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COLUMNAS

Extinción de dominio en el derecho nacional (II)

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Escrito por: Caren Guzmán Sagastume

Puedo afirmar que la naturaleza de la extinción de dominio es penal y no civil como falazmente lo intentan hacer ver algunos especialistas.

En cuanto a la naturaleza de la extinción de dominio se corrobora que esta es de naturaleza jurisdiccional, de carácter real y de contenido patrimonial, y procederá sobre cualquier derecho real, principal o accesorio de crédito, sobre cualquiera de los bienes que describe para tales efectos la Ley, independiente de quién esté ejerciendo la posesión sobre los mismos, o quién se ostente, se comporte o se diga propietario, a cualquier título, sin perjuicio de los derechos de terceros de buena fe, exentos de culpa o sin simulación del negocio. Es independiente a cualquier acción y procedimientos penales que se hubieren iniciado o terminado de conformidad con las leyes penales de la República de Guatemala.

Antes de ser promulgada la Ley de Extinción de Dominio no se realizó consulta sobre su legitimidad constitucional; en otros Estados, en cambio, fue necesario incluso que se realizara una reforma constitucional para que cuerpos normativos, similares a la Ley de Extinción de Dominio, hayan estado en vigencia. Entre esos Estados podemos mencionar Colombia,
México y Perú.

La institución de extinción de dominio en el ordenamiento jurídico guatemalteco se define en el artículo 2, literal d, como “la pérdida a favor del Estado, de cualquier derecho sobre los bienes mencionados en la literal b del presente artículo, y que se encuentren dentro de las causales estipuladas dentro de la presente ley, cualquiera que sea su naturaleza, acción ni compensación de naturaleza alguna para su titular o cualquier persona que ostente o se comporte como tal”.

Para comprender y establecer una definición sobre este instituto jurídico es necesario establecer qué se puede entender como dominio (término que ha tenido debate debido a la sinonimia con la propiedad). Es concebido como la más importante de las relaciones que el hombre guarda con las cosas; además, las primeras concepciones del derecho de propiedad fundamentaron sus enunciados en referencia de tipo cuantitativo.

Sujetos contra quienes procede la extinción de dominio: La extinción de dominio procede contra los sujetos que adquieran bienes de forma directa o indirecta con fondos provenientes de actividades ilícitas, realizadas en Guatemala o en el extranjero, estén o no ligadas a proceso penal.

Bienes contra los cuales procede la extinción, análisis conceptual: “Extinción o trasmisión del dominio al Estado” La acción de extinción de dominio, como tal, tiene por objeto la cesación de derechos reales dominicales cuando estos tengan los orígenes establecidos en dicho cuerpo normativo; la acción puede ser una medida adecuada contra la criminalidad existente en nuestro país y que atenta contra el patrimonio del Estado y de los particulares relacionados con la delincuencia organizada así como con otras formas de actividades ilícitas o delictivas, lo cual no contraviene a la Constitución Política de la República de Guatemala.

Tal acción, sin embargo, es susceptible de ser analizada, ya que puede revestir características inconstitucionales por contrariar derechos, principios o valores consagrados en la Carta Magna.

Pueden confundirse los dos conceptos, pero en realidad, desde mi punto de vista, la acción de extinción es una primera etapa en la que luego del procedimiento establecido y señalado en la Ley de Extinción de Dominio se resuelve si las causas que se imputan al poseedor, titular o persona que de alguna manera no pueda demostrar el origen lícito de esos bienes; caso contrario, el dominio sobre el bien le será extinguido.

Acto seguido, esos bienes por ORDEN DE JUEZ SON TRANSMITIDOS al Consejo Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio, siendo la sentencia TÍTULO LEGÍTIMO Y EJECUTIVO para ser inscrita en los registros respectivos, para que los respectivos bienes muebles e inmuebles, dinero, ganancias, frutos y productos financieros, se transfieran a favor del Estado a nombre del Consejo Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio y pasen al dominio de este.

Por esa razón, creo que sería conveniente que la Ley de Extinción de Dominio se titulara “LEY DE EXTINCIÓN DE DOMINIO Y TRANSMISIÓN DE DOMINIO”, pues son dos actos diferentes, actos que son ordenados por un juez competente en ejercicio de la jurisdicción que le ha sido encomendada por el Estado de Guatemala a través de la Corte Suprema de Justicia.

Asimismo, que dicha acción, por ser eminentemente patrimonial, sea de orden civil, pues si bien todos los jueces ejercen jurisdicción, también lo es que los jueces tienen limitado el ejercicio de esa jurisdicción por medio de la competencia.

Para concluir, puedo afirmar que la naturaleza de la extinción de dominio es penal y no civil como falazmente lo intentan hacer ver algunos especialistas; el proceso, al seguirse bajo las reglas del Derecho Civil permite colegir que la acción o forma de extinguir el dominio es de naturaleza distinta a la penal, de ahí que sea una acción real, pero la esencia o sustancia es punitiva, es decir, castigar al delincuente de forma patrimonial, o como se dice en términos coloquiales, quitarle el agua al pez.

Colaborador DCA
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COLUMNAS

Día Internacional del Hombre

El Día Internacional del Hombre, una buena oportunidad para promover sociedades más equitativas.

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Marielos Carranza Mejía
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Desde 1999, cada 19 de noviembre se conmemora el Día Internacional del Hombre, con el objetivo de reflexionar sobre el papel de los hombres en la sociedad actual, su evolución en las últimas décadas y los constantes esfuerzos de muchos de ellos por promover la igualdad de género desde edades tempranas.

Entre los seis pilares básicos de esta conmemoración están la promoción de modelos masculinos positivos y más normalizados; celebrar las contribuciones del hombre a la sociedad; hacer hincapié en la salud y el bienestar de los hombres; poner en relieve la discriminación contra ellos; mejorar las relaciones de género, y crear un mundo más seguro y mejor.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) afirmó que uno de los temas primordiales en esta fecha, es el de salud, ya que existe una alta morbilidad y discapacidad en los hombres, cuyo costo es prevenible para los países del mundo.

De acuerdo con la entidad de Naciones Unidas, aunque los hombres siguen disfrutando de más ventajas que las mujeres en varios ámbitos, esto no se ha traducido en mejores resultados en su salud, ya que las tasas de supervivencia muestran que son más bajas en los hombres; esto, a causa de los niveles de exposición ocupacional a peligros físicos y químicos, comportamientos asociados con las normas masculinas de correr riesgos y aventuras, o paradigmas de salud relacionados con la masculinidad.

Asimismo, los hombres tienen menos probabilidades de visitar al médico cuando están enfermos y cuando lo hacen es menos probable que informen sobre los síntomas de una enfermedad o dolencia, según expertos de la entidad.

Otra de las acciones de importancia en esta fecha, es que ellos puedan reflexionar en torno a las nuevas formas de comportamiento entre hombres y mujeres buscando la equidad en responsabilidades y tareas. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en Guatemala, 3 057 212 son hombres entre 13 y 30 años, quienes tienen muchos desafíos que enfrentar; entre ellos, cambiar patrones culturales que les afectan y crear condiciones para vivir en una sociedad igualitaria. Desde Conjuve se ha priorizado el tema de salud, y especialmente la preventiva con enfoque integral.

Colaborador DCA
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COLUMNAS

Hoja de ruta hacia la transformación digital de Gobierno

En el ámbito público hay oportunidades para lograr la transformación digital.

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DANIEL ANTONIO DE LEÓN MEJÍA

Asesor de Gobierno Electrónico

[email protected]

Para lograr una transformación digital, es necesario un esfuerzo sustantivo de Estado, para movilizarse de una cultura análoga en la que los trámites significan papeleos eternos y atados a horarios laborales, hacia una modernización significativa del país, en la cual todas las gestiones puedan realizarse desde cualquier dispositivo móvil 24 horas al día, los 7 días de la semana. Esto requiere la capacidad de tener una visión holística del mismo Gobierno, donde los ciudadanos están en el centro, tener un enfoque de país que incluya a todos los sectores de la sociedad y a todos los niveles de gobierno. Una hoja de ruta para un gobierno digital requiere simultáneamente un cambio de cultura institucional y un modelo organizativo, esfuerzo que conlleva nuevos métodos y procesos que aprovechan las tecnologías de la información y la comunicación (TIC´S), para que las instituciones públicas atiendan las necesidades de los ciudadanos y empresas de forma eficiente, transparente y segura. Los componentes de esta agenda digital son: Gobernanza e instituciones: debido a la necesidad de promover una visión general, coordinar actores dentro y fuera del Gobierno y brindar asistencia técnica a muchas instituciones públicas, se necesitan cuatro elementos principales: Tener un plan de gobierno digital; Una institución rectora que esté a cargo; Mecanismos de gobernanza y Gestión operativa.

Marco regulatorio: en el país existen muchos marcos regulatorios y es seguro que no se adaptarán a las nuevas realidades que exige la transformación digital. El desarrollo de nuevas normas legales ayuda a brindar seguridad a los modelos digitales. De esta forma se puede: Verificar la identidad: firmar documentos de forma electrónica o llevar un registro de transacciones en línea. Regular vulnerabilidades que surgen en el ámbito digital, protección de datos y ciberseguridad: tomar en cuenta la importancia que tiene la seguridad jurídica sobre todo en el ámbito público, por lo tanto, es imprescindible que todas las herramientas, procedimientos y los sistemas tengan un sustento legal. Talento digital y gestión del cambio: actualmente es imposible liderar la transformación digital de un país sin las herramientas adecuadas. Por supuesto, gran parte de la transformación descrita anteriormente es la compra de bienes (hardware y software), contratación de personal, etc. No obstante, el éxito depende en gran medida de la transformación interna de las instituciones y funcionarios públicos, para lo cual se necesita: tener el personal adecuado que pueda liderar el cambio en la administración, capacitar a los empleados públicos, gestionar el cambio de forma ordenada, con base en criterios e instrucciones dadas y con siguiendo las reglas preestablecidas. Infraestructura y herramientas tecnológicas: no cabe duda de que el corazón de la transformación digital se encuentra en las diferentes herramientas tecnológicas utilizadas. Mientras surgen aplicaciones como las aulas virtuales en la educación o la telemedicina en el área de salud, se deben considerar las buenas prácticas, principalmente en sistemas centrales, compartidos y de apoyo como la firma electrónica avanzada, la interoperabilidad, la gestión de datos, etc.

Nuevos procesos y servicios digitales: la transformación digital requiere no solo tecnología, sino el uso eficiente e inteligente de dicha tecnología, pasando de una gestión lenta, cara a cara y basada en papel a una gestión basada en tecnología, accesible las 24 horas del día, los 7 días de la semana en cualquier momento y en cualquier lugar, sin largas esperas. Lo que es más importante, debe evitarse la “confusión o burocratización automática”. En el ámbito público hay oportunidades para lograr la transformación digital en cada ministerio. En la comisión GAE se apoya e impulsa a los 14 ministerios para la implementación del Plan de Gobierno Digital 2021 – 2026, en conjunto avancemos hacia el desarrollo y la transformación digital de nuestro país.

Colaborador DCA
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COLUMNAS

Nuevas interrogantes sobre la eutanasia (II)

La persona con un trastorno de salud mental es tan vulnerable como un enfermo terminal.

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Sofía Salas Ibarra

Profesora Titular, Centro de Bioética, Facultad de Medicina

Por otra parte, algunos consideran que las personas con trastornos del ánimo (especialmente si tienen ideación suicida) no tienen la competencia suficiente para tomar este tipo de decisiones, por lo que no se cumpliría con una de las condiciones claves para que una solicitud de este tipo sea acogida. Finalmente, otros argumentan que solo una dolencia física (demostrable con exámenes de diverso tipo) y no mental o sicológica (donde no hay demostración empírica de la gravedad de la condición) podría justificar la solicitud de eutanasia. Pero, si verificamos que la persona que solicita la eutanasia lo hace por tener una condición médica irreversible, que le ocasiona un sufrimiento mental “constante e insoportable”, que no puede ser aliviado con las herramientas clínicas actualmente disponibles, que lo hace estando plenamente consciente de las consecuencias de su solicitud y libre de presiones externas, no tendríamos argumentos válidos para discriminar a personas con problemas de salud mental del acceso legal a una muerta asistida.

Porque si no, estaríamos considerando dos categorías distintas de sufrimiento, cuando en realidad este es siempre una experiencia subjetiva y multidimensional, por lo que solo la persona que lo experimenta es capaz de cuantificar cuán intolerable le resulta. En este sentido, la persona con un trastorno de salud mental es tan vulnerable como un enfermo terminal, por lo que tendría los mismos (no menos) derechos. Al final del día, esta discusión refleja lo difícil que es juzgar qué dolor debiera terminar en la aceptación de la muerte asistida de una persona.

Universidad del Desarrollo
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Gobierno de Guatemala

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