COLUMNAS
Los asesinos siguen sueltos parte (I)
Los asesinos que el 18 de julio de 1949 asesinaron a Francisco Javier Arana, y que con su asesinato asesinaron –también– a la Revolución de Octubre (la Revolución del 20 de octubre de 1944) siguen sueltos –el crimen impune– y los asesinos de hoy –la reencarnación de aquellos– tan crimínales como ellos haciendo uso de sus mismísimas excusas y, exactamente igual, siguen justificando el crimen.
Francisco Javier Arana no “encontró” la muerte en el Puente de la Gloria –suena hasta poético– sino que fue en ese puente asesinado.
Quien no respeta una vida, ninguna respeta, algo que no entendieron los asesinos de entonces y que, los de ahora –persistentes en lo mismo– siguen aún sin comprenderlo.
Es mentira –absolutamente falso– que el Congreso de la República- en esa misma fecha –el 18 de julio de 1949– la fecha en que fuera asesinado, y es más –en fecha alguna– haya destituido de su cargo a Francisco Javier Arana, jefe de las Fuerzas Armadas de la Revolución, patraña inventada por sus asesinos, los asesinos de entonces, para justificar el crimen y que los asesinos de ahora siguen sosteniendo con idéntico propósito e idéntico desprecio por la vida humana. “Qué importancia podría tener, si se trata de una sola”.
En repetidas ocasiones les he emplazado –a estos y a aquellos, y me permito emplazarles nuevamente– una vez más –para que nos pongan a la vista el decreto legislativo– decreto del Congreso de la República –en el que se le hubiere destituido– algo que no han podido hacer hasta la fecha y que no podrán hacer nunca, porque ese decreto jamás existió; Francisco Javier Arana no fue nunca destituido de su cargo, ni en esa fecha, ni en fecha alguna.
No se trata de que se haya publicado o no el decreto de destitución –no es eso lo que alegamos quienes, sin presumir de historiadores, sabemos historia– sino de algo más sencillo y terminante, y es que no hubo tal decreto y que –en consecuencia– mal podría haberse publicado.
No es un tema ni siquiera jurídico, sino fáctico; la destitución alegada por sus asesinos jamás existió; a quien asesinaron no fue al “destituido” jefe de las Fuerzas Armadas del Ejército de la Revolución –el Ejército de Guatemala– sino al jefe de las Fuerzas Armadas de ese Ejército, en el pleno ejercicio de su cargo.
¿No son capaces los “historiadores” de hacer una mínima incursión en los archivos del Congreso
–antes de hablar y de mentir– y corroborar que no existe la destitución que sus asesinos inventaron?
¿No les da vergüenza afirmar lo que no es cierto?
Se inventó también, de igual manera, que se habría librado una orden de captura contra Francisco Javier Arana, y que sus asesinos no querían asesinarlo, sino capturarlo, siendo el caso que lo de la orden de captura es tan mentira como el decreto de su destitución, no habiéndose librado –jamás– una orden de captura en su contra.
También he emplazado a los asesinos para que presenten la orden de captura, sin que hasta la fecha hayan podido presentarla, y les emplazo nuevamente a que lo hagan.
Si fuera cierto lo de la destitución y lo de la orden de captura –grave el señalamiento que hago a sus asesinos y a quienes se hacen asesinos sosteniendo la patraña– ya las habrían presentado.
Sin embargo –quede hecho el emplazamiento nuevamente y con la terminante prevención de que– si no presentan los documentos de destitución y de orden de captura –la imputación– que se les hace y que les hago de asesinos, seguirá siendo irrefutable.
Se miente también cuando se afirma que Francisco Javier Arana –triunviro de la Revolución y jefe de las Fuerzas Armadas del Ejército de la Revolución (el Ejército de Guatemala)–, habría formulado un ultimátum al presidente Arévalo y que este, a raíz del ultimátum, habría ordenado al ministro de la Defensa Nacional que procediera a su captura, extremos –ambos– que quedan clara y categóricamente desmentidos por el propio expresidente Arévalo en su libro Despacho Presidencial, libro que ordenó que fuera publicado hasta después de su muerte.
Juan José Arévalo Bermejo –primer y único Presidente de la Revolución– de la Revolución plural del 20 de octubre de 1944 ¿Un mentiroso? ¿Un mentiroso capaz, incluso, de mentir frente a la muerte?
¡Por favor!
¿Incapaces los “historiadores” de una hojeada, siquiera, a dicho libro: fuente que es auténtica?
Ningún favor se hace a Juan José Arévalo –el Presidente democrático, que, a decir de los propios “historiadores”, nos enseñaba a todos cómo debía ser un Presidente democrático, cuando le atribuyen que habría ordenado –arbitrariamente– sin que hubiera orden judicial alguna, que se detuviera a un ser humano.
“Va con mi autoridad, Coronel”, tal la despedida del expresidente Arévalo a Francisco Javier Arana, el día en que fuera asesinado. ¿Así de hipócrita el primer y único Presidente de la Revolución?
¡Por favor!
La infamia de atribuir al expresidente Juan José Arévalo Bermejo la arbitrariedad de detener a una persona sin orden judicial, orden que habría dado a Jacobo Árbenz Guzmán, se complementa con la soberana estupidez de afirmar que este, Jacobo Árbenz Guzmán, la habría ejecutado “con prontitud y eficiencia” (con tanta eficiencia –el comentario es mío– que para hacerlo, le habría asesinado).
¡Vaya eficiencia!
Tan pronto y eficiente el cumplimiento de la orden recibida –orden que jamás fue dada, reitero, por el presidente Arévalo– que para ejecutarla se habría hecho de una auténtica jauría integrada por el chofer mismo de su esposa y otros desconocidos pachucos a quienes nunca se llegó a identificar, a ciencia cierta; un militar nicaragüense (miembro de su Estado Mayor Personal, el de ministro de la Defensa) un militar diputado, al frente, después, de la reforma agraria; el subjefe de la Policía –única autoridad que hubiera sido competente si el operativo se hubiera tratado de verdad de una captura– y de otros asesinos –o no asesinos– más.
Continuará
En esta línea, en la era tecnológica presente, la complejidad del mundo actual ha llevado a expertos en las ramas más diversas a definir teorías, técnicas, métodos o conceptos que puedan llevar al éxito a la gestión pública. La idea preconcebida de que las políticas públicas corresponden a acciones decididas, llevadas a cabo y autorizadas por el Estado, representado por el Gobierno, de cara a proteger o promover un bien considerado como de interés público, ha dado paso a una sistemática evolutiva en que la administración pública se comporta como una empresa privada que busca satisfacer de la mejor manera las necesidades de sus clientes.
Con ello, se busca que la gestión pública se aproxime a lo administrado, de forma que este se sienta parte de ella que permita aumentar la satisfacción percibida por la sociedad respecto de sus servicios públicos.
Una sociedad sin una eficiente gestión pública es una sociedad desarticulada y sin capacidad de gestionar la voluntad de sus ciudadanos, sin instituciones públicas, un grupo humano no es una sociedad, es algo más parecido a una horda. Por lo que, parece más cierto es que es imprescindible y que lo que debe suceder es que paulatinamente mejore en la gestión que realiza y que es su razón de ser.
Su valor estriba fundamentalmente en el conjunto de vivencias que tiene en el desarrollo de la sociedad y que son la materia prima para categorizarla como una de las modalidades de la acción gubernamental. En este sentido, el mundo de la administración pública son los hechos sociales, políticos y gubernamentales. Distante de ellos se convierte en una caja de pandora. Su organización y funcionamiento tienen justificación en las relaciones de sociabilidad que configuran a la comunidad civil y política.
Por tanto, el espacio y el tiempo que les corresponden determinan su modo de obrar en el cumplimiento de las tareas relacionadas con el orden, la seguridad, la promoción económica y el bienestar social.
En el claro devenir del futuro, el desarrollo científico y tecnológico, la formación de la nueva economía, la vigencia de la sociedad del conocimiento y la democratización del poder son rubros que tienen elementos no convencionales, que están influyendo en el desempeño propio de la gestión
pública.
El irrespeto a los derechos laborales, así como la malnutrición y la pobreza, son solo algunos de los males que afectan a la sociedad guatemalteca, aspectos ante los que el gobierno encabezado por el presidente Bernardo Arévalo y la vicegobernante Karin Herrera enfocó sus esfuerzos durante las útimas horas.
Ayer, en un inusual acto, Arévalo recibió, frente al Palacio Nacional de la Cultura, a los líderes de sindicatos que participaron en la marcha por la conmemoración del Día Internacional del Trabajo, de quienes recibió demandas de crear los mecanismos que permitan mejores condiciones laborales, protección social, seguridad ocupacional y respeto a las actividades sindicales. Ante ellos y miles de asistentes que se dieron cita en la Plaza de la Constitución, el mandatario renovó su compromiso con los valores fundamentaltes de la democracia y la justicia social.
“Nos seguimos enfrentando a la mezquindad de quienes quieren que todo permanezca igual, de quienes se enriquecen a costa del pueblo, satisfechos y temerosos de perder sus privilegios, esa élite político criminal corrupta que ha cooptado las distintas instituciones del Estado y que se resiste a abandonarlas, a pesar del veredicto del pueblo en las urnas”, refirió el jefe de Estado al dirigirse a la multitud.
Horas antes de refrendar su compromiso con la clase obrera, Arévalo y Herrera lanzaron una ofensiva contra la pobreza y la malnutrición en siete municipios, tres de Huehuetenango, así como uno en los departamentos de Totonicapán, Chimaltenango, Sololá y Quiché. El programa, en el que están involucradas nueve instituciones estatales y que busca llevar adelante “una nueva posiblidad para vivir mejor”, se ampliará progresivamente hasta alcanzar los 114 municipios priorizados por sus niveles de pobreza y desnutrición.
El Gobierno está consciente de la “misión trascendental” que tiene por delante, pero, pese a los obstáculos que debe afrontar producto del deterioro institucional que encontró el binomio presidencial al asumir funciones, impulsa acciones para combatir los flagelos que enfrenta la sociedad, pues se siente acompañado por el pueblo de Guatemala al que se debe, toda vez que “la mayoría de guatemaltecos se cansó de ser estafada por esa estirpe de políticos corruptos, esa gente que se sabe merecedora de un futuro mejor y que está dispuesta a participar activa y honradamente en su construcción”, como lo afirmó Arévalo.
Joseph Dotu
Asociado de inclusión de la juventud,
OCR Guatemala
La cuestión de la seguridad en el trabajo es un tema de salud pública que se presenta a nivel global. Cada año, los accidentes y enfermedades en el trabajo causan la muerte de cerca de 2.9 millones de trabajadores, y 402 millones de personas se quedan con lesiones. Este problema no genera solamente un costo humano, sino también económico, que está estimado en un 4 por ciento del producto interno bruto mundial anual, casi 3 billones de dólares, según informes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Frente a este reto, los Estados adoptaron compromisos internacionales con el fin de proteger la fuerza laboral en el mundo. Entre estos está el Pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales (1966) que en su Artículo 7b estipula que “los Estados Parte en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que le aseguren en especial […] la seguridad y la higiene en el trabajo”.
En 2015, al adoptar la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, los Estados declararon que este tema seguía siendo una prioridad compartida, al enfocar el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) número 8 en el trabajo decente y las condiciones laborales. En la meta 8 de este ODS, los Estados miembros de la ONU resaltaron la importancia de “un entorno de trabajo seguro y sin riesgos para todos los trabajadores, incluidos los migrantes, en particular las mujeres y las personas con empleos precarios”. Para visibilizar estos temas, en 2003 la OIT declaró el 28 de abril como el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo. Esta conmemoración sirve para sensibilizar sobre la seguridad en el ámbito profesional e impulsar medidas de prevención de los accidentes en el trabajo, así como las enfermedades relacionadas con las diferentes profesionales.
Sin embargo; actualmente, ningún Estado ha alcanzado condiciones de trabajo seguras y saludable, para toda su fuerza laboral. El camino para mejorar el entorno laboral sigue siendo largo para muchos países, entre ellos, Guatemala. Dentro de la sociedad guatemalteca, las personas jóvenes son muy vulnerables a los riesgos laborales, especialmente las mujeres y los pueblos indígenas. Entre enero y octubre de 2023, 1 mil 096 accidentes laborales fueron registrados en Guatemala, principalmente en los sectores de la agricultura y de la industria, según fuente del Ministerio de Trabajo. En 2022 la tasa de informalidad laboral era de 70.8 por ciento, superando la tasa promedio de Latinoamérica, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Eso implica que las personas no siempre pueden cotizar a la seguridad social y tanto se quedan sin cobertura en caso de accidente. Además, se dificulta el control del cumplimiento de las normas laborales, generando un riesgo para la seguridad. La informalidad afecta particularmente a las personas jóvenes. El 73.9 por ciento de las personas entre 13 y 30 años, ocupadas y asalariadas, reportaron trabajar sin el respaldo de un contrato, según fuentes oficiales en una encuesta publicada en 2020 por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa). Esta tendencia se agudiza para las personas jóvenes, de pueblos originarios, que tienen tres veces menor probabilidad de trabajar con contrato laboral, que las personas de otros grupos. Las mujeres enfrentan otro reto: el 68.7 por ciento de las jóvenes declaró encontrarse en situación de inactividad, en comparación con únicamente el 29.2 por ciento de los hombres jóvenes. Esta tendencia se explica, entre otros factores, debido a discriminaciones históricas que han sufrido estos grupos. Estos trabajos ayudan a millones de personas a no caer en la pobreza aguda. La fuerza laboral informal se distingue por salir adelante, a pesar de las barreras estructurales a las cuales se enfrenta. Es importante que esta dimensión sea incluida en el diseño de políticas públicas, para no dejar a nadie atrá
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