En un hecho sin precedentes en el sector público, el Organismo Ejecutivo, por medio del comisionado Santiago Palomo, presentó el portal Los expedientes de la corrupción, una herramienta digital en la que se divulgan las denuncias de posibles saqueos cometidos por el gabinete de Alejandro Giammattei.

El sitio, que quedó habilitado ayer y es de acceso libre, refiere los 84 casos presentados por el gobierno de Bernardo Arévalo y Karin Herrera, cantidad que cuadruplica las 19 querellas que, falsamente, la fiscal general y jefa del Ministerio Público (MP), Consuelo Porras, dijo haber recibido por parte de las autoridades de turno.

La referida página es, sumamente, amigable y contiene información que facilita la auditoría social, puesto que detalla fechas, montos (cuando se puede cuantificar) y avances de las pesquisas realizadas por el MP. También, dispone de un apartado en el que destacan los Casos relevantes, entre los que se incluyen, por ejemplo, las dudas en la compra de las vacunas Sputnik V, que por cierto representó un negocio de 131 millones 200 mil dólares (1 mil 18 millones 282 mil 720 quetzales al tipo de cambio de ayer).

Pero más allá de ser un aliado de la transparencia y la rendición de cuentas, el portal será un eslabón clave para el sistema de justicia, puesto que marcará el inicio de los procesos que, con eficiencia y eficacia, debieran terminar con el encarcelamiento de aquellos exfuncionarios que se valieron de un sistema que permitió el asalto de las finanzas y garantizó la impunidad.

A partir de ahora, el pueblo tiene la oportunidad y el derecho de conocer los esfuerzos por evidenciar los malos manejos, pero también de la celeridad y empeño que debieran poner el MP y los tribunales de justicia al momento de someter a los maleantes y cómplices que han prostituido las dependencias estatales.

No cabe duda de que aún falta mucho para crear instituciones decentes, que velen por el bien común, pero el esfuerzo ya empezó y no se detendrá, a pesar de los obstáculos que pongan los mafiosos de cuello blanco, traje sastre y conciencia negra.

Editor DCA

Bien haría la Fiscal General y jefa del Ministerio Público (MP) en jalarle las orejas a quienes le preparan sus discursos y hacen que ponga en evidencia su desconocimiento en temas complejos como los económico-financieros. O, tal vez, debe ser más prudente cuando intenta restar méritos a otras instituciones del Estado, puesto que cuando los ataques no están sustentados, se corre el riesgo de sufrir desgastes innecesarios.

El martes recién pasado, durante la declaración que ofreció en la sede del MP, para intentar desmentir las afirmaciones nacionales e internacionales que la vinculan con las mafias que asaltan el erario, la señora Consuelo Porras quiso mofarse del Organismo Ejecutivo al asegurar que este gobierno tiene el “presupuesto más alto de la historia y que, casi a mitad del año, no ha podido ejecutar ni el 10 por ciento del mismo”.

No puede ser posible que en un pequeño párrafo, la funcionaria cometa dos equivocaciones o mentiras y que, a estas alturas, aún no haya recapacitado y ofrecido disculpas, aunque, quizás, ni ella ni sus asesores se han percatado de sus yerros.

Para empezar, el proyecto de ingresos y gastos de 2024 es el mismo que tuvieron a su disposición Alejandro Giammattei y Miguel Martínez en 2023, el cual fue aprobado por la anterior legislatura.
Además, cuando se compara la ejecución presupuestaria realizada de enero a abril, en el primer año de los cuatro gobiernos anteriores, el Gabinete de Bernardo Arévalo y Karin Herrera registra la mayor eficiencia, al alcanzar el 28.34 por ciento del total disponible, con el agregado de que las carteras de Salud y Educación contabilizan los mayores desembolsos, contrario a las aseveraciones de Porras.

En fin, por el bien del país, confiemos que en materia de investigación criminal, la fiscal cuente con consejeros más atinados y serenos, que le aporten y no le resten credibilidad, aunque sea en las alocuciones y conferencias de prensa.

Editor DCA

Poco a poco, más sectores se pronuncian a favor de la destitución de la fiscal general y jefa del Ministerio Público (MP), Consuelo Porras, quien es vista, nacional e internacionalmente, como una aliada incondicional de las mafias de cuello blanco y conciencia negra que han saqueado y pretenden continuar
robándose los fondos públicos.

Una muestra del rechazo que concita la funcionaria se evidenció ayer, cuando organizaciones y colectivos universitarios, empresariales, campesinos y de la sociedad civil hicieron sentir su inconformidad contra la labor de la fiscal, a quien no se le considera apta para el cargo.

Las posiciones de los grupos aludidos, las cuales se manifestaron en las calles y en comunicados de prensa, se conocieron en el marco de una cumbre regional sobre migración, a la que asistieron 20 delegaciones del continente americano, las que constataron el repudio que genera la persona que, lejos de combatir la impunidad y promover la decencia en el Estado, lo alienta y protege.

Pero mientras aumenta el respaldo ciudadano a la decisión del presidente Bernardo Arévalo y de la vicemandataria Karin Herrera de terminar con “el oscuro ciclo” de Porras, la Corte de Constitucionalidad (CC) volvió a resguardarla, al resolver que se debe respetar el tiempo para el que fue nombrada por Alejandro Giammattei, por cierto, uno de los principales señalados de los saqueos cometidos durante su administración, a quien el MP se resiste a investigar.

Sin duda, esta batalla por recobrar el Estado de derecho y de combate a la corrupción va colocando a cada quien en lado correcto o equivocado. El Congreso de la República fue un reflejo de ello, luego de que fue imposible que se alcanzara el quorum para conocer y aprobar el anteproyecto que el lunes pasado entregó el mandatario.

“Como Presidente electo por el pueblo no puedo tolerar que esta injusticia continúe”, afirmó el gobernante cuando presentó la iniciativa; un sentimiento que contagia a quienes se hartaron de la deshonestidad que destilan quienes desgobernaron esta nación.

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