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El motivo que originó la Revolución de Occidente
El 13 de septiembre de 1897, una escolta al mando del oficial Pioquinto Alvarado condujo a dos vecinos de Quetzaltenango, Juan Aparicio y Sinforoso Aguilar, al atrio de la iglesia de San Nicolás, en donde los ejecutó por fusilamiento.
El historiador Roberto Gutiérrez Martínez dice que “el lugar de la ejecución es el área que hoy ocupa el parque dedicado a la Madre, junto al edificio del Instituto Nacional para Varones de Occidente (INVO)”.
La Corporación Municipal de Quetzaltenango se declaró “herida profundamente por aquel hecho en que perdió la vida el presidente del Ayuntamiento, Licenciado Sinforoso Aguilar, y uno de los vecinos más honorables, don Juan Aparicio Mérida”, y elevó una protesta ante el Congreso.
El movimiento
El fusilamiento fue uno de los sucesos trágicos que se produjeron durante un alzamiento, contra el gobierno del general José María Reina Barrios, conocido como Revolución de Occidente.
El movimiento fue desencadenado por la decisión del presidente de la República de disolver el Congreso, con lo cual se convirtió en dictador.
El 7 de septiembre de 1897, bajo el mando de Salvador Ochoa, Víctor López y Timoteo Molina, un grupo de 400 ciudadanos tomó el cuartel militar de la ciudad de San Marcos, y liberaron a los presos de la cárcel.
A dos kilómetros de allí, otro grupo comandado por Francisco Martínez Barrios y Mariano Barrios Escobar tomó la localidad de San Pedro.
Los dos movimientos eran dirigidos por el coronel Próspero Morales, el general Daniel Fuentes Barrios y el licenciado Francisco Aguilar, expresidente del Congreso.
El coronel Roque Morales, jefe político y comandante de armas de Quetzaltenango, ordenó su captura y le exigió un préstamo de 15 mil pesos “para defender la ciudad”.
El economista e historiador José Molina Calderón dice que estos hechos influyeron “grandemente en la situación, que fue llevando a la pérdida de las propiedades de la empresa familiar” de los Aparicio.
Luis Alfonso Ortega, miembro de la familia Aparicio, escribió que “Don Juan Aparicio Mérida nació en la ciudad de Quetzaltenango, el 25 de febrero de 1856, y allí murió fusilado el 13 de septiembre de 1897, por efecto de la Revolución de Occidente y de la acción criminal de Manuel Estrada Cabrera, ministro de Gobernación, quien ordenó al telegrafista de la Casa Presidencial retener el telegrama del presidente (José María Reina Barrios) que impedía el fusilamiento”.
El filósofo e historiador guatemalteco Luis Enrique Pérez dice que, efectivamente, el presidente Reina Barrios ordenó suspender la orden de fusilamiento de Aparicio, pero que “El ministro de Gobernación, Manuel Estrada Cabrera, demoró la comunicación de la suspensión de la orden, con el fin de que Aparicio, con quien había tenido un conflicto por la compra de la Empresa Eléctrica de Quetzaltenango, fuera finalmente fusilado”.
Reina Barrios, asesinado
El 8 de febrero de 1898, el presidente José María Reina Barrios fue asesinado. Las autoridades identificaron como autor a Edgar Augusto James Zöllinger, ciudadano del Reino Unido nacido en Suiza.
El móvil del crimen habría sido ajusticiar al Presidente, quien había ordenado el fusilamiento de Juan Aparicio, a quien Zöllinger consideraba como su benefactor.
En la entrada a Quetzaltenango, un monumento a la Revolución de Occidente o Revolución del 97 cita entre los mártires a Juan Aparicio y Sinforoso Aguilar.
Con una decisión que refleja la imparcialidad judicial y el compromiso con la justicia conforme a los principios constitucionales, Eduardo Pantaleón, ex fiscal auxiliar del Ministerio Público (MP), fue absuelto de los cargos de incumplimiento de deberes y obstaculización a la acción penal por parte del Tribunal Décimo de Sentencia Penal.
La resolución emitida por el juez Erick Velásquez, en una audiencia celebrada este viernes en horas de la tarde, marca el cierre de un juicio que enfrentó Pantaleón, acusado de supuesto mal manejo del expediente del caso Libramiento de Chimaltenango.
El fallo del órgano jurisdiccional no solo exonera a Pantaleón, sino que también señala la necesidad de investigar el comportamiento de otros funcionarios del MP, como los exfiscales Lesly Anahí Pineda y Raúl Figueroa Méndez, implicados en el proceso.
«De acuerdo con la solicitud planteada en juicio y en virtud del análisis de la prueba presentada en el debate, se ordena certificar lo conducente si el actuar de Pineda es constitutivo del delito de abuso de autoridad. (…) Y que se investigue si el actuar de Figueroa y/o cualquier otra persona responsable del delito de obstaculización a la acción penal», precisó el juez Velásquez.
En declaraciones tras conocer el fallo, Pantaleón expresó la dificultad de enfrentar un proceso penal cuando parece que todo el sistema de justicia está en su contra. Sin embargo, subrayó su confianza en el sistema judicial y en la existencia de jueces independientes y objetivos.
«Como lo dije el 5 de mayo de 2022, aún confío en el sistema de justicia, aún hay jueces independientes y objetivos en este, y se vio hoy», afirmó.
Fotos: Norvin Mendoza
En una decisión que marca el cierre abrupto de un proceso judicial la jueza Abelina Cruz, del Juzgado de Mayor Riesgo D, anunció este viernes el sobreseimiento del caso Construcción y Corrupción, en el cual se involucraba al exministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi.
Cruz fundamentó su dictamen en la falta de probabilidad de demostrar los hechos planteados en la acusación durante un debate oral y público, conforme al artículo 328 del Código Procesal Penal.
El Ministerio Público (MP) había acusado a Sinibaldi de lavado de dinero en forma continuada, cohecho pasivo en forma continuada, financiamiento electoral no registrado en forma continuada y asociación ilícita. Sin embargo, durante la audiencia, la juzgadora cuestionó la fundamentación de cada uno de estos delitos presentada por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI).
Sinibaldi, tras conocer la decisión judicial, expresó su satisfacción al señalar que este es el cuarto caso en el que se le sobresee y que en otro se dictó la falta de mérito. Además, afirmó haber sido beneficiado en cuatro años contra lo que denominó “acusaciones políticas”.
Fotos: SCSPR
Un diálogo para definir cómo atender conjuntamente los principales problemas que aquejan a ciudadanos de los municipios del departamento de Retalhuleu sostuvo hoy el presidente Bernardo Arévalo y los jefes ediles de dicha región.
“Hemos escuchado cuáles son los principales retos de los alcaldes, y nosotros hemos trasladado nuestra visión de trabajo”, dijo el gobernante durante una conferencia de prensa ofrecida al final del encuentro.
Remarcó que la “reunión abre la puerta para un proceso conjunto con todos aquellos alcaldes que se comprometan en luchar contra la corrupción, trabajar con transparencia y por el desarrollo” de sus comunidades.
En la gira lo acompaña Sebastián Siero, jefe edil de Santa Catarina Pinula y presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades (ANAM).
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