Desde ayer, y por las próximas dos semanas, altos mandos de las policías de Guatemala, México, El Salvador, Honduras y Costa Rica participarán en un adiestramiento que les permitirá actualizar y fortalecer sus conocimientos en torno al manejo de asuntos relacionados con el control ciudadano.

La preparación, que prioriza la enseñanza de la doctrina de Derechos Humanos, es una muestra de la mentalidad de los gobiernos de la región sobre el comportamiento que prima entre los agentes del orden público al momento de resolver conflictos o agresiones de las que suelen ser víctimas.

La iniciativa, denominada Curso Regional de Formación de Formadores, adentrará a los oficiales, de manera intensiva, en los nuevos conceptos sobre el uso legítimo de la fuerza,
técnicas de control, reducción de riesgos y, principalmente, en el respeto de los derechos
humanos y en la aplicación de principios humanitarios en situaciones inesperadas.

Durante el actual Gobierno, la capacitación es uno de los elementos principales de la estrategia de Transformación Policial, la que pretende convertir a la Policía Nacional Civil (PNC) en una institución diferente, que refuerce el sistema democrático y la sana convivencia ciudadana.

El plan incluye una serie de cambios que fortalecerán las capacidades y las condiciones en las cuales se desempeñan los agentes, así como su relación con los vecinos.

“De esta manera, se busca garantizar que los mandos policiales estén siempre actualizados y preparados para enfrentar los desafíos del día a día”, explicaron las autoridades al momento de abrir el entrenamiento que, además, unificará comportamientos y facilitará el intercambio de experiencias y buenas prácticas entre las fuerzas del orden de América Latina.

El Organismo Ejecutivo está claro en que la lucha contra la criminalidad requiere de una continua modernización de equipo y conocimientos, pero, sobre todo, de mentalidades abiertas que tengan como centro de atención el respeto de las garantías individuales y colectivas.

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Los avances en la tecnología de impresión 3D aplicados a la medicina han hecho grandes aportes para la salud mundial. Hoy, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) se revoluciona al lograr que en el Hospital Regional de Occidente (HRO) sea habilitado el primer laboratorio con esta nueva herramienta digital.

Pero lo más loable es que la impresora 3D, que beneficiará a pacientes provenientes de Quetzaltenango, Totonicapán, Huehuetenango, Suchitepéquez, San Marcos, Sololá, Retalhuleu, Quiché y Escuintla, fue adquirida con fondos del Departamento de Ortopedia y Traumatología de dicho centro asistencial, por medio de actividades realizadas por los médicos residentes.

La vocación y la mística se han conjugado para coadyuvar con los programas del Gobierno en favor del mejoramiento de la calidad de vida de los guatemaltecos, y para los especialistas, el acceso a esta tecnología permite que puedan avanzar en los procesos hospitalarios, como obtener réplicas exactas de los órganos de los pacientes para anticipar posibles problemas durante la cirugía, entre otras ventajas.

Gracias a las impresiones 3D, producir los modelos de referencia son un proceso más asequible y sencillo, e indudablemente ayuda a los galenos a prepararse mejor para las operaciones, alcanzándose una importante reducción de tiempo y de costes en el quirófano, a la vez que se disminuye el tiempo de recuperación de los pacientes, para quienes se pueden hacer procedimientos y tratamientos más personalizados.

En definitiva, el cuerpo médico del HRO merece todo nuestro reconocimiento especial y una fuerte ovación por ser pioneros en el país en la implementación de este novedoso y primordial servicio.

Editor DCA

La inversión en el desarrollo social es, sin lugar a dudas, la máxima expresión de solidaridad y compromiso que tiene un gobierno con sus ciudadanos; sobre todo, cuando factores externos impactan la economía de miles de familias que perdieron trabajos o sienten los efectos inflacionarios que trajo consigo la invasión de Rusia a Ucrania.

Los vientos desfavorables causados por este enfrentamiento bélico, más los recortes en los sistemas de producción o el encarecimiento de los productos que generaron las medidas restrictivas que debieron aplicarse para enfrentar el Covid-19, han tenido repercusiones sin precedentes.

En el caso de Guatemala, estas dificultades se visualizaron como oportunidades para asistir a los connacionales mediante medidas y programas innovadores, pensados y realizados con un solo objetivo: ayudar a los guatemaltecos.

En este sentido, el actual jefe de Estado ordenó el impulso de una serie de acciones en busca de atender las demandas comunitarias. Una de ellas tuvo que ver con ampliar el número de beneficiados del Aporte Social de la Tarifa Eléctrica, con el fin de llegar a más hogares afectados por los incrementos en los precios de los combustibles.

De esa cuenta, la actual administración, por medio del Instituto Nacional de Electrificación (INDE), ha invertido Q2134.5 millones para respaldar a 14.3 millones de ciudadanos, quienes corrían el riesgo de perder un servicio vital.

Paralelos a este programa, se crearon varios que llegaron directamente a los bolsillos de los más necesitados. Las Transferencias Monetarias Condicionadas, un proyecto que fue ejemplo en América Latina, fue otra medida paliativa, así como los esfuerzos para llevar alimentos y medicinas a los más necesitados.

Ningún gobierno en el mundo se salva de padecer emergencias como la del coronavirus o la del enfrentamiento entre Rusia y Ucrania, pero los pueblos sí pueden ver una luz de esperanza cuando sus dirigentes se ponen en sus zapatos y se atreven a hacer los cambios pertinentes y correctos.

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