En el marco de los primeros 100 días de gestión (los cuales se cumplieron hace una semana), los 48 cantones de Totonicapán se pronunciaron sobre el trabajo realizado por el Gabinete de Gobierno liderado por el binomio presidencial constituido por Bernardo Arévalo y Karin Herrera. La evaluación es bastante
crítica, aunque sigue siendo esperanzadora en cuanto a la construcción de una Guatemala “incluyente, competitiva, con equidad política y prosperidad para todos”.

Históricamente, la voz de los 48 cantones ha tenido indudable importancia, puesto que representa la visión y necesidades de un sector importante de los pueblos originarios.

Sin embargo, en estos momentos, sus demandas adquieren un carácter fundamental, porque fueron ellos, junto a otras organizaciones, quienes evitaron que el país sucumbiera ante los desenfrenados deseos de la administración de Alejandro Giammattei, en complicidad con el Ministerio Público (MP) de Consuelo Porras y magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) y de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), de legitimar la asfixiante dictadura que llevaban en proceso.

Al recordar los más de 100 días de resistencia pacífica, estos liderazgos reiteraron sus reclamos sociales, entre los que destaca “la pronta destitución de la Fiscal General del MP y los jueces aliados de la impunidad y corrupción”.

Además, claman por ejecuciones presupuestarias que beneficien a los pueblos maya, xinca y garífuna, mayor inversión en infraestructura productiva, vial y eléctrica en áreas donde se concentra la pobreza, así como un sistema educativo trilingüe (maya, castellano e inglés), la reinvención de la red hospitalaria pública y fortalecer la micro, pequeña y mediana empresas rurales, “desde la lógica” de sus representados.

Arévalo y Herrera tienen claro que la nueva primavera implica atender a los sectores que, desde siempre, han sido olvidados de las políticas públicas y saben que el camino al desarrollo pasa, obligadamente, por depurar las instituciones estatales y generar oportunidades para todos.

Editor DCA

El Ministerio de Gobernación (Mingob), en esfuerzo integral con otras instituciones del Estado, no baja la guardia en su lucha contra el narcotráfico.

Es una labor titánica de las fuerzas especiales de la Policía Nacional Civil (PNC) que no tiene tregua en los cuatro puntos cardinales, utilizando todas las herramientas para evitar que el país sea cada vez más, parte o puente del trasiego internacional de estupefacientes.

El golpe más reciente contra los grupos de narcotraficantes se produjo ayer, cuando en una de las rampas de Puerto Quetzal fue incautada gran cantidad de cocaína que había llegado en un contenedor, estimada en 1 mil 300 kilogramos.

Con este cargamento, el volumen arrebatado a las organizaciones ilícitas internacionales, de enero a la fecha, suma más de siete mil kilogramos, superando con creces los resultados obtenidos en similar período del año anterior.

El términos monetarios los mismos representan más de 700 millones de quetzales, contra 610 millones en 2023, pero, sobre todo, las autoridades evitan de esta manera, daños irreparables en la salud de los consumidores.

El trabajo de inteligencia, y sobremanera, el compromiso del Gobierno se está cumpliendo, pues no se puede soslayar que directa o indirectamente, el ingreso de drogas a manos de los grandes cárteles, ocasiona severos daños en la población.

Por consiguiente, con estas acciones, las fuerzas antinarcóticas se están convirtiendo en un escudo contra los embarques de estupefacientes.

Es oportuno destacar que esa imagen que se ha tenido sobre Guatemala, de ser un puente de casi el 90 ciento de la droga que va con destino a Estados Unidos, debe quedar atrás con esta política de combate frontal de las fuerzas de seguridad.

Por lo pronto, para los próximos años ese reto que tienen las autoridades de fortalecer los controles, sin lugar a dudas, es un desafío mayúsculo debido a que los grupos criminales buscarán otras maneras de trasegar.

Sin embargo, el apoyo interinstitucional con el Ministerio de la Defensa y la Fuerza Especial Naval, junto al Ministerio Público, seguirá siendo clave en ese compromiso. La Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica, también juega un papel de inteligencia preponderante, pues cada vez el trasiego será más sofisticado.

Editor DCA

Con justa razón, los ciudadanos se preguntan dónde estaban los responsables de dirigir la Contraloría General de Cuentas (CGC) y el Ministerio Público (MP) cuando ministros y secretarios del régimen de Alejandro Giammattei y Miguel Martínez asaltaban, de manera desenfrenada, el erario.
Sobre todo, llama la atención la forma tan burda y descarada con la que actuaban.

Por esa razón, las pruebas mostradas por el gobierno de Bernardo Arévalo y Karin Herrera son tan apabullantes. Es más, como se ha constatado en las múltiples y recientes denuncias de robo, estos pícaros recurrían al mismo y perverso patrón: asignar contratos a sus cómplices (con quienes sobrevaloraban los costos), para luego autorizar pagos superiores al 90 por ciento de obras, cuyos avances físicos eran inferiores al 50 por ciento.

Lo peor de esta embestida criminal es que muchas de las construcciones y programas fueron abandonados ante la mirada complaciente de estos bribones de cuello blanco y de los órganos contralores que tenían y tienen la responsabilidad de velar por el buen uso de los recursos públicos.

Por eso no extraña comprobar cómo exfuncionarios y contratistas deambulan, campantemente, y lucen en sus redes sociales la vida de millonarios que ellos y su parentela se recetaron a costa del dolor y sufrimiento de un país que tuvo la mala suerte de ver, impotente, el actuar de semejantes pillos.

Las querellas que presentaron ayer el ministro de Desarrollo, Abelardo Pinto, y el comisionado contra la Corrupción, Santiago Palomo, relativas a una carretera por la que se abonó el 96.2 por ciento, pero se ejecutó el 57 por ciento, y la sobrevaloración de alimentos, pilas, kits de limpieza, tubos PVC, etcétera, se suman a las incontables fechorías identificadas, que pasaron desapercibidas por el MP y la Contraloría.

Estas situaciones vividas lloran sangre, pero es peor que en un amago por querer limpiar cara ante la opinión pública, estas instituciones finjan pesquisas que buscan proteger a los responsables y perseguir a los inocentes, como parece ocurrir en el caso de las vacunas Sputnik.

Editor DCA