COLUMNAS
Necesarias correcciones
En su columna del matutino Prensa Libre de la semana anterior nos dice Carolina Escobar Sarti que Manuel Barquín, recientemente fallecido en prisión preventiva –ingrata forma de morir– se encontraba en esta situación ligado a proceso por los delitos de asociación ilícita, financiamiento electoral ilícito y tráfico de influencias, pero Alejandro Balsells, por su parte, en columna del mismo matutino nos dice que lo estaba por un proceso muy serio (no existen procesos que sean divertidos) ligado a lavado de dinero.
La verdad es que no sé quién de los dos tenga razón –podrían tenerla ambos o ninguno– pero no es dilucidarlo, finalmente, la razón de ser de esta columna, sino la de señalar errores en que ambos incurren y que merecen corregirse.
Nos dice Carolina Escobar Sarti que el problema de la prisión preventiva en Guatemala está íntimamente relacionado con el litigio malicioso y con la mora judicial, afirmación que no nos conduce al fondo del asunto, puesto que el litigio podría ser virginal, sin malicia alguna, sin acciones dilatorias de ninguna naturaleza, y podría no existir mora judicial alguna, todos los plazos atendidos con el máximo rigor y atendidos por igual todos los casos que –de todos modos– subsistiría el problema de la prisión preventiva, puesto que este problema –el de su aplicación indebida– se origina en un error conceptual.
La prisión preventiva, me explico, debe ser la excepción y no la regla y –en consecuencia– aplicarse única y exclusivamente en los casos en que la Ley así lo exige, y son únicamente tres, los que a continuación me permito compartir:
El primero, cuando la Ley así lo manda, lo que ocurre en un muy limitado grupo de delitos, delitos tales como el secuestro o el asesinato.
El segundo, cuando no se trate de delitos en los que la Ley exige, pero que, a pesar de no exigirlo, existe peligro de fuga, caso este en el cual debe probarse tal peligro (la existencia de razones fundadas para temerlo) y, el tercero (caso que exige sustentación similar al anterior) que exista peligro de que la libertad de la persona pueda obstaculizar las investigaciones (la acción de la Justicia) .
Ni un solo día, pues, debería estar ningún ser humano en prisión preventiva, a menos que se dé alguno de los tres supuestos citados, lo que nada tiene que ver con el litigio malicioso o con la mora judicial.
Que el citado litigio malicioso y que la mora judicial agudizan el problema constituyen una observación correcta (propician que se prolongue) pero no son estos la causa que lo origina; decretarla o sostenerla contra lo establecido por la Ley.
La intención que se esconde en quienes promueven la prisión preventiva – que se decrete o se sostenga (los fiscales) o en quienes la decretan y la sostienen (los jueces) puede ser maligna y, generalmente, lo es: aparentar una eficiencia que no existe, eficiencia en la persecución penal y en la administración de justicia que son inexistentes, usándosela para aparentar que, con ella, se llegó a los culpables y a la pena, lo cual no es cierto.
En el caso de Manuel Barquín, murió en prisión preventiva –no solo un inocente, este tan solo hubiera podido dejar de serlo si se le hubiera condenado judicialmente, en sentencia firme, lo que nunca ocurrió– sino un ser humano que no debió de estar sufriéndola, no evidenciado su peligro de fuga o de que a estas alturas –años después de estar en esta situación, aprisionado– podría obstaculizar las investigaciones.
La pasión impide el pensamiento claro, y no debe en esto privar sino la razón, puesto que a nada bueno conducirán las pasiones encontradas, ni del pacto de corruptos ni del pacto de farsantes, pésimos los dos.
Coincido con Carolina Escobar Sarti en que es preciso cambiar el sistema penitenciario, y lo que ocurre en el ámbito de la prisión preventiva –cambios por razones correctas y no por razones espurias– el principal de los cambios, sin embargo, aunque esto parezca absolutamente conservador y que no fuese ninguno: el estricto cumplimiento de las leyes.
En el caso de Alejandro Balsells, nos habla de una “prisión provisional”, como si se tratara de sinónimo de prisión preventiva, lo que no es correcto, puesto que esta última –la prisión preventiva– aunque mal aplicada, se encuentra establecida por la Ley, en tanto que la otra –la prisión provisional– nos la hemos inventado para legalizar la detención de una persona por varios días –incluso hasta más de 108– sin que sea interrogada por un juez, lo que debería ocurrir dentro de las veinticuatro horas siguientes a que se le haya detenido. ¿El más importante de los cambios que podría haber entre nosotros? el estricto cumplimiento de las leyes, la Constitución Política de la República, la primera.
Si no se cumple esta, ¿por qué se habría de cumplir las otras?
Solución propuesta –la del estricto cumplimiento de la Constitución y demás leyes– que en otros países podría verse como muy conservadora –archiconservadora– pero que, en el nuestro, resulta audaz e –incluso– revolucionaria.
¿Manuel Barquín? ¿Quién era Manuel Barquín? Pocos días han pasado y –si no le hemos olvidado ya– empezamos a olvidarlo.
La libertad de expresión es clave para la consolidación de la democracia. Y la labor de informar es fundamental para que las personas puedan tomar mejores decisiones.
Por supuesto que los intereses son variados y cada uno prioriza lo que es de interés público según sus propios criterios. Los periodistas tenemos la labor de determinar qué es de interés público para nuestras audiencias, por eso cada medio tiene sus propios enfoques.
Claro que hay noticias que pueden ser de interés para unos y a la vez ser sin sentido para otros. Pero si los hechos afectan el diario vivir de la sociedad, desde lo moral hasta lo político, pasando por lo económico, lo social y lo cultural, seguro que son hechos de interés público.
Claro que hay noticias que pueden ser de interés para unos y a la vez ser sin sentido para otros.
Para esta determinación también existen los factores de interés periodístico, cuyo número varía dependiendo del teórico que los mencione. Personalmente me gusta la categorización que hacen Vicente Leñero y Carlos Marín en su Manual de Periodismo.
Según ellos, el primero de los factores debe ser la actualidad pues si un suceso no tiene esa cualidad, difícilmente será de interés público ya que los hechos entre más viejos, menos importantes se van haciendo para las personas, excepto que haya elementos novedosos que les impregnen de una nueva actualidad.
Y existe un factor que quizás sea un poco polémico. Se trata del conflicto. Los autores afirman que todo lo que tiene un punto de conflicto, es decir que parte las opiniones en grupos casi proporcionales, entonces es un factor que marca interés
periodístico.
En realidad, Leñero y Marín hablan de 11 factores, aunque en su Manual de Periodismo Independiente, Deborah Potter solo menciona siete.
A mi juicio, los ya mencionados, junto con la proximidad, podrían ser los más importantes. Y es que la proximidad nos marca razones físicas y psicológicas para que alguien se interese sobre un suceso.
Es decir que puede interesarle por su proximidad física (distancia entre lugares) como por su proximidad psicológica (relación mental con el lugar del suceso).
La prominencia también es importante resaltarla porque nos indica la importancia que tiene la persona o la entidad de la que se habla. Para un alto número de guatemaltecos, por ejemplo, resultará de elevado interés lo que tenga que ver con la Iglesia Católica, pues un elevado número de habitantes practica dicha religión. Así, lo que diga el Papa o haga el Vaticano, serán asuntos de interés público, no sólo en Guatemala sino en muchos otros países.
Les escribo hoy sobre este tema, porque es importante que entendamos la labor periodística desde el punto de vista de quien emite la información para que le interese a quien la recibe. Y es que es la idea de este gobierno: “Informar lo que se tenga que informar”, para que las personas estén bien informadas y puedan tomar mejores decisiones para sus vidas.
Rodolfo Zelada
Periodista
La eficiencia en el combate al narcotráfico del actual gobierno salta a la vista. Los números no mienten. Solo al revisar la cuantificación total de todo lo incautado, entre el 1 de enero y el 8 de septiembre último, a este sector del crimen organizado y compararlo con el mismo período del año pasado, se establece que en el transcurso de 2024 hay una diferencia de 829 millones 986 mil 505.78 quetzales, más de lo registrado en 2023.
Datos del Quinto Viceministerio Antinarcóticos, del Ministerio de Gobernación, dirigido por Werner Ovalle, detallan que, en el transcurso de este año, el avalúo total de bienes incautados a estos grupos asciende a 1 mil 740 millones 611 mil 417.26 quetzales, contra los 910 millones 624 mil 911.48 quetzales en que se valoró el rubro total de lo decomisado en el mismo lapso del año pasado.
Estos números son reflejo de esfuerzo, dedicación y trabajo honesto, que también ha contado con el apoyo de otras instituciones.
El rubro destacado en las estadísticas se centra en las 10.8 toneladas de cocaína incautadas en el presente período, cuyo valor supera los 1 mil 107 millones de quetzales; que superan por mucho las 3.5 toneladas decomisadas en 2023, las cuales están valuadas en 356.9 millones de quetzales.
Los resultados de las acciones antinarcóticas también reflejan números superiores a los del año anterior en cuanto a la confiscación de marihuana, crack, dinero en efectivo, especialmente en dólares y euros; vehículos, embarcaciones y armas de fuego.
Además, la cifra de personas detenidas alcanza los 971 casos, 292 más que en 2023 cuando ocurrieron 679 aprehensiones. En este último renglón cabe resaltar que entre los capturados hay 13 con fines de extradición a Estados Unidos.
Mientras tanto, en materia de erradicación de plantaciones ilícitas, los registros dan cuenta de 1.4 millones de matas de marihuana y 1.5 millones de matas de amapola, en 2024, mientras que en el período anterior fueron 1.1 millones de marihuana y 667 mil 398 de amapola.
Estos números son reflejo de esfuerzo, dedicación y trabajo honesto, que también ha contado con apoyo de otras instituciones del Estado, así como de organismos internacionales y coordinación bilateral con fuerzas antinarcóticas de otras naciones, respaldo que da sustento y credibilidad a lo actuado por el Quinto Viceministerio y al Ministerio del Interior en general.
Las cifras descritas anteriormente, así como otras muchas que se manejan en los registros sirven para que agencias antinarcóticas internacionales, así como tanques de pensamiento puedan evaluar la gestión de las autoridades.
Sin embargo, existen personas y grupos, especialmente opositores al actual gobierno, que aseguran que no hay datos oficiales. Puede ser por desconocimiento o ignorancia. Lo cierto del caso es que acá puede aplicarse el dicho que reza: “No hay peor ciego que quien no quiere ver” y en este caso específico, como lo digo al principio de la columna, la eficiencia en el combate al narcotráfico del actual gobierno salta a la vista.
Por lo mismo, considero preciso, por medio de este espacio, reconocer la labor realizada hasta el momento, esperando que conforme transcurra el tiempo los logros puedan hacerse más evidentes, incluso con el apoyo de la ciudadanía, con el afán de hacer valer el actual eslogan de las fuerzas antinarcóticas: “Una Guatemala libre de drogas, es tarea de todos”.
Natalia González Bañados
Directora Centro de Derecho Regulatorio y Empresa
Preocupa el rumbo que está tomando la reforma de pensiones tras la firma del protocolo de acuerdo. Los datos de la Superintendencia de Pensiones muestran una caída de los cotizantes del sistema de AFP, encontrándose la mayor baja interanual en los diversos segmentos de cotizantes jóvenes.
A diferencia de lo que plantea la ministra del Trabajo que ha expuesto, sin antecedentes, que esa caída se debe a que las administradoras estarían deslegitimadas, los expertos asignan esa baja a los mayores niveles de informalidad en el empleo y al estancamiento de la situación económica.
Hay quienes sostienen que la reforma tendría un costo fiscal enorme.
Al mismo tiempo, los datos revelan que la población chilena está en un acelerado proceso de envejecimiento, lo que impacta en el número de ocupados jóvenes. Por ello, no se entiende que la reforma busque poner las fichas en ese grupo etario para sostener la solidaridad que se pretende bajo la figura de un empréstito, en que parte de la cotización adicional de las generaciones jóvenes no se destinaría a sus cuentas individuales de ahorro para la vejez, sino que sería prestada al Estado durante 20 años.
Hay quienes sostienen que postergar la reforma de pensiones tendría un costo fiscal enorme dada la necesidad de reforzar el pilar contributivo, pero lo que no se entiende es cómo sería sostenible el sistema que se propone si la primera y pesada piedra se carga a una generación de personas que es cada vez menor en número y con altos y crecientes niveles de informalidad laboral, situación respecto de la cual no solo parece hacerse poco y nada, sino que se legisla para agravarla. Tampoco se entiende que bajo este “seguro social” se regrese a la idea de introducir un componente de reparto en el sistema con otro formato y con visos “nocionales” (modelo antes desechado y fuertemente criticado por la oposición).
El hecho de que sea “transitorio”, por 20 años y, en principio, más acotado en cuanto a los beneficiarios, no hace más leve la falta, considerando que la experiencia muestra que no hay nada más permanente que las políticas transitorias y nada más creciente que lo que en principio intentó focalizarse. Pero, además, la tasa de interés a la que los jóvenes prestarían recursos al Estado sería más baja comparada con otras a las que este se endeuda y con la que ofrece el sistema de AFP.
Ello deviene en que la propuesta de un gobernante joven sea, paradojalmente, muy injusta para los propios jóvenes que, cuando se jubilen, no recibirán
beneficios.
