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Incumplimiento de constructora deja a niños sin escuelas

Falta de aulas y servicios básicos, trabajos pendientes y robos afectan a estudiantes de centros educativos.

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Cortesía: MICIVI

La educación de cientos de niños está en riesgo debido al incumplimiento en los contratos de remozamiento de escuelas adjudicados el año pasado a la empresa Arinsa, Sociedad Anónima.

Los alumnos sufren las consecuencias como clases reducidas a una vez por semana hasta la completa inasistencia, debido a trabajos inconclusos que debieron ser entregados a mediados de febrero recién pasado.

El Diario de Centro América visitó cinco de los siete establecimientos educativos que, según la ministra de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (Micivi), Jazmín de la Vega, fueron adjudicados en tres contratos a la citada compañía. Durante el recorrido se constató que no existen condiciones para que los estudiantes reciban el llamado pan del saber.

De la Vega afirmó que el valor de los tres contratos es de 17 millones 357 mil 230 quetzales, y son para el remozamiento de los inmuebles localizados en los municipios de Guatemala y Villa Nueva.

Una vez a la semana

Uno de los casos más preocupantes es el de la Escuela de la Colonia Ulises Rojas, en Bárcenas, Villa Nueva, donde 1 mil 200 menores de preprimaria y primaria, divididos en dos jornadas, apenas pueden recibir clases, ya que gran parte de la infraestructura sigue en remodelación.

De las 19 aulas disponibles, 12 permanecen inhabilitadas, lo que obliga a los pequeños a turnarse para asistir. El director de la jornada vespertina, Ángel Soto, informó que el acceso a solo siete salones limita su asistencia y el aprendizaje, llegando al punto en que niños de cuarto primaria no saben leer. Mientras, el resto de la semana se ven obligados a recurrir a la formación a distancia.

El escenario es desolador. La entrada principal permanece bloqueada, hay materiales de construcción en los pasillos y aulas, los baños están fuera de servicio, partes del muro perimetral han colapsado y los problemas en el suministro los han dejado sin agua potable.


Las labores de remozamiento están estancadas, agravadas por los robos de insumos por parte de los trabajadores, quienes incluso saquearon los abastecimientos de la cocina debido a la falta de pago por parte de la empresa en mención.


Tres horas de clases al día


La situación también preocupa en la Escuela Núm. 24 Fray Bartolomé de las Casas, zona 6 capitalina, donde los remozamientos continúan mientras los estudiantes lidian con condiciones peligrosas.

Las clases se han reducido de 7:30 a 10:00 horas todos los días, tiempo durante el cual los menores y docentes deben soportar ruidos, polvo y peligros físicos debido a los trabajos inconclusos. Vidrios rotos, azulejos sueltos y basura metálica representan riesgos constantes para su seguridad.

La falta de líquido es una de las principales preocupaciones, lo que obliga a los alumnos a llevar botes para llenar tambos y así utilizar los baños, que ni siquiera cuentan con puertas.

La situación ha llevado a tres casos de retiro de estudiantes del inmueble, con padres preocupados que optan por trasladar a sus hijos a otros establecimientos que ofrecen mejores condiciones para el aprendizaje.

Los robos de material de construcción y de insumos educativos, como hojas, engrapadoras, computadoras e implementos deportivos reflejan la gravedad del problema.

Una maestra expresó su decepción, al señalar que estaban ilusionados con el inicio del ciclo escolar en una escuela renovada, pero lamentan que las labores no hayan concluido.

A distancia


La Escuela Núm. 110 Juana de Arco, en la zona 18 capitalina, se encuentra en un estado similar, mientras los trabajos de remodelación siguen, dejando a los alumnos en espera de una educación presencial.

Desde el inicio del ciclo escolar 2024, los escolares de las distintas jornadas que funcionan en el plantel han tenido que recurrir a la educación a distancia.

A pesar de la presencia de trabajadores en el lugar, instalando pisos y realizando tareas de construcción, los escombros y la falta de condiciones básicas persisten en varias áreas.

La cocina se halla a medio remozamiento, los baños carecen de puertas y lavamanos.

Contar con escritorios, puertas y pizarras no compensa la falta de limpieza y organización, con algunos pizarrones incluso sin instalar adecuadamente.

Silvia Pineda, madre de dos pequeñas que estudian en la Escuela Ulises Rojas, expuso que la
situación es preocupante, debido a que el avance de la obra es lento y de no concluirse lo antes posible se podría comprometer la educación de sus hijas.

Unos 300 niños inscritos en la Escuela El Mezquital II, de Villa Nueva, se encuentran en espera de regresar a las aulas, luego de un prolongado período sin clases presenciales debido a trabajos de remozamiento que se iniciaron en julio de 2023 y que aún se encuentran en proceso.

La directora de la institución, Patricia García Vides, expresó su preocupación ante la situación, y señaló que la comunidad educativa está ansiosa por retomar las actividades, pero los trabajos de remodelación aún no han concluido.

Además, denunció una serie de inconvenientes relacionados con la falta de pago a los herreros que trabajaban en el establecimiento, quienes, como medida de presión, decidieron tomar las llaves y cerrar la escuela hasta que la empresa Arinsa, Sociedad Anónima, encargada de la obra, cumpliera con sus compromisos financieros.

Ante este escenario, representantes de Arinsa, la directora, maestros y padres de familia se reunieron la semana pasada para abordar la situación.

Tras negociaciones, se llegó a un acuerdo para la entrega de las llaves de la institución. Se espera que este pacto permita reanudar las clases a principios de abril próximo.

CECILIA VICENTE

Arinsa, Sociedad Anónima, con sede registrada en una colonia residencial de la zona 5 de Villa Nueva, Guatemala, ha recibido contratos estatales desde 2009. Bajo la dirección de su representante legal, Esaú Guzmán Ramírez, la empresa ha manejado 139 millones 717 mil 733.28 quetzales en proyectos.

Sin embargo, su labor ha presentado retrasos en la ejecución, como lo evidencian los contratos con la Unidad de Construcción de Edificios del Estado (UCEE) establecidos en 2023.

En ese año, Arinsa recibió tres concesiones, con el fin de mejorar siete escuelas en distintas zonas de Villa Nueva y la ciudad de Guatemala.

A pesar de los compromisos contractuales, la entrega de las obras no se ha cumplido. La primera de estas adjudicaciones, identificada como 126-2023 UCEE, destinado al remozamiento de dos planteles en zona 18 capitalina, tenía como fecha de finalización el 10 de febrero de 2024.

Sin embargo, a finales de diciembre de 2023, solo se había ejecutado una parte del proyecto. El segundo contrato, número 135-2023 UCEE, para el mantenimiento de dos más en zonas 7 y 6 de la ciudad, también presentan retrasos.

A pesar de los pagos realizados hasta diciembre, la obra no alcanzaba el avance esperado.

El tercer contrato, 136-2023 UCEE, para la reparación de tres escuelas en Villa Nueva, enfrenta desafíos en su ejecución. Guzmán explicó que los retrasos se deben a desacuerdos con contratistas, condiciones climáticas desfavorables y obstáculos administrativos.

CECILIA VICENTE

Ante el incumplimiento de contratos en los remozamientos de siete escuelas en Villa Nueva y la capital, el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (Micivi) ha tomado medidas.

La titular de la cartera, Jazmín de la Vega, informó ayer que ya denunciaron a Arinsa, Sociedad Anónima, ante el Ministerio Público (MP).

Según la viceministra de Edificios Estatales y Obra Pública, Paola Constantino, la empresa fue contratada por el gobierno anterior para las reparaciones aludidas; sin embargo, dejó los trabajos a medias.

De la Vega destacó que los pagos a la compañía fueron adelantados por las autoridades anteriores, pero las obras no fueron entregadas conforme lo establecido en los contratos.

Además, explicó que el caso será remitido a la Procuraduría General de la Nación (PGN) y a la Comisión Nacional contra la Corrupción (CNC).

Luis Carrillo
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Declaran emergencia sanitaria nacional por dengue

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Una emergencia nacional por la epidemia del dengue declaró, a partir de hoy, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), ante la epidemia del dengue que es trasmitido por el vector Aedes Aegypti.

“Los organismos e instituciones públicas centralizadas y descentralizadas, autónomas, semiautónomas, municipales, privadas, organismos no gubernamentales y comunitarios, cuya competencia u objeto es la gestión de acciones de salud deberán coordinar con el MSPAS “la planificación y desarrollo de acciones de promoción, prevención y manejo de crisis para la mitigación del daño y control de factores ambientales de riesgo”, refiere el acuerdo ministerial 152-2024, que se publica hoy en el diario oficial.

De enero al 20 de abril, se habían registrado 14 mil 697 casos de esta enfermedad, 14 por zika y 21 por chikungunya. Además, se contabilizaban 19 de dengue grave, de los cuales nueve fallecieron, según el MSPAS.

Hasta la fecha indicada habían 12 direcciones departamentales de redes integradas de servicios que sobrepasan la incidencia nacional, siendo estas Zacapa, Jutiapa, Santa Rosa, Sacatepéquez, Baja Verapaz, Quetzaltenango, El Progreso, Escuintla, Jalapa, Chiquimula, Petén Norte y Suchitepéquez, se precisó.

Rodrigo Pérez Fotógrafo: Archivo
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Binomio presidencial no podrá ser investigado

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Las solicitudes de antejuicio promovidas por el Ministerio Público contra el presidente Bernardo Arévalo y la vicegobernante Karin Herrera fueron rechazadas por la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

La acción también fue dirigida contra dos diputados electos por el Movimiento Semilla; todos, señalados en el caso Toma de la Usac. Sin embargo, con la resolución de los magistrados de la CSJ, el jefe de Estado, la vicemandataria y los parlamentarios no podrán ser investigados.

La acción para el retiro de la inmunidad del binomio y los legisladores son por señalamientos de la Fiscalía de Delitos contra el Patrimonio Cultural de la Nación, por el caso Toma de la Usac: Botín Político. La citada instancia del MP aseguró que Arévalo y Herrera incitaron en 2022 a que se mantuviera, por la fuerza, la toma del Campus Central de la Usac.

La acción fue solicitada el 17 de noviembre de 2023, para efectuar una investigación en contra de los dignatarios, por los delitos de usurpación de forma agravada, depredación de bienes culturales y asociación ilícita.

Además de las solicitudes planteadas contra Arévalo y Herrera, también se pidió el retiro de antejuicio de los diputados Samuel Andrés Pérez Álvarez y Raúl Amílcar Barrera Robles, del Movimiento Semilla.

Insiste

Luego de conocerse la resolución de la CSJ, la Fiscalía de Delitos Contra el Patrimonio de la Nación indicó: “Debido a que en algunos de los casos hubo cambio en las condiciones respecto a los cargos y en virtud de que desde noviembre a la fecha se tiene más elementos y nuevos avances, se estarán presentando nuevas solicitudes de retiro de antejuicio”.

Redacción DCA Fotógrafo: Archivo
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48 cantones piden retirar a jefa del MP

Ejecutivo analiza llamar a consulta popular para remover a Consuelo Porras.

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El reemplazo inmediato de la fiscal general y jefa del Ministerio Público (MP), Consuelo Porras, y de otros “actores corruptos” pidió ayer la Junta Directiva del Concejo de Alcaldes Comunales de los 48 cantones de Totonicapán, en una conferencia de prensa frente al Palacio Nacional de la Cultura.

“Vemos con mucha preocupación que durante este tiempo han hecho falta acciones concretas. Empezando por el tema prioritario, por el cual estuvimos en resistencia más de 100 días, que es la destitución de Porras; Rafael Curruchiche, jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, la fiscal Cinthia Monterroso y el juez Fredy Orellana”, afirmó Edin Zapeta Tzul, presidente de la citada organización.

De esa cuenta, la entidad ancestral demandó, entre otras aspectos, “la pronta destitución de la jefa del MP y los jueces aliados de la impunidad y la corrupción”.

Mientras, el presidente Bernardo Arévalo indicó que se considera convocar a una consulta popular, “en el marco de las distintas acciones legales para liberar a la Fiscalía de la red político económica e ilegal que en este momento la tiene controlada”. Remarcó que la posibilidad está en estudio. “Sería un último mecanismo si no funcionan los demás”, explicó Juan Gerardo Guerrero, secretario general de la Presidencia.

¿Es viable?

Según el Movimiento Unidos por la Democracia, remover a Porras tras un referéndum es legalmente posible. Cita que el Artículo 173 de la Constitución establece que “las decisiones políticas de especial trascendencia deberán ser sometidas a procedimiento consultivo de los ciudadanos” y que el plebiscito puede ser solicitado por el Presidente o el Congreso de la República.

También, señala que la Carta Magna en su Artículo 251 establece que el gobernante puede remover al Fiscal General “por causa justificada, debidamente, establecida”.

Alfonso Cabrera, exconstituyente, citó los mismos artículos y agregó el 141 que indica que “la soberanía radica en el pueblo, quien la delega, para su ejercicio, en los organismos Legislativo, Ejecutivo y Judicial”.

Se buscó a varios exmagistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) para que expusieran cuánto tiempo lleva organizar una consulta popular y cuánto cuesta, pero no respondieron las llamadas telefónicas.
El último referéndum en el país fue el 15 de abril de 2018, por el diferendo territorial entre Guatemala y Belice. Esta actividad le costó a la ciudadanía 300 millones de quetzales.

Encuentro con AMLO

El gobernante Bernardo Arévalo informó que la cita con Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente de México, será a finales de mayo.

“Estaremos reuniéndonos en la ciudad de Tapachula; parte de la discusión va a centrarse en temas de seguridad fronteriza y estaremos acompañados de los ministros correspondientes para aprovechar esta oportunidad de tener un diálogo lo más fructífero y concreto posible”, refirió.

Otras demandas

Incluir a los pueblos maya, xinca, garífuna y mestizo en la distribución y ejecución de un presupuesto codificado, según la inversión necesaria entre estos.

Inyectar capital en infraestructura productiva, vial y de energía eléctrica en áreas de concentración de pobreza.

Construcción de hospitales con médicos especializados en los municipios convergentes.
Fortalecimiento de la micro, pequeña y mediana empresa rural.

Destituir a funcionarios públicos que han aprovechado su posición para beneficios personales, específicamente el viceministro de Energía y Minas, Edwin Mazariegos (despedido anoche por el Ejecutivo), y en entidades donde se han identificado situaciones similares.

Esfuerzo contra desnutrición

El gobernante Bernardo Arévalo comentó que hoy se lanzará, en Colotenango, Huehuetenango, una iniciativa intersectorial para la reducción de la pobreza y malnutrición.

La estrategia “abrirá las puertas para mejorar la calidad de vida de las personas”, aseguró el jefe de Estado. El plan es liderado por la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Sesan) y el Ministerio de Desarrollo Social (Mides).

Reuniones con alcaldes

Los encuentros con los jefes ediles del país, en conjunto con la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam), buscan identificar mecanismos para que el Ejecutivo apoye la mejora de la calidad de vida de los pobladores del interior del país, dijo el mandatario Bernardo Arévalo.

“Un desarrollo tiene que ser entendido en obra pública, acceso a educación, salud, condiciones para que haya agua y saneamiento, vías de comunicación y todo aquello que genera el bienestar de los guatemaltecos”, enfatizó.

Rodrigo Pérez Fotógrafo: Norvin Mendoza
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