COLUMNAS
Pena de muerte
Mi planteamiento fundamental para dirigir el Ministerio Público es hacer que este cumpla con su función primera, tan incumplida, que nos hemos olvidado de que velar por el estricto cumplimiento de las leyes –de todas las leyes– es la primera de sus funciones. Velar por ese estricto cumplimiento y empezando ¡claro está!, por la Constitución de la República.
Si no cumplimos con la Constitución, superior a las demás leyes y tratados, ¿por qué habría de cumplirse las restantes? La Constitución no es un conjunto de buenas intenciones, y como todas –sobre todas– debe cumplirse. Rescatar esta función es determinante del modelo de gestión que se debe implementar, separada la administración de lo sustantivo y que los fiscales –imbuidos todos no solo del qué hacer y del cómo sino– más importante aún –del por qué y para qué de sus funciones– gocen de amplia independencia en el manejo de sus casos, imbuidos de principios y criterios generales –unidad de criterio– y sujetos tan solo a la auditoría jurídica y evaluación por resultados.
En el caso de los distritales, con amplia autonomía, incluso, para definir el personal a acompañarles. El mismo fiscal para todas las etapas y, así, de su responsabilidad personal, el resultado. Apelación especial, casación, incidentes de inconstitucionalidad en caso concreto y amparos, con el apoyo especializado o entregados a estas unidades, con vasos comunicantes.
En estricto cumplimiento del mandato constitucional que le corresponde, debe el Ministerio Público velar por el estricto cumplimiento de la Constitución y de las leyes y en consecuencia, velar porque:
1)Se cumpla con dar aviso de la razón de su detención al detenido, e inmediato a la persona que designe.
2)Se abstengan las autoridades de presentación alguna del detenido ante la prensa antes de que el tribunal le indague: La “carceleta” no debe ser ninguna jaula –delito– de exhibición de detenidos.
3)Tome el juez la primera declaración del detenido dentro de las primeras 24 horas de su detención, jamás interrogado por autoridad distinta que la suya (La ficción de tan solo hacerle saber, la razón de su detención y dejarle en “prisión provisional”, figura inexistente de conformidad con la Ley , y tomarle su declaración hasta días después, constituye delito).
4)Se haga uso de la prisión preventiva como excepción y no como regla, siendo los únicos casos en que se justifica, cuando la domiciliaria está prohibida (asesinatos, secuestros, extorsiones, narcotráfico, etcétera) y cuando se pruebe ante juez (carga de la prueba sobre el Ministerio Público) el peligro de fuga o de obstaculización de la Justicia. (Los centros de detención vip le cuestan millones al pueblo de Guatemala, fomentan asociaciones inconvenientes y prostituyen a los custodios. Los detenidos, con brazaletes, sean enviados a sus casas, sujetos a severas restricciones, no teléfonos y visitas restringidas, obligación de comprobaciones dactilares).
5)No se infrinja la reserva de actuaciones, accesibles tan solo a los sujetos procesales en fases de investigación e intermedia, siendo el juicio lo que es público, particularidad del sistema acusatorio que se ha olvidado.
6)No se abuse del secreto con respecto a los sujetos procesales y del anticipo de prueba, excepciones y no reglas, so pena de volver al sistema inquisitivo, escrito y secreto, así como tampoco de volver al testigo como “prueba reina”, síntoma de fracaso de las otras.
7)Se promulgue la ley que desarrolle los mandatos constitucionales sobre comunidades indígenas, mandato constitucional del artículo 70 incumplido –sin persecución ni castigo– desde hace más de treinta años.
8)Se cumpla con incluir en el presupuesto la cuota de Estado para el IGGS, sin posibilidad de transferencias, mandato constitucional también incumplido sin sanción, cuota pagada paradójicamente por dos únicos gobiernos, el de Juan José Arévalo Bermejo, primero de la Revolución y el de Carlos Castillo Armas, primero y único de la Liberación.
9)Se cumpla el artículo 100 de la Constitución que prohíbe los monopolios y, si infringido, se persiga a sus infractores.
10)Se cumplan todos y cada uno de los plazos judiciales –leyes de la República– los plazos y no buenas intenciones y se persiga a los infractores; su incumplimiento causa determinante del retraso de los procesos.
11)No sea excusa la interposición de amparos para el retraso de procesos puesto que, su sola interposición, nada entorpece.
12)Se atengan todas las resoluciones a la Ley y a las pruebas y, si no es así, se persiga a los infractores.
13)Lo penal –como debe ser– sea la última ratio del Derecho y no se persigan simples infracciones como delito e, incluso, en el caso de delitos, se haga uso de todo cuanto la Ley permite, procedimiento abreviado, suspensión de la persecución, criterio de oportunidad. También de la conversión para descongestionar trabajo y mejorar eficiencia, el más interesado en defensa de lo suyo.
14)Se combata al crimen organizado, el narcotráfico, la trata y tráfico de personas y la defraudación del patrimonio del Estado donde duele, en el pisto, mejorando todo lo correspondiente a la extinción de dominio. En todo proceso, presente la pena accesoria de comiso.
15)Se apliquen las leyes de amnistía –todas– en tanto vigentes.
16)Se haga aplicable la pena de muerte. (Si algún día decidimos suprimirla, que sea como consecuencia una decisión política, con plena conciencia, pero que su inaplicabilidad no sea el resultado de errores que pueden y deben corregirse).
Si las leyes no se cumplen, si se fracasa en su observación espontánea, surge su otra función, la persecución de los infractores –de absolutamente todos, sin distingos– el ejercicio de la acción penal su función más visible y conocida. La decisión de constituir la nómina de seis que habrá de ser enviada por la Comisión de Postulación al Presidente y la decisión del Presidente –ambas– son decisiones políticas y bueno es que el pueblo de Guatemala, único a quien debe informar el fiscal general, sepa a qué atenerse con cada uno de los postulantes y evalúe las decisiones que se tomen, determinantes del fiscal general que pueda darse. El fiscal general, una vez nombrado, es independiente, sujeto tan solo a la Constitución y las otras leyes (también a lo que es ley, dicho ya firme por los jueces) y no informa sino a una sola autoridad: el pueblo.
La decisión del presidente de la República, Bernardo Arévalo, de dejar en manos del Organismo Legislativo la posibilidad de que la Fiscal General y jefa del Ministerio Público (MP), Consuelo Porras, pueda ser removida es una acción que permitirá terminar con uno de los períodos más
lamentables en la existencia del ente a cargo de defender el Estado de derecho y evitar el saqueo de los fondos públicos.
De hecho, durante su primera cadena de radio y televisión, en la que informó sobre el anteproyecto de reforma a la normativa que rige al MP, el mandatario anticipó que “el oscuro ciclo de Consuelo Porras debe terminar ya”, confiado en que los parlamentarios se unirán a la cruzada nacional que demanda el retiro inmediato de alguien que es vista como defensora a ultranza de políticos, exfuncionarios y empresarios corruptos y de perseguir, mediante casos simulados, a quienes critican y cuestionan su errado proceder.
Ignorada por la comunidad internacional (43 naciones le niegan el ingreso a su territorio) y vista como una paria en Guatemala, Porras se aferra al cargo valiéndose de argucias legales que han impedido que el jefe de Estado la cese de sus funciones, como clama la mayoría de ciudadanos, quienes no se explican por qué, habiendo tantas evidencias contra Alejandro Giammattei, Miguel Martínez, ministros y secretarios que integraron ese desgobierno, ella ha sido incapaz de avanzar en casos que evidencian el asalto al erario.
Como lo mencionó el mandatario, el cargo de Fiscal General es el único que no le rinde cuentas a nadie y su permanencia depende de sí mismo; sin embargo, es tiempo de que se corrijan los errores, con el fin de que los responsables de la investigación sean removidos cuando, como ocurre en este caso, su permanencia genera daños irreparables a la nación, bloquea la probidad y, sobre todo, ofrece respiro a los sinvergüenzas que se han enriquecido de manera ilícita, vil y despiadada.
Después de 297 años de dominación colonial, se inicia la independencia en 1821 con 123 años de dictaduras liberales y conservadoras destruyendo el poder y la autoridad maya, no así la autoridad para recolectar tributos, 10 años de primavera democrática con la revolución del 1944 en donde se estableció proceso electoral y apertura de participación de los mayas a cargos en los ayuntamientos y en el Congreso, pero la ultraderecha con el apoyo del Gobierno de los EE. UU. interrumpieron el desarrollo del gobierno revolucionario y nuevamente el inicio de otros 30 años (1954/1984) de dictaduras de gobiernos militares en donde se acentúan las injusticias, la explotación, la exclusión, el racismo y el despojo hacia el pueblo maya, 1985 inicia una nueva etapa conocida como democrática y en donde han desfilado 12 gobiernos incluyendo el actual que preside Bernardo Arévalo, el 95 por ciento de los gobernantes son civiles y solamente un militar firmante de la paz en lo que va esta era. La Constitución Política de Guatemala de 1985, aunque de manera proteccionista reconoce por primera vez que Guatemala está formada por diversos grupos étnicos y que “el Estado reconoce, respeta y promueve sus formas de vida” Art. 66. 1996 firma de los Acuerdos de Paz y el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas reconoce que la nación guatemalteca tiene un carácter multiétnico, pluricultural y multilingüe y el Estado asume una serie de compromisos respecto a este. Pero en los 39 años democráticos no hay igualdad, inclusión ni relaciones armónicas entre los pueblos como lo caracteriza la democracia.
Ahora, Guatemala y el nuevo gobierno tienen la oportunidad de corregir el rumbo de la política nacional y hacer posible la consolidación democrática con el desafío de facilitar la coexistencia armoniosa y equitativa entre los pueblos: maya, xinka mestiza y garífuna.
La cosmovisión maya se caracteriza por el establecimiento de un mundo en equilibrio, de una relación armónica entre los seres humanos y con la naturaleza y de allí el concurso de los mayas en salvaguardar el sistema político democrático con su transición gubernamental con la esperanza de superar la histórica política de sometimiento. Loq’oj k’amik le k’aslem (hora de apreciar la vida)
Dr. Jorge Antonio Ortega Gaytán
El enigmático andamiaje del paso del tiempo con su predicción me volvió a
concertar una cita con el legado de uno de los escritores de renombre de antaño, Adrián Recinos Ávila, significativo para Guatemala en el mundo académico, político y diplomático del siglo pasado y, por siempre. La semana del 17 de enero del año en curso, por iniciativa del Centro de Investigaciones Regionales de Mesoamérica (Cirma), nos dimos cita en la Muy Leal y Muy Noble Ciudad de Santiago de los Caballeros, la Junta directiva de la Academia de Geografía e Historia de Guatemala AGHG, los descendientes de nuestro distinguido escritor e invitados especiales.
Mi primer contacto con él fue con uno de los trabajos de mayor repercusión de Adrián Recinos, la traducción y publicación del Popol Vuh, el cual fue descubierto en la Biblioteca Newberry, de Chicago Illinois, Estados Unidos. Una lectura obligatoria en la primaria, de aquella primera convivencia hace más de medio siglo. Un viaje fascinante al universo al inframundo Xibalba; la crónica del caminar de los gemelos, la creación de hombre de maíz, los mitos, desde la cosmovisión maya. Luego vinieron otras citas con el escritor guatemalteco, con la lectura y análisis de El Memorial de Sololá (1950), Los títulos de los señores de Totonicapán (1950); y Crónicas Indígenas (1957), con lo cual completé el conocimiento del ámbito previo a la conquista y, como todo ello, posteriormente la lectura de los documentos que Recinos tradujo y publicó para nuestras generaciones y las próximas. Otras publicaciones siguieron en su vida, como: Don Pedro de Alvarado: conquistador de México y Guatemala, Monografía del Quetzal, y varios ensayos de Doña Leonor de Alvarado (1958). Ciudad de Guatemala, crónica desde su fundación hasta los terremotos de 1917–1918 (1922); y una de sus obras de mayor prestigio como historiador fue La Monografía del Departamento de Huehuetenango (1913). Disfrutando de un ambiente agradable en el inmueble que ocupa la sede de Cirma en La Antigua Guatemala, luego del saludo protocolario, se dio la presentación del archivo personal digitalizado de Adrián Recinos Ávila por intermedio de cada una de las personas que participaron en la odisea de organizar, estabilizar, catalogar, digitalizar y asegurar el legado del guatemalteco, tarea titánica que duro tres años según la explicación de la directora del archivo histórico, Thelma Porres, de dicha entidad, que además expuso la importancia de un archivo personal en los siguiente términos: “Un archivo personal es aquel que contiene los documentos generados y recibidos por una persona a lo largo de su vida, incluyendo todas sus funciones y actividades, independiente del soporte…”, “… diversidad de material personal como oficial: fotografías, cartas, conferencias, discursos, documentos personales, entrevistas, fichas de investigación, folletería, hojas sueltas. Invitaciones, libretas de bolsillo, listas de referencias, memorándums, periódicos, postales, publicaciones, recortes de periódicos, semanarios, tarjetas, telegramas y otros”. Luego, Thelma nos guió, en un recorrido por la vida de nuestro compatriota desde su nacimiento en La Antigua Guatemala un 5 de julio de 1886, hijo de Teodoro M. Recinos y de Rafaela Ávila. Hizo sus estudios en el Instituto Nacional Central para Varones, donde se graduó en 1902 y obtuvo el título de Bachiller en Ciencias y Letras. Contrajo nupcias con María Palomo Martínez, con quien procreó cinco hijos: Beatriz, Isabel, María, Adrián y Laura. Durante su época de estudiante universitario en la Facultad de Derecho, publicó sus primeros escritos (1905), fue catedrático del Instituto Para Varones y en la Facultad de Derecho. Fundó una institución literaria denominada El Ateneo Batres Montúfar, Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y sociales (1921); Miembro fundador del Partido Liberal; así mismo, de la Sociedad de Geografía e Historia de Guatemala (1923), director de la Academia de la Lengua de Guatemala; presidente de la Asamblea Legislativa (1926), además de haber participado como candidato en las elecciones a la Presidencia de la República en 1944.
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