COLUMNAS
La única posibilidad de cambio
Omitir el debate sobre los distritos pequeños, equivale a no tener debate alguno. Los distritos electorales para elegir diputado deben ser pequeños y en cada distrito elegirse un solo diputado de tal forma que los candidatos ganen o pierdan. Una sola la diputación en disputa y, en consecuencia, uno sólo el ganador.El diputado electo, así –uno solo el electo– tendrá bien claro a quienes les debe el triunfo –los electores– y representará a su distrito (léase, a los electores de ese distrito) consciente de sus intereses, principios y valores para quienes tendrá –si quiere ser reelecto– la mejor de las lealtades.
La campaña electoral de los candidatos a diputado cuando el distrito es pequeño –esto es algo que cae de su peso– resulta muchísimo más barata que las campañas –las mega campañas– que actualmente se realizan y que, como lógica consecuencia, dan el monopolio electoral a aquellos candidatos y organizaciones más pudientes; Caras y largas las campañas. En un distrito pequeño –aproximadamente 60 mil sus electores, se podrá obtener el triunfo –mayoría absoluta– con 15 mil votos válidos, sin fórmulas raras y hacer contacto con un número tal electores en noventa días (duración máxima que debería tener la campaña electoral) es algo posible, incluso, estrechándoles la mano. Esa es la gran diferencia entre el sistema de distritos pequeños y el actual: menos los recursos económicos necesarios y, en consecuencia, menos los compromisos económico, mayor contacto personal entre los candidatos y los electores, certeza –a ciencia cierta– para el elector, de quién es su diputado y, para el diputado, de quiénes son sus electores.
Y, por cierto, aunque ya canse la pregunta ¿Quién es su diputado? ¿Quiere Usted saberlo? Pues si es así, no tiene alternativa: opte por el sistema de distritos pequeños, el único que, reitero –sin oscuros artificios– permite que lo sepa: uno sólo el diputado a elegir y uno sólo, el electo: El ganador (el que obtiene más votos). Obviamente que habrá candidato que gaste cantidades industriales en su campaña pero, si el distrito es pequeño, ese dinero en exceso carecerá de importancia ya que aquel que no lo tenga, con recursos incluso modestos, puede hacerla de excelencia. Si el distrito es pequeño, el elector tendrá la ocasión de evaluar mejor a los distintos candidatos e, incluso, de conocerles personalmente y los candidatos, además de ese mismo contacto y conocimiento recíproco, tendrán más claras las necesidades, las pretensiones y las expectativas de sus electores.
Los distritos pequeños –sin necesidad de dádivas– llevarán al Congreso de la República a la Guatemala indígena y así veremos, finalmente, un Congreso plurinacional, representadas en él todas las naciones. También, existiendo distritos donde existe población migrante, los migrantes tendrán diputados. La clave para que el diputado conserve lealtad con sus electores –con sus principios e intereses– es que estos tengan la posibilidad de premiarle (la reelección, el premio) o de castigarla (la no reelección, el castigo). Si el Congreso es el pueblo en él representado, podremos darle los máximos poderes ya que se tratará, entonces, del pueblo mismo quien los tenga y quien los ejercite: el Congreso –el Pueblo– será el verdadero contralor político de la sanidad del Estado. La alternativa es clara, introducimos los cambios que de verdad implican cambio o seguiremos en lo mismo.
Hubo Presidente de la Corte Suprema de Justicia –bofetada al Congreso– que le dio las gracias al Presidente de la República por haberle designado y lo hubo también que se las dio a los Secretarios Generales de los Partidos Políticos –bofetada al Congreso– por hacer, de una forma distinta, exactamente lo mismo. Hoy –bofetada al Congreso– se busca una vez más excluir al Congreso –al pueblo, puesto que aquel es el propio pueblo si el sistema de los distritos pequeños se introduce– de la elección de Magistrados y que las gracias se le den al “Consejo Supremo de Justicia” –o esperpento semejante– el pueblo – como siempre, entonces ajeno a la elección de Magistrados. Para que exista un cambio no valen los chapuces –repetición de lo mismo– sino permitir un equilibrio político distinto surgido de los votantes, en distritos pequeños y que el Congreso, así, a partir de entonces, y sólo entonces, se trate del propio pueblo en él representado, terminando con el monopolio que ejercen los partidos políticos, candidato en su distrito todo aquel que quiera serlo y dos años, su mandato. ¿Cambios del diente al labio –chapuces– para permanecer en lo mismo? ¡Por favor!
En esta línea, en la era tecnológica presente, la complejidad del mundo actual ha llevado a expertos en las ramas más diversas a definir teorías, técnicas, métodos o conceptos que puedan llevar al éxito a la gestión pública. La idea preconcebida de que las políticas públicas corresponden a acciones decididas, llevadas a cabo y autorizadas por el Estado, representado por el Gobierno, de cara a proteger o promover un bien considerado como de interés público, ha dado paso a una sistemática evolutiva en que la administración pública se comporta como una empresa privada que busca satisfacer de la mejor manera las necesidades de sus clientes.
Con ello, se busca que la gestión pública se aproxime a lo administrado, de forma que este se sienta parte de ella que permita aumentar la satisfacción percibida por la sociedad respecto de sus servicios públicos.
Una sociedad sin una eficiente gestión pública es una sociedad desarticulada y sin capacidad de gestionar la voluntad de sus ciudadanos, sin instituciones públicas, un grupo humano no es una sociedad, es algo más parecido a una horda. Por lo que, parece más cierto es que es imprescindible y que lo que debe suceder es que paulatinamente mejore en la gestión que realiza y que es su razón de ser.
Su valor estriba fundamentalmente en el conjunto de vivencias que tiene en el desarrollo de la sociedad y que son la materia prima para categorizarla como una de las modalidades de la acción gubernamental. En este sentido, el mundo de la administración pública son los hechos sociales, políticos y gubernamentales. Distante de ellos se convierte en una caja de pandora. Su organización y funcionamiento tienen justificación en las relaciones de sociabilidad que configuran a la comunidad civil y política.
Por tanto, el espacio y el tiempo que les corresponden determinan su modo de obrar en el cumplimiento de las tareas relacionadas con el orden, la seguridad, la promoción económica y el bienestar social.
En el claro devenir del futuro, el desarrollo científico y tecnológico, la formación de la nueva economía, la vigencia de la sociedad del conocimiento y la democratización del poder son rubros que tienen elementos no convencionales, que están influyendo en el desempeño propio de la gestión
pública.
El irrespeto a los derechos laborales, así como la malnutrición y la pobreza, son solo algunos de los males que afectan a la sociedad guatemalteca, aspectos ante los que el gobierno encabezado por el presidente Bernardo Arévalo y la vicegobernante Karin Herrera enfocó sus esfuerzos durante las útimas horas.
Ayer, en un inusual acto, Arévalo recibió, frente al Palacio Nacional de la Cultura, a los líderes de sindicatos que participaron en la marcha por la conmemoración del Día Internacional del Trabajo, de quienes recibió demandas de crear los mecanismos que permitan mejores condiciones laborales, protección social, seguridad ocupacional y respeto a las actividades sindicales. Ante ellos y miles de asistentes que se dieron cita en la Plaza de la Constitución, el mandatario renovó su compromiso con los valores fundamentaltes de la democracia y la justicia social.
“Nos seguimos enfrentando a la mezquindad de quienes quieren que todo permanezca igual, de quienes se enriquecen a costa del pueblo, satisfechos y temerosos de perder sus privilegios, esa élite político criminal corrupta que ha cooptado las distintas instituciones del Estado y que se resiste a abandonarlas, a pesar del veredicto del pueblo en las urnas”, refirió el jefe de Estado al dirigirse a la multitud.
Horas antes de refrendar su compromiso con la clase obrera, Arévalo y Herrera lanzaron una ofensiva contra la pobreza y la malnutrición en siete municipios, tres de Huehuetenango, así como uno en los departamentos de Totonicapán, Chimaltenango, Sololá y Quiché. El programa, en el que están involucradas nueve instituciones estatales y que busca llevar adelante “una nueva posiblidad para vivir mejor”, se ampliará progresivamente hasta alcanzar los 114 municipios priorizados por sus niveles de pobreza y desnutrición.
El Gobierno está consciente de la “misión trascendental” que tiene por delante, pero, pese a los obstáculos que debe afrontar producto del deterioro institucional que encontró el binomio presidencial al asumir funciones, impulsa acciones para combatir los flagelos que enfrenta la sociedad, pues se siente acompañado por el pueblo de Guatemala al que se debe, toda vez que “la mayoría de guatemaltecos se cansó de ser estafada por esa estirpe de políticos corruptos, esa gente que se sabe merecedora de un futuro mejor y que está dispuesta a participar activa y honradamente en su construcción”, como lo afirmó Arévalo.
Joseph Dotu
Asociado de inclusión de la juventud,
OCR Guatemala
La cuestión de la seguridad en el trabajo es un tema de salud pública que se presenta a nivel global. Cada año, los accidentes y enfermedades en el trabajo causan la muerte de cerca de 2.9 millones de trabajadores, y 402 millones de personas se quedan con lesiones. Este problema no genera solamente un costo humano, sino también económico, que está estimado en un 4 por ciento del producto interno bruto mundial anual, casi 3 billones de dólares, según informes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Frente a este reto, los Estados adoptaron compromisos internacionales con el fin de proteger la fuerza laboral en el mundo. Entre estos está el Pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales (1966) que en su Artículo 7b estipula que “los Estados Parte en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que le aseguren en especial […] la seguridad y la higiene en el trabajo”.
En 2015, al adoptar la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, los Estados declararon que este tema seguía siendo una prioridad compartida, al enfocar el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) número 8 en el trabajo decente y las condiciones laborales. En la meta 8 de este ODS, los Estados miembros de la ONU resaltaron la importancia de “un entorno de trabajo seguro y sin riesgos para todos los trabajadores, incluidos los migrantes, en particular las mujeres y las personas con empleos precarios”. Para visibilizar estos temas, en 2003 la OIT declaró el 28 de abril como el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo. Esta conmemoración sirve para sensibilizar sobre la seguridad en el ámbito profesional e impulsar medidas de prevención de los accidentes en el trabajo, así como las enfermedades relacionadas con las diferentes profesionales.
Sin embargo; actualmente, ningún Estado ha alcanzado condiciones de trabajo seguras y saludable, para toda su fuerza laboral. El camino para mejorar el entorno laboral sigue siendo largo para muchos países, entre ellos, Guatemala. Dentro de la sociedad guatemalteca, las personas jóvenes son muy vulnerables a los riesgos laborales, especialmente las mujeres y los pueblos indígenas. Entre enero y octubre de 2023, 1 mil 096 accidentes laborales fueron registrados en Guatemala, principalmente en los sectores de la agricultura y de la industria, según fuente del Ministerio de Trabajo. En 2022 la tasa de informalidad laboral era de 70.8 por ciento, superando la tasa promedio de Latinoamérica, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Eso implica que las personas no siempre pueden cotizar a la seguridad social y tanto se quedan sin cobertura en caso de accidente. Además, se dificulta el control del cumplimiento de las normas laborales, generando un riesgo para la seguridad. La informalidad afecta particularmente a las personas jóvenes. El 73.9 por ciento de las personas entre 13 y 30 años, ocupadas y asalariadas, reportaron trabajar sin el respaldo de un contrato, según fuentes oficiales en una encuesta publicada en 2020 por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa). Esta tendencia se agudiza para las personas jóvenes, de pueblos originarios, que tienen tres veces menor probabilidad de trabajar con contrato laboral, que las personas de otros grupos. Las mujeres enfrentan otro reto: el 68.7 por ciento de las jóvenes declaró encontrarse en situación de inactividad, en comparación con únicamente el 29.2 por ciento de los hombres jóvenes. Esta tendencia se explica, entre otros factores, debido a discriminaciones históricas que han sufrido estos grupos. Estos trabajos ayudan a millones de personas a no caer en la pobreza aguda. La fuerza laboral informal se distingue por salir adelante, a pesar de las barreras estructurales a las cuales se enfrenta. Es importante que esta dimensión sea incluida en el diseño de políticas públicas, para no dejar a nadie atrá
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