La conflictividad en el país se origina principalmente por problemas históricos derivados del acceso a la tierra; sin embargo, en lo que va del año la situación ha estado estable, incluso con 19 casos menos que el año pasado, explicó el secretario de Asuntos Agrarios de la Presidencia, quien en la siguiente entrevista destaca que el principal logro ha sido que no ha habido muertes por estos problemas sociales, gracias a la asistencia  y a  la intervención oportuna del gobierno del presidente Jimmy Morales.

¿Cuál es la situación actual?

La problemática de conflictividad agraria está relacionada con el acceso a la tierra, que  ha sido un problema estructural que viene de gobiernos anteriores, con saldos trágicos de pérdida de vidas humanas, lo que el actual gobierno del presidente Jimmy Morales ha tratado de evitar y ha logrado.

¿A qué se debe que no se ha complicado esta situación?

En las funciones designadas no está contemplado, ni en los planes operativos ni en los esquemas de planificación, la protección de la vida humana en la conflictividad agraria. Sin embargo, hoy por hoy, se puede afirmar con satisfacción que no se han producido pérdidas humanas, esto porque se atiende en tiempo los problemas que surgen diariamente.

¿Implica que la conflictividad ha mermado?

Tanto así no, pero, en líneas generales, la conflictividad ha estado estable, se sostiene, y no hay incremento de casos que impacten realmente la gobernanza de las comunidades rurales.

¿Las fincas por extinción de dominio pasan al campesino?

Sí. Es algo que no se conoce bien, pero es un hecho que el Gobierno, dentro de su Política Agraria, ha tomado muy en cuenta los bienes de extinción de dominio para la solución del conflicto agrario.

Se puede enunciar que en la historia de Latinoamérica no ha existido una política como la  desarrollada por el Gobierno, al  destinar esos bienes a la conflictividad del agro, y ha sido el presidente Jimmy Morales quien ordenó esa reorientación.

¿Cuántos casos por conflictos hay en la actualidad?

La Secretaría había acumulado hasta agosto de 2016 un promedio de mil 444 casos, comparado con los mil 425 conflictos en proceso a agosto de 2017, lo que implica una reducción de 19 casos, o sea, que la tendencia se mantiene estable.

¿Cuáles son las cifras de conflictos solucionados?

Los finalizados son 334 en el ámbito nacional; de ellos, 272 fueron por disputa de derechos, 7 de límites territoriales, 2 por ocupación y 34 regularizaciones.

¿Cuáles son los departamentos con mayor incidencia?

Huehuetenango, Petén, Alta Verapaz, Quiché e Izabal en porcentajes, el 66.6 por ciento es disputa de derechos, 4.5 límites territoriales, 16.8 de ocupaciones de tierras y 12.12 regularización.

¿Dónde se han dado más ocupaciones?

Alta Verapaz, con 85; Quiché, 47; Izabal, 41; Petén, 22; Escuintla, 13, y Sololá, 12.

¿Cuáles son los conflictos de alto impacto?

Tenemos identificados 35; entre ellos, el de Santa María Xalapán; Naturaceites en Izabal; Tzabal, en Nebaj, Quiché, y otros en el Polochic.

Además, debemos mencionar los de las  áreas protegidas, que suman un total de 194; entre ellos: zona de amortiguamiento de la Reserva de la Biósfera Maya, con 17 conflictos; zona de usos múltiples, 16 casos; Reserva de la Biósfera de la Sierra de las Minas, 15, y Reserva de la Zona de Amortiguamiento, con 14.

¿Aquí incluye a los vecinos de Laguna Larga?

Ese es un caso especial porque hay división entre los pobladores. Un 80 por ciento desea movilizarse a un lugar donde tengan certeza jurídica, pues esperan recibir los beneficios del Estado, como  salud, educación y proyectos productivos que les permitan mejorar su situación económica. El otro grupo desea retornar al área protegida que invadieron.

El Gobierno mantiene su propuesta, y es que la única alternativa que tienen los comunitarios es la reubicación y para ello, se les podría  trasladar a una finca en Izabal, lograda por extinción de dominio.

¿Qué entidades del Estado trabajan para resolver la conflictividad agraria?

Se tiene conformada la Comisión Nacional Agraria, como parte de la Política de Desarrollo Rural Integral, de la que se desprende el Gabinete de Desarrollo Rural, que son nueve instancias, entre ellas, el Fondo de Tierras, Registro de Información Catastral, Consejo Nacional de Áreas Protegidas, Registro de la Propiedad, el Instituto Nacional de Bosques y los ministerios de Ambiente y Recursos Naturales, y Agricultura, Ganadería y Alimentación. El centro de la discusión es de carácter técnico, narrativo y legal, todo ello para encontrarle una solución a los problemas agrarios.

¿Los tribunales agrarios serían una solución?

Existe una política agraria, cuya herramienta permite la búsqueda de soluciones viables al problema del agro, por lo que, en este momento, no consideramos apropiada la integración de una fiscalía agraria, ya que necesita mucha discusión con los diversos sectores, y si llegara a funcionar, deberá contar con las herramientas técnicas, jurídicas, de cabildeo y negociación, para que pudiera emitir con más criterio los desalojos y análisis de los documentos.

Por qué afirmo esto,  pues porque hemos establecido que se han producido desalojos solo con el documento que emite el Registro de la Propiedad Inmueble, que se tienen problemas registrales y catastrales, por lo que consideramos que se debería efectuar un estudio muy puntual de estos, para emitir opinión legal de ese proceso.

¿La Secretaría actúa con imparcialidad?

Sí, con mucha imparcialidad, sin ningún sesgo ideológico. Lo que más ha dañado al país han sido las ideologías políticas. Nosotros cabildeamos con todos los sectores que se involucran en el tema. Se ha sostenido conversaciones y análisis de la conflictividad con la Cámara del Agro y sus opiniones son valiosas, al igual que las emitidas por las organizaciones campesinas, con las que hemos enfatizado en que los problemas agrarios requieren una solución dentro del marco jurídico, partiendo del respeto a la propiedad privada.

Perfil

Carlos Antonio Morán Pop es perito agrónomo, graduado en la Escuela Nacional Central de Agricultura. Se ha desempeñado en la iniciativa privada, entre ellas Anacafé. Además, es técnico agroforestal; ha trabajado en levantamiento de parcelas de medición forestal, implementación de planes de reforestación comunitaria, sistemas agroforestales a escala comunitaria, proyectos productivos con enfoque de género y extensionista agrícola. Ha prestado servicios profesionales a entidades como Fedecocagua, Cooperación Sueca, Catholic Relief Service, Inde y Starbucks, entre otras; habla los idiomas pocomchí, y qeqchi.

Gustavo Villagrán