COLUMNAS
Para evitar equívocos (III)
(15) Para que pueda darse un amparo, definitivo o provisional, es preciso que exista agravio o peligro de que el agravio se produzca (un agravio personal para quien lo pide), y fue pensado originalmente, en efecto, como una protección personal en extremo pero superó ese personalísimo vínculo entre solicitante y agravio bajo la concepción de la defensa de intereses difusos, situaciones estas en que el agravio no es necesariamente personalísimo con respecto a quien lo pide, figura, la de la defensa de los intereses difusos, que se ha prestado a un abuso del amparo.
(16) Existe amparo pedido, por ejemplo, tal es la información mediática servida en contra del nombramiento del ministro de Gobernación, acto reclamado, el de su nombramiento, acaecido hace ya más de treinta días, plazo que se tiene para interponer un amparo y que, en consecuencia, resulta absolutamente extemporáneo, siendo además el acto reclamado –el acto de nombramiento– un acto general, susceptible de inconstitucionalidad impropio el amparo para objetarlo, inexistente un agravio personal para hacerlo, pero el hecho es que el amparo pedido que contiene como argumento y actos reclamados –además– toda una serie de actos realizados por el ministro cuando ya en pleno ejercicio del cargo, actos que, en consecuencia, tendrían que discutirse en contra del ministro, mediante amparo pedido en su contra y no de quien hizo su nombramiento –más réditos mediáticos, sin embargo– interponerlo en contra del Presidente y no de este; actos, los ministeriales, por otra parte, que admiten su discusión administrativa y que, en consecuencia, carecen del agotamiento de las vías ordinarias que el amparo exige: ese último llamamiento a la Justicia para hacer cesar o evitar el a agravio, cuando todo agotado.
(17) También se encuentran interpuesto en contra del Presidente –lo mediático luce– amparos pedidos por el Procurador de los Derechos Humanos en contra del eventual peligro de que no se renovase la visa de un funcionario internacional y por el movimiento de vehículos militares habido en la ciudad, “generadores de peligro” para los funcionarios internacionales y su uso, un uso distinto al expresado por la donación hecha al Estado, tema este último extraño a un amparo.
Como guinda de lo mediático, el Procurador de los Derechos Humanos –fuera de tribunal– pero urbi et orbe, a la usanza papal, a la ciudad y al mundo grave en lo conceptual y en lo fáctico, comparó a nuestro gobernante y Gobierno con el gobernante y el Gobierno de Nicaragua como que si fuesen lo mismo, e iguales sus actos: Desprecio
absoluto, el del Procurador –inveterado vicio entre nosotros– por la vida del ser humano, como que si esta no importara –cada vida, cada una– un fin en sí mismo –grave aportación de su parte, dramatizada por lo que representa el cargo que ocupa– a la cultura de la muerte.
Momento es este para una profunda reflexión, para evitar los equívocos y para no sacar conclusiones que, partiendo de lo falso, conducen a lo falso.
(18)Lo jurídico, jurídico, y lo político, político. En lo político, la única solución y la reitero, el cambio de la forma de elegir a los diputados que integran el Congreso lo que implica la reforma del artículo 157 de la Constitución de la República, cambio que se hubiera podido hacer para que cobrara vigencia en las elecciones del año entrante –ahora ya no da tiempo para lograrlo–, pero que puede y debe hacerse para que rija las elecciones de 2023. Sin este cambio, no habrá cambio alguno, y el caso es que todos los distractores y vedettes mediáticos nos hacen mucho daño, puesto que distraen nuestra atención de lo que –de verdad– debería importarnos, afanados en los atajos para repetir más de lo mismo, pero con la fundamental diferencia –para ellos– que serían ellos. ¡Qué gran diferencia! los que habrían de repetirlos.
(19)La lucha contra la corrupción requiere –fundamentalmente– del concurso del Congreso, algo que por culpa o dolo pasan por alto quienes no quieren o no tienen la capacidad de comprenderlo, así como aquellos que, por muy bien intencionados que estén, son desconocedores de lo nuestro, y así como fundamental para la lucha contra de la corrupción el concurso del Congreso, también para la solución de todos los demás problemas nacionales, en sus manos como se encuentran. ¿No lo comprenden? el Presupuesto y las leyes, así como las más importantes decisiones nacionales, incluido el nombramiento de los jueces.
¿Posible algo, sin el Congreso?
(20) El Congreso no cambiará, si no cambia la forma en que se elige a los diputados que lo integran, puesto que esta determina, incluso, llegue quien llegue, el comportamiento de los mismos. Debe elegirse a los diputados que integran el Congreso por distritos pequeños, ciento sesenta distritos en que cada uno de los distritos elige un solo diputado y gana la elección, sin fórmulas raras, el candidato que obtiene más votos. Nada de listados de candidatos, ni nacional, ni distritales. Se inscribe quien quiera como candidato sin necesidad de que le inscriba un partido (termina el monopolio de los partidos) y el mandato de diputado es de solo dos años, a las puertas siempre su posible sanción; si lo hace bien, será reelecto y, si mal, echado del Congreso.
Esto –y solamente esto– es lo que puede llevarnos a una realidad política distinta, a una realidad nacional distinta.
Continuará…
En esta línea, en la era tecnológica presente, la complejidad del mundo actual ha llevado a expertos en las ramas más diversas a definir teorías, técnicas, métodos o conceptos que puedan llevar al éxito a la gestión pública. La idea preconcebida de que las políticas públicas corresponden a acciones decididas, llevadas a cabo y autorizadas por el Estado, representado por el Gobierno, de cara a proteger o promover un bien considerado como de interés público, ha dado paso a una sistemática evolutiva en que la administración pública se comporta como una empresa privada que busca satisfacer de la mejor manera las necesidades de sus clientes.
Con ello, se busca que la gestión pública se aproxime a lo administrado, de forma que este se sienta parte de ella que permita aumentar la satisfacción percibida por la sociedad respecto de sus servicios públicos.
Una sociedad sin una eficiente gestión pública es una sociedad desarticulada y sin capacidad de gestionar la voluntad de sus ciudadanos, sin instituciones públicas, un grupo humano no es una sociedad, es algo más parecido a una horda. Por lo que, parece más cierto es que es imprescindible y que lo que debe suceder es que paulatinamente mejore en la gestión que realiza y que es su razón de ser.
Su valor estriba fundamentalmente en el conjunto de vivencias que tiene en el desarrollo de la sociedad y que son la materia prima para categorizarla como una de las modalidades de la acción gubernamental. En este sentido, el mundo de la administración pública son los hechos sociales, políticos y gubernamentales. Distante de ellos se convierte en una caja de pandora. Su organización y funcionamiento tienen justificación en las relaciones de sociabilidad que configuran a la comunidad civil y política.
Por tanto, el espacio y el tiempo que les corresponden determinan su modo de obrar en el cumplimiento de las tareas relacionadas con el orden, la seguridad, la promoción económica y el bienestar social.
En el claro devenir del futuro, el desarrollo científico y tecnológico, la formación de la nueva economía, la vigencia de la sociedad del conocimiento y la democratización del poder son rubros que tienen elementos no convencionales, que están influyendo en el desempeño propio de la gestión
pública.
El irrespeto a los derechos laborales, así como la malnutrición y la pobreza, son solo algunos de los males que afectan a la sociedad guatemalteca, aspectos ante los que el gobierno encabezado por el presidente Bernardo Arévalo y la vicegobernante Karin Herrera enfocó sus esfuerzos durante las útimas horas.
Ayer, en un inusual acto, Arévalo recibió, frente al Palacio Nacional de la Cultura, a los líderes de sindicatos que participaron en la marcha por la conmemoración del Día Internacional del Trabajo, de quienes recibió demandas de crear los mecanismos que permitan mejores condiciones laborales, protección social, seguridad ocupacional y respeto a las actividades sindicales. Ante ellos y miles de asistentes que se dieron cita en la Plaza de la Constitución, el mandatario renovó su compromiso con los valores fundamentaltes de la democracia y la justicia social.
“Nos seguimos enfrentando a la mezquindad de quienes quieren que todo permanezca igual, de quienes se enriquecen a costa del pueblo, satisfechos y temerosos de perder sus privilegios, esa élite político criminal corrupta que ha cooptado las distintas instituciones del Estado y que se resiste a abandonarlas, a pesar del veredicto del pueblo en las urnas”, refirió el jefe de Estado al dirigirse a la multitud.
Horas antes de refrendar su compromiso con la clase obrera, Arévalo y Herrera lanzaron una ofensiva contra la pobreza y la malnutrición en siete municipios, tres de Huehuetenango, así como uno en los departamentos de Totonicapán, Chimaltenango, Sololá y Quiché. El programa, en el que están involucradas nueve instituciones estatales y que busca llevar adelante “una nueva posiblidad para vivir mejor”, se ampliará progresivamente hasta alcanzar los 114 municipios priorizados por sus niveles de pobreza y desnutrición.
El Gobierno está consciente de la “misión trascendental” que tiene por delante, pero, pese a los obstáculos que debe afrontar producto del deterioro institucional que encontró el binomio presidencial al asumir funciones, impulsa acciones para combatir los flagelos que enfrenta la sociedad, pues se siente acompañado por el pueblo de Guatemala al que se debe, toda vez que “la mayoría de guatemaltecos se cansó de ser estafada por esa estirpe de políticos corruptos, esa gente que se sabe merecedora de un futuro mejor y que está dispuesta a participar activa y honradamente en su construcción”, como lo afirmó Arévalo.
Joseph Dotu
Asociado de inclusión de la juventud,
OCR Guatemala
La cuestión de la seguridad en el trabajo es un tema de salud pública que se presenta a nivel global. Cada año, los accidentes y enfermedades en el trabajo causan la muerte de cerca de 2.9 millones de trabajadores, y 402 millones de personas se quedan con lesiones. Este problema no genera solamente un costo humano, sino también económico, que está estimado en un 4 por ciento del producto interno bruto mundial anual, casi 3 billones de dólares, según informes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Frente a este reto, los Estados adoptaron compromisos internacionales con el fin de proteger la fuerza laboral en el mundo. Entre estos está el Pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales (1966) que en su Artículo 7b estipula que “los Estados Parte en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que le aseguren en especial […] la seguridad y la higiene en el trabajo”.
En 2015, al adoptar la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, los Estados declararon que este tema seguía siendo una prioridad compartida, al enfocar el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) número 8 en el trabajo decente y las condiciones laborales. En la meta 8 de este ODS, los Estados miembros de la ONU resaltaron la importancia de “un entorno de trabajo seguro y sin riesgos para todos los trabajadores, incluidos los migrantes, en particular las mujeres y las personas con empleos precarios”. Para visibilizar estos temas, en 2003 la OIT declaró el 28 de abril como el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo. Esta conmemoración sirve para sensibilizar sobre la seguridad en el ámbito profesional e impulsar medidas de prevención de los accidentes en el trabajo, así como las enfermedades relacionadas con las diferentes profesionales.
Sin embargo; actualmente, ningún Estado ha alcanzado condiciones de trabajo seguras y saludable, para toda su fuerza laboral. El camino para mejorar el entorno laboral sigue siendo largo para muchos países, entre ellos, Guatemala. Dentro de la sociedad guatemalteca, las personas jóvenes son muy vulnerables a los riesgos laborales, especialmente las mujeres y los pueblos indígenas. Entre enero y octubre de 2023, 1 mil 096 accidentes laborales fueron registrados en Guatemala, principalmente en los sectores de la agricultura y de la industria, según fuente del Ministerio de Trabajo. En 2022 la tasa de informalidad laboral era de 70.8 por ciento, superando la tasa promedio de Latinoamérica, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Eso implica que las personas no siempre pueden cotizar a la seguridad social y tanto se quedan sin cobertura en caso de accidente. Además, se dificulta el control del cumplimiento de las normas laborales, generando un riesgo para la seguridad. La informalidad afecta particularmente a las personas jóvenes. El 73.9 por ciento de las personas entre 13 y 30 años, ocupadas y asalariadas, reportaron trabajar sin el respaldo de un contrato, según fuentes oficiales en una encuesta publicada en 2020 por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa). Esta tendencia se agudiza para las personas jóvenes, de pueblos originarios, que tienen tres veces menor probabilidad de trabajar con contrato laboral, que las personas de otros grupos. Las mujeres enfrentan otro reto: el 68.7 por ciento de las jóvenes declaró encontrarse en situación de inactividad, en comparación con únicamente el 29.2 por ciento de los hombres jóvenes. Esta tendencia se explica, entre otros factores, debido a discriminaciones históricas que han sufrido estos grupos. Estos trabajos ayudan a millones de personas a no caer en la pobreza aguda. La fuerza laboral informal se distingue por salir adelante, a pesar de las barreras estructurales a las cuales se enfrenta. Es importante que esta dimensión sea incluida en el diseño de políticas públicas, para no dejar a nadie atrá
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