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Denuncia por compra de Sputnik alcanzaría a Brolo

Ministro de Salud confirmó que la acción penal tocará a más exfuncionarios.

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El negocio anómalo de las vacunas rusas Sputnik V involucraría a más exfuncionarios de la administración anterior. En los próximos días se anunciará la ruta a seguir, pero no se descarta que las acciones legales se vayan ampliando.

Lo anterior fue comunicado por el titular del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), Oscar Cordón, en una reunión de trabajo en el Congreso.

En la cita, Cordón también abordó lo relacionado con el contrato con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops), en relación con la compra de medicinas para abastecer los hospitales. 

Excanciller

El ministro afirmó que la denuncia por el convenio de los biológicos citados será ampliada y alcanzaría a Pedro Brolo, canciller del expresidente Alejandro Giammattei. 

La acción será a medida que la cartera de Relaciones Exteriores (Minex) proporcione los informes completos, sobre el acuerdo  para adquirir los biológicos  durante la pandemia, cuando
Giammattei gobernaba.

Los informes serán analizados y, luego, se procederá con la ampliación de los procesos penales, las cuales podrían alcanzar no solo a Brolo, sino a más exfuncionarios, afirmó el jefe del MSPAS. 

El pasado 4 de abril, el gobierno del mandatario Bernardo Arévalo presentó una denuncia contra Amelia Flores, exministra de Salud.

La Procuraduría General de la Nación (PGN) y la Secretaría Privada de la Presidencia acudieron a Torre de Tribunales para llevar la acción legal.

Según datos oficiales, el contrato firmado no cumplió con los requerimientos legales y comprometió la salud de los guatemaltecos y el erario.

Convenio con Unops

El ministro de Salud, Oscar Cordón (c), reiteró que el país comprará medicamentos, suministros y tecnologías para centros hospitalarios y de diagnóstico por medio de un convenio con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops).

El funcionario indicó que el documento está en revisión en la sede en Copenhague, Dinamarca, y que se compartirá con los diputados. Al concretar la firma del documento se recibirán insumos en 45 días, como un primer lote que se destinaría a los nosocomios nacionales.

De acuerdo con el funcionario, la cartera sanitaria tendría que desembolsar hasta 900 millones de dólares y que una de las bondades del acuerdo es que podrían hacer compras en volumen para los cuatro años que dure.

Nery Rodas, tercer vicepresidente del Legislativo, indicó que analizarán esta opción y verificarán si no hay alguna otra forma para la adquisición de fármacos e insumos médicos.


Foto: Giovanni Pérez
Giovanni Pérez
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Declaran emergencia sanitaria nacional por dengue

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Una emergencia nacional por la epidemia del dengue declaró, a partir de hoy, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), ante la epidemia del dengue que es trasmitido por el vector Aedes Aegypti.

“Los organismos e instituciones públicas centralizadas y descentralizadas, autónomas, semiautónomas, municipales, privadas, organismos no gubernamentales y comunitarios, cuya competencia u objeto es la gestión de acciones de salud deberán coordinar con el MSPAS “la planificación y desarrollo de acciones de promoción, prevención y manejo de crisis para la mitigación del daño y control de factores ambientales de riesgo”, refiere el acuerdo ministerial 152-2024, que se publica hoy en el diario oficial.

De enero al 20 de abril, se habían registrado 14 mil 697 casos de esta enfermedad, 14 por zika y 21 por chikungunya. Además, se contabilizaban 19 de dengue grave, de los cuales nueve fallecieron, según el MSPAS.

Hasta la fecha indicada habían 12 direcciones departamentales de redes integradas de servicios que sobrepasan la incidencia nacional, siendo estas Zacapa, Jutiapa, Santa Rosa, Sacatepéquez, Baja Verapaz, Quetzaltenango, El Progreso, Escuintla, Jalapa, Chiquimula, Petén Norte y Suchitepéquez, se precisó.

Rodrigo Pérez Fotógrafo: Archivo
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Binomio presidencial no podrá ser investigado

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Las solicitudes de antejuicio promovidas por el Ministerio Público contra el presidente Bernardo Arévalo y la vicegobernante Karin Herrera fueron rechazadas por la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

La acción también fue dirigida contra dos diputados electos por el Movimiento Semilla; todos, señalados en el caso Toma de la Usac. Sin embargo, con la resolución de los magistrados de la CSJ, el jefe de Estado, la vicemandataria y los parlamentarios no podrán ser investigados.

La acción para el retiro de la inmunidad del binomio y los legisladores son por señalamientos de la Fiscalía de Delitos contra el Patrimonio Cultural de la Nación, por el caso Toma de la Usac: Botín Político. La citada instancia del MP aseguró que Arévalo y Herrera incitaron en 2022 a que se mantuviera, por la fuerza, la toma del Campus Central de la Usac.

La acción fue solicitada el 17 de noviembre de 2023, para efectuar una investigación en contra de los dignatarios, por los delitos de usurpación de forma agravada, depredación de bienes culturales y asociación ilícita.

Además de las solicitudes planteadas contra Arévalo y Herrera, también se pidió el retiro de antejuicio de los diputados Samuel Andrés Pérez Álvarez y Raúl Amílcar Barrera Robles, del Movimiento Semilla.

Insiste

Luego de conocerse la resolución de la CSJ, la Fiscalía de Delitos Contra el Patrimonio de la Nación indicó: “Debido a que en algunos de los casos hubo cambio en las condiciones respecto a los cargos y en virtud de que desde noviembre a la fecha se tiene más elementos y nuevos avances, se estarán presentando nuevas solicitudes de retiro de antejuicio”.

Redacción DCA Fotógrafo: Archivo
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48 cantones piden retirar a jefa del MP

Ejecutivo analiza llamar a consulta popular para remover a Consuelo Porras.

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El reemplazo inmediato de la fiscal general y jefa del Ministerio Público (MP), Consuelo Porras, y de otros “actores corruptos” pidió ayer la Junta Directiva del Concejo de Alcaldes Comunales de los 48 cantones de Totonicapán, en una conferencia de prensa frente al Palacio Nacional de la Cultura.

“Vemos con mucha preocupación que durante este tiempo han hecho falta acciones concretas. Empezando por el tema prioritario, por el cual estuvimos en resistencia más de 100 días, que es la destitución de Porras; Rafael Curruchiche, jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, la fiscal Cinthia Monterroso y el juez Fredy Orellana”, afirmó Edin Zapeta Tzul, presidente de la citada organización.

De esa cuenta, la entidad ancestral demandó, entre otras aspectos, “la pronta destitución de la jefa del MP y los jueces aliados de la impunidad y la corrupción”.

Mientras, el presidente Bernardo Arévalo indicó que se considera convocar a una consulta popular, “en el marco de las distintas acciones legales para liberar a la Fiscalía de la red político económica e ilegal que en este momento la tiene controlada”. Remarcó que la posibilidad está en estudio. “Sería un último mecanismo si no funcionan los demás”, explicó Juan Gerardo Guerrero, secretario general de la Presidencia.

¿Es viable?

Según el Movimiento Unidos por la Democracia, remover a Porras tras un referéndum es legalmente posible. Cita que el Artículo 173 de la Constitución establece que “las decisiones políticas de especial trascendencia deberán ser sometidas a procedimiento consultivo de los ciudadanos” y que el plebiscito puede ser solicitado por el Presidente o el Congreso de la República.

También, señala que la Carta Magna en su Artículo 251 establece que el gobernante puede remover al Fiscal General “por causa justificada, debidamente, establecida”.

Alfonso Cabrera, exconstituyente, citó los mismos artículos y agregó el 141 que indica que “la soberanía radica en el pueblo, quien la delega, para su ejercicio, en los organismos Legislativo, Ejecutivo y Judicial”.

Se buscó a varios exmagistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) para que expusieran cuánto tiempo lleva organizar una consulta popular y cuánto cuesta, pero no respondieron las llamadas telefónicas.
El último referéndum en el país fue el 15 de abril de 2018, por el diferendo territorial entre Guatemala y Belice. Esta actividad le costó a la ciudadanía 300 millones de quetzales.

Encuentro con AMLO

El gobernante Bernardo Arévalo informó que la cita con Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente de México, será a finales de mayo.

“Estaremos reuniéndonos en la ciudad de Tapachula; parte de la discusión va a centrarse en temas de seguridad fronteriza y estaremos acompañados de los ministros correspondientes para aprovechar esta oportunidad de tener un diálogo lo más fructífero y concreto posible”, refirió.

Otras demandas

Incluir a los pueblos maya, xinca, garífuna y mestizo en la distribución y ejecución de un presupuesto codificado, según la inversión necesaria entre estos.

Inyectar capital en infraestructura productiva, vial y de energía eléctrica en áreas de concentración de pobreza.

Construcción de hospitales con médicos especializados en los municipios convergentes.
Fortalecimiento de la micro, pequeña y mediana empresa rural.

Destituir a funcionarios públicos que han aprovechado su posición para beneficios personales, específicamente el viceministro de Energía y Minas, Edwin Mazariegos (despedido anoche por el Ejecutivo), y en entidades donde se han identificado situaciones similares.

Esfuerzo contra desnutrición

El gobernante Bernardo Arévalo comentó que hoy se lanzará, en Colotenango, Huehuetenango, una iniciativa intersectorial para la reducción de la pobreza y malnutrición.

La estrategia “abrirá las puertas para mejorar la calidad de vida de las personas”, aseguró el jefe de Estado. El plan es liderado por la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Sesan) y el Ministerio de Desarrollo Social (Mides).

Reuniones con alcaldes

Los encuentros con los jefes ediles del país, en conjunto con la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam), buscan identificar mecanismos para que el Ejecutivo apoye la mejora de la calidad de vida de los pobladores del interior del país, dijo el mandatario Bernardo Arévalo.

“Un desarrollo tiene que ser entendido en obra pública, acceso a educación, salud, condiciones para que haya agua y saneamiento, vías de comunicación y todo aquello que genera el bienestar de los guatemaltecos”, enfatizó.

Rodrigo Pérez Fotógrafo: Norvin Mendoza
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