COLUMNAS
¿Qué hacer? ¿Cuál es el camino?
Los distritos electorales pequeños permitirán que las poblaciones indígenas, por derecho propio, accedan al Congreso.
Tales son las preguntas que se formula una estimada columnista y con todo respeto me permito responderle que el camino correcto –el único camino– es el camino de los distritos pequeños, camino que, sin tanta alharaca, conduce a que el pueblo ¡Así de claro! se instale y se encuentre siempre instalado en el Congreso. ¿Qué hacer? Lograr que se establezca ese camino y recorrerlo. Lo que debe comprender la columnista –y lo que debemos todos comprender– es que lo que no constituye camino alguno es que se vuelva a asesinar, a secuestrar y a extorsionar en una nueva intentona subversiva y que se produzca una nueva represión y menos aún que se vuelva a exponer a los peligros de una y otra a personas inocentes, experiencias que ya tuvimos (36 años ¿No nos parecen suficientes?) la tragedia de vivir. Tampoco constituye el camino aferrarnos al pasado y vivir sumergidos en los resentimientos, los odios y la sed de venganza, tal y como no lo constituye, tampoco, permanecer estáticos en una situación –la que vivimos– en que resultamos incapaces de lograr que podamos acceder
–todos– a una calidad de vida que sea acorde a los tiempos que vivimos. No existe otro camino para la paz que aquel de la justicia –no llegamos a entenderlo– puesto que “no puede haber paz, si no hay Justicia” –obra de los hombres, la justicia (justicia para que el don de la paz pueda alcanzarse– “ni puede haber justicia”, esto es más difícil de entenderlo “sin perdón”, ¿Insurgencia y represión, para la paz y el desarrollo, para el mejoramiento de nuestra calidad de vida y para la posible erradicación de la pobreza?
¡Por favor! No puede tampoco constituir el camino –se equivoca, la columnista al intentarlo– la tergiversación de los hechos y afirmar, como cierta, la mentira, así como tampoco el servicio, poco menos que absurdo, de servir a las agendas que no son nuestras agendas. Ante la falta de agenda propia, ¿Otras agendas? ¿Qué hacer, entonces, estimada columnista? ¿Cuál es el camino? Lo que debemos hacer no es otra cosa que optar –toral su segunda pregunta– por el camino correcto, el del establecimiento inmediato de distritos electorales pequeños en los que se elija en cada uno un solo diputado, la única forma en que podrá el pueblo instalarse en el Congreso y que se sienta el pueblo en este representado. La verdadera reforma, la que conduce como un hecho a la refundación del Estado –el pueblo instalado en el Congreso– es la reforma política, reforma que arrastrará que cualquier otra –entonces– se pueda hacer posible. Los distritos electorales pequeños permitirán que las poblaciones indígenas –por derecho propio– el derecho que da el triunfo electoral accedan al Congreso. Solo podremos respetar y confiar en el Congreso si vemos que en este –de verdad– se encuentra el pueblo representado, claros los cordones umbilicales entre electos y electores. ¿Sabrá la estimada columnista quién es SU diputado? ¿Sabe usted quién es el suyo? En el actual sistema que nos rige, el del listado nacional, los listados distritales y los distritos inmensos, es imposible que se sepa. ¿Quién es SU diputado? ¿Quién será SU diputado? ¿Quién será SU candidato para serlo?
Si, por el contrario, el distrito electoral fuera pequeño y uno solo el diputado a elegirse en el distrito, usted sí sabría quién es SU diputado y los diputados sabrían –tampoco lo saben– quiénes son y qué es lo que desean y lo que piensan SUS electores.
Es más, si el distrito fuera pequeño, es más que probable que pudieran llegar a conocerse personalmente los candidatos y los electores y que el cordón umbilical de la lealtad quedara firmemente establecido: Si leal el diputado con el elector, con sus intereses, principios y valores, será reelecto, en tanto que, si desleal, derrotado si lo intenta. Hoy por hoy no sabe el diputado a quéenes representa y cuáles son sus principios, valores e intereses como tampoco sabe nada del diputado el elector, a extremo tal, que ni siquiera sabe quién es SU diputado. La campaña en un distrito electoral, si pequeño, es más barata y con recursos muy limitados, incluso, se puede contender –de igual a igual– con simple imaginación y denodado esfuerzo con quien los tenga en abundacia, ¿Se animaría a arriesgarse la estimada columnista al juicio crítico de los electores, en un distrito pequeño? ¿Qué hacer? ¿Cuál es el camino?
Pues bien, si quiere –a lo Hamlet– que se lo siga preguntando toda la vida –si de eso se trata, de hacerse preguntas y de no buscar una respuesta– o bien por el contrario, que se responda y abrace el camino correcto, el camino de los distritos electorales pequeños, el único camino que puede lograr que el pueblo se instale y permanezca instalado en el Congreso: Sus representantes en todo momento, en la cuerda floja: Si desleales, no serán reelectos y echados serán –literalmente– del Congreso. Sin la reforma política, la de los distrito pequeños, toda otra reforma es simple parche y no podría llegar a ser sino la repetición de lo mismo.
En esta línea, en la era tecnológica presente, la complejidad del mundo actual ha llevado a expertos en las ramas más diversas a definir teorías, técnicas, métodos o conceptos que puedan llevar al éxito a la gestión pública. La idea preconcebida de que las políticas públicas corresponden a acciones decididas, llevadas a cabo y autorizadas por el Estado, representado por el Gobierno, de cara a proteger o promover un bien considerado como de interés público, ha dado paso a una sistemática evolutiva en que la administración pública se comporta como una empresa privada que busca satisfacer de la mejor manera las necesidades de sus clientes.
Con ello, se busca que la gestión pública se aproxime a lo administrado, de forma que este se sienta parte de ella que permita aumentar la satisfacción percibida por la sociedad respecto de sus servicios públicos.
Una sociedad sin una eficiente gestión pública es una sociedad desarticulada y sin capacidad de gestionar la voluntad de sus ciudadanos, sin instituciones públicas, un grupo humano no es una sociedad, es algo más parecido a una horda. Por lo que, parece más cierto es que es imprescindible y que lo que debe suceder es que paulatinamente mejore en la gestión que realiza y que es su razón de ser.
Su valor estriba fundamentalmente en el conjunto de vivencias que tiene en el desarrollo de la sociedad y que son la materia prima para categorizarla como una de las modalidades de la acción gubernamental. En este sentido, el mundo de la administración pública son los hechos sociales, políticos y gubernamentales. Distante de ellos se convierte en una caja de pandora. Su organización y funcionamiento tienen justificación en las relaciones de sociabilidad que configuran a la comunidad civil y política.
Por tanto, el espacio y el tiempo que les corresponden determinan su modo de obrar en el cumplimiento de las tareas relacionadas con el orden, la seguridad, la promoción económica y el bienestar social.
En el claro devenir del futuro, el desarrollo científico y tecnológico, la formación de la nueva economía, la vigencia de la sociedad del conocimiento y la democratización del poder son rubros que tienen elementos no convencionales, que están influyendo en el desempeño propio de la gestión
pública.
El irrespeto a los derechos laborales, así como la malnutrición y la pobreza, son solo algunos de los males que afectan a la sociedad guatemalteca, aspectos ante los que el gobierno encabezado por el presidente Bernardo Arévalo y la vicegobernante Karin Herrera enfocó sus esfuerzos durante las útimas horas.
Ayer, en un inusual acto, Arévalo recibió, frente al Palacio Nacional de la Cultura, a los líderes de sindicatos que participaron en la marcha por la conmemoración del Día Internacional del Trabajo, de quienes recibió demandas de crear los mecanismos que permitan mejores condiciones laborales, protección social, seguridad ocupacional y respeto a las actividades sindicales. Ante ellos y miles de asistentes que se dieron cita en la Plaza de la Constitución, el mandatario renovó su compromiso con los valores fundamentaltes de la democracia y la justicia social.
“Nos seguimos enfrentando a la mezquindad de quienes quieren que todo permanezca igual, de quienes se enriquecen a costa del pueblo, satisfechos y temerosos de perder sus privilegios, esa élite político criminal corrupta que ha cooptado las distintas instituciones del Estado y que se resiste a abandonarlas, a pesar del veredicto del pueblo en las urnas”, refirió el jefe de Estado al dirigirse a la multitud.
Horas antes de refrendar su compromiso con la clase obrera, Arévalo y Herrera lanzaron una ofensiva contra la pobreza y la malnutrición en siete municipios, tres de Huehuetenango, así como uno en los departamentos de Totonicapán, Chimaltenango, Sololá y Quiché. El programa, en el que están involucradas nueve instituciones estatales y que busca llevar adelante “una nueva posiblidad para vivir mejor”, se ampliará progresivamente hasta alcanzar los 114 municipios priorizados por sus niveles de pobreza y desnutrición.
El Gobierno está consciente de la “misión trascendental” que tiene por delante, pero, pese a los obstáculos que debe afrontar producto del deterioro institucional que encontró el binomio presidencial al asumir funciones, impulsa acciones para combatir los flagelos que enfrenta la sociedad, pues se siente acompañado por el pueblo de Guatemala al que se debe, toda vez que “la mayoría de guatemaltecos se cansó de ser estafada por esa estirpe de políticos corruptos, esa gente que se sabe merecedora de un futuro mejor y que está dispuesta a participar activa y honradamente en su construcción”, como lo afirmó Arévalo.
Joseph Dotu
Asociado de inclusión de la juventud,
OCR Guatemala
La cuestión de la seguridad en el trabajo es un tema de salud pública que se presenta a nivel global. Cada año, los accidentes y enfermedades en el trabajo causan la muerte de cerca de 2.9 millones de trabajadores, y 402 millones de personas se quedan con lesiones. Este problema no genera solamente un costo humano, sino también económico, que está estimado en un 4 por ciento del producto interno bruto mundial anual, casi 3 billones de dólares, según informes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Frente a este reto, los Estados adoptaron compromisos internacionales con el fin de proteger la fuerza laboral en el mundo. Entre estos está el Pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales (1966) que en su Artículo 7b estipula que “los Estados Parte en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que le aseguren en especial […] la seguridad y la higiene en el trabajo”.
En 2015, al adoptar la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, los Estados declararon que este tema seguía siendo una prioridad compartida, al enfocar el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) número 8 en el trabajo decente y las condiciones laborales. En la meta 8 de este ODS, los Estados miembros de la ONU resaltaron la importancia de “un entorno de trabajo seguro y sin riesgos para todos los trabajadores, incluidos los migrantes, en particular las mujeres y las personas con empleos precarios”. Para visibilizar estos temas, en 2003 la OIT declaró el 28 de abril como el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo. Esta conmemoración sirve para sensibilizar sobre la seguridad en el ámbito profesional e impulsar medidas de prevención de los accidentes en el trabajo, así como las enfermedades relacionadas con las diferentes profesionales.
Sin embargo; actualmente, ningún Estado ha alcanzado condiciones de trabajo seguras y saludable, para toda su fuerza laboral. El camino para mejorar el entorno laboral sigue siendo largo para muchos países, entre ellos, Guatemala. Dentro de la sociedad guatemalteca, las personas jóvenes son muy vulnerables a los riesgos laborales, especialmente las mujeres y los pueblos indígenas. Entre enero y octubre de 2023, 1 mil 096 accidentes laborales fueron registrados en Guatemala, principalmente en los sectores de la agricultura y de la industria, según fuente del Ministerio de Trabajo. En 2022 la tasa de informalidad laboral era de 70.8 por ciento, superando la tasa promedio de Latinoamérica, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Eso implica que las personas no siempre pueden cotizar a la seguridad social y tanto se quedan sin cobertura en caso de accidente. Además, se dificulta el control del cumplimiento de las normas laborales, generando un riesgo para la seguridad. La informalidad afecta particularmente a las personas jóvenes. El 73.9 por ciento de las personas entre 13 y 30 años, ocupadas y asalariadas, reportaron trabajar sin el respaldo de un contrato, según fuentes oficiales en una encuesta publicada en 2020 por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa). Esta tendencia se agudiza para las personas jóvenes, de pueblos originarios, que tienen tres veces menor probabilidad de trabajar con contrato laboral, que las personas de otros grupos. Las mujeres enfrentan otro reto: el 68.7 por ciento de las jóvenes declaró encontrarse en situación de inactividad, en comparación con únicamente el 29.2 por ciento de los hombres jóvenes. Esta tendencia se explica, entre otros factores, debido a discriminaciones históricas que han sufrido estos grupos. Estos trabajos ayudan a millones de personas a no caer en la pobreza aguda. La fuerza laboral informal se distingue por salir adelante, a pesar de las barreras estructurales a las cuales se enfrenta. Es importante que esta dimensión sea incluida en el diseño de políticas públicas, para no dejar a nadie atrá
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