COLUMNAS
Nemo dat quod non habet
Si tuviéramos que reducir todo a su mínima expresión –a veces es importante hacerlo para llegar a la esencia de las cosas– podría afirmar –y afirmo– que la sentencia latina Nemo dat quod non habet (Nadie da lo que no tiene) sintetiza lo que en juicio podría constituir uno de los fundamentos torales del reclamo legal –territorial, insular y marítimo– de Guatemala contra Belice, así como del indemnizatorio que, distinto a este –otros en este las partes– que salvo un medio mejor, habrá de formularse. Belice –el Estado– no pudo haber recibido como título territorial, insular y marítimo más que la detentación habida por su antecesor, puesto que nadie da –nadie puede dar– lo que no tiene y quien le dio la independencia no tenía, en efecto, ningún otro “título” que la detentación (la detentación, es bueno saberlo, no constituye ningún título y, en consecuencia, nada más que esta lo que podía transmitir y transmitió.
Nadie da, lo que no tiene (Nadie puede dar, lo que no tiene) NEMO DAT QUOD NON HABET, tal es, en síntesis, reitero, uno de los puntos torales que podría en juicio fundamentar nuestro reclamo y que sean cuales sean los errores que hayamos cometido no podrían cambiar la realidad acontecida. Quien transmitió no tenía sino detentación (la detentación territorial, insular y marítima) y –en consecuencia– no otra cosa que tal detentación, lo que podía transmitir y transmitió. Título legítimo tuvo el Estado que heredó a Belice para que ciudadanos suyos pudieran hacer corte de madera –sin fortificación alguna– en los lugares en que el Reino de España les concediera hacerlo (Existen dos tratados al respecto 1773 y 1786) y tal título que era legítimo para que tal pudieran hacer sus ciudadanos constituye la mejor prueba de que si siquiera sobre esta parte tuvo aquel –jamás– soberanía. El sur de la concesión que se otorgara (sumamente limitativa en los dos tratados) ni siquiera tuvo título semejante tratándose de una mera usurpación, sin título alguno.
Tan carecía de título el Estado transmisor que pudiera conllevar soberanía que acudió al Reino de España en 1838 –después de nuestra independencia– para que este se lo diera, pretensión a la que el Reino de España no accedió y que prueba plenamente la falta de título de aquel ¿por qué, si lo hubiera tenido, habría acudido a conseguirlo? ante el fallido intento de lograr el título de España, vino a buscarse ese título legítimo de nosotros –la recién constituida República de Guatemala– lo que se hizo a través del Tratado de 1859, tratado que contenía siete cláusulas, las primeras seis circunscritas al reconocimiento de límites –lo literal pero que conllevaba cesión de nuestra parte– tal lo verdadero y una séptima DO UT DES (doy para que des, doy porque me das) la contraprestación –esa séptima– de nuestro reconocimiento –cesión– contenido en la seis primeras, contraprestación jamás cumplida en lo que a nuestra contraparte correspondía).
El Reino de España, a la luz del Derecho Internacional, el del título soberano –el del título legítimo– reconoció nuestra independencia 1863 y, con esta, transmitió a la República de Guatemala, el título legítimo –territorial, insular y marítimo– del que había gozado y que gozaba: nos transmitió, lo que podía transmitir, el título legítimo que tenía. Si la detentación sin título legítimos fuese lo único a considerar (detentación que sería incapaz de dar título alguno al nuevo Estado–Belice– inexistente en quien se lo quiso transmitir) si tal detentación, decíamos, si tal falta de título, fuese lo único que habría de determinar –en estricto Derecho– el resultado del juicio a promover no precisaría el tema de explicación alguna.
Sin embargo, no es esto lo único a considerar –la detentación– la carencia de un título legítimo –sino la situación fáctica que vino a darse con el surgimiento de un pueblo distinto al del Estado que detentó y distinto al nuestro– sea en toda el área en cuestión –o en parte suya– pueblo que llegó a adquirir caracteres tan propios que le hacen tener el derecho de determinarse por sí mismo. Este, el anteriormente enunciado, derecho de autodeterminación, lo único válido que podrá enfrentársenos en juicio y que habrá de enfrentarse a la realidad jurídica de la detentación, imposible la transmisión de un título distinto a la detentación citada (esta no es un título) jamás habido por quien transmitió y, en consecuencia, por quien vino a heredarle.
El derecho de autodeterminación contratado al derecho que nos corresponde a nuestra integridad territorial, jamás en detrimento suyo. La población de Belice tiene una composición heterogénea, composición que incluye población originaria, población q´eqchi´ propia de Las Verapaces usurpadas; población afroamericana mucha llevada a este como esclava; población hindú (india) y minoritarias, británica, española y de múltiples otras procedencias, población que –por sí misma– vino a darse el derecho que le corresponde y que nosotros –como Estado– así reconocimos. (El sur –área q´eqchi´– nunca tuvo la posibilidad de pronunciarse).
Graves daños y perjuicios nos ocasionó la detentación de lo nuestro y el incumplimiento de lo convenido con el Estado antecesor daños y perjuicios que se nos causaron antes de que se diera la independencia de Belice y que se nos siguen causando, imputables todos a quien detentó y dispuso, como suyo, lo que nunca tuvo (pudo haber llegado a él, pero incumplió lo convenido) un título legítimo. No es mi intención la de levantar dedo acusador alguno y no se trata este tema de acusaciones y recriminaciones, de vivezas de ratón, aunque sean de alta diplomacia ni de errores, sino de estricto Derecho y –sobre todo– de estrictos principios generales del Derecho, realizadores uno y otros de Justicia que ese –y no otro– la realización de la Justicia, el fin del Derecho. En lo indemnizatorio –distinto al reclamo territorial insular y marítimo– sean la imaginación y la buena voluntad, a la altura de los tiempos, los que –sin necesidad de un juicio– hagan justicia.
En esta línea, en la era tecnológica presente, la complejidad del mundo actual ha llevado a expertos en las ramas más diversas a definir teorías, técnicas, métodos o conceptos que puedan llevar al éxito a la gestión pública. La idea preconcebida de que las políticas públicas corresponden a acciones decididas, llevadas a cabo y autorizadas por el Estado, representado por el Gobierno, de cara a proteger o promover un bien considerado como de interés público, ha dado paso a una sistemática evolutiva en que la administración pública se comporta como una empresa privada que busca satisfacer de la mejor manera las necesidades de sus clientes.
Con ello, se busca que la gestión pública se aproxime a lo administrado, de forma que este se sienta parte de ella que permita aumentar la satisfacción percibida por la sociedad respecto de sus servicios públicos.
Una sociedad sin una eficiente gestión pública es una sociedad desarticulada y sin capacidad de gestionar la voluntad de sus ciudadanos, sin instituciones públicas, un grupo humano no es una sociedad, es algo más parecido a una horda. Por lo que, parece más cierto es que es imprescindible y que lo que debe suceder es que paulatinamente mejore en la gestión que realiza y que es su razón de ser.
Su valor estriba fundamentalmente en el conjunto de vivencias que tiene en el desarrollo de la sociedad y que son la materia prima para categorizarla como una de las modalidades de la acción gubernamental. En este sentido, el mundo de la administración pública son los hechos sociales, políticos y gubernamentales. Distante de ellos se convierte en una caja de pandora. Su organización y funcionamiento tienen justificación en las relaciones de sociabilidad que configuran a la comunidad civil y política.
Por tanto, el espacio y el tiempo que les corresponden determinan su modo de obrar en el cumplimiento de las tareas relacionadas con el orden, la seguridad, la promoción económica y el bienestar social.
En el claro devenir del futuro, el desarrollo científico y tecnológico, la formación de la nueva economía, la vigencia de la sociedad del conocimiento y la democratización del poder son rubros que tienen elementos no convencionales, que están influyendo en el desempeño propio de la gestión
pública.
El irrespeto a los derechos laborales, así como la malnutrición y la pobreza, son solo algunos de los males que afectan a la sociedad guatemalteca, aspectos ante los que el gobierno encabezado por el presidente Bernardo Arévalo y la vicegobernante Karin Herrera enfocó sus esfuerzos durante las útimas horas.
Ayer, en un inusual acto, Arévalo recibió, frente al Palacio Nacional de la Cultura, a los líderes de sindicatos que participaron en la marcha por la conmemoración del Día Internacional del Trabajo, de quienes recibió demandas de crear los mecanismos que permitan mejores condiciones laborales, protección social, seguridad ocupacional y respeto a las actividades sindicales. Ante ellos y miles de asistentes que se dieron cita en la Plaza de la Constitución, el mandatario renovó su compromiso con los valores fundamentaltes de la democracia y la justicia social.
“Nos seguimos enfrentando a la mezquindad de quienes quieren que todo permanezca igual, de quienes se enriquecen a costa del pueblo, satisfechos y temerosos de perder sus privilegios, esa élite político criminal corrupta que ha cooptado las distintas instituciones del Estado y que se resiste a abandonarlas, a pesar del veredicto del pueblo en las urnas”, refirió el jefe de Estado al dirigirse a la multitud.
Horas antes de refrendar su compromiso con la clase obrera, Arévalo y Herrera lanzaron una ofensiva contra la pobreza y la malnutrición en siete municipios, tres de Huehuetenango, así como uno en los departamentos de Totonicapán, Chimaltenango, Sololá y Quiché. El programa, en el que están involucradas nueve instituciones estatales y que busca llevar adelante “una nueva posiblidad para vivir mejor”, se ampliará progresivamente hasta alcanzar los 114 municipios priorizados por sus niveles de pobreza y desnutrición.
El Gobierno está consciente de la “misión trascendental” que tiene por delante, pero, pese a los obstáculos que debe afrontar producto del deterioro institucional que encontró el binomio presidencial al asumir funciones, impulsa acciones para combatir los flagelos que enfrenta la sociedad, pues se siente acompañado por el pueblo de Guatemala al que se debe, toda vez que “la mayoría de guatemaltecos se cansó de ser estafada por esa estirpe de políticos corruptos, esa gente que se sabe merecedora de un futuro mejor y que está dispuesta a participar activa y honradamente en su construcción”, como lo afirmó Arévalo.
Joseph Dotu
Asociado de inclusión de la juventud,
OCR Guatemala
La cuestión de la seguridad en el trabajo es un tema de salud pública que se presenta a nivel global. Cada año, los accidentes y enfermedades en el trabajo causan la muerte de cerca de 2.9 millones de trabajadores, y 402 millones de personas se quedan con lesiones. Este problema no genera solamente un costo humano, sino también económico, que está estimado en un 4 por ciento del producto interno bruto mundial anual, casi 3 billones de dólares, según informes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Frente a este reto, los Estados adoptaron compromisos internacionales con el fin de proteger la fuerza laboral en el mundo. Entre estos está el Pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales (1966) que en su Artículo 7b estipula que “los Estados Parte en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que le aseguren en especial […] la seguridad y la higiene en el trabajo”.
En 2015, al adoptar la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, los Estados declararon que este tema seguía siendo una prioridad compartida, al enfocar el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) número 8 en el trabajo decente y las condiciones laborales. En la meta 8 de este ODS, los Estados miembros de la ONU resaltaron la importancia de “un entorno de trabajo seguro y sin riesgos para todos los trabajadores, incluidos los migrantes, en particular las mujeres y las personas con empleos precarios”. Para visibilizar estos temas, en 2003 la OIT declaró el 28 de abril como el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo. Esta conmemoración sirve para sensibilizar sobre la seguridad en el ámbito profesional e impulsar medidas de prevención de los accidentes en el trabajo, así como las enfermedades relacionadas con las diferentes profesionales.
Sin embargo; actualmente, ningún Estado ha alcanzado condiciones de trabajo seguras y saludable, para toda su fuerza laboral. El camino para mejorar el entorno laboral sigue siendo largo para muchos países, entre ellos, Guatemala. Dentro de la sociedad guatemalteca, las personas jóvenes son muy vulnerables a los riesgos laborales, especialmente las mujeres y los pueblos indígenas. Entre enero y octubre de 2023, 1 mil 096 accidentes laborales fueron registrados en Guatemala, principalmente en los sectores de la agricultura y de la industria, según fuente del Ministerio de Trabajo. En 2022 la tasa de informalidad laboral era de 70.8 por ciento, superando la tasa promedio de Latinoamérica, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Eso implica que las personas no siempre pueden cotizar a la seguridad social y tanto se quedan sin cobertura en caso de accidente. Además, se dificulta el control del cumplimiento de las normas laborales, generando un riesgo para la seguridad. La informalidad afecta particularmente a las personas jóvenes. El 73.9 por ciento de las personas entre 13 y 30 años, ocupadas y asalariadas, reportaron trabajar sin el respaldo de un contrato, según fuentes oficiales en una encuesta publicada en 2020 por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa). Esta tendencia se agudiza para las personas jóvenes, de pueblos originarios, que tienen tres veces menor probabilidad de trabajar con contrato laboral, que las personas de otros grupos. Las mujeres enfrentan otro reto: el 68.7 por ciento de las jóvenes declaró encontrarse en situación de inactividad, en comparación con únicamente el 29.2 por ciento de los hombres jóvenes. Esta tendencia se explica, entre otros factores, debido a discriminaciones históricas que han sufrido estos grupos. Estos trabajos ayudan a millones de personas a no caer en la pobreza aguda. La fuerza laboral informal se distingue por salir adelante, a pesar de las barreras estructurales a las cuales se enfrenta. Es importante que esta dimensión sea incluida en el diseño de políticas públicas, para no dejar a nadie atrá
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