Poco a poco, más sectores se pronuncian a favor de la destitución de la fiscal general y jefa del Ministerio Público (MP), Consuelo Porras, quien es vista, nacional e internacionalmente, como una aliada incondicional de las mafias de cuello blanco y conciencia negra que han saqueado y pretenden continuar
robándose los fondos públicos.

Una muestra del rechazo que concita la funcionaria se evidenció ayer, cuando organizaciones y colectivos universitarios, empresariales, campesinos y de la sociedad civil hicieron sentir su inconformidad contra la labor de la fiscal, a quien no se le considera apta para el cargo.

Las posiciones de los grupos aludidos, las cuales se manifestaron en las calles y en comunicados de prensa, se conocieron en el marco de una cumbre regional sobre migración, a la que asistieron 20 delegaciones del continente americano, las que constataron el repudio que genera la persona que, lejos de combatir la impunidad y promover la decencia en el Estado, lo alienta y protege.

Pero mientras aumenta el respaldo ciudadano a la decisión del presidente Bernardo Arévalo y de la vicemandataria Karin Herrera de terminar con “el oscuro ciclo” de Porras, la Corte de Constitucionalidad (CC) volvió a resguardarla, al resolver que se debe respetar el tiempo para el que fue nombrada por Alejandro Giammattei, por cierto, uno de los principales señalados de los saqueos cometidos durante su administración, a quien el MP se resiste a investigar.

Sin duda, esta batalla por recobrar el Estado de derecho y de combate a la corrupción va colocando a cada quien en lado correcto o equivocado. El Congreso de la República fue un reflejo de ello, luego de que fue imposible que se alcanzara el quorum para conocer y aprobar el anteproyecto que el lunes pasado entregó el mandatario.

“Como Presidente electo por el pueblo no puedo tolerar que esta injusticia continúe”, afirmó el gobernante cuando presentó la iniciativa; un sentimiento que contagia a quienes se hartaron de la deshonestidad que destilan quienes desgobernaron esta nación.

Editor DCA

Los diputados del Congreso de la República enfrentan una disyuntiva histórica: fortalecer el sistema democrático y velar porque se imparta justicia, o perpetuar la impunidad y corrupción que han impedido el desarrollo del país y alcanzar mayores niveles de prosperidad.

El dilema, fácil de resolver, le llega a los parlamentarios con la propuesta de reforma al
Artículo 14 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (MP), que promueve el presidente
Bernardo Arévalo. En esencia, hay que decirlo claramente, la referida modificación permitirá retomar las causas que legalicen el retiro de Consuelo Porras, quien se ha atrincherado en el cargo con un objetivo muy claro: asegurar la inmunidad propia y la de quienes integran el llamado pacto de corruptos.

Pero más allá de cumplir con la demanda social de concluir con “el oscuro ciclo” de Porras, el anteproyecto restituye la independencia del MP y lo obliga a rendir cuentas sobre sus actos, una responsabilidad que tienen todas las entidades estatales, la cual es común en las naciones democráticas del mundo.

Conviene aclarar que la Fiscal General y sus aliados en el Ministerio no se enfrentan a revanchismos políticos o venganzas personales, como sugieren las teorías conspirativas que provienen de algunos individuos y sectores. Estos funcionarios, muchos de ellos vetados en 43 países por su presunta complicidad en el saqueo del erario, confrontan a una ciudadanía que está consciente de que mientras la Fiscal General continúe en el puesto, la transparencia y la probidad en el aparato público continuarán siendo utopías.

Insistimos. En breve, esta legislatura, que ha enviado mensajes esperanzadores y optimistas, deberá elegir entre construir una Guatemala en donde ministros, diputados, magistrados y fiscales sean los buenos que rechazan a los malos y no al revés, donde los patos no solo le disparan a las escopetas, sino que se roban el armamento para perpetrar nuevos asaltos.

Editor DCA

La decisión del presidente de la República, Bernardo Arévalo, de dejar en manos del Organismo Legislativo la posibilidad de que la Fiscal General y jefa del Ministerio Público (MP), Consuelo Porras, pueda ser removida es una acción que permitirá terminar con uno de los períodos más
lamentables en la existencia del ente a cargo de defender el Estado de derecho y evitar el saqueo de los fondos públicos.

De hecho, durante su primera cadena de radio y televisión, en la que informó sobre el anteproyecto de reforma a la normativa que rige al MP, el mandatario anticipó que “el oscuro ciclo de Consuelo Porras debe terminar ya”, confiado en que los parlamentarios se unirán a la cruzada nacional que demanda el retiro inmediato de alguien que es vista como defensora a ultranza de políticos, exfuncionarios y empresarios corruptos y de perseguir, mediante casos simulados, a quienes critican y cuestionan su errado proceder.

Ignorada por la comunidad internacional (43 naciones le niegan el ingreso a su territorio) y vista como una paria en Guatemala, Porras se aferra al cargo valiéndose de argucias legales que han impedido que el jefe de Estado la cese de sus funciones, como clama la mayoría de ciudadanos, quienes no se explican por qué, habiendo tantas evidencias contra Alejandro Giammattei, Miguel Martínez, ministros y secretarios que integraron ese desgobierno, ella ha sido incapaz de avanzar en casos que evidencian el asalto al erario.

Como lo mencionó el mandatario, el cargo de Fiscal General es el único que no le rinde cuentas a nadie y su permanencia depende de sí mismo; sin embargo, es tiempo de que se corrijan los errores, con el fin de que los responsables de la investigación sean removidos cuando, como ocurre en este caso, su permanencia genera daños irreparables a la nación, bloquea la probidad y, sobre todo, ofrece respiro a los sinvergüenzas que se han enriquecido de manera ilícita, vil y despiadada.

Jorge Castillo