«Entendemos la salud como un derecho humano y, por lo tanto, es una responsabilidad del Estado”, refiere el Plan de Gobierno 2024-2028 que rige el trabajo del presidente Bernardo Arévalo y la vicemandataria Karin Herrera.

En el citado documento se advierte que garantizar este derecho no depende de la capacidad económica de los guatemaltecos, porque pasa por transformar el sistema.

Para lograr la mencionada transformación, es inevitable enfrentar a las fuerzas oscuras y poderosas que, durante años, negocian con la salud de los ciudadanos al controlar los precios de los medicamentos en los centros asistenciales públicos. Estos mercaderes no solo han sangrado el erario, sino que también han impedido la libre competencia en el sector.

Lo anteriormente descrito dimensiona la importancia del convenio suscrito entre el Ministerio de Salud y la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops), el cual marcará un hito en la red hospitalaria nacional, porque se adquirirán fármacos, material quirúrgico y equipo 57 por ciento más barato, una proyección con base en la experiencia en el IGSS, gracias a procesos más transparentes y probos que los actuales.

Además de facilitar la participación de más proveedores internacionales y, por consiguiente, asegurar precios más cómodos, los contratos que se firman con la Unops son temporales y contemplan capacitaciones, con el objetivo de dotar a los Estados y a sus funcionarios de los conocimientos y competencias para que continúen las transacciones de manera independiente.

De igual manera, sus protocolos están blindados ante posibles injerencias que estimulen el tráfico de influencias y la corrupción.

En fin, Guatemala se encamina a terminar con el infame negocio de las medicinas, cuyas consecuencias se cuentan con pérdidas de vidas. Es predecible que las mafias no se quedarán quietas y atacarán, mediante sus secuaces y sicarios de la desinformación, este programa cuyo “pecado” es anteponer el bien común y combatir el vil actuar de los desalmados.

Editor DCA

El irrespeto a los derechos laborales, así como la malnutrición y la pobreza, son solo algunos de los males que afectan a la sociedad guatemalteca, aspectos ante los que el gobierno encabezado por el presidente Bernardo Arévalo y la vicegobernante Karin Herrera enfocó sus esfuerzos durante las útimas horas.

Ayer, en un inusual acto, Arévalo recibió, frente al Palacio Nacional de la Cultura, a los líderes de sindicatos que participaron en la marcha por la conmemoración del Día Internacional del Trabajo, de quienes recibió demandas de crear los mecanismos que permitan mejores condiciones laborales, protección social, seguridad ocupacional y respeto a las actividades sindicales. Ante ellos y miles de asistentes que se dieron cita en la Plaza de la Constitución, el mandatario renovó su compromiso con los valores fundamentaltes de la democracia y la justicia social.

“Nos seguimos enfrentando a la mezquindad de quienes quieren que todo permanezca igual, de quienes se enriquecen a costa del pueblo, satisfechos y temerosos de perder sus privilegios, esa élite político criminal corrupta que ha cooptado las distintas instituciones del Estado y que se resiste a abandonarlas, a pesar del veredicto del pueblo en las urnas”, refirió el jefe de Estado al dirigirse a la multitud.

Horas antes de refrendar su compromiso con la clase obrera, Arévalo y Herrera lanzaron una ofensiva contra la pobreza y la malnutrición en siete municipios, tres de Huehuetenango, así como uno en los departamentos de Totonicapán, Chimaltenango, Sololá y Quiché. El programa, en el que están involucradas nueve instituciones estatales y que busca llevar adelante “una nueva posiblidad para vivir mejor”, se ampliará progresivamente hasta alcanzar los 114 municipios priorizados por sus niveles de pobreza y desnutrición.

El Gobierno está consciente de la “misión trascendental” que tiene por delante, pero, pese a los obstáculos que debe afrontar producto del deterioro institucional que encontró el binomio presidencial al asumir funciones, impulsa acciones para combatir los flagelos que enfrenta la sociedad, pues se siente acompañado por el pueblo de Guatemala al que se debe, toda vez que “la mayoría de guatemaltecos se cansó de ser estafada por esa estirpe de políticos corruptos, esa gente que se sabe merecedora de un futuro mejor y que está dispuesta a participar activa y honradamente en su construcción”, como lo afirmó Arévalo.

Editor DCA

En el marco de los primeros 100 días de gestión (los cuales se cumplieron hace una semana), los 48 cantones de Totonicapán se pronunciaron sobre el trabajo realizado por el Gabinete de Gobierno liderado por el binomio presidencial constituido por Bernardo Arévalo y Karin Herrera. La evaluación es bastante
crítica, aunque sigue siendo esperanzadora en cuanto a la construcción de una Guatemala “incluyente, competitiva, con equidad política y prosperidad para todos”.

Históricamente, la voz de los 48 cantones ha tenido indudable importancia, puesto que representa la visión y necesidades de un sector importante de los pueblos originarios.

Sin embargo, en estos momentos, sus demandas adquieren un carácter fundamental, porque fueron ellos, junto a otras organizaciones, quienes evitaron que el país sucumbiera ante los desenfrenados deseos de la administración de Alejandro Giammattei, en complicidad con el Ministerio Público (MP) de Consuelo Porras y magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) y de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), de legitimar la asfixiante dictadura que llevaban en proceso.

Al recordar los más de 100 días de resistencia pacífica, estos liderazgos reiteraron sus reclamos sociales, entre los que destaca “la pronta destitución de la Fiscal General del MP y los jueces aliados de la impunidad y corrupción”.

Además, claman por ejecuciones presupuestarias que beneficien a los pueblos maya, xinca y garífuna, mayor inversión en infraestructura productiva, vial y eléctrica en áreas donde se concentra la pobreza, así como un sistema educativo trilingüe (maya, castellano e inglés), la reinvención de la red hospitalaria pública y fortalecer la micro, pequeña y mediana empresas rurales, “desde la lógica” de sus representados.

Arévalo y Herrera tienen claro que la nueva primavera implica atender a los sectores que, desde siempre, han sido olvidados de las políticas públicas y saben que el camino al desarrollo pasa, obligadamente, por depurar las instituciones estatales y generar oportunidades para todos.

Editor DCA