COLUMNAS
El procurador de Petén
Conocí a Manuel Barquín cuando era el alcalde de La Libertad, municipio del departamento de Petén –buen alcalde–, momento en que, además del giro ordinario de la alcaldía, se había echado sobre los hombros una importantísima tarea, lograr que la explotación petrolera llegara a ser para sus vecinos algo más que (como el chino, milando) ver pasar los camiones cargados de crudo, empeño en que prosiguió, años después, y entonces ya para beneficio de todo el departamento, cuando estuvo al frente de la Procuraduría General de la Nación en Petén, asesor y consultor de todos los órganos del Estado en el departamento y representante en este del Estado. Nombré a Manuel Barquín procurador de Petén, tal y como nombré también durante mi mandato como procurador general de la nación (18 de mayo de 1994-18 de mayo de 1998). Siempre he gustado de administrar y evaluar por resultados, tal y como me gusta también ser evaluado, y en el caso de los procuradores regionales y departamentales que me permití designar (no los había habido antes, concentrado todo en la capital), tal fue la forma de administrarles y evaluarles. Si un mandato no se da con los poderes suficientes, mejor ni darlo, y se dan estos poderes por razón de confianza: se confía o no se confía en el subalterno, y si no se confía, cambiarlo; malas consejeras en verdad –las medias tintas– en estos avatares. Manuel Barquín fue un gran procurador, y, con otros alcaldes que habían sido sus colegas, tal el caso de Teresita Casanova, en Melchor de Mencos, y de Julio Godoy, en Sayaxché y, en general, de todos los alcaldes peteneros hicimos causa común hasta alcanzar los objetivos. La carretera asfaltada La Libertad-El Naranjo fue posible gracias a Rodolfo Sosa, el abogado y representante legal de Basic (sector privado ), al procurador de Petén, Manuel Barquín, y al Ejército de Guatemala (sector público) y al campesinado del área (sociedad civil auténtica ) y, a tal extremo, que si algún día hubiera de dársele un nombre a esta carretera, en su momento el tramo más lago asfaltado en el departamento, bien merecería el de Sosa-Barquín. El Naranjo se encuentra en la Frontera con México, y no había en aquel entonces en aquel lugar aduana alguna. El embajador de los Estados Unidos Mexicanos me habló alguna vez en cuanto a la conveniencia de establecer una aduana “para evitar el contrabando”… No puede menos que sonreír cuando le dije al distinguido diplomático: “En esa área, querido embajador, no existe contrabando, sino libre comercio (y sin necesidad de tratado), ocasión que habré aprovechado para recordarle –me imagino– que el contrabando no es un tema aduanero sino –así lo ha sido siempre y lo sigue siendo– de seguridad nacional. El contrabando no pasa por aduanas. Manuel Barquín ha muerto. Su buen desempeño como alcalde de La libertad y como procurador de Petén lo llevaron a la política nacional, y esta lo llevó al Congreso, momento en su vida de luces y sombras: el sistema –en una u otra forma– determina, y en tanto no se cambie la forma de elegir a los diputados que integran el Congreso con la reforma del artículo 157 de la Constitución, a cualquiera que llegue le ocurrirá lo mismo. Muy distinto hubiera sido el mandato de Manuel Barquín como diputado si los diputados no se eligieran por listado nacional y por distritos electorales inmensos –cada departamento un distrito, con excepción del de Guatemala que tiene dos, tan inmensos como los otros– y los consecuentes listados distritales. Muy distinto su mandato si hubiera sido electo por un distrito pequeño, conocedor de sus electores y conocido por estos, el premio de la reelección, a los dos años de mandato, o el castigo de la no reelección, según su desempeño… Murió Manuel Barquín, inocente de los cargos que se le quisieron imputar y a pesar de ser inocente (ningún proceso podría haber ya contra él, después de muerto), decía, y de haber muerto inocente, murió en prisión –en prisión preventiva– sin que se hubiese probado que existiera peligro de fuga de su parte o de que pudiera entorpecer las investigaciones que se hacían, extremos jamás probados por el Ministerio Público –a este le corresponde probarlos– y sin que los delitos que se le imputaron –jamás probados– obligaran a decretarla o sostenerla. Los fiscales y la juzgadora deberán verse ante el espejo. Son varios ya los casos –trágicos casos– de personas inocentes que han muerto en prisión preventiva sin que se hubiera probado ningún peligro de fuga de su parte o de entorpecer las investigaciones y sin que los delitos que se les imputaran obligasen a decretarla o sostenerla, casos que deberían servir al menos –la vida del ser humano es irrepetible– para que otros seres humanos no sufran de esta infamia. El expresidente Colom recuperó su libertad –libertad bajo fianza– mucho tiempo después de que la pudo haber recuperado, retraso que se dio como consecuencia de una apelación del Ministerio Público que fue declarada sin lugar (el entorpecimiento de la administración de justicia, sin embargo, fue consumado) y, para ajuste, la libertad ya confirmada, había amenazado el Ministerio Público conque interpondría un amparo para impedirla… Basta ya de luz, de cámara y de acción, cual filmación de una película; el telón de la clac mediática debe cerrarse. La prisión preventiva debe ser excepción y no regla, y aunque la libertad no arrastre aplausos, debe concederse, salvo si lo impide el tipo de delito o si existen –probados– el peligro de fuga o el de obstaculizar la Justicia. Cuando la juzgadora reciba algún premio internacional o sea becada o se le invite como disertante (esto es algo que ocurrirá) bueno será que no olvide que – por decisión suya murió en prisión un inocente, ser humano que bajo fianza (esto hubiera asegurado su presencia en juicio) y con todas las limitaciones de movimientos, visitas y comunicaciones a que se hubiera querido sometérsele, hubiera podido morir como el inocente que era, y que es (su inocencia es ya inevitable) rodeado de los suyos, en su casa. Ojalá que la amarga lección sea aprendida, que también es corrupción la festinada administración de justicia. Descanse en paz Manuel Barquín Durán, inocente, procurador que fue de Petén. Los homenajes y reconocimientos, que conste, deben rendirse en vida, pero –afortunadamente en este caso– tuve el honor y la dicha de habérselos rendido: esta columna, tan solo un llamado a la reflexión, en su memoria.
En esta línea, en la era tecnológica presente, la complejidad del mundo actual ha llevado a expertos en las ramas más diversas a definir teorías, técnicas, métodos o conceptos que puedan llevar al éxito a la gestión pública. La idea preconcebida de que las políticas públicas corresponden a acciones decididas, llevadas a cabo y autorizadas por el Estado, representado por el Gobierno, de cara a proteger o promover un bien considerado como de interés público, ha dado paso a una sistemática evolutiva en que la administración pública se comporta como una empresa privada que busca satisfacer de la mejor manera las necesidades de sus clientes.
Con ello, se busca que la gestión pública se aproxime a lo administrado, de forma que este se sienta parte de ella que permita aumentar la satisfacción percibida por la sociedad respecto de sus servicios públicos.
Una sociedad sin una eficiente gestión pública es una sociedad desarticulada y sin capacidad de gestionar la voluntad de sus ciudadanos, sin instituciones públicas, un grupo humano no es una sociedad, es algo más parecido a una horda. Por lo que, parece más cierto es que es imprescindible y que lo que debe suceder es que paulatinamente mejore en la gestión que realiza y que es su razón de ser.
Su valor estriba fundamentalmente en el conjunto de vivencias que tiene en el desarrollo de la sociedad y que son la materia prima para categorizarla como una de las modalidades de la acción gubernamental. En este sentido, el mundo de la administración pública son los hechos sociales, políticos y gubernamentales. Distante de ellos se convierte en una caja de pandora. Su organización y funcionamiento tienen justificación en las relaciones de sociabilidad que configuran a la comunidad civil y política.
Por tanto, el espacio y el tiempo que les corresponden determinan su modo de obrar en el cumplimiento de las tareas relacionadas con el orden, la seguridad, la promoción económica y el bienestar social.
En el claro devenir del futuro, el desarrollo científico y tecnológico, la formación de la nueva economía, la vigencia de la sociedad del conocimiento y la democratización del poder son rubros que tienen elementos no convencionales, que están influyendo en el desempeño propio de la gestión
pública.
El irrespeto a los derechos laborales, así como la malnutrición y la pobreza, son solo algunos de los males que afectan a la sociedad guatemalteca, aspectos ante los que el gobierno encabezado por el presidente Bernardo Arévalo y la vicegobernante Karin Herrera enfocó sus esfuerzos durante las útimas horas.
Ayer, en un inusual acto, Arévalo recibió, frente al Palacio Nacional de la Cultura, a los líderes de sindicatos que participaron en la marcha por la conmemoración del Día Internacional del Trabajo, de quienes recibió demandas de crear los mecanismos que permitan mejores condiciones laborales, protección social, seguridad ocupacional y respeto a las actividades sindicales. Ante ellos y miles de asistentes que se dieron cita en la Plaza de la Constitución, el mandatario renovó su compromiso con los valores fundamentaltes de la democracia y la justicia social.
“Nos seguimos enfrentando a la mezquindad de quienes quieren que todo permanezca igual, de quienes se enriquecen a costa del pueblo, satisfechos y temerosos de perder sus privilegios, esa élite político criminal corrupta que ha cooptado las distintas instituciones del Estado y que se resiste a abandonarlas, a pesar del veredicto del pueblo en las urnas”, refirió el jefe de Estado al dirigirse a la multitud.
Horas antes de refrendar su compromiso con la clase obrera, Arévalo y Herrera lanzaron una ofensiva contra la pobreza y la malnutrición en siete municipios, tres de Huehuetenango, así como uno en los departamentos de Totonicapán, Chimaltenango, Sololá y Quiché. El programa, en el que están involucradas nueve instituciones estatales y que busca llevar adelante “una nueva posiblidad para vivir mejor”, se ampliará progresivamente hasta alcanzar los 114 municipios priorizados por sus niveles de pobreza y desnutrición.
El Gobierno está consciente de la “misión trascendental” que tiene por delante, pero, pese a los obstáculos que debe afrontar producto del deterioro institucional que encontró el binomio presidencial al asumir funciones, impulsa acciones para combatir los flagelos que enfrenta la sociedad, pues se siente acompañado por el pueblo de Guatemala al que se debe, toda vez que “la mayoría de guatemaltecos se cansó de ser estafada por esa estirpe de políticos corruptos, esa gente que se sabe merecedora de un futuro mejor y que está dispuesta a participar activa y honradamente en su construcción”, como lo afirmó Arévalo.
Joseph Dotu
Asociado de inclusión de la juventud,
OCR Guatemala
La cuestión de la seguridad en el trabajo es un tema de salud pública que se presenta a nivel global. Cada año, los accidentes y enfermedades en el trabajo causan la muerte de cerca de 2.9 millones de trabajadores, y 402 millones de personas se quedan con lesiones. Este problema no genera solamente un costo humano, sino también económico, que está estimado en un 4 por ciento del producto interno bruto mundial anual, casi 3 billones de dólares, según informes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Frente a este reto, los Estados adoptaron compromisos internacionales con el fin de proteger la fuerza laboral en el mundo. Entre estos está el Pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales (1966) que en su Artículo 7b estipula que “los Estados Parte en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que le aseguren en especial […] la seguridad y la higiene en el trabajo”.
En 2015, al adoptar la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, los Estados declararon que este tema seguía siendo una prioridad compartida, al enfocar el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) número 8 en el trabajo decente y las condiciones laborales. En la meta 8 de este ODS, los Estados miembros de la ONU resaltaron la importancia de “un entorno de trabajo seguro y sin riesgos para todos los trabajadores, incluidos los migrantes, en particular las mujeres y las personas con empleos precarios”. Para visibilizar estos temas, en 2003 la OIT declaró el 28 de abril como el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo. Esta conmemoración sirve para sensibilizar sobre la seguridad en el ámbito profesional e impulsar medidas de prevención de los accidentes en el trabajo, así como las enfermedades relacionadas con las diferentes profesionales.
Sin embargo; actualmente, ningún Estado ha alcanzado condiciones de trabajo seguras y saludable, para toda su fuerza laboral. El camino para mejorar el entorno laboral sigue siendo largo para muchos países, entre ellos, Guatemala. Dentro de la sociedad guatemalteca, las personas jóvenes son muy vulnerables a los riesgos laborales, especialmente las mujeres y los pueblos indígenas. Entre enero y octubre de 2023, 1 mil 096 accidentes laborales fueron registrados en Guatemala, principalmente en los sectores de la agricultura y de la industria, según fuente del Ministerio de Trabajo. En 2022 la tasa de informalidad laboral era de 70.8 por ciento, superando la tasa promedio de Latinoamérica, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Eso implica que las personas no siempre pueden cotizar a la seguridad social y tanto se quedan sin cobertura en caso de accidente. Además, se dificulta el control del cumplimiento de las normas laborales, generando un riesgo para la seguridad. La informalidad afecta particularmente a las personas jóvenes. El 73.9 por ciento de las personas entre 13 y 30 años, ocupadas y asalariadas, reportaron trabajar sin el respaldo de un contrato, según fuentes oficiales en una encuesta publicada en 2020 por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa). Esta tendencia se agudiza para las personas jóvenes, de pueblos originarios, que tienen tres veces menor probabilidad de trabajar con contrato laboral, que las personas de otros grupos. Las mujeres enfrentan otro reto: el 68.7 por ciento de las jóvenes declaró encontrarse en situación de inactividad, en comparación con únicamente el 29.2 por ciento de los hombres jóvenes. Esta tendencia se explica, entre otros factores, debido a discriminaciones históricas que han sufrido estos grupos. Estos trabajos ayudan a millones de personas a no caer en la pobreza aguda. La fuerza laboral informal se distingue por salir adelante, a pesar de las barreras estructurales a las cuales se enfrenta. Es importante que esta dimensión sea incluida en el diseño de políticas públicas, para no dejar a nadie atrá
-
Destacado5 años atrásMiles bailan al ritmo de las comparsas carnavalescas de Río
-
COLUMNAS5 años atrás
Logros 2018
-
ARTES5 años atrás
El arte de la Usac resguarda la historia
-
Destacado3 años atrás
La vacuna anticovid de Oxford/AstraZeneca se prueba por primera vez en niños
-
Destacado5 años atrás
Mineduc publica calendario escolar 2019
-
ARTES5 años atrás
Archivos audiovisuales recorren 100 años de historia del Museo del Prado
-
NACIONALES6 años atrás
Optimizan trabajo de la PNC para 2019
-
INTERNACIONALES5 años atrás
López Obrador rechaza alza de la violencia en México en primer mes de mandato
