al exilio tras denunciar persecución política en su contra por parte del Ministerio Público (MP), cuya cúpula está sancionada por EE. UU., cita una nota de EFE.

Entre quienes debieron abandonar el país están Thelma Aldana, exfiscal general; Juan Francisco Sandoval, exjefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI); los jueces Miguel Ángel Gálvez, Claudia Escobar y Ericka Aifán; Gloria Porras, exmagistrada de la Corte de Constitucionalidad; Jordán Rodas, exprocurador de los Derechos Humanos; Andrei González y Rudy Herrera, exfiscales, así como el periodista Juan Luis Font.

Luis Carrillo Fotógrafo: Archivo
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