En un contexto de creciente crisis humanitaria en la frontera entre Guatemala y México, los presidentes Bernardo Arévalo y Andrés Manuel López Obrador, respectivamente, se reunirán hoy al mediodía en Tapachula, Chiapas. Entre los temas sobre la mesa están la migración irregular, resguardo fronterizo y desarrollo.

La Presidencia guatemalteca informó la agenda, que incluye seguridad limítrofe, el éxodo, tecnificación de los puestos colindantes y programas económicos. “Esta es una junta importe porque es la primera oficial de alto nivel. Se busca dialogar sobre migración, seguridad y cooperación en las zonas portuarias”, expresó el embajador de nuestro país en el vecino país, Marco Tulio Chicas.

Se debe aprovechar la ocasión para abordar soluciones al problema del narcotráfico, comentó Walter Menchú, analista en seguridad del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN).

Úrsula Roldán, directora del Instituto de Investigación en Ciencias Socio Humanistas (Icesh), de la Universidad Rafael Landívar, y experta en temas migratorios, subrayó la necesidad de fortalecer el trabajo transfronterizo y mejorar las condiciones de bienestar y resguardo en las zonas compartidas.

“Se debe invertir y priorizar acciones en las áreas limítrofes, en coordinación con las poblaciones locales, sin afectar derechos territoriales de nadie”, enfatizó Roldán.

La reunión entre Arévalo y López Obrador ocurre en un momento con altos índices de extorsiones, secuestros y desapariciones que afectan a quienes van rumbo a EE. UU. La experta destacó la importancia de abordar las causas estructurales de la migración y garantizar una movilidad segura y ordenada.

Mejorar la comunicación

César García, presidente de la organización Procentro Tapachula, dijo a la agencia de noticias EFE que es primordial que esta cita promueva una comunicación fluida entre los dos territorios y mejores reglas de cooperación para facilitar el tránsito legal de las poblaciones.

“El Gobierno mexicano no debe ser tan radical como Estados Unidos, pero sí establecer una ficha técnica para quienes transitan por Guatemala y México”, comentó García.

En 2023, Guatemala reportó la deportación de 24 mil 679 connacionales desde México, lo que subraya la urgencia de encontrar soluciones efectivas y humanitarias al asunto, coinciden los expertos.

Luis Carrillo Fotógrafo: Mariano Macz

Foto: SCSPR

Peticiones en proyectos de infraestructura vial, educación, salud y agrícolas escuchó ayer el presidente Bernardo Arévalo por parte de los jefes municipales de Escuintla, Chimaltenango y Sacatepéquez.

En los encuentros de trabajo se habló con los jefes ediles sobre cómo se accionará de manera conjunta para generar prosperidad. “Es importante reconocer que el pueblo ha apoyado la defensa de la democracia, porque quiere desarrollo, y ese es el compromiso”, afirmó el mandatario.

En el caso de Escuintla, “hemos anotado con los alcaldes las necesidades en obras viales y luego (definir) la forma de cómo lo vamos a enfrentar. Llevamos el tema al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (Micivi)”, comentó.

En relación con aporte a los campesinos, el dignatario afirmó que se tiene una serie de medidas para apoyar al pequeño y mediano productor agrícola. “Debemos retomar una visión de desarrollo rural como un objetivo. El apoyo al agricultor es importante. Por ello, se impulsan programas de acceso al crédito, extensión agrícola, insumos y aperos”, expresó.

Cumplir con mandato

En Chimaltenango, Arévalo reconoció que la responsabilidad de cada uno de los alcaldes es generar desarrollo. La lucha contra la corrupción es urgente y que eso permita a las instituciones funcionar a favor del bienestar, agregó.

En relación con la violencia, el gobernante aseguró que, por medio de la Policía Nacional Civil (PNC), se trabaja a fin de aumentar la presencia de agentes en los lugares con más incidencia criminal. Mencionó las acciones en el combate a las extorsiones, lo que ha bajado estos hechos delictivos.

En Sacatepéquez, se planteó la necesidad de abordar la seguridad vial. “Llevamos la información y requerimiento para definir estrategias de solución”, concluyó.

Redacción DCA

La lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado en Guatemala ha dejado un impacto significativo en lo que va del año. Del 1 de enero al 12 de mayo, las acciones de la Policía Nacional Civil (PNC), mediante la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA), resultaron en la incautación de drogas, dinero, bienes y armamento, con un valor de 1 mil 52 millones 67 mil 643.16 quetzales.

Según estadísticas de la SGAIA, se destruyeron 368 mil 456 matas de marihuana, 1 millón 490 mil 240 plantas de amapola y 1 millón 477 mil 437 arbustos de coca. Además, se inutilizaron 8 mil 366.22 kilos de cocaína, 4.26 kilos de crack, 491.99 kilos de marihuana y 1.87 kilos de metanfetamina, así como 0.85 toneladas métricas de precursores químicos.

Las autoridades también lograron confiscar grandes sumas de dinero en efectivo: 788 mil 348.35 quetzales, 139 mil 85 dólares estadounidenses, 4 mil 89 euros y 18 mil 121 pesos mexicanos. En cuanto a bienes, se decomisaron 99 vehículos, 2 embarcaciones, 53 armas de fuego, 1 mil 982 municiones y 140 tolvas. Durante este período, 454 personas fueron detenidas por su presunta vinculación con el narcotráfico, incluyendo cinco con solicitudes de extradición.

Walter Menchú, analista en temas de seguridad del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), ve positivos los resultados. Según Menchú, estos esfuerzos deben abordarse en la reunión bilateral entre los presidentes de Guatemala y México, e incluir la mejora de los controles aéreos y marítimos para interceptar drogas antes de que ingresen en el territorio nacional.

Entregados a la DEA

En la misma línea de combate a esta problemática, seis presuntos narcotraficantes fueron extraditados ayer a Estados Unidos. Juan José Morales Cifuentes, Melvin Hilario Estrada Flores, Pedro Pablo Yaser Barrios Cruz, Magner López Mejía, Jorge Luis Rodríguez López y Esvin Fernando Marroquín Túpas quedaron en manos de la Administración para el Control de Drogas (DEA).

Menchú destacó que estas extradiciones debilitan significativamente las operaciones del crimen organizado en la región, y subrayó la relevancia de la cooperación internacional para asegurar el intercambio de información e inteligencia con países como Estados Unidos, México y Colombia.

Luis Carrillo Fotógrafo: Archivo