NACIONALES
Las pruebas de COVID-19 también las realizará el IGSS
Por medio de un acuerdo, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) autorizó al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) a hacer pruebas diagnósticas de coronavirus.
El titular del MSPAS, Hugo Monroy, explicó que los análisis se realizarán únicamente a personas con sintomatología, como tos seca, fiebre o alguna enfermedad respiratoria.
También se acordó que los resultados de las pruebas serán canalizados por medio de la cartera de Salud, como ente rector de las acciones sanitarias en relación con la emergencia, y la fuente de información al respecto seguirá siendo la Presidencia de la República, quien oficializará los casos sospechosos o confirmados en el país.
Lo que se busca es brindar datos consolidados y fidedignos para mantener una sola línea de atención, explico Monroy.
El IGSS habilitó el laboratorio especial en el Hospital General de Enfermedades de la zona 9, que tiene la capacidad para realizar pruebas del COVID-19.
Foto: Francisco Jiménez
Dos elementos de la Policía Nacional Civil (PNC) fueron aprehendidos ayer, por formar parte de un “caso gravísimo”, indicó el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, a través de su cuenta de X.
El jefe de la cartera del Interior explicó que un equipo antisecuestros desarrolló la captura de quienes señaló como “dos malos agentes”. “No puedo creer que a las autoridades anteriores les diera miedo entrarle a estos casos”, puntualizó el funcionario en el texto.
La decisión de la Sala Primera de Mayor Riesgo de reducir la condena del exministro de Comunicaciones, José Luis Benito, a un tiempo menor al establecido en primera instancia, solo incrementa la percepción de un sistema cooptado, porque “se sigue un patrón sistemático, en el cual la justicia favorece a los implicados en casos de corrupción”, señaló Manfredo Marroquín, de Acción Ciudadana.
Según Marroquín, la reciente resolución “es una muestra más de cómo el sistema judicial parece operar en beneficio de las redes de corrupción”, y afirmó que la impunidad de los corruptos “es una batalla desgastante”.
Como se recordará, el proceso legal contra Benito por el caso de los 122 millones de quetzales localizados en una casa en La Antigua Guatemala ha sido una montaña rusa de decisiones, desde la declaración de culpabilidad del imputado en febrero pasado, luego un aumento de la pena por parte de la Sala de Apelaciones, y finalmente una nueva reducción de la condena y multa.
Ante el constante robo de transportes pesados con la utilización de tecnología, los empresarios han incrementado su seguridad y servicios de rastreo, aunque no descartan que las organizaciones criminales mejoren sus técnicas.
Las ciencias aplicadas se han convertido en un aliado de las bandas criminales, que a través de aparatos que bloquean la señal GPS atracan los furgones. Llamó la atención de la Asociación de Transportistas Internacionales que en uno de los últimos hechos delictivos se encontró un dispositivo profesional para entorpecer el sistema de posicionamiento.
“Por ello hemos tenido pérdidas millonarias durante mucho tiempo”, expresó uno de los afectados y miembro de la gremial, quien no quiso identificarse por temor.
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