Con justa razón, los ciudadanos se preguntan dónde estaban los responsables de dirigir la Contraloría General de Cuentas (CGC) y el Ministerio Público (MP) cuando ministros y secretarios del régimen de Alejandro Giammattei y Miguel Martínez asaltaban, de manera desenfrenada, el erario.
Sobre todo, llama la atención la forma tan burda y descarada con la que actuaban.

Por esa razón, las pruebas mostradas por el gobierno de Bernardo Arévalo y Karin Herrera son tan apabullantes. Es más, como se ha constatado en las múltiples y recientes denuncias de robo, estos pícaros recurrían al mismo y perverso patrón: asignar contratos a sus cómplices (con quienes sobrevaloraban los costos), para luego autorizar pagos superiores al 90 por ciento de obras, cuyos avances físicos eran inferiores al 50 por ciento.

Lo peor de esta embestida criminal es que muchas de las construcciones y programas fueron abandonados ante la mirada complaciente de estos bribones de cuello blanco y de los órganos contralores que tenían y tienen la responsabilidad de velar por el buen uso de los recursos públicos.

Por eso no extraña comprobar cómo exfuncionarios y contratistas deambulan, campantemente, y lucen en sus redes sociales la vida de millonarios que ellos y su parentela se recetaron a costa del dolor y sufrimiento de un país que tuvo la mala suerte de ver, impotente, el actuar de semejantes pillos.

Las querellas que presentaron ayer el ministro de Desarrollo, Abelardo Pinto, y el comisionado contra la Corrupción, Santiago Palomo, relativas a una carretera por la que se abonó el 96.2 por ciento, pero se ejecutó el 57 por ciento, y la sobrevaloración de alimentos, pilas, kits de limpieza, tubos PVC, etcétera, se suman a las incontables fechorías identificadas, que pasaron desapercibidas por el MP y la Contraloría.

Estas situaciones vividas lloran sangre, pero es peor que en un amago por querer limpiar cara ante la opinión pública, estas instituciones finjan pesquisas que buscan proteger a los responsables y perseguir a los inocentes, como parece ocurrir en el caso de las vacunas Sputnik.

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El presidente Bernardo Arévalo compara la actividad gubernamental con una maratón. Sobre todo, cuando se trata de un Estado cooptado por unas mafias que, desde sus cuevas, mantienen el complot contra las acciones que procuran imponer la decencia en las instituciones y acabar con los saqueos que
permitieron a los malandros imponer una dictadura, la cual les facilitó actuar con tranquilidad e inmisericordia.

Durante la entrevista exclusiva que ofreció al DCA, el mandatario señaló que con la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y las Cortes de Apelaciones, el país se enfrenta a la disyuntiva de seguir siendo un Estado fallido o, por el contrario, se incorpora a las naciones democráticas, que velan por el bienestar general y la defensa de las garantías constitucionales.

Claro, superar este desafío pasa por el retiro de la Fiscal General y jefa del Ministerio Público (MP), quien no solo se niega a perseguir la corrupción, sino que ataca, de manera despiadada, a quienes la denuncian. De ahí que el dignatario considere que, en un año plazo, salga esa camarilla que dirige el ente encargado de la persecución, lo cual puede implicar que los guatemaltecos vuelvan a confiar en la independencia de esas autoridades.

Los acuerdos y pactos con diversos sectores sociales fue otro punto destacado por el jefe de Estado, aunque descartó aquellos que se tomen a la ligera o que pretendan que en dos meses se alcancen consensos en las políticas públicas. Refrendó la voluntad política del Organismo Ejecutivo, así como la necesidad de que estos encuentros empiecen con evidencias sobre los problemas que se buscan resolver y con metodologías de diálogos.

Finalmente, llama la atención conocer los momentos que le representan más satisfacción. “Las visitas a las comunidades para inaugurar obras y reuniones con alcaldes, liderazgos indígenas y empresariales” son las que compensan sus esfuerzos, aunque, entre todas, distingue el apoyo ciudadano recibido, al que asegura que “este Gobierno no va a defraudar”.

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En la rendición de cuentas que ofreció a los guatemaltecos, en el marco de los primeros cien días de gobierno, el presidente Bernardo Arévalo reflexionó en torno a los retos y desafíos que se enfrentan, en su camino para construir un país próspero, justo y equitativo.

Paralelamente a los logros alcanzados, el mandatario refirió los obstáculos que él y la vicegobernante Karin Herrera afrontan para desarticular las estructuras políticas que saquearon el erario en detrimento de la salud, educación y seguridad de los connacionales.

Cuando aludió a la lucha contra las mafias de cuello blanco y conciencia negra que lideraron las administraciones anteriores, el jefe de Estado dejó una perla literaria: el Organismo
Ejecutivo va en “dirección a tierra firme, lejos del pantano de la corrupción”.

Como muestra de esos adelantos, Arévalo ejemplificó con las 34 denuncias presentadas ante el Ministerio Público (MP), que incluyen las anomalías en la compra de las vacunas Sputnik, los trabajos en el Aeropuerto Internacional La Aurora y las dudas en las escuelas Bicentenario, de cuyos procesos no se conocen adelantos.

Tal vez fue por esa sensación de complicidad que los compatriotas y la comunidad internacional observan, el Presidente insistirá en el retiro, por la vía legal, de Consuelo Porras, a quien considera “una amenaza para la democracia”.

El llamado a la conciencia también lo realizó al sistema de justicia, a fin de garantizar la independencia de esas instituciones, llamadas a investigar y sancionar a los delincuentes que han sangrado al pueblo. De esa cuenta, demandó que las “autoridades no callen ni finjan ceguera de forma cínica y cómplice ante los hechos evidentes” de las bandas que han asaltado los recursos públicos.

Además de eliminar más de 1 mil 300 plazas injustificadas, sacar de circulación 39 estructuras criminales y hacer que el Ejército nombrara a la primera comandanta, el dignatario presumió que el nombre de Guatemala volvió a figurar en el mundo, pero con honor y dignidad, calidades perdidas por las atrocidades de expresidentes y exfuncionarios corruptos e impresentables.

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