COLUMNAS
Ministerio Público y CICIG
¿Sabe usted cuántas veces aparece en el acuerdo de creación de la CICIG la palabra corrupción? Le invito a acertar y me permito darle una pista indicativa: el acuerdo que celebramos con la Organización de las Naciones Unidas para crearla, tiene 15 artículos. ¿En cuántos de estos artículos aparece la palabra corrupción? ¿Aparece en el Acuerdo la palabra? Pues, la respuesta, aunque resulte difícil creerlo, es que la palabra corrupción no figura ni una sola vez en el Acuerdo. Mucho es lo que podremos aprender de la CICIG, pero mucho, también, lo que podemos enseñarle y, si fiscal general, pondré mi mejor empeño porque se produzca aprendizaje en ambas direcciones. El Acuerdo, además de esa curiosidad –sustantiva– tiene otras como, por ejemplo, que carece de cláusula 13, saltándose olímpicamente de la 12 a la 14. ¡Nada es perfecto! Mi señalamiento de que el Acuerdo no contempla la palabra corrupción no tiene por objeto señalar que la lucha en contra de esta se encuentra fuera de sus atribuciones –que lo está–, sino que por atender esta lucha se ha dejado atrás la que quisimos emprender y que dio origen a su creación, una lucha que debe retomarse (más bien, emprenderse) y que resulta importante, en consecuencia, ajustar y mejorar el acuerdo para empoderar la lucha en contra de la corrupción que se ha emprendido, empezando por incluir en acuerdo la palabra corrupción. El Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y la familia, su fin supremo es la consecución del bien común y todas las instituciones del Estados, incluido el ente internacional invitado y coadyuvante, obligados están –cada uno en el ámbito de sus atribuciones– a buscar el mismo fin.
El acuerdo que rige a la CICIG manda que esta se atenga a nuestras leyes, a la Constitución Política de la República, por tanto, la primera Ley la Constitución y no conjunto de buenas intenciones que tiene que cumplirse como todas las demás con la única diferencia de que debe hacerse sobre todas, superior a todas, leyes y tratados. El Ministerio Público no es ninguna avis rara dentro del Estado y mal podría serlo la Comisión que establecimos para coadyuvar en su trabajo, Institución, el Ministerio Público, que tiene como función primera velar por el estricto cumplimiento de las leyes, función que se le quiso suprimir en las reformas constitucionales que quisieron imponerse y que constituye la esencia de la misma, la que la diferencia de cualquier otro litigante y la aleja del esbirro. Por no cumplir con esa función primera es que se dan juicios que se anulan y graves fracasos como los tenidos en los casos Valdez Paiz, Figueroa y Vielmann, por ejemplo.
El jefe del Estado de Guatemala es el Presidente de la República, Representante de la Unidad Nacional, jefe de Estado y de Gobierno y el Ministerio Público y el ente internacional, invitado y coadyuvante, precisan de las relaciones interinstitucionales para su éxito, necesariamente con las instituciones del sector justicia, la defensa pública, la primera, ignorada su importancia para lograr que pueda hacerse justicia y se alcancen los fines del Estado. El Ministerio Público, litigante leal y vigilante de legalidad en lo penal, imprescindible auxiliar para los jueces. Toda institución del Estado debe rendirle informe sobre lo requerido en el perentorio plazo que establezca y al frente de las investigaciones policiales, dirigiéndolas.
Auxiliar clave del Congreso puesto que este hace las leyes, pero ¿para qué las leyes si estas no se cumplen? Siendo el Ministerio Público quien debe velar por su estricto cumplimiento. Sin intervenir en la SAT, la IVE, la SIB o la Contraloría General de Cuentas –ellas resuelven lo suyo por sí mismas– celoso guardián, el auxiliar, si incumplen sus deberes habrá de perseguirlos. Uno más, el MP dentro de los órganos no jurisdiccionales de control no político del ejercicio del poder con la citada Contraloría, la PGN y, posiblemente, la más importante de todas, el Procurador de los Derechos Humanos, íntima su relación con todos. La CICIG debe ser fortalecida –mejorado el acuerdo– porque en la lucha contra la corrupción –si importantes los penalistas– no menos los civilistas, administrativistas y especialistas en Derecho Mercantil y Tributario, más familiarizados que estos con fideicomisos, usufructos gratuitos y onerosos, concesiones, contratos e impuestos. La última ratio del Derecho es lo penal y cuanto pueda resolverse fuera de su ámbito, fuera debe resolverse. Existen bienes tutelados, como la vida, que no admiten negociación alguna, pero en lo patrimonial, por ejemplo, todo negociable. El Ministerio Público no es solo la FECI y se requiere el apoyo de la CICIG en otras fiscalías, así como la transmisión a todas de sus capacidades. Mucho ha hecho y hecho bien, pero también ha errado. Se hace preciso una persecución penal, sin espejismos y que no sea la prisión preventiva utilizada para aparentar una eficiencia que aún no se consigue. Brazaletes y arresto domiciliar controlado, suficiente, cuando posible. No deben confundirse las infracciones administrativas con las faltas y delitos, inexistente el fraude sin perjuicio patrimonial causado.
Debe impulsarse el uso del criterio de oportunidad, de la suspensión de la persecución, de la conversión y del procedimiento abreviado.
Debe mejorarse la extinción de dominio, el mejor de los instrumentos en contra de la delincuencia organizada y de la defraudación patrimonial del Estado, pegando donde duele, el pisto y lo que más importa a los guatemaltecos, recuperarlo. Uso de las escuchas telefónicas autorizadas, instrumento del que sí se está haciendo pero uso, pero, también, de los agentes encubiertos y de las entregas vigiladas –estos en pañales todavía– y sin que haya habido resultados. Cuidado de no volver a hacer del testigo, prueba reina, regreso al pasado que evidencia poco desarrollo de las otras. No abuso del secreto que nos regresa al sumario ni de las pruebas anticipadas, donde se pierde la inmediación de la prueba (vicios de inquisitivo, escrito y secreto). Sujeción a la Ley: etapas de instrucción e intermedia, reservadas a los sujetos procesales, público el juicio. Involucramiento en la lucha contra el narcotráfico, la trata y el tráfico de personas y en lo que fue la razón de su origen y que atormenta a los guatemaltecos, el crimen organizado que reina en sicariato y extorsiones. Mucho que aprender de la CICIG y del Comisionado, pero –también– mucho que enseñarles.
En esta línea, en la era tecnológica presente, la complejidad del mundo actual ha llevado a expertos en las ramas más diversas a definir teorías, técnicas, métodos o conceptos que puedan llevar al éxito a la gestión pública. La idea preconcebida de que las políticas públicas corresponden a acciones decididas, llevadas a cabo y autorizadas por el Estado, representado por el Gobierno, de cara a proteger o promover un bien considerado como de interés público, ha dado paso a una sistemática evolutiva en que la administración pública se comporta como una empresa privada que busca satisfacer de la mejor manera las necesidades de sus clientes.
Con ello, se busca que la gestión pública se aproxime a lo administrado, de forma que este se sienta parte de ella que permita aumentar la satisfacción percibida por la sociedad respecto de sus servicios públicos.
Una sociedad sin una eficiente gestión pública es una sociedad desarticulada y sin capacidad de gestionar la voluntad de sus ciudadanos, sin instituciones públicas, un grupo humano no es una sociedad, es algo más parecido a una horda. Por lo que, parece más cierto es que es imprescindible y que lo que debe suceder es que paulatinamente mejore en la gestión que realiza y que es su razón de ser.
Su valor estriba fundamentalmente en el conjunto de vivencias que tiene en el desarrollo de la sociedad y que son la materia prima para categorizarla como una de las modalidades de la acción gubernamental. En este sentido, el mundo de la administración pública son los hechos sociales, políticos y gubernamentales. Distante de ellos se convierte en una caja de pandora. Su organización y funcionamiento tienen justificación en las relaciones de sociabilidad que configuran a la comunidad civil y política.
Por tanto, el espacio y el tiempo que les corresponden determinan su modo de obrar en el cumplimiento de las tareas relacionadas con el orden, la seguridad, la promoción económica y el bienestar social.
En el claro devenir del futuro, el desarrollo científico y tecnológico, la formación de la nueva economía, la vigencia de la sociedad del conocimiento y la democratización del poder son rubros que tienen elementos no convencionales, que están influyendo en el desempeño propio de la gestión
pública.
El irrespeto a los derechos laborales, así como la malnutrición y la pobreza, son solo algunos de los males que afectan a la sociedad guatemalteca, aspectos ante los que el gobierno encabezado por el presidente Bernardo Arévalo y la vicegobernante Karin Herrera enfocó sus esfuerzos durante las útimas horas.
Ayer, en un inusual acto, Arévalo recibió, frente al Palacio Nacional de la Cultura, a los líderes de sindicatos que participaron en la marcha por la conmemoración del Día Internacional del Trabajo, de quienes recibió demandas de crear los mecanismos que permitan mejores condiciones laborales, protección social, seguridad ocupacional y respeto a las actividades sindicales. Ante ellos y miles de asistentes que se dieron cita en la Plaza de la Constitución, el mandatario renovó su compromiso con los valores fundamentaltes de la democracia y la justicia social.
“Nos seguimos enfrentando a la mezquindad de quienes quieren que todo permanezca igual, de quienes se enriquecen a costa del pueblo, satisfechos y temerosos de perder sus privilegios, esa élite político criminal corrupta que ha cooptado las distintas instituciones del Estado y que se resiste a abandonarlas, a pesar del veredicto del pueblo en las urnas”, refirió el jefe de Estado al dirigirse a la multitud.
Horas antes de refrendar su compromiso con la clase obrera, Arévalo y Herrera lanzaron una ofensiva contra la pobreza y la malnutrición en siete municipios, tres de Huehuetenango, así como uno en los departamentos de Totonicapán, Chimaltenango, Sololá y Quiché. El programa, en el que están involucradas nueve instituciones estatales y que busca llevar adelante “una nueva posiblidad para vivir mejor”, se ampliará progresivamente hasta alcanzar los 114 municipios priorizados por sus niveles de pobreza y desnutrición.
El Gobierno está consciente de la “misión trascendental” que tiene por delante, pero, pese a los obstáculos que debe afrontar producto del deterioro institucional que encontró el binomio presidencial al asumir funciones, impulsa acciones para combatir los flagelos que enfrenta la sociedad, pues se siente acompañado por el pueblo de Guatemala al que se debe, toda vez que “la mayoría de guatemaltecos se cansó de ser estafada por esa estirpe de políticos corruptos, esa gente que se sabe merecedora de un futuro mejor y que está dispuesta a participar activa y honradamente en su construcción”, como lo afirmó Arévalo.
Joseph Dotu
Asociado de inclusión de la juventud,
OCR Guatemala
La cuestión de la seguridad en el trabajo es un tema de salud pública que se presenta a nivel global. Cada año, los accidentes y enfermedades en el trabajo causan la muerte de cerca de 2.9 millones de trabajadores, y 402 millones de personas se quedan con lesiones. Este problema no genera solamente un costo humano, sino también económico, que está estimado en un 4 por ciento del producto interno bruto mundial anual, casi 3 billones de dólares, según informes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Frente a este reto, los Estados adoptaron compromisos internacionales con el fin de proteger la fuerza laboral en el mundo. Entre estos está el Pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales (1966) que en su Artículo 7b estipula que “los Estados Parte en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que le aseguren en especial […] la seguridad y la higiene en el trabajo”.
En 2015, al adoptar la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, los Estados declararon que este tema seguía siendo una prioridad compartida, al enfocar el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) número 8 en el trabajo decente y las condiciones laborales. En la meta 8 de este ODS, los Estados miembros de la ONU resaltaron la importancia de “un entorno de trabajo seguro y sin riesgos para todos los trabajadores, incluidos los migrantes, en particular las mujeres y las personas con empleos precarios”. Para visibilizar estos temas, en 2003 la OIT declaró el 28 de abril como el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo. Esta conmemoración sirve para sensibilizar sobre la seguridad en el ámbito profesional e impulsar medidas de prevención de los accidentes en el trabajo, así como las enfermedades relacionadas con las diferentes profesionales.
Sin embargo; actualmente, ningún Estado ha alcanzado condiciones de trabajo seguras y saludable, para toda su fuerza laboral. El camino para mejorar el entorno laboral sigue siendo largo para muchos países, entre ellos, Guatemala. Dentro de la sociedad guatemalteca, las personas jóvenes son muy vulnerables a los riesgos laborales, especialmente las mujeres y los pueblos indígenas. Entre enero y octubre de 2023, 1 mil 096 accidentes laborales fueron registrados en Guatemala, principalmente en los sectores de la agricultura y de la industria, según fuente del Ministerio de Trabajo. En 2022 la tasa de informalidad laboral era de 70.8 por ciento, superando la tasa promedio de Latinoamérica, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Eso implica que las personas no siempre pueden cotizar a la seguridad social y tanto se quedan sin cobertura en caso de accidente. Además, se dificulta el control del cumplimiento de las normas laborales, generando un riesgo para la seguridad. La informalidad afecta particularmente a las personas jóvenes. El 73.9 por ciento de las personas entre 13 y 30 años, ocupadas y asalariadas, reportaron trabajar sin el respaldo de un contrato, según fuentes oficiales en una encuesta publicada en 2020 por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa). Esta tendencia se agudiza para las personas jóvenes, de pueblos originarios, que tienen tres veces menor probabilidad de trabajar con contrato laboral, que las personas de otros grupos. Las mujeres enfrentan otro reto: el 68.7 por ciento de las jóvenes declaró encontrarse en situación de inactividad, en comparación con únicamente el 29.2 por ciento de los hombres jóvenes. Esta tendencia se explica, entre otros factores, debido a discriminaciones históricas que han sufrido estos grupos. Estos trabajos ayudan a millones de personas a no caer en la pobreza aguda. La fuerza laboral informal se distingue por salir adelante, a pesar de las barreras estructurales a las cuales se enfrenta. Es importante que esta dimensión sea incluida en el diseño de políticas públicas, para no dejar a nadie atrá
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