COLUMNAS
El Fiscal General que nombró Kennedy
El fiscal general en los Estados Unidos de América –su nombre allá es “Attorney General”–es nombrado libremente por el Presidente de la República siendo preciso, eso sí, su confirmación por el Senado –Órganos, ambos, Presidencia de la República y Senado, eminentemente políticos– y no goza –como goza en Guatemala– de período constitucional alguno, lo que se traduce en que podría ser destituido por la entidad nominadora –el Presidente– en cualquier momento, sin que tenga para hacerlo limitación alguna y sin que se precise de expresión de causa. La institución del fiscal general –la del Attorney General– es sumamente respetada en aquel país y no precisa –es cuestión de cultura política– de un período constitucional para asegurarle a su titular y a la institución bajo su mando, el independiente ejercicio de sus funciones. El respeto por esta independencia que entre nosotros ha debido legislarse, allá cae de su propio peso.
Buena fe y sentido común, los que rigen. El Fiscal General, tanto en los Estados Unidos de América como en Guatemala debe ser de la más absoluta confianza del Presidente y, a un extremo tal que allá, en los Estados Unidos de América, el Presidente John F. Kennedy, muy destacado Presidente americano, nombró como Attorney General–fiscal general a la persona en quien más confiaba– el abogado Robert F. Kennedy –su hermano–( 1961-1964). La necesidad de que aquel que designe el Presidente para el ejercicio de este cargo sea alguien que le inspire la más absoluta confianza deriva –precisamente– de la naturaleza del mismo, ya que una vez hecho el nombramiento, goza el fiscal general de la más absoluta independencia y, si tal confianza es importante en los Estados Unidos de América, cuánto más importante en Guatemala, gozando como goza el Fiscal General de todo un periodo constitucional que le protege y le distancia. Si cuidadoso debe ser el Presidente cuando nombra a los Ministros –estos habrán de caracterizar a su Gobierno– existe un sencillo remedio para el caso de que se equivoque ya que sin más, si así lo considera y sin necesidad de expresar causa alguna, puede removerlos pero esto es absolutamente distinto en el caso del fiscal general puesto que si en este caso se equivoca, el error cometido se hace fatal; puede nombrarle el Presidente pero, una vez nombrado –salvo justa causa debidamente establecida– no puede removerle.
Cuidadoso debe ser el Presidente al nombrar a sus ministros pero siempre tendrá la oportunidad de orientarles e incluso de reprenderles, pero esto es algo que no ocurre en el caso del fiscal general ya que este, una vez nombrado, ejerce sus funciones con absoluta autonomía. Ni siquiera, por parte de la Presidencia, la posibilidad de instrucción general alguna, declarada inconstitucional la norma que lo pretendía. El Presidente de la República, jefe del Estado y del Gobierno, electo por el pueblo, buscará que el fiscal general sea la expresión fiel –sin intervenir jamás en el desempeño de sus funciones– sujeto el fiscal general tan solo a la Constitución y las leyes, de su propio concepto –el de sus electores– de lo que debe ser la velación que a este corresponde del estricto cumplimiento de la leyes, de la eficiente persecución de sus infractores y de la más pronta restauración –hasta el límite de lo posible– del orden perturbado.
El Presidente Kennedy sabía que era preciso combatir y perseguir a las mafias de toda índole y con mayor énfasis incluso a las mafias sindicales, y que, para ello, precisaba del mejor y más confiable de los abogados, habiendo escogido para lograrlo a su propio hermano, abogado que independiente en el ejercicio de sus funciones, guardó siempre lealtad a lo que había sido la razón de ser de su nombramiento. El Presidente Clinton nombró fiscal general a Janeth W. Reno (1993-2001) la primera mujer en ocupar el cargo, llevado a esta después de tener un primer intento fallido con la primera opción en sus preferencias, también femenina y lo hizo por sus excelentes referencias e identificación de lo que aquel pretendía como expresión de su mandato –el de sus electores– y no se equivocó. Cuando el escándalo Lewinsky esta no se le tiró a la yugular –Luz, cámara, acción– aunque inmensas habrán sido las tentaciones habidas para hacerlo sino que hizo lo justo y lo correcto, designar a un Fiscal Especial, institución que –aunque Usted no lo crea– también existe en Guatemala, fiscal especial, Kenneth Starr, ajeno al Presidente Clinton y ajeno a ella misma y que, con absoluta independencia, habría de dirigir –y dirigió–la investigación a realizarse.
La institución del fiscal especial es una importante institución que debe utilizarse cuando el fiscal general tiene en cualquier caso en que deba intervenir algún conflicto e intereses, tal y como un juez, debe excusarse, allá se ha usado cuando preciso pero, entre nosotros, ha brillado por su ausencia. Las dimensiones no deben perderse nunca y deben recordarse siempre; El Presidente de la República es el jefe de Estado y de Gobierno y fue electo por el pueblo; el Comisionado es un funcionario internacional –no un funcionario de la Organización de las Naciones Unidas– y preside la CICIG de conformidad con el mandato que se desprende del acuerdo celebrado entre nuestras autoridades y la ONU, Comisión que entre ambos fuera convenida y, la fiscal general, es una auxiliar de la administración pública y de los tribunales de justicia con funciones autónomas, designada para el cargo por el Presidente de la República para servir el período constitucional que le corresponda.
Cada cual en lo suyo, guardando las distancias y sin perder las dimensiones, se impone su debida coordinación para alcanzar los resultados, lo que incluye al Contralor General de Cuentas, al Procurador General de la Nación y al Procurador de los Derechos Humanos. Para terminar con la corrupción se hace preciso poner orden en el Estado, vital el Congreso –en sus manos presupuesto y leyes– integrado por diputados electos en forma distinta; Reforma del artículo 157 de la Constitución Política de la República.
Consejo Editorial Conadi
En el contexto del Día Internacional de los Trabajadores, es imperativo dirigir la atención hacia la promoción de la inclusión laboral de las personas con discapacidad.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) define la empleabilidad como “la capacidad de una persona para encontrar y mantener un empleo, progresar en él y adaptarse a los cambios a lo largo de su vida profesional”.
Sin embargo, al analizar la situación de las personas con discapacidad en el ámbito laboral, observamos que durante muchos años han enfrentado una tasa de desempleo considerablemente más alta que aquellas sin discapacidad. Incluso cuando logran acceder a un empleo, suelen enfrentarse a condiciones laborales precarias, salarios inferiores y menos beneficios.
En el sector empresarial son pocas las compañías que han adoptado medidas concretas de inclusión en nuestro país. Para ampliar los espacios disponibles, las empresas deben superar la falta de adaptación a la diversidad funcional de sus empleados.
En el sector empresarial son pocas las compañías que han adoptado medidas concretas.
Esto implica mejorar las condiciones de accesibilidad, seguridad y diseño en los lugares de trabajo, así como implementar ajustes razonables y medidas de apoyo necesarias para facilitar la integración de las personas con discapacidad.
Garantizar la empleabilidad es un factor clave para lograr la integración laboral y social de las personas con discapacidad, asegurando la no discriminación y ofreciendo igualdad de oportunidades en el ámbito laboral, así como en las oportunidades de promoción y ascenso.
Es esencial que como sociedad nos comprometamos a crear y mantener entornos que faciliten, permitan y promuevan la accesibilidad, la inclusión y la integración de este sector de la población en el mundo laboral.
Según el resumen estadístico del informe del empleo de 2022, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, 21 mil 294 personas con discapacidad son empleadas, representando el 1.5 por ciento de la fuerza laboral del país.
El Conadi, impulsor de políticas de inclusión en el país, a través de su Dirección Técnica y el departamento de Promoción de Acceso a los Derechos de las Personas con Discapacidad, ha centrado parte de sus esfuerzos en la promoción de la inclusión laboral de las personas con discapacidad.
Esto incluye la creación de oportunidades laborales tanto en el sector público como en el privado, así como la sensibilización de los líderes empresariales y la incidencia ante organizaciones para fomentar su participación plena y efectiva.
Este trabajo tiene como objetivo garantizar el cumplimiento de los derechos establecidos en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por el Estado de Guatemala, incluyendo el derecho a la igualdad y no discriminación, la concienciación y el acceso al trabajo y empleo.
Ignacio López-Goñi
Miembro de la Sociedad Española de Microbiología
La de 1957, originada a partir de la aparición de un nuevo patógeno del tipo H2N2 por
recombinación entre virus de aves y humanos; la de 1968, que causó una nueva cepa H3N2 también originada por la mezcla de virus de aves y humanos, y la amenaza de pandemia en 2009 por una cepa H1N1 cuyo origen fue la recombinación entre virus de la gripe del cerdo, de aves y cepas humanas. En este caso, a diferencia del H1N1 de 1918, causó “solo” unas 200 mil muertes.
El virus H5N1: una pandemia de gripe en aves que ha saltado a mamíferos
A finales de los 90 apareció en China el virus H5N1, causando una gran mortalidad en aves silvestres y casos puntuales en humanos. Posteriormente, llegó a Europa a través de las aves migratorias y empezó a circular de forma masiva y diversificarse.
Desde 2020 se ha detectado una variante de H5N1 (denominada 2.3.4.4b) muy virulenta que ha infectado a muchas aves: patos, gansos, gaviotas, gallinas, pelícanos, cisnes, buitres, águilas, búhos, cuervos… Especies que antes no padecían la enfermedad han sufrido mortalidades nunca vistas.
Todo esto demuestra que no es un salto esporádico de aves a mamíferos.
Además, no solo ha aumentado significativamente el número, sino también la extensión de los brotes en Asia, Europa, África y América. Se han sacrificado cientos de millones de aves en EE. UU. y Europa. El virus H5N1 se puede clasificar como una auténtica pandemia en aves, lo que se denomina una panzootía.
En los últimos meses, el H5N1 también se ha detectado en muchos mamíferos: tejones, osos, gatos, linces, nutrias, mapaches, delfines y marsopas, hurones, visones, zorros, leopardos, cerdos… En octubre de 2022 se identificó en Galicia (España) un brote en una granja de visones y hubo que sacrificar cerca de 50 mil animales. Unas semanas antes se había detectado en alcatraces y gaviotas, por lo que el virus pudo “saltar” de estas aves a los visones.
El patógeno presentaba una mutación en un gen de la polimerasa que podría facilitar su replicación en mamíferos. En 2023 hubo brotes masivos en focas y leones marinos en Escocia, Perú, Brasil, Uruguay y Argentina, con mortalidades inéditas.
También, se han descrito brotes en gatos domésticos en Polonia y Corea del Sur. Incluso se ha detectado como causante de mortalidad en aves y mamíferos silvestres en la región antártica. Todo esto demuestra que no es un salto esporádico de aves a mamíferos, sino de transmisión sostenida.
Se confirma así la transmisión del virus H5N1 entre mamíferos, algo inusitado. No solo puede suponer una amenaza de salud pública, sino un problema de preservación de la biodiversidad.
Y ahora también en el ganado vacuno. El pasado mes de marzo, las autoridades estadounidenses anunciaron que el virus H5N1 se había detectado por primera vez en ganado vacuno lechero en ocho estados. Se trata del mismo tipo 2.3.4.4b que se ha extendido por todo el planeta. Aunque, como hemos comentado, es altamente patógeno en aves, las vacas afectadas solo sufren falta de apetito y reducción en la producción de leche.
Se ha confirmado la infección de un trabajador de una de las granjas, pero el único síntoma ha sido una conjuntivitis. Las pruebas no han encontrado cambios que harían el virus más transmisible a los humanos. También, se ha informado de la presencia de fragmentos del virus en muestras de leche pasteurizada.
En personas se han descrito casos muy esporádicos. Desde la primera detección, ocurrida en 1999 en China, se han registrado alrededor de 900 casos, siempre en individuos en contacto muy estrecho con aves u otros animales. Afortunadamente, este virus no es transmisible entre personas.
Sin embargo, en determinadas situaciones, su letalidad en humanos puede llegar al 50 por ciento. Recordemos que virulencia y transmisibilidad son cosas distintas.
El virus H5N1 se está extendiendo cada vez más en aves y mamíferos. Pero para que acabe siendo pandémico debería conseguir más capacidad de transmitirse por vía aérea entre humanos, mejorar su capacidad de entrar dentro de nuestras células y de multiplicarse y ser capaz de evadir el sistema inmunitario.
Que ocurra toda esta combinación correcta de mutaciones es difícil… pero no imposible. Es un virus que nos viene avisando desde hace tiempo, se acerca cada vez más. El hecho de que cada vez se aísle de más especies de mamíferos y se empiece a transmitir aumenta las posibilidades de que cambie o se recombine.
A medida que la población humana se expande y el medioambiente se deteriora, se altera la relación entre personas y animales y se crean nuevas oportunidades de contacto y transmisión de enfermedades. Todo esto pone de manifiesto la importancia de una estrategia de colaboración y comunicación entre todos los sectores que participan en el cuidado de la salud humana, animal y mediambiental.
Luis Enrique Santana
Investigador Escuela de Comunicaciones y Periodismo
“¡Tengo 23 años en Instagram!”, nos cuenta entre risas una estudiante de 12 años. “¿Pero cómo si no tienes teléfono?”, le preguntan. “Es que tengo mi cuenta en el teléfono de mi prima con un correo que mis papás no conocen”. Otra estudiante de similar edad: “Antes me hacían bullying en Instagram, eran unas niñas de otro colegio”. Un tercer estudiante dice: “Si no entiendo algo en matemáticas, no me importa, porque en la tarde puedo buscarlo en YouTube y así lo puedo entender a mi ritmo”.
No pongamos energías legislativas en medidas cortoplacistas.
Estas experiencias que emergen de la investigación son cruciales de considerar en la discusión legislativa que busca prohibir los celulares en los colegios. A diferencia del espacio presencial, en el digital prohibir no implica cuidar ni proteger, porque la posibilidad de acceder a contenidos y relaciones digitales traspasa los muros de la escuela y el dispositivo de turno.
Hoy día son los celulares, mañana serán los relojes inteligentes y pasado un dispositivo más invisible y difícil de controlar. No pongamos energías legislativas en medidas cortoplacistas y superficiales, abordemos los problemas de fondo, como exigir a los servicios de plataformas digitales la protección de derechos de la infancia y el desarrollo de diseños apropiados a cada edad.
Si bien hay diversos testimonios de docentes y directivos que indican que la presencia del celular en el colegio es conflictiva, si no logramos llegar a acuerdos y definir reglas del juego para un uso positivo y responsable al interior de la comunidad educativa, ¿dónde lo hacemos entonces? Las familias deben involucrarse no solo controlando el tiempo en línea, sino guiando críticamente la experiencia digital y resguardando los espacios de desarrollo que afectan positivamente la salud, el aprendizaje y el bienestar general, como la actividad física o los espacios para compartir con familia y amigos.
Los equipos directivos deben actualizar sus protocolos para regular los usos positivos y negativos de acuerdo con su proyecto educativo. Para ello es necesario desarrollar las capacidades docentes y facilitar los espacios para dialogar y definir un plan formativo al interior de las comunidades educativas. No podemos renunciar a educar.
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