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COLUMNAS

Cada vez con más aliados

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Sebastián Toledo
guatemalaparatodos @gmail.com 

El diputado Edgar Batres, de la Comisión de la Familia en el Congreso de la República, convocó a líderes de organizaciones de personas con discapacidad para buscar la forma de apoyar el respeto y cumplimiento de los derechos de este sector. La iniciativa surgió porque el parlamentario conoció el caso de una niña que enfrentó dificultades para su inscripción en el Registro Nacional de las Personas (Renap), no obstante que dicha institución mantiene espacios de coordinación con el ente nacional de discapacidad.

Desde 2011, el Conadi inició con la capacitación del personal del Renap en la identificación de las diferentes condiciones de discapacidad, así como en las formas de apoyo que deben brindárseles cuando acudan a buscar los servicios de la institución. 

Se definió una guía básica para la identificación y registro de la discapacidad de cada persona en el DPI, siempre que fuera del consentimiento del interesado. Inclusive, el Renap firmó un convenio de cooperación interinstitucional con el Conadi, en el cual, además de lo anteriormente indicado, se establecieron acciones para facilitar la gestión de algunos emprendimientos de personas con discapacidad. Este incidente, puede deberse a la falta de seguimiento en la asesoraría a la institucionalidad pública en la temática de discapacidad.

Se definió una guía básica para la identificación y registro de la discapacidad de cada persona.

La medida de registrar la condición de discapacidad de las personas de esta forma en el DPI se aplicaría mientras se establece el protocolo de certificación, un esfuerzo en el que también ya se venía trabajando. Para el efecto, un grupo de expertos del Conadi, del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, los ministerios de la Defensa y de Salud Pública se había capacitado para definir e implementar el procedimiento de certificación.

En 2019, el Ministerio de Salud publicó el Acuerdo en el que se definieron los criterios y las responsabilidades institucionales para la emisión del certificado de discapacidad, acción que se vio interrumpida por la pandemia de Covid-19. Esta oportuna intervención del diputado Batres propicia un buen momento para retomar la iniciativa, con lo que se estaría dando cumplimiento al Artículo 31 de la Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, un proyecto que cada vez gana más aliados en el Legislativo.

Sebastián Toledo
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COLUMNAS

A las puertas de 25 años

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Sebastián Toledo
[email protected] 

En mayo de 1997, se registra en el país uno de los acontecimientos
de gran trascendencia en el abordaje de los derechos de las personas con discapacidad. Después de muchos años de lucha, se logra la conformación del Consejo Nacional Para la Atención de las Personas con Discapacidad (Conadi), que se constituye en la máxima institución de Estado responsable de coordinar, asesorar e impulsar la política nacional en materia de discapacidad.

Es un esfuerzo promovido esencialmente por las organizaciones de personas con discapacidad de la sociedad civil, donde jugaron un papel preponderante las asociaciones que representan a los excombatientes de la URNG y del Ejército.

Iniciaron todo un movimiento, primero para la aprobación de la Ley de Atención a las Personas con Discapacidad; luego, la integración de un ente capaz de asumir el liderazgo para coordinar las acciones de país en esta materia.

Después de 25 años de intensa lucha, es fácil percatarse de que se han dado importantes pasos en la consolidación de este ente coordinador.

Desde los inicios, se buscó potenciar el liderazgo de la dirigencia del colectivo, en coherencia con orientaciones y mandatos de instrumentos de derechos humanos, ya que se generaron espacios para la inclusión de representantes del sector en los órganos de decisión.

Después de 25 años de intensa lucha, es fácil percatarse de que se han dado importantes pasos en la consolidación de este ente coordinador, pero aún deben satisfacerse algunas expectativas.

A las puertas de 25 años de trabajo, el Conadi cuenta con un presupuesto básico para su funcionamiento, así como el financiamiento de iniciativas de coordinación y asesoría de políticas públicas incluyentes.

Dispone de una capacidad física y humana instalada en el territorio nacional, pero aún hace falta consolidar el movimiento asociativo de personas con discapacidad y sus familias, para que sea un ente altamente representativo.

Es conveniente que la dirigencia del Conadi realice una evaluación para medir el impacto de su gestión técnica, administrativa y política, pues se tienen algunos avances, pero deben adoptarse acciones para afianzarlos y promover su institucionalización en el ámbito municipal.

Ya que la mayoría de servicios y programas de apoyo a esta población se sigue ejecutando desde los centros urbanos, no obstante que el 62 por ciento de las personas con discapacidad se encuentra en las áreas rurales.

Colaborador DCA
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COLUMNAS

La “amenaza fantasma” de los criptoactivos (II)

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Eduardo Valpuesta
Director del Máster en Derecho Digital de la Universidad de Navarra

Y este posible colapso puede no ser tan lejano si tenemos en cuenta que el valor de estos criptoactivos es puramente convencional, sin ningún respaldo patrimonial real: valen lo que se paga por ellos simplemente porque hay personas que están dispuestas a pagarlo, no porque exista un subyacente que justifique una mayor o menor riqueza.

Y otro gran peligro son las estafas cometidas a través de ”intermediarios” que operan de forma fraudulenta (hallándose sub iudice casos como los de Arbistar, Kuailian o MindCapital). El colmo de estos fraudes también se ha publicado estos días: la propia CNMV ha alertado del envío de correos suplantando su identidad para ofrecer la venta de criptomonedas a los destinatarios.

Muchos pequeños inversores contemplan estas operaciones sobre criptomonedas con ilusión

El problema no es solo el alto riesgo de volatilidad y los posibles fraudes, sino también la falta de regulación de las criptomonedas y la falta de supervisión de los intermediarios de estos mercados. Existe un proyecto de regulación para la Unión Europea (el llamado Reglamento MiCA), presentado a fines del año pasado, pero hasta su aprobación (prevista en dos años más) seguimos con una actividad no regulada.

Los criptoactivos no son ilegales, ni fraudulentos per se, pero su alegalidad y otras características de estos mercados “cripto” (como el anonimato de las transacciones, o la dependencia de unas tecnologías que no siempre están suficientemente testadas, ni son inmunes a ataques cibernéticos) introducen demasiados factores de inestabilidad.

Muchos pequeños inversores contemplan estas operaciones sobre criptomonedas con ilusión, como una alternativa a productos de inversión que hoy en día ya no tienen la rentabilidad de antaño. Y es posible que para muchos realizar estas operaciones suponga una actuación “antisistema”, una protesta frente a los mecanismos financieros clásicos “capitalistas”.

Además las entidades de crédito parece que también quieren participar en ese “reparto” del pastel y entrar en el asesoramiento e intermediación en la negociación de criptoactivos, lo cual las dotaría de una mayor apariencia de “seriedad”.

Pero la “tarjeta amarilla” que la CNMV mostró a un conocido exfutbolista por hacer publicidad de cierto intermediario en criptoactivos constituye el ejemplo de que no todo vale en estos mercados tan arriesgados y faltos de regulación y supervisión.

Los criptoactivos (y especialmente las criptomonedas) constituyen una “amenaza fantasma” para el mercado financiero, porque sin formar parte del mismo (no financian ninguna actividad empresarial) pueden incidir fuertemente en su credibilidad y estabilidad.

Universidad de Navarra
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COLUMNAS

Alternancia en el Directorio de la CNEE

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Ángel jesús García
Director Comisión Nacional de Energía Eléctrica
[email protected]

Apocos días de entregar como director de la CNEE, agradezco a Dios, a Guatemala, al Sector Eléctrico y a los colegas en la Comisión por la oportunidad de servirles, así como por el conocimiento adquirido sobre la forma de trabajo de las organizaciones estatales, en especial esta que, siéndolo, tiene características propias que la hacen diferente.

La CNEE, aún siendo estatal, su fuente de financiamiento no es del presupuesto de la nación lo que la obliga a mantener una atención especial en los factores que para las organizaciones privadas son clave: el buen manejo de los ingresos y los egresos.

La CNEE debe administrarse considerando la eficiencia operativa como guía de acción, aún dentro de las limitaciones administrativas y la burocracia que impone la gestión estatal.

La CNEE es una entidad técnica concebida para alcanzar sus objetivos a partir de la toma de decisiones como cuerpo colegiado.

La CNEE es una entidad técnica concebida para alcanzar sus objetivos a partir de la toma de decisiones como cuerpo colegiado; es decir, que sus decisiones deben ser racionales y limitadas a su mandato general que es cumplir y hacer cumplir la Ley General de Electricidad (LGE).

Las decisiones deben tomarse bajo criterios claros y razonados y no bajo el efecto de las emociones ni de suposiciones, excluyendo también la inclusión de consideraciones no contempladas en el marco legal. Su accionar debe limitarse al cumplimiento estricto de lo que la ley manda.

Al conformarse como un cuerpo colegiado integrado por expertos, refuerza y facilita apartarse de lo emotivo y enfocarse en lo racional, ya que la calidad que deben tener sus integrantes garantiza que la discusión de los temas sea de alto nivel y que por lo mismo lo resuelto coadyuve a la sostenibilidad del subsector eléctrico.

Este cuerpo colegiado se conforma por un integrante propuesto por los agentes del mercado mayorista (inversionistas), otro por el sector académico y el tercero por el MEM. Esto garantiza la discusión de los temas con puntos de vista integrales: la certeza jurídica como interés básico de los agentes, las buenas prácticas técnicas y jurídicas como aporte principal de la academia y el enfoque con la política energética del Estado como aporte principal del MEM.

La figura de cada uno de los tres directores es en calidad de integrante y no de representante; es decir que el particular punto de vista y formación de cada uno está supeditado al mandato de cumplir y hacer cumplir la LGE, por lo que el mandato es superior a su forma personal de ver las cosas. El próximo directorio de la CNEE tendrá retos importantes a enfrentar durante su gestión, destacando los siguientes: Conclusión del proceso de licitación PEG-4 ya iniciado e inicio y culminación del proceso de licitación PEG-5.

Seguimiento a la expansión del sistema de transporte. Definición de los nuevos pliegos tarifarios para las tres distribuidoras establecidas en el país, incluyendo la evaluación de la integración de redes establecidas en el Artículo 71. Asegurar el adecuado funcionamiento de los procesos internos de la CNEE y con ello asegurar el cumplimiento de sus obligaciones legales.

Asegurar la evolución de los parámetros de calidad del servicio que se encuentran deficientes hasta alcanzar los parámetros mínimos definidos en la normativa vigente, actualizando la misma en la medida que sea necesario. Mantener los parámetros de transparencia que permitan demostrar la validez técnica de las decisiones tomadas.

El marco legal establece los requisitos necesarios para garantizar la calidad profesional de los integrantes del directorio por lo que, considerando dicha calidad profesional como garantizada, solo resta que se preste la máxima colaboración interinstitucional entre los diferentes gremios e instituciones que conforman el subsector eléctrico para seguir cosechando éxitos para el beneficio de nuestro país y sus habitantes.

Colaborador DCA
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Gobierno de Guatemala

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