EDITORIALES
Más incentivos para preservar los bosques
Mantener la salud de los bosques y promover su conservación es vital para la preservación del medio ambiente. El agua dulce del planeta depende de la cobertura forestal, lo mismo que la conservación de la biodiversidad, además de ser indispensables en el control y manejo de
oxígeno para el planeta.
La agricultura sostenible y la seguridad alimentaria también están íntimamente ligadas con los bosques y el entorno de estos, pues la polinización también depende del grado de cobertura vegetal para contener especies especializadas en esta acción, como las abejas.
Para finales de 2018 se invirtió un monto de Q383 millones en los procesos de certificación y pago de 39 mil 674 proyectos relacionados con el Programa de Incentivos Forestales Probosque y del Programa de Incentivos Forestales para Poseedores de Pequeñas Extensiones de Tierra de Vocación Forestal o Agroforestal (Pinpep).
Esto fue pagado directamente por el Ministerio de Finanzas, con la certificación correpondiente a cada beneficiario del Programa, que cumplió con el compromiso de recuperación, protección y manejo integrado de bosques.
De acuerdo con los planes del Instituto Nacional de Bosques (Inab), para este año se podrían certificar unos 46 mil proyectos forestales, con lo cual se podrán recuperar unas 260 mil hectáreas de manto boscoso para el país, un poco más de las aproximadamente 215 mil hectáreas que se lograron reverdecer en 2018.
El cuidado, conservación y manejo de bosques está relacionado con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, establecidos en 2015 por Naciones Unidas, como: el ODS 2, Hambre Cero; el 6, Agua Limpia y Saneamiento; el 13, Acción por el Clima; y el 15, Vida de Ecosistemas Terrestres.
Aunque la pérdida de cobertura forestal es grande cada año, hay muchas iniciativas encaminadas a revertir la proporción de pérdida y ganancia de bosques. Por ejemplo, China construye desde 1978 una gran muralla de árboles para contener el crecimiento del desierto del Gobi, y para ello durante las últimas décadas se han plantado más de 66 mil millones de árboles en el norte de aquel país asiático.
La entrega de la cárcel El Infiernito, prevista para hoy, es un paso enorme en la recuperación del Sistema Penitenciario (SP). El acto, más que una mejora en la infraestructura del centro, encierra un mensaje más profundo, el cual incluye el rescate de la dignidad del Estado.
La entrega de la prisión viene acompañada de otras acciones de singular importancia. Por ejemplo, ya se tienen los agentes entrenados para controlar el presidio y, en breve, se contará con los protocolos y procedimientos para garantizar el orden en el recinto.
De manera paralela, se definen con las operadoras de telefonía los mecanismos que eviten que los reos tengan acceso a celulares e internet, mientras se entrena la nueva promoción de agentes penitenciarios que se hará cargo de resguardar las cárceles.
Sin duda, la toma del control del SP conllevará una mayor reducción de los índices criminales, en especial, de las extorsiones, las cuales intentan crear un clima de zozobra entre empresarios y ciudadanos. Sin embargo, lo más loable de estas medidas es que se recuperará la confianza ciudadana en sus autoridades, algo que parecía imposible hasta 10 meses atrás, cuando las mafias corruptas imponían su ley en los organismos e instituciones del Estado.
Aunque pareciera una obviedad innecesaria, conviene advertir que los citados cambios vienen enmarcados en una política de seguridad democrática, la cual prioriza los derechos individuales y colectivos. De esa cuenta, tal y como reza el plan del Gobierno 2024-2028, la renovación del SP ofrecerá oportunidades de reinserción y de nuevos esquemas que permitan que los reos replanteen sus vidas tras cumplir sus penas.
El control penitenciario no es un asunto solo de fuerza. También requiere correctivos que modifiquen conductas y actitudes, sin que se repita la indolencia gubernamental para ordenar una institución que había sido escuela de delincuentes y mina de oro de cientos de exfuncionarios. La reconquista de El Infiernito es una muestra de que cuando se quiere se puede, del triunfo de la decencia y del amor a la patria.
Como si fuera una serie criminal, de esas que hoy abundan en los servicios de Streaming, los guatemaltecos y la comunidad internacional presencian, con absoluto asombro, la manera en que operó la red de vándalos defraudadores denominada B410.
Poco a poco, los ciudadanos se enteran de las vilezas perpetradas por un grupo de exfuncionarios y dueños de empresas, quienes hicieron su agosto durante el gobierno de Alejandro Giammattei y Miguel Martínez.
El martes pasado, en un nuevo episodio de esta trama, basada en hechos reales, la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), entidad que empezó a escribir el guion de esta red a la que, de momento, se le contabilizan más de 300 millones de quetzales defraudados, denunció a otras 206 empresas. Estas se suman a las 35 querellas presentadas el 13 de agosto pasado.
A la par de documentar nuevos indicios sobre la corruptela, las autoridades de la SAT demandaron la pronta captura de los antagonistas, para llegar a los autores intelectuales de los saqueos, quienes ya han protagonizado historias similares.
En el capítulo más reciente, divulgado ayer, el Gobierno descubrió que varias de las compañías que integran el B410 también defraudaron al Hospital General San Juan de Dios, mediante mecanismos que levantan al expectador de sus asientos. Inventaron remozamientos en lugares inexistentes, los cuales sobrevaloraron. Ni el más audaz de los escritores de novelas negras tendría tanta imaginación.
Pese a lo grotesco de los robos, que sobrepasan los 11 millones 800 mil quetzales, nadie se dio por enterado. Incluidas la auditoría interna del hospital y la Contraloría General de Cuentas, cuyas responsabilidades se centran en velar por el buen uso de los fondos públicos.
De momento, es imposible determinar cuántos capítulos más se escribirán de la B410. Seguramente, no alcanzará una temporada para contar esta historia de abuso y codicia. Pero las preguntas ya flotan en el ambiente: ¿El sistema de justicia será capaz de capturar a los delincuentes? ¿Se entregarán los foragidos? ¿Los juicios se desarrollarán aquí o en un tribunal
estadounidense?
Hay discursos que golpean las conciencias. Que ponen nuestra historia en perspectiva. Puede afirmarse que las verdades no necesitan maquillaje, mientras que las mentiras lo siguen siendo por más bonitas que se presenten.
De esa cuenta, el concepto de seguridad ciudadana durante un sistema democrático es diametralmente distinto al que se tiene en los gobiernos autoritarios. O en tiempos en los que pulula la corrupción.
Para los primeros, el tema está ligado a los derechos humanos, con las garantías individuales y colectivas de toda una nación. No solo para las élites ni exclusivamente para determinados estratos sociales. Los otros ven el asunto como otra manera de saquear el erario. De negociar con los grupos criminales, locales y externos.
Aquí radican las diferencias. Las nuevas formas de gobernar. Reforzar la seguridad en los cascos urbanos es ir por el camino correcto, siempre y cuando no se olviden las poblaciones rurales, las comunidades más apartadas del país, las que han sido invisibilizadas de las políticas públicas.
Hoy, el Organismo Ejecutivo, por medio del Ministerio de Gobernación (Mingob), tiene un panorama claro sobre lo que requieren y demandan los ciudadanos. Ahora existe un plan definido que, además, ofrece resultados positivos. Aunque no se quieran ver, pese a los discursos populistas de quienes fracasaron por acción o pasividad.
Abrir la subestación de la Policía Nacional Civil (PNC) en el cantón Buena Vista, Santa María Ixhuatán, Santa Rosa, ejemplifica cuando el discurso es consistente con los hechos. Habilitar esa sede policial forma parte de una estrategia que ha sido pensada para fortalecer la seguridad en las urbes y en los pueblos originarios. De custodiar a quienes tienen más recursos económicos, pero también a aquellos que carecen de dinero.
Poco a poco, las poblaciones remotas constatarán que valen tanto como cualquiera. Es cuestión de tiempo para que la seguridad deje de ser un privilegio y se torne en un derecho. Llegará el momento en que el Estado vele por todos y todas.
