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Asume presidencia de CC en medio de señalamientos

Magistrado Nester Mauricio Vásquez Pimentel enfrenta acusaciones de corrupción y manipulación de elecciones en la CSJ.

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En medio de señalamientos nacionales e internacionales, así como manifestaciones en su contra por parte de sectores de la sociedad civil, Nester Mauricio Vásquez Pimentel asumió ayer la presidencia de la Corte de Constitucionalidad (CC).

El abogado y notario fue electo como magistrado titular de la CC por el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), en 2021, y dirigirá el máximo tribunal durante un año, como se establece en el Artículo 271 de la Carta Magna.

La Constitución indica que “la Presidencia de la Corte de Constitucionalidad será desempeñada por los mismos togados titulares que la integran, en forma rotativa, en período de un año, comenzando por el de mayor edad y siguiendo en orden descendente”.

El primero de los funcionarios de la VIII Magistratura en ocupar el cargo fue Roberto Molina Barreto, en 2021; le siguió Dina Ochoa Escribá, en 2022. En 2023 asumió Héctor Hugo Pérez Aguilera; este año le corresponde a Vásquez Pimentel, y en 2025 a Leyla Lemus.

Antecedentes negativos

Vásquez Pimentel cuenta con un historial que no le favorece. En julio de 2021 fue incluido en el listado de personas corruptas y antidemocráticas de Estados Unidos. La percepción ciudadana es que sus resoluciones han favorecido a actores vinculados con corrupción.

Según el abogado Edgar Ortiz, las acusaciones contra Vásquez Pimentel, que son de conocimiento público, no deberían incidir en las decisiones de la Corte, que es un órgano colegiado, en el que él solo es una de las cinco autoridades.

De igual forma, indicó que se esperaría que la “voluntad del magistrado sea hacer las cosas de mejor manera”, especialmente porque en las próximas semanas se iniciará el nuevo proceso para la elección de jueces de Salas de Apelaciones y de la CSJ.

Lo cuestionan


Mientras estaba por iniciar la ceremonia de toma de posesión, que se llevó a cabo en la Gran Sala Efraín Recinos, del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, un grupo de ciudadanos manifestó contra el funcionario. Los inconformes recordaron los señalamientos que pesan contra él, en Guatemala y EE. UU.

La población exigió que las acciones del togado sean apegadas a derecho e imparcial en el ejercicio de su cargo.

Al entregar la presidencia, Pérez Aguilera aseguró que durante su período se garantizó la alternabilidad del poder y el respeto a la voluntad de la ciudadanía, con lo cual la CC cumplió con su obligación de salvaguardar el orden constitucional del país.

Por su parte, el titular entrante del alto tribunal afirmó que protegerá los derechos y garantías constitucionales de todos y velará por el restablecimiento de estos, en caso sean vulnerados.

Contrario a otras ocasiones, cuando a esta actividad asisten los presidentes de los tres organismos de Estado, esta vez el mandatario Bernardo Arévalo estuvo ausente. Desde la mañana, el Ejecutivo descartó la participación del gobernante en el acto.

Formación, cargos y acusaciones

Nester Mauricio Vásquez Pimentel es doctor en Derecho Constitucional por la Universidad Mariano Gálvez; maestro en Derecho Penal por la Universidad San Carlos y licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales; abogado y notario por la misma casa de estudios superiores.

Entre su experiencia profesional destacan los cargos que ha ocupado como magistrado titular de la Corte de Constitucionalidad, para 2021-2026; togado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), entre 2014 y 2019; presidente de la Cámara de Amparo y Antejuicio de la CSJ, de 2015 a 2016, y titular de la CSJ, para el período 2018-2019, entre otras funciones.

En 2021, el Gobierno de Estados Unidos lo incluyó en la Sección 353 (b) de la Ley de Asignaciones del Departamento de Estado, Operaciones Extranjeras y Programas Relacionados, conocida como la Lista Engel de actores corruptos y antidemocráticos, por haber “socavado las instituciones o procesos democráticos al abusar de su facultad para incluir de manera indebida y manipular la designación de jueces en altos tribunales”.

Asimismo, fue vinculado al caso de Comisiones Paralelas 2020, luego de que se descubrió una nota en un documento que evidenciaría que fue beneficiado al asumir el cargo en la CSJ, según informes e investigaciones de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), del Ministerio Público (MP).

En su pesquisa, la FECI lo señaló de los delitos de tráfico de influencias, violación a la Constitución y asociación ilícita, por sus actividades como comisionado de postulación para magistraturas de Salas de Apelación. No pudo ser investigado porque la CSJ y la CC rechazaron la petición del MP.

Luis Carrillo Fotógrafo: Mariano Macz
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Declaran emergencia sanitaria nacional por dengue

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Una emergencia nacional por la epidemia del dengue declaró, a partir de hoy, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), ante la epidemia del dengue que es trasmitido por el vector Aedes Aegypti.

“Los organismos e instituciones públicas centralizadas y descentralizadas, autónomas, semiautónomas, municipales, privadas, organismos no gubernamentales y comunitarios, cuya competencia u objeto es la gestión de acciones de salud deberán coordinar con el MSPAS “la planificación y desarrollo de acciones de promoción, prevención y manejo de crisis para la mitigación del daño y control de factores ambientales de riesgo”, refiere el acuerdo ministerial 152-2024, que se publica hoy en el diario oficial.

De enero al 20 de abril, se habían registrado 14 mil 697 casos de esta enfermedad, 14 por zika y 21 por chikungunya. Además, se contabilizaban 19 de dengue grave, de los cuales nueve fallecieron, según el MSPAS.

Hasta la fecha indicada habían 12 direcciones departamentales de redes integradas de servicios que sobrepasan la incidencia nacional, siendo estas Zacapa, Jutiapa, Santa Rosa, Sacatepéquez, Baja Verapaz, Quetzaltenango, El Progreso, Escuintla, Jalapa, Chiquimula, Petén Norte y Suchitepéquez, se precisó.

Rodrigo Pérez Fotógrafo: Archivo
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Binomio presidencial no podrá ser investigado

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Las solicitudes de antejuicio promovidas por el Ministerio Público contra el presidente Bernardo Arévalo y la vicegobernante Karin Herrera fueron rechazadas por la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

La acción también fue dirigida contra dos diputados electos por el Movimiento Semilla; todos, señalados en el caso Toma de la Usac. Sin embargo, con la resolución de los magistrados de la CSJ, el jefe de Estado, la vicemandataria y los parlamentarios no podrán ser investigados.

La acción para el retiro de la inmunidad del binomio y los legisladores son por señalamientos de la Fiscalía de Delitos contra el Patrimonio Cultural de la Nación, por el caso Toma de la Usac: Botín Político. La citada instancia del MP aseguró que Arévalo y Herrera incitaron en 2022 a que se mantuviera, por la fuerza, la toma del Campus Central de la Usac.

La acción fue solicitada el 17 de noviembre de 2023, para efectuar una investigación en contra de los dignatarios, por los delitos de usurpación de forma agravada, depredación de bienes culturales y asociación ilícita.

Además de las solicitudes planteadas contra Arévalo y Herrera, también se pidió el retiro de antejuicio de los diputados Samuel Andrés Pérez Álvarez y Raúl Amílcar Barrera Robles, del Movimiento Semilla.

Insiste

Luego de conocerse la resolución de la CSJ, la Fiscalía de Delitos Contra el Patrimonio de la Nación indicó: “Debido a que en algunos de los casos hubo cambio en las condiciones respecto a los cargos y en virtud de que desde noviembre a la fecha se tiene más elementos y nuevos avances, se estarán presentando nuevas solicitudes de retiro de antejuicio”.

Redacción DCA Fotógrafo: Archivo
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48 cantones piden retirar a jefa del MP

Ejecutivo analiza llamar a consulta popular para remover a Consuelo Porras.

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El reemplazo inmediato de la fiscal general y jefa del Ministerio Público (MP), Consuelo Porras, y de otros “actores corruptos” pidió ayer la Junta Directiva del Concejo de Alcaldes Comunales de los 48 cantones de Totonicapán, en una conferencia de prensa frente al Palacio Nacional de la Cultura.

“Vemos con mucha preocupación que durante este tiempo han hecho falta acciones concretas. Empezando por el tema prioritario, por el cual estuvimos en resistencia más de 100 días, que es la destitución de Porras; Rafael Curruchiche, jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, la fiscal Cinthia Monterroso y el juez Fredy Orellana”, afirmó Edin Zapeta Tzul, presidente de la citada organización.

De esa cuenta, la entidad ancestral demandó, entre otras aspectos, “la pronta destitución de la jefa del MP y los jueces aliados de la impunidad y la corrupción”.

Mientras, el presidente Bernardo Arévalo indicó que se considera convocar a una consulta popular, “en el marco de las distintas acciones legales para liberar a la Fiscalía de la red político económica e ilegal que en este momento la tiene controlada”. Remarcó que la posibilidad está en estudio. “Sería un último mecanismo si no funcionan los demás”, explicó Juan Gerardo Guerrero, secretario general de la Presidencia.

¿Es viable?

Según el Movimiento Unidos por la Democracia, remover a Porras tras un referéndum es legalmente posible. Cita que el Artículo 173 de la Constitución establece que “las decisiones políticas de especial trascendencia deberán ser sometidas a procedimiento consultivo de los ciudadanos” y que el plebiscito puede ser solicitado por el Presidente o el Congreso de la República.

También, señala que la Carta Magna en su Artículo 251 establece que el gobernante puede remover al Fiscal General “por causa justificada, debidamente, establecida”.

Alfonso Cabrera, exconstituyente, citó los mismos artículos y agregó el 141 que indica que “la soberanía radica en el pueblo, quien la delega, para su ejercicio, en los organismos Legislativo, Ejecutivo y Judicial”.

Se buscó a varios exmagistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) para que expusieran cuánto tiempo lleva organizar una consulta popular y cuánto cuesta, pero no respondieron las llamadas telefónicas.
El último referéndum en el país fue el 15 de abril de 2018, por el diferendo territorial entre Guatemala y Belice. Esta actividad le costó a la ciudadanía 300 millones de quetzales.

Encuentro con AMLO

El gobernante Bernardo Arévalo informó que la cita con Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente de México, será a finales de mayo.

“Estaremos reuniéndonos en la ciudad de Tapachula; parte de la discusión va a centrarse en temas de seguridad fronteriza y estaremos acompañados de los ministros correspondientes para aprovechar esta oportunidad de tener un diálogo lo más fructífero y concreto posible”, refirió.

Otras demandas

Incluir a los pueblos maya, xinca, garífuna y mestizo en la distribución y ejecución de un presupuesto codificado, según la inversión necesaria entre estos.

Inyectar capital en infraestructura productiva, vial y de energía eléctrica en áreas de concentración de pobreza.

Construcción de hospitales con médicos especializados en los municipios convergentes.
Fortalecimiento de la micro, pequeña y mediana empresa rural.

Destituir a funcionarios públicos que han aprovechado su posición para beneficios personales, específicamente el viceministro de Energía y Minas, Edwin Mazariegos (despedido anoche por el Ejecutivo), y en entidades donde se han identificado situaciones similares.

Esfuerzo contra desnutrición

El gobernante Bernardo Arévalo comentó que hoy se lanzará, en Colotenango, Huehuetenango, una iniciativa intersectorial para la reducción de la pobreza y malnutrición.

La estrategia “abrirá las puertas para mejorar la calidad de vida de las personas”, aseguró el jefe de Estado. El plan es liderado por la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Sesan) y el Ministerio de Desarrollo Social (Mides).

Reuniones con alcaldes

Los encuentros con los jefes ediles del país, en conjunto con la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam), buscan identificar mecanismos para que el Ejecutivo apoye la mejora de la calidad de vida de los pobladores del interior del país, dijo el mandatario Bernardo Arévalo.

“Un desarrollo tiene que ser entendido en obra pública, acceso a educación, salud, condiciones para que haya agua y saneamiento, vías de comunicación y todo aquello que genera el bienestar de los guatemaltecos”, enfatizó.

Rodrigo Pérez Fotógrafo: Norvin Mendoza
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