Comunícate con nosotros al 1590

COLUMNAS

Nueva Constitución en la sociedad del conocimiento (I)

Publicado

-

Juan Alberto Lecaros Urzúa

Director Observatorio de Bioética y Derecho

El momento que vivimos en Chile con el inicio del proceso constituyente es un tiempo que no se agota en un plazo, en un tiempo medible, en lo que los griegos llamaban Cronos; sino que es un tiempo abierto en el que se juega un destino colectivo, lo que llamaron Kairós, el tiempo adecuado y oportuno para lograr el éxito de un gran desafío en situaciones imprevisibles.

El proceso constitucional nos ofrece este tiempo especial, para preguntarnos y reflexionar cómo hemos habitado y convivido hasta ahora en nuestro territorio y cómo queremos habitar y convivir en el futuro. En ese contexto, consideramos que es esencial preguntarse cuál es la sociedad del conocimiento que debería estar presente en el espíritu de la nueva Constitución y cómo esta debiera configurar, a su vez, nuestro futuro hábitat para el conocimiento. En las sociedades del conocimiento, las personas acceden y participan libremente en las dinámicas del conocimiento de donde emergen transformaciones colectivas científico-tecnológicas, sociales, culturales y económicas que, a su vez, desencadenan nuevas dinámicas de conocimiento.

Sin embargo, cuando hablamos de conocimiento, lo asociamos usualmente en nuestro país a un resultado a lograr, a un producto medible, ya sea en la economía, la educación, en la ciencia, tecnología e innovación, incluso en la cultura y las humanidades. Este sesgo está presente cuando, por ejemplo, reducimos la ciencia a papers, a número de investigadores y a financiamiento de proyectos concretos, como también la tecnología, a patentes, y la innovación, a desarrollo económico. Adoptamos también este enfoque cuando buscamos en los modelos de desarrollo de otros países la respuesta a nuestras necesidades y prioridades sociales, como si estos modelos externos, reducidos a su potencial de desarrollo económico, fuesen simples realidades trasplantables.

No se puede reducir el aporte que hace el conocimiento a la sociedad.

Incurrimos en este sesgo porque nos hemos limitado a mirar el conocimiento como un “objeto” a producir o como un resultado a alcanzar, y no como un proceso o dinámica social y cultural conducido por personas y que requiere de un hábitat que lo nutra y lo encauce hacia propósitos consensuados desde los territorios y sus prácticas, y que esté orientado por principios de Estado que definan la sociedad que queremos ser. Es en este sentido que pensamos que la Constitución debe jugar un papel en definir el espacio para conectar y dar fluidez a las dinámicas del conocimiento, pues estas necesitan operar desde el reconocimiento de principios y valores asociados a la colaboración y a la legitimidad de los actores.

Uno de los desafíos de la nueva Constitución estará entonces en reconocer, desde las bases de la institucionalidad hasta las formas de gobierno de los territorios, este derecho esencial que la Declaración Universal de los Derechos Humanos asegura a toda persona, el “derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten”. Sin embargo, el principal reto no es reconocer el acceso al conocimiento como un derecho individual, sino establecerlo como un principio inspirador y articulador que considera a nuestros recursos naturales, la biodiversidad, la salud, la educación, la cultura, la economía y la modernización del Estado.

El primer paso para alcanzar este objetivo es que la convención constitucional reconozca nuestros saberes, habilidades y capacidades locales, incluyendo los conocimientos tradicionales de nuestros pueblos indígenas, y la brecha que hay para desarrollar un nuevo hábitat nacional para el conocimiento. No se puede reducir el aporte que hace el conocimiento a la sociedad simplemente reconociendo, como lo hace la actual Constitución. 

Continuará…

Universidad del Desarrollo
Seguir leyendo

COLUMNAS

Buenas prácticas para mejorar la gestión pública (II)

Publicado

-

En esta línea, en la era tecnológica presente, la complejidad del mundo actual ha llevado a expertos en las ramas más diversas a definir teorías, técnicas, métodos o conceptos que puedan llevar al éxito a la gestión pública. La idea preconcebida de que las políticas públicas corresponden a acciones decididas, llevadas a cabo y autorizadas por el Estado, representado por el Gobierno, de cara a proteger o promover un bien considerado como de interés público, ha dado paso a una sistemática evolutiva en que la administración pública se comporta como una empresa privada que busca satisfacer de la mejor manera las necesidades de sus clientes. 

Con ello, se busca que la gestión pública se aproxime a lo administrado, de forma que este se sienta parte de ella que permita aumentar la satisfacción percibida por la sociedad respecto de sus servicios públicos. 

Una sociedad sin una eficiente gestión pública es una sociedad desarticulada y sin capacidad de gestionar la voluntad de sus ciudadanos, sin instituciones públicas, un grupo humano no es una sociedad, es algo más parecido a una horda. Por lo que, parece más cierto es que es imprescindible y que lo que debe suceder es que paulatinamente mejore en la gestión que realiza y que es su razón de ser. 

Su valor estriba fundamentalmente en el conjunto de vivencias que tiene en el desarrollo de la sociedad y que son la materia prima para categorizarla como una de las modalidades de la acción gubernamental. En este sentido, el mundo de la administración pública son los hechos sociales, políticos y gubernamentales. Distante de ellos se convierte en una caja de pandora. Su organización y funcionamiento tienen justificación en las relaciones de sociabilidad que configuran a la comunidad civil y política.

Por tanto, el espacio y el tiempo que les corresponden determinan su modo de obrar en el cumplimiento de las tareas relacionadas con el orden, la seguridad, la promoción económica y el bienestar social. 

En el claro devenir del futuro, el desarrollo científico y tecnológico, la formación de la nueva economía, la vigencia de la sociedad del conocimiento y la democratización del poder son rubros que tienen elementos no convencionales, que están influyendo en el desempeño propio de la gestión
pública.

Colaborador DCA
Seguir leyendo

COLUMNAS

“No hay democracia sin justicia social…”

Publicado

-

El irrespeto a los derechos laborales, así como la malnutrición y la pobreza, son solo algunos de los males que afectan a la sociedad guatemalteca, aspectos ante los que el gobierno encabezado por el presidente Bernardo Arévalo y la vicegobernante Karin Herrera enfocó sus esfuerzos durante las útimas horas.

Ayer, en un inusual acto, Arévalo recibió, frente al Palacio Nacional de la Cultura, a los líderes de sindicatos que participaron en la marcha por la conmemoración del Día Internacional del Trabajo, de quienes recibió demandas de crear los mecanismos que permitan mejores condiciones laborales, protección social, seguridad ocupacional y respeto a las actividades sindicales. Ante ellos y miles de asistentes que se dieron cita en la Plaza de la Constitución, el mandatario renovó su compromiso con los valores fundamentaltes de la democracia y la justicia social.

“Nos seguimos enfrentando a la mezquindad de quienes quieren que todo permanezca igual, de quienes se enriquecen a costa del pueblo, satisfechos y temerosos de perder sus privilegios, esa élite político criminal corrupta que ha cooptado las distintas instituciones del Estado y que se resiste a abandonarlas, a pesar del veredicto del pueblo en las urnas”, refirió el jefe de Estado al dirigirse a la multitud.

Horas antes de refrendar su compromiso con la clase obrera, Arévalo y Herrera lanzaron una ofensiva contra la pobreza y la malnutrición en siete municipios, tres de Huehuetenango, así como uno en los departamentos de Totonicapán, Chimaltenango, Sololá y Quiché. El programa, en el que están involucradas nueve instituciones estatales y que busca llevar adelante “una nueva posiblidad para vivir mejor”, se ampliará progresivamente hasta alcanzar los 114 municipios priorizados por sus niveles de pobreza y desnutrición.

El Gobierno está consciente de la “misión trascendental” que tiene por delante, pero, pese a los obstáculos que debe afrontar producto del deterioro institucional que encontró el binomio presidencial al asumir funciones, impulsa acciones para combatir los flagelos que enfrenta la sociedad, pues se siente acompañado por el pueblo de Guatemala al que se debe, toda vez que “la mayoría de guatemaltecos se cansó de ser estafada por esa estirpe de políticos corruptos, esa gente que se sabe merecedora de un futuro mejor y que está dispuesta a participar activa y honradamente en su construcción”, como lo afirmó Arévalo.

Editor DCA
Seguir leyendo

COLUMNAS

Entorno laboral seguro

Publicado

-

Joseph Dotu

Asociado de inclusión de la juventud,

OCR Guatemala

[email protected]

La cuestión de la seguridad en el trabajo es un tema de salud pública que se presenta a nivel global. Cada año, los accidentes y enfermedades en el trabajo causan la muerte de cerca de 2.9 millones de trabajadores, y 402 millones de personas se quedan con lesiones. Este problema no genera solamente un costo humano, sino también económico, que está estimado en un 4 por ciento del producto interno bruto mundial anual, casi 3 billones de dólares, según informes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Frente a este reto, los Estados adoptaron compromisos internacionales con el fin de proteger la fuerza laboral en el mundo. Entre estos está el Pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales (1966) que en su Artículo 7b estipula que “los Estados Parte en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que le aseguren en especial […] la seguridad y la higiene en el trabajo”.

En 2015, al adoptar la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, los Estados declararon que este tema seguía siendo una prioridad compartida, al enfocar el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) número 8 en el trabajo decente y las condiciones laborales. En la meta 8 de este ODS, los Estados miembros de la ONU resaltaron la importancia de “un entorno de trabajo seguro y sin riesgos para todos los trabajadores, incluidos los migrantes, en particular las mujeres y las personas con empleos precarios”. Para visibilizar estos temas, en 2003 la OIT declaró el 28 de abril como el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo. Esta conmemoración sirve para sensibilizar sobre la seguridad en el ámbito profesional e impulsar medidas de prevención de los accidentes en el trabajo, así como las enfermedades relacionadas con las diferentes profesionales.

Sin embargo; actualmente, ningún Estado ha alcanzado condiciones de trabajo seguras y saludable, para toda su fuerza laboral. El camino para mejorar el entorno laboral sigue siendo largo para muchos países, entre ellos, Guatemala. Dentro de la sociedad guatemalteca, las personas jóvenes son muy vulnerables a los riesgos laborales, especialmente las mujeres y los pueblos indígenas. Entre enero y octubre de 2023, 1 mil 096 accidentes laborales fueron registrados en Guatemala, principalmente en los sectores de la agricultura y de la industria, según fuente del Ministerio de Trabajo. En 2022 la tasa de informalidad laboral era de 70.8 por ciento, superando la tasa promedio de Latinoamérica, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Eso implica que las personas no siempre pueden cotizar a la seguridad social y tanto se quedan sin cobertura en caso de accidente. Además, se dificulta el control del cumplimiento de las normas laborales, generando un riesgo para la seguridad. La informalidad afecta particularmente a las personas jóvenes.  El 73.9 por ciento de las personas entre 13 y 30 años, ocupadas y asalariadas, reportaron trabajar sin el respaldo de un contrato, según fuentes oficiales en una encuesta publicada en 2020 por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa). Esta tendencia se agudiza para las personas jóvenes, de pueblos originarios, que tienen tres veces menor probabilidad de trabajar con contrato laboral, que las personas de otros grupos. Las mujeres enfrentan otro reto: el 68.7 por ciento de las jóvenes declaró encontrarse en situación de inactividad, en comparación con únicamente el 29.2 por ciento de los hombres jóvenes. Esta tendencia se explica, entre otros factores, debido a discriminaciones históricas que han sufrido estos grupos. Estos trabajos ayudan a millones de personas a no caer en la pobreza aguda. La fuerza laboral informal se distingue por salir adelante, a pesar de las barreras estructurales a las cuales se enfrenta. Es importante que esta dimensión sea incluida en el diseño de políticas públicas, para no dejar a nadie atrá

Colaborador DCA
Seguir leyendo

Directorio

  • Dirección General: Carlos Morales Monzón
  • Coordinación General de Redacción: Miguel González Moraga
  • Coordinación de Información: Mario Antonio Ramos
  • Editores: Carlos Ajanel Soberanis, Jose Pelico, Erick Campos, Katheryn Ibarra y Max Pérez
  • Página Web: Isabel Juárez

más temas

©2024 Diario de Centro América - Todos los derechos reservados.