COLUMNAS
¿Víctimas de sí mismos?
No fueron otros sino ellos mismos quienes establecieron la norma de que los diputados “tránsfugas” no puedan ocupar cargos directivos ni presidir comisiones en el Congreso, norma esta a la que le sumaron, como una guinda en el pastel, que tampoco puedan optar a la reelección por partido distinto de aquel que abandonaron, normas todas inconstitucionales que carecen de fundamento alguno, inexistentes prohibiciones semejantes en la Constitución de la República. Constituyen estas normas, propiciadas y aplaudidas por la clac mediática –la judicatura, a veces, se suma– el complemento perfecto para el monopolio del que están investido los partidos políticos, ya que los candidatos que sean electos, con semejantes grilletes, deberán guardarles la fidelidad más absoluta, imposible –en consecuencia– la posibilidad de disentir, salvo que decidan optar por la muerte política. Cabe preguntarse para entender las normas “antitránsfugas” que si el cargo se adjudica al candidato o al partido, y la verdad es que si fuese al partido ¿para qué los candidatos? Si tal el sistema –que las diputaciones en juego se adjudican al partido– debería decidir el partido a qué personas darles los cargos e, incluso, el reemplazo de los mismos. ¿Para qué, si así, los candidatos? ¿En desacuerdo el diputado con las instrucciones del partido? Pues, ¡fuera! ¿Su destino? tránsfuga, a lo largo de su mandato, sin posibilidad de presidir comisiones ni de ocupar cargos directivos. El hecho, sin embargo, es que, de conformidad con la Ley, es al candidato a quien se le adjudica el cargo, y si es a este a quien se le adjudica, ¿Por qué sancionársele por su disensión partidaria? Este tipo de normas que surgen de la presión mediática y que se emiten por la incapacidad de los legisladores para resistirla no son sino absurdos parches –e inconstitucionales– a un sistema que no funciona, sistema en el cual los electores tienen la percepción de no estar representados –no lo están– y los electos carecen de cordón umbilical con los votantes, imposible la sanción para el buen o mal trabajo del electo, el premio –la reelección–, si lo hace bien, y la no reelección –el castigo–, si mal lo hace imposible la sanción, decíamos puesto que no sabe el votante ni siquiera quién es su diputado. ¿Sabe usted quién es su diputado? Se trata de un sistema en el cual depende más su reelección de la relación del diputado con las dirigencias partidarias, que de la voluntad de los votantes. Fueron los propios diputados quienes hicieron las normas de que hoy son sus víctimas, la inevitable cosecha de una legislación irresponsable, su propia siembra. El colmo de las normas que castigan el transfuguismo es la que –violando el derecho constitucional de elegir y ser electo– impide que se elija por una razón que la Constitución no contempla, razón establecida por una ley de menor jerarquía. Que un diputado, por el hecho de separarse de su partido original aunque permanezca como independiente durante el resto de su mandato, sin adherirse a otro, no pueda ser candidato en la siguiente elección por partido distinto –queriéndolo o no– favorece la tiranía que impera en los partidos políticos. Con la misma irresponsabilidad se legisló también lo correspondiente al delito de financiamiento electoral ilícito, y tan irresponsablemente, que la Corte de Constitucionalidad hubo de ordenar al Congreso que rehaga el párrafo segundo del artículo que lo establece, párrafo que contempla la misma pena para supuestos que son absolutamente distintos, el primero, financiamiento con dinero proveniente del crimen organizado, del lavado de dinero, del narcotráfico o de cualquier otro delito, y el segundo, el financiamiento que se hace con dinero limpio, dinero de procedencia legítima, si no se registra: ¡ninguna diferencia! La misma pena para quien recibe, a sabiendas, dinero del narcotráfico, que para quien recibe dinero que no tiene ninguna procedencia delictiva, pero que –por cualquier razón, descuido incluso– omite registrarlo: ¡por favor! Grave también la falta de claridad del segundo párrafo en cuanto a dejar fuera del delito a quien APORTA dinero limpio, ya que solamente se refiere a quienes lo RECIBEN y se abstienen de citar su procedencia y registrarlo –contrariamente a lo que ocurre en el párrafo primero, párrafo que se refiere a todos (tanto a los que lo reciben, como a aquellos que lo aportan). Malas leyes tienen que llevar, necesariamente, a malos fallos judiciales, puesto que no pueden los jueces –al menos no deberían hacerlo– corregir lo legislado, siendo la función de los jueces la de la aplicación de la Ley y no la de establecer la Ley o corregirla. ¿Erradas las normas sobre el transfuguismo? Pues, si es así, víctimas son los diputados de las normas que ellos mismos establecieron; víctimas, de sus propias leyes, de sí mismos, y otro tanto podríamos decir en cuanto a penalizar de igual forma el dinero sucio (proveniente de delitos) que el dinero limpio, en el financiamiento electoral. Por lo demás todo esto no son sino ocurrencias y chapuces (algunos, tan malos que, en vez de mejorar, empeoran). La única forma de que cambie el Congreso es cambiar la forma en que se elige a los diputados que lo integran: que pueda inscribirse como candidato todo aquel que quiera hacerlo, sin necesidad de que le inscriba un partido, y que estos se elijan por distritos pequeños (158), en los que cada distrito elige un solo diputado, ganando la elección, sin fórmulas raras, quien obtiene: suprimido el listado nacional y todos los listados; mandato corto de dos años, la reelección, el premio, y la no reelección, el castigo. Si no cambia el Congreso, en sus manos el presupuesto y las leyes, no cambiará Guatemala, y el Congreso no cambiará (artículo 157) si no cambia la forma en que se elige a los diputados que lo integran. Sin ese cambio, llegue quien llegue, ocurrirá lo mismo.
En esta línea, en la era tecnológica presente, la complejidad del mundo actual ha llevado a expertos en las ramas más diversas a definir teorías, técnicas, métodos o conceptos que puedan llevar al éxito a la gestión pública. La idea preconcebida de que las políticas públicas corresponden a acciones decididas, llevadas a cabo y autorizadas por el Estado, representado por el Gobierno, de cara a proteger o promover un bien considerado como de interés público, ha dado paso a una sistemática evolutiva en que la administración pública se comporta como una empresa privada que busca satisfacer de la mejor manera las necesidades de sus clientes.
Con ello, se busca que la gestión pública se aproxime a lo administrado, de forma que este se sienta parte de ella que permita aumentar la satisfacción percibida por la sociedad respecto de sus servicios públicos.
Una sociedad sin una eficiente gestión pública es una sociedad desarticulada y sin capacidad de gestionar la voluntad de sus ciudadanos, sin instituciones públicas, un grupo humano no es una sociedad, es algo más parecido a una horda. Por lo que, parece más cierto es que es imprescindible y que lo que debe suceder es que paulatinamente mejore en la gestión que realiza y que es su razón de ser.
Su valor estriba fundamentalmente en el conjunto de vivencias que tiene en el desarrollo de la sociedad y que son la materia prima para categorizarla como una de las modalidades de la acción gubernamental. En este sentido, el mundo de la administración pública son los hechos sociales, políticos y gubernamentales. Distante de ellos se convierte en una caja de pandora. Su organización y funcionamiento tienen justificación en las relaciones de sociabilidad que configuran a la comunidad civil y política.
Por tanto, el espacio y el tiempo que les corresponden determinan su modo de obrar en el cumplimiento de las tareas relacionadas con el orden, la seguridad, la promoción económica y el bienestar social.
En el claro devenir del futuro, el desarrollo científico y tecnológico, la formación de la nueva economía, la vigencia de la sociedad del conocimiento y la democratización del poder son rubros que tienen elementos no convencionales, que están influyendo en el desempeño propio de la gestión
pública.
El irrespeto a los derechos laborales, así como la malnutrición y la pobreza, son solo algunos de los males que afectan a la sociedad guatemalteca, aspectos ante los que el gobierno encabezado por el presidente Bernardo Arévalo y la vicegobernante Karin Herrera enfocó sus esfuerzos durante las útimas horas.
Ayer, en un inusual acto, Arévalo recibió, frente al Palacio Nacional de la Cultura, a los líderes de sindicatos que participaron en la marcha por la conmemoración del Día Internacional del Trabajo, de quienes recibió demandas de crear los mecanismos que permitan mejores condiciones laborales, protección social, seguridad ocupacional y respeto a las actividades sindicales. Ante ellos y miles de asistentes que se dieron cita en la Plaza de la Constitución, el mandatario renovó su compromiso con los valores fundamentaltes de la democracia y la justicia social.
“Nos seguimos enfrentando a la mezquindad de quienes quieren que todo permanezca igual, de quienes se enriquecen a costa del pueblo, satisfechos y temerosos de perder sus privilegios, esa élite político criminal corrupta que ha cooptado las distintas instituciones del Estado y que se resiste a abandonarlas, a pesar del veredicto del pueblo en las urnas”, refirió el jefe de Estado al dirigirse a la multitud.
Horas antes de refrendar su compromiso con la clase obrera, Arévalo y Herrera lanzaron una ofensiva contra la pobreza y la malnutrición en siete municipios, tres de Huehuetenango, así como uno en los departamentos de Totonicapán, Chimaltenango, Sololá y Quiché. El programa, en el que están involucradas nueve instituciones estatales y que busca llevar adelante “una nueva posiblidad para vivir mejor”, se ampliará progresivamente hasta alcanzar los 114 municipios priorizados por sus niveles de pobreza y desnutrición.
El Gobierno está consciente de la “misión trascendental” que tiene por delante, pero, pese a los obstáculos que debe afrontar producto del deterioro institucional que encontró el binomio presidencial al asumir funciones, impulsa acciones para combatir los flagelos que enfrenta la sociedad, pues se siente acompañado por el pueblo de Guatemala al que se debe, toda vez que “la mayoría de guatemaltecos se cansó de ser estafada por esa estirpe de políticos corruptos, esa gente que se sabe merecedora de un futuro mejor y que está dispuesta a participar activa y honradamente en su construcción”, como lo afirmó Arévalo.
Joseph Dotu
Asociado de inclusión de la juventud,
OCR Guatemala
La cuestión de la seguridad en el trabajo es un tema de salud pública que se presenta a nivel global. Cada año, los accidentes y enfermedades en el trabajo causan la muerte de cerca de 2.9 millones de trabajadores, y 402 millones de personas se quedan con lesiones. Este problema no genera solamente un costo humano, sino también económico, que está estimado en un 4 por ciento del producto interno bruto mundial anual, casi 3 billones de dólares, según informes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Frente a este reto, los Estados adoptaron compromisos internacionales con el fin de proteger la fuerza laboral en el mundo. Entre estos está el Pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales (1966) que en su Artículo 7b estipula que “los Estados Parte en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que le aseguren en especial […] la seguridad y la higiene en el trabajo”.
En 2015, al adoptar la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, los Estados declararon que este tema seguía siendo una prioridad compartida, al enfocar el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) número 8 en el trabajo decente y las condiciones laborales. En la meta 8 de este ODS, los Estados miembros de la ONU resaltaron la importancia de “un entorno de trabajo seguro y sin riesgos para todos los trabajadores, incluidos los migrantes, en particular las mujeres y las personas con empleos precarios”. Para visibilizar estos temas, en 2003 la OIT declaró el 28 de abril como el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo. Esta conmemoración sirve para sensibilizar sobre la seguridad en el ámbito profesional e impulsar medidas de prevención de los accidentes en el trabajo, así como las enfermedades relacionadas con las diferentes profesionales.
Sin embargo; actualmente, ningún Estado ha alcanzado condiciones de trabajo seguras y saludable, para toda su fuerza laboral. El camino para mejorar el entorno laboral sigue siendo largo para muchos países, entre ellos, Guatemala. Dentro de la sociedad guatemalteca, las personas jóvenes son muy vulnerables a los riesgos laborales, especialmente las mujeres y los pueblos indígenas. Entre enero y octubre de 2023, 1 mil 096 accidentes laborales fueron registrados en Guatemala, principalmente en los sectores de la agricultura y de la industria, según fuente del Ministerio de Trabajo. En 2022 la tasa de informalidad laboral era de 70.8 por ciento, superando la tasa promedio de Latinoamérica, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Eso implica que las personas no siempre pueden cotizar a la seguridad social y tanto se quedan sin cobertura en caso de accidente. Además, se dificulta el control del cumplimiento de las normas laborales, generando un riesgo para la seguridad. La informalidad afecta particularmente a las personas jóvenes. El 73.9 por ciento de las personas entre 13 y 30 años, ocupadas y asalariadas, reportaron trabajar sin el respaldo de un contrato, según fuentes oficiales en una encuesta publicada en 2020 por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa). Esta tendencia se agudiza para las personas jóvenes, de pueblos originarios, que tienen tres veces menor probabilidad de trabajar con contrato laboral, que las personas de otros grupos. Las mujeres enfrentan otro reto: el 68.7 por ciento de las jóvenes declaró encontrarse en situación de inactividad, en comparación con únicamente el 29.2 por ciento de los hombres jóvenes. Esta tendencia se explica, entre otros factores, debido a discriminaciones históricas que han sufrido estos grupos. Estos trabajos ayudan a millones de personas a no caer en la pobreza aguda. La fuerza laboral informal se distingue por salir adelante, a pesar de las barreras estructurales a las cuales se enfrenta. Es importante que esta dimensión sea incluida en el diseño de políticas públicas, para no dejar a nadie atrá
-
Destacado5 años atrásMiles bailan al ritmo de las comparsas carnavalescas de Río
-
COLUMNAS5 años atrás
Logros 2018
-
ARTES5 años atrás
El arte de la Usac resguarda la historia
-
Destacado3 años atrás
La vacuna anticovid de Oxford/AstraZeneca se prueba por primera vez en niños
-
Destacado5 años atrás
Mineduc publica calendario escolar 2019
-
ARTES5 años atrás
Archivos audiovisuales recorren 100 años de historia del Museo del Prado
-
NACIONALES6 años atrás
Optimizan trabajo de la PNC para 2019
-
INTERNACIONALES5 años atrás
López Obrador rechaza alza de la violencia en México en primer mes de mandato
