“Rechazamos cualquier propuesta de Deorsa y Deocsa, distribuidoras de Energuate, que pretenda que los usuarios paguen de su bolsillo el costo por el robo de la energía eléctrica, así como cualquier cobro adicional para programas que utilicen como argumento la conflictividad social”, manifestó José Cotí, miembro de la Asociación de Accionistas Minoritarios de Energuate (Asacen), en la conferencia de prensa que ofreció junto a otros integrantes.

Asimismo, hizo un llamado a la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE) a que dé marcha atrás a la consideración o aprobación del programa de inversión de Energuate, para la prevención y combate a las pérdidas no técnicas, pues con ello se le trasladaría un cobro de US $11 millones anuales a los usuarios por los próximos cinco años.

El pasado martes, la CNEE afirmó que no ha aprobado ningún traslado a las tarifas de los usuarios del servicio de energía, por concepto de robo de energía ni por conflictividad.

Agregó que en los pliegos tarifarios emitidos el 28 de junio 2019 se reconocieron y aprobaron los porcentajes de pérdidas máximas de energía y potencia (Pérdidas Técnicas + Pérdidas No Técnicas), los cuales se mantienen en los mismos niveles de pérdidas máximas reconocidas en los últimos 10 años.

Por ejemplo, en el pliego tarifario y Valor Agregado de Distribución (VAD), para el quinquenio 2019-2024, la CNEE estableció en 12 % las pérdidas de energía para Deocsa y en 11 % para Deorsa. Estos valores se mantienen desde la aprobación del pliego 2009-2014.

Sin embargo, en los pliegos tarifarios recién aprobados, la CNEE consideró a futuro un posible reconocimiento de costos por un programa de inversión para prevenir y combatir las pérdidas no técnicas.

“En dicho programa se contemplan las inversiones necesarias para continuar las acciones de prevención y reducción de consumos no autorizados de energía eléctrica, así como del impago por la prestación del servicio de distribución, hasta un límite máximo anual. Los costos e inversiones que se realicen podrían ser considerados en el cálculo tarifario, siempre y cuando las distribuidoras demuestren fehacientemente la ejecución de las inversiones y los resultados obtenidos de dichos programas”, expuso el ente regulador.

Intervención

Otra de las solicitudes de los miembros de Asacen, que representarían el 20 % de las acciones totales de Energuate, es que dicha empresa sea intervenida, pues a consideración de David López, presidente de dicha asociación, existe incompetencia de parte de los ejecutivos de administrar las distribuidoras, porque hace dos años realizaron una reducción de capital argumentando que había un excedente del mismo, lo que generó una baja en el valor nominal de las acciones.

De acuerdo con López, sus acciones se cotizan a Q0.10. “Solicitamos al socio mayoritario I Squared Capital, el despido de altos ejecutivos de la compañía, así como de los miembros del consejo de administración, ya que  han demostrado su incapacidad para administrar eficientemente las operaciones de la empresa”, dijo Cotí.

Brenda Jiguan