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COLUMNAS

Coleccionista y mecenas (III)

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Ángel J. Gómez Montoro 

Presidente del Patronato del Museo Universidad de Navarra

Ella creía en el poder trasformador del arte, quería que otros pudieran apreciarlo y disfrutarlo tanto como ella. Por eso, en homenaje a su madre, creo junto con Javier Vidal la Fundación Beaumont; y para honrar a su padre erigió en la Universidad de Navarra, en 1997, la Cátedra Félix Huarte de Estética y Arte Contemporáneo.

Desde ella se promovieron investigaciones, congresos y jornadas, pero también cursos a profesores de enseñanza media porque para María Josefa era fundamental que lo que se hiciera en la Universidad llegara a todos. Especial relevancia adquirieron las Lecciones de poética en las que participaron Claudio Magris, Tomás Llorens, Cristobal Halffter o Jaume Vallcorba, entre otros.

Desde la Cátedra se impulsó la publicación de una importante serie de monografías y, en 2005, Revisiones: revista de crítica cultural. María Josefa y Javier seguían con interés la actividad de la Cátedra y no pocas veces abrían las puertas de Villa Adriana, su casa en Pamplona, a los participantes.

Pienso que esos años de relación directa con la Universidad de Navarra y los buenos frutos de la Cátedra influyeron de forma relevante en la decisión de dejar su colección a la Universidad. Inicialmente pensó en la creación de un Museo de Arte Contemporáneo ubicado en la Ciudadela, el espacio que ella consideraba más emblemático de Pamplona. Ante la imposibilidad de llevarlo a cabo, se dirigió a la Universidad.

María Josefa deseaba que la colección quedara en Navarra.

La propuesta la hicieron al entonces Rector, José María Bastero, con quien tenían una relación estrecha; tras el cambio en el Rectorado, me correspondió la suerte de recibir ese proyecto. María Josefa deseaba que la colección quedara en Navarra, abierta a toda la sociedad. Pero quería también que sirviera para potenciar la investigación, en continuidad con el trabajo de la Cátedra, y para acercar el arte a las generaciones de jóvenes estudiantes.

He de decir que, aunque no faltaron dificultades, lo que siguió a continuación fue para mí una etapa especialmente gozosa. Y no solo por el alcance del proyecto, sino también por la posibilidad de compartir tantos momentos con María Josefa y Javier, algo en lo que me acompañó con frecuencia Jaime García del Barrio, que se incorporó a la Universidad para impulsar el nuevo Museo. Después de estudiar despacio los aspectos legales y la viabilidad económica del proyecto, se pudo firmar la donación el 10 de abril de 2008 en un emotivo acto en el que estuvo acompañada por Javier y una importante representación de sus sobrinos.

Previamente, María Josefa había sugerido la posibilidad de que el edificio lo hiciera Rafael Moneo quien, además de la vinculación con la familia, conocía muy bien la colección. María Josefa habló con él y recuerdo los primeros encuentros en el Edificio Central de la Universidad.

Tras el segundo, visitamos los tres el lugar de su posible ubicación. En ese momento aceptó hacerlo y pienso que intuyó ya el edificio, encajado entre dos pequeñas colinas y cerrando el Campus. La siguiente intervención relevante de María Josefa fue la aprobación de la maqueta que nos presentó Rafael, ya muy parecida al edificio final. Me impresionó su capacidad para “ver” los espacios e imaginarse el juego de las cubiertas.

Poco después, María Josefa enfermó, en un proceso rápido que hizo que ya no pudiera seguir las obras ni disfrutar del resultado final. Fue sin duda lo más doloroso de este proyecto. Afortunadamente Javier y una buena representación de la familia pudieron estar presentes y saludar a SSMM los Reyes el día de la inauguración del Museo, 22 de enero de 2015, precisamente delante del cuadro Incendi d’amor.

Apenas dos semanas después, el 8 de febrero, fallecía en su querida Villa Adriana. Su generosidad “me parece importante saber desprenderme de lo que más me interesa, donar aquello que más aprecio” afirmó en una entrevista- y su impulso hicieron realidad su sueño: “colaborar con otras instituciones en situar a Navarra en el lugar que le corresponde en las corrientes culturales europeas”.

Universidad de Navarra
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COLUMNAS

Buenas prácticas para mejorar la gestión pública (II)

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En esta línea, en la era tecnológica presente, la complejidad del mundo actual ha llevado a expertos en las ramas más diversas a definir teorías, técnicas, métodos o conceptos que puedan llevar al éxito a la gestión pública. La idea preconcebida de que las políticas públicas corresponden a acciones decididas, llevadas a cabo y autorizadas por el Estado, representado por el Gobierno, de cara a proteger o promover un bien considerado como de interés público, ha dado paso a una sistemática evolutiva en que la administración pública se comporta como una empresa privada que busca satisfacer de la mejor manera las necesidades de sus clientes. 

Con ello, se busca que la gestión pública se aproxime a lo administrado, de forma que este se sienta parte de ella que permita aumentar la satisfacción percibida por la sociedad respecto de sus servicios públicos. 

Una sociedad sin una eficiente gestión pública es una sociedad desarticulada y sin capacidad de gestionar la voluntad de sus ciudadanos, sin instituciones públicas, un grupo humano no es una sociedad, es algo más parecido a una horda. Por lo que, parece más cierto es que es imprescindible y que lo que debe suceder es que paulatinamente mejore en la gestión que realiza y que es su razón de ser. 

Su valor estriba fundamentalmente en el conjunto de vivencias que tiene en el desarrollo de la sociedad y que son la materia prima para categorizarla como una de las modalidades de la acción gubernamental. En este sentido, el mundo de la administración pública son los hechos sociales, políticos y gubernamentales. Distante de ellos se convierte en una caja de pandora. Su organización y funcionamiento tienen justificación en las relaciones de sociabilidad que configuran a la comunidad civil y política.

Por tanto, el espacio y el tiempo que les corresponden determinan su modo de obrar en el cumplimiento de las tareas relacionadas con el orden, la seguridad, la promoción económica y el bienestar social. 

En el claro devenir del futuro, el desarrollo científico y tecnológico, la formación de la nueva economía, la vigencia de la sociedad del conocimiento y la democratización del poder son rubros que tienen elementos no convencionales, que están influyendo en el desempeño propio de la gestión
pública.

Colaborador DCA
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COLUMNAS

“No hay democracia sin justicia social…”

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El irrespeto a los derechos laborales, así como la malnutrición y la pobreza, son solo algunos de los males que afectan a la sociedad guatemalteca, aspectos ante los que el gobierno encabezado por el presidente Bernardo Arévalo y la vicegobernante Karin Herrera enfocó sus esfuerzos durante las útimas horas.

Ayer, en un inusual acto, Arévalo recibió, frente al Palacio Nacional de la Cultura, a los líderes de sindicatos que participaron en la marcha por la conmemoración del Día Internacional del Trabajo, de quienes recibió demandas de crear los mecanismos que permitan mejores condiciones laborales, protección social, seguridad ocupacional y respeto a las actividades sindicales. Ante ellos y miles de asistentes que se dieron cita en la Plaza de la Constitución, el mandatario renovó su compromiso con los valores fundamentaltes de la democracia y la justicia social.

“Nos seguimos enfrentando a la mezquindad de quienes quieren que todo permanezca igual, de quienes se enriquecen a costa del pueblo, satisfechos y temerosos de perder sus privilegios, esa élite político criminal corrupta que ha cooptado las distintas instituciones del Estado y que se resiste a abandonarlas, a pesar del veredicto del pueblo en las urnas”, refirió el jefe de Estado al dirigirse a la multitud.

Horas antes de refrendar su compromiso con la clase obrera, Arévalo y Herrera lanzaron una ofensiva contra la pobreza y la malnutrición en siete municipios, tres de Huehuetenango, así como uno en los departamentos de Totonicapán, Chimaltenango, Sololá y Quiché. El programa, en el que están involucradas nueve instituciones estatales y que busca llevar adelante “una nueva posiblidad para vivir mejor”, se ampliará progresivamente hasta alcanzar los 114 municipios priorizados por sus niveles de pobreza y desnutrición.

El Gobierno está consciente de la “misión trascendental” que tiene por delante, pero, pese a los obstáculos que debe afrontar producto del deterioro institucional que encontró el binomio presidencial al asumir funciones, impulsa acciones para combatir los flagelos que enfrenta la sociedad, pues se siente acompañado por el pueblo de Guatemala al que se debe, toda vez que “la mayoría de guatemaltecos se cansó de ser estafada por esa estirpe de políticos corruptos, esa gente que se sabe merecedora de un futuro mejor y que está dispuesta a participar activa y honradamente en su construcción”, como lo afirmó Arévalo.

Editor DCA
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COLUMNAS

Entorno laboral seguro

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Joseph Dotu

Asociado de inclusión de la juventud,

OCR Guatemala

[email protected]

La cuestión de la seguridad en el trabajo es un tema de salud pública que se presenta a nivel global. Cada año, los accidentes y enfermedades en el trabajo causan la muerte de cerca de 2.9 millones de trabajadores, y 402 millones de personas se quedan con lesiones. Este problema no genera solamente un costo humano, sino también económico, que está estimado en un 4 por ciento del producto interno bruto mundial anual, casi 3 billones de dólares, según informes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Frente a este reto, los Estados adoptaron compromisos internacionales con el fin de proteger la fuerza laboral en el mundo. Entre estos está el Pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales (1966) que en su Artículo 7b estipula que “los Estados Parte en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que le aseguren en especial […] la seguridad y la higiene en el trabajo”.

En 2015, al adoptar la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, los Estados declararon que este tema seguía siendo una prioridad compartida, al enfocar el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) número 8 en el trabajo decente y las condiciones laborales. En la meta 8 de este ODS, los Estados miembros de la ONU resaltaron la importancia de “un entorno de trabajo seguro y sin riesgos para todos los trabajadores, incluidos los migrantes, en particular las mujeres y las personas con empleos precarios”. Para visibilizar estos temas, en 2003 la OIT declaró el 28 de abril como el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo. Esta conmemoración sirve para sensibilizar sobre la seguridad en el ámbito profesional e impulsar medidas de prevención de los accidentes en el trabajo, así como las enfermedades relacionadas con las diferentes profesionales.

Sin embargo; actualmente, ningún Estado ha alcanzado condiciones de trabajo seguras y saludable, para toda su fuerza laboral. El camino para mejorar el entorno laboral sigue siendo largo para muchos países, entre ellos, Guatemala. Dentro de la sociedad guatemalteca, las personas jóvenes son muy vulnerables a los riesgos laborales, especialmente las mujeres y los pueblos indígenas. Entre enero y octubre de 2023, 1 mil 096 accidentes laborales fueron registrados en Guatemala, principalmente en los sectores de la agricultura y de la industria, según fuente del Ministerio de Trabajo. En 2022 la tasa de informalidad laboral era de 70.8 por ciento, superando la tasa promedio de Latinoamérica, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Eso implica que las personas no siempre pueden cotizar a la seguridad social y tanto se quedan sin cobertura en caso de accidente. Además, se dificulta el control del cumplimiento de las normas laborales, generando un riesgo para la seguridad. La informalidad afecta particularmente a las personas jóvenes.  El 73.9 por ciento de las personas entre 13 y 30 años, ocupadas y asalariadas, reportaron trabajar sin el respaldo de un contrato, según fuentes oficiales en una encuesta publicada en 2020 por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa). Esta tendencia se agudiza para las personas jóvenes, de pueblos originarios, que tienen tres veces menor probabilidad de trabajar con contrato laboral, que las personas de otros grupos. Las mujeres enfrentan otro reto: el 68.7 por ciento de las jóvenes declaró encontrarse en situación de inactividad, en comparación con únicamente el 29.2 por ciento de los hombres jóvenes. Esta tendencia se explica, entre otros factores, debido a discriminaciones históricas que han sufrido estos grupos. Estos trabajos ayudan a millones de personas a no caer en la pobreza aguda. La fuerza laboral informal se distingue por salir adelante, a pesar de las barreras estructurales a las cuales se enfrenta. Es importante que esta dimensión sea incluida en el diseño de políticas públicas, para no dejar a nadie atrá

Colaborador DCA
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