NACIONALES
Cómo se aplicará la Ley Antitrámites
Después de su vigencia, se inician los plazos para implementarla.
La Ley para la Simplificación de Requisitos y Trámites Administrativos entrará en vigencia en septiembre próximo. A partir de entonces, comienzan los plazos para su implementación, según se establece en el Decreto 5-2021.
De acuerdo con el Artículo 34 de la referida normativa, la Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico es la encargada de impulsar la simplificación de los trámites, para lo cual deberá proponer planes y elaborar propuestas relacionadas con la agilización de los servicios que brindan las dependencias del Organismo Ejecutivo.
6
meses tienen las dependencias para elaborar su plan de simplificación de trámites y servicios.
Para su implementación, las instituciones tienen seis meses para publicar los formularios y solicitudes en su portal web. También tienen el mismo plazo para la creación de un plan de simplificación de trámites y servicios que incluye el presupuesto de adquisición de software y hardware que encamine la facilitación y automatización de procesos.
La normativa también establece un año para que las dependencias echen a andar medios electrónicos y se ponga a disposición de los usuarios la información requerida, y dos años para que en los sistemas permitan la realización de los trámites electrónicos.
“Ninguna dependencia podrá oponerse a la simplificación de procedimientos o a la utilización de medios electrónicos fundamentándose en normativas anteriores, leyes jerárquicamente inferiores o documentos administrativos internos”, refiere el Artículo 42 de la ley. Según lo explicado, los plazos que determina esta norma la hace singular. “Con leyes anteriores no hay tiempos, y entonces pueden pasar 10 o 15 años y no pasa nada, pero acá hay plazos y hay que respetarlos”, expuso el diputado Estuardo Rodríguez Azpurú, vicepresidente de la Comisión de la Pequeña y Mediana Empresa del Congreso de la República.
En ese sentido, se espera que, luego de la implementación de las medidas contenidas en la denominada Ley Antitrámites, las gestiones, por ejemplo, para la renovación de licencia de conducir o de pasaporte y las inscripciones de empresas y sociedades, sean más
sencillas.
Fotos: Norvin Mendoza
La educación es necesaria para prevenir el acoso escolar y cibernético. Esa fue una de las conclusiones de un conversatorio realizado en el Colegio Nacional Americano al que asistieron la vicepresidenta Karin Herrera y autoridades de la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas (Svet).
La actividad se llevó en el marco del Día Internacional de dicho flagelosocial. Durante el evento, Herrera llamó “a no normalizar este tipo de violencia, a tomar conciencia del problema y a evitar que niños y jóvenes caigan en estas trampas”.
Dannissa Ramírez, secretaria de la Svet, dio a conocer la labor realizada desde la institución para que evitar que los menores sean víctimas de este tipo de violencia.
Foto: Archivo
El periodista José Rubén Zamora Marroquín cumplió hoy 644 días en prisión preventiva, pese a no haber sido condenado ni sentenciado en un proceso judicial.
“El periodismo no es un crimen y el Poder Judicial debe dejar de mantenerlo como rehén por denunciar corrupción”, aseguró a EFE el hijo de Zamora Marroquín, José Zamora.
Las palabras del hijo del periodista tienen lugar en el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa, mientras el aludido permanece detenido en la cárcel del cuartel militar Mariscal Zavala desde el 29 de julio de 2022.
“Ninguna barrera puede silenciar nuestra búsqueda de la verdad ni la dedicación de mi papá al periodismo y a la libertad de prensa”, destacó.
Recordó que la acusación contra su progenitor ha sido “un proceso espurio, sin juicio ni condena”.
Zamora Marroquín es señalado de lavado de dinero y su captura ocurrió cinco días después de lanzar fuertes críticas de corrupción contra el entonces presidente Alejandro Giammattei (2020-2024) y su pareja sentimental, Miguel Martínez.
Una deuda de arrastre de 3 mil 500 millones de quetzales tiene el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) reveló el titular de la cartera, Oscar Cordón.
El funcionario dijo que ese es un asunto que el despacho debe lograr reducir. Actualmente, el MSPAS realiza una auditoría para determinar si el pago real abarcaría la administración pasada y otras, porque han detectado que hay cobros con más de 10 años de arrastre.
El pasado 7 de abril, Cordón afirmó que el compromiso con proveedores de la red hospitalaria pública ha bajado gracias a los acuerdos hechos con más de 100 abastecedores. Este adeudo de 10 años, que superaba los 733 millones de quetzales, afectaba la relación con los distribuidores para seguir otorgando los medicamentos, equipo y suministros.
Sin embargo, la cartera sanitaria informó que se agilizaron las diligencias para pagar y demostrar a los proveedores la buena fe de cumplir con los contratos firmados.
En este sentido, Salud liquidó, al 20 de marzo, más de 484 millones de quetzales, equivalentes al 66 por ciento. Con ello se busca aliviar la incertidumbre de los proveedores y mantener en firme los asuntos asumidos, y por ende solidificar el abastecimiento.
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