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COLUMNAS

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Hasta ahora, estimado lector, hemos revisado en conjunto el grado en que la Ley General de Electricidad (LGE) ha alcanzado sus objetivos. Así como evaluado algunos retos asociados a la matriz energética nacional, llegando a la conclusión que la LGE ha cumplido con los objetivos planteados para tan importante cuerpo legal guatemalteco y que los retos aún pendientes en la matriz energética pueden considerarse manejables, y que también pueden enfrentarse con ajustes en lo referente a la normativa, sin la necesidad de incurrir en modificaciones a dicha ley así como a sus reglamentos. Entonces quedan pendientes de revisión dos retos asociados a uno de los temas más importantes del subsector de energía eléctrica nacional, como lo es la electrificación rural, y son los siguientes: 1)La calidad del servicio de electricidad que se presta al usuario puede considerarse como mala en el área rural. 2)El porcentaje aún por electrificar en la República de Gua- temala es grande, y presenta grandes desafíos financieros en inversión y en subsidios. Al respecto, el Decreto 93-96, Ley General de Electricidad, en el Artículo 47, indica lo siguiente: 1)Es una función estatal de naturaleza opcional: El Estado podrá otorgar recursos, cuyo objetivo sea para costear total o parcialmente la inversión de proyectos de electrificación rural, de beneficio social o de utilidad pública, que se desarrollen fuera de una zona territorial delimitada.

Estos proyectos deberán ser evaluados económica y socialmente.

2)Esos proyectos son objeto de subsidio: Los recursos que otorgue el Estado serán considerados como un subsidio, los cuales no podrán ser trasladados como costo al usuario. 3)Los proyectos de Electrificación Rural debieran ser operados por un distribuidor, al quedar ya operativos: Las obras que se construyan con estos aportes serán administradas y operadas por el adjudicatario, quien en estas actividades se obliga a mantenerlas en perfectas condiciones de uso. 4)Estos proyectos deberán ser evaluados económica y socialmente. El Artículo 77 del Reglamento de la Ley General de Electricidad (RLGE) manda al MEM establecer un procedimiento para la elaboración de un informe de evaluación económica y social del proyecto. Lo anteriormente indicado, con el fin de resolver la procedencia o improcedencia del mismo. Es así, estimado lector, que de lo anteriormente expuesto concluimos que la construcción de redes destinadas a electrificar las áreas rurales no es una función prevista en la ley para los inversionistas privados; por el contrario, el marco legal lo asigna en forma directa a la gestión estatal por medio del MEM. Se observa también que el financiamiento de la electrificación rural está previsto para ejecutarse con fondos estatales, concepto que se reafirma en el Artículo 61 del Reglamento de la LGE, el cual manda a estructurar las tarifas de modo que puedan promover la igualdad de tratamiento a los consumidores y la eficiencia económica del sector, enfatizando que en ningún caso los costos atribuibles al servicio prestado a una categoría de usuarios podrán ser recuperados mediante tarifas cobradas a otros usuarios. Y que dentro de todo el marco legal del sector eléctrico únicamente en dos artículos, el 47 de la ley y el 77 del Reglamento de la LGE se aborda dicho tema, se deduce que su desarrollo está todavía pendiente, constituyéndose en una necesidad y a la vez en una oportunidad para nuestra sociedad. El único intento de legislar el suministro para pequeños consumidores se dio por medio de la ley de tarifa social, Decreto 96-2000, el cual por cubrir un rango de consumidores bastante más amplio que el que podría corresponder a la electrificación rural se desenfoca de ese objetivo. ¿Cuál podría ser su contenido para hacerla operativa? Es lo que se continuará planteando en próximas fechas.
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COLUMNAS

Convenio de cooperación

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Sebastián Toledo
guatemala[email protected] 

La Fundación para el Bienestar del Niño Minusválido
(Fundabiem) firmó convenio de cooperación con el Ministerio de Trabajo y Previsión Social (Mintrab), para coordinar esfuerzos en la formación, capacitación e intermediación laboral de personas con discapacidad física.

El acto fue presidido por el ministro de Trabajo, Rafael Rodríguez, y el presidente de Fundabiem, Juan Carlos Eggemberger, iniciativa con la que se espera beneficiar a un número importante de usuarios de 21 centros de rehabilitación en el ámbito nacional. Según el convenio, el Mintrab incluirá a los usuarios de Fundabiem en los programas de inclusión laboral que ejecuta, con énfasis en el programa Empléate Inclusivo, en pasantías laborales, así como la organización y gestión de emprendimientos.

Según el convenio, el Mintrab incluirá a los usuarios de Fundabiem en los programas de inclusión laboral que ejecuta, con énfasis en el programa Empléate Inclusivo, en pasantías laborales, así como la organización y gestión de emprendimientos.

En tanto la Fundación pondrá a disposición del ministerio laboratorios de informática con programas apropiados para personas con la referida condición.

Con la firma de este convenio, se espera incrementar las posibilidades de inclusión de personas con discapacidad en el campo productivo, labor que Fundabiem ha realizado desde hace varios años por iniciativa propia, con el apoyo de los sectores público y privado.

Sin embargo, es conveniente señalar que la exclusión de personas con discapacidad de toda oportunidad de empleo registra cifras muy altas. Ante los efectos de la pandemia, la mayoría de quienes administraban un emprendimiento desde la economía informal, perdió su capital de trabajo, lo que agudizó la exclusión.

La firma de este convenio representa la unificación de recursos y criterios para la promoción de los derechos de un sector que representa el 10 por ciento de la sociedad guatemalteca.

Pero, más allá de ello, es una muestra de buena voluntad que permite la coordinación de acciones entre entidades de Estado y organizaciones de la sociedad civil, para ofrecer resultados de mayor impacto. Así que se esperaría que esta iniciativa también sea adoptada por otras instituciones y poder reducir los índices de exclusión hacia las personas con discapacidad.

Colaborador DCA
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COLUMNAS

África: una cultura que deja huella en Occidente (I)

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Sarali Gintsburg
Grupo Discurso Público, Instituto Cultura y Sociedad, Universidad de Navarra

La historia de la cultura africana se remonta muy atrás en el tiempo: la mayoría de los científicos está de acuerdo en que los primeros humanos evolucionaron en África. Algunos de los restos más antiguos provienen de un emplazamiento humano primitivo en Olduvai Gorge, en Tanzania, y tienen alrededor de 1.8 millones de años.

La palabra “África” se usó por primera vez para describir todo el continente en el siglo XV, pero sus habitantes han estado siempre en contacto entre sí y con el resto del mundo, comerciando, peleando o compartiendo nuevas ideas a lo largo de los ríos, a través de los desiertos o junto al mar.

Desafortunadamente, Europa también llevó a África un comercio intensivo de esclavos.

Aunque las tradiciones orales, la música y la danza son una característica importante de África, este continente también alberga ricas y antiguas tradiciones de literatura escrita.

En la Antigüedad, la costa mediterránea de África era un lugar donde los pobladores de Oriente Medio, Grecia y Roma entraban en contacto con personas del norte y del África subsahariana. En el oeste de África, los reinos africanos existieron durante miles de años y, a mediados del siglo XIII, Malí se convirtió en el imperio más poderoso de
África occidental.

Otros imperios y reinos como Songhai y Benín mantuvieron un extenso intercambio comercial y cultural con los Estados árabes vecinos y con los europeos. Los contactos con Europa se intensificaron a finales del siglo XV, cuando los reyes congoleños se convirtieron al cristianismo, introducido por los exploradores portugueses.

Desafortunadamente, Europa también llevó a África un comercio intensivo de esclavos. A partir del siglo XV, estos fueron trasladados de forma masiva a otros continentes: conocemos mucho sobre el comercio triangular del Atlántico, pero algo menos sobre la trata en el océano Índico. Se sabe muy poco, a menudo de manera anecdótica, sobre la presencia y la vida de los africanos en Europa durante este tiempo.

Las cosas empeoraron aún más tras la Conferencia de Berlín de 1885, cuando varios Estados europeos dividieron el continente en nuevos países, no en función de las similitudes y preferencias culturales, políticas, lingüísticas o religiosas de los africanos, sino de las apetencias de Gran Bretaña, Francia, España, Alemania, Portugal, Bélgica e Italia. Incluso hoy, los conflictos africanos se inspiran regularmente en las consecuencias del acaparamiento de tierras que tuvo lugar hace casi 150 años.

Continuará…

Universidad de Navarra
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COLUMNAS

El Decreto 93-96 y la electrificación rural

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Ángel García
Director Comisión Nacional de Energía Eléctrica
[email protected]

Estimado lector, quisiera invitarle a retroceder en el tiempo y ubicarnos en el 2000. Para entonces, las distribuidoras de energía del interior de Guatemala tenían tres años de haber sido privatizadas, habiendo recibido por parte del Instituto Nacional de Electrificación (INDE) la concesión que este había tenido asignada durante más de 35 años sobre la distribución de electricidad en casi la totalidad de los departamentos ubicados en el oriente y occidente del país.

La cobertura eléctrica bajo gestión estatal hacía todos los esfuerzos a su alcance para llegar a las áreas rurales anteriormente mencionadas.

A raíz de la privatización de la distribución de energía eléctrica en Guatemala empezó a mejorarse la cobertura de este importante servicio y dentro de ese contexto es interesante revisar el informe que brindó Guatemala a finales de noviembre de ese año en Playa Montelimar, Nicaragua, en ocasión del Taller Regional de Electrificación Rural a los representantes de los países centroamericanos, de México, de Brasil y de Argentina, así como a entidades financieras relacionadas con el tema.

En dicho taller se conocieron los informes del estado de la electrificación rural en cada país.

En dicho taller se conocieron los informes del estado de la electrificación rural en cada país. Guatemala, representada por el INDE, informaba del avance logrado en los compromisos adquiridos por parte de esa entidad y cómo “a la hora de ejecutar los proyectos, se encuentra que una serie de comunidades ya están electrificadas por empresas distribuidoras de electricidad”.

Esto por cuanto la distribuidora privada “brinda servicios de electrificación a comunidades fuera de las que están incluidas en el contrato de estas con el INDE. Actualmente, la distribuidora privada ha electrificado 150 mil viviendas; el INDE ha electrificado a 52050 viviendas…”.

En otras palabras, el avance de Guatemala era significativo pero principalmente por la actividad de la empresa privada que mostraba una capacidad de ejecución que buscaba sumar a la que realizaba el INDE, quien citó en ese momento este ejemplo de cómo no había podido conectar a la red a esas poblaciones y viviendas, pero con la sorpresa que ya habían sido atendidos por la distribuidora privada, lo cual era un aspecto positivo para el país.

¿A qué se debe el lento avance de la gestión estatal comparada con la rapidez en atención de la gestión privada? En primer lugar, el estímulo para desarrollar los proyectos que, entre más grande sea, define mayor prioridad para su ejecución. Para la distribuidora privada construir significaba incrementar sus ventas y con ello su rentabilidad.

Para el Estado construir era una obligación que se perfeccionaba después de un proceso de negociación política por la asignación de recursos financieros y como la asignación de dichos recursos es política, la prioridad reduce en lo técnico y en el servicio.

En segundo lugar, siendo que el INDE vendía por abajo del costo, el crecimiento en sus ventas era una carga financiera no un estímu-lo. Cada cliente que conectaba era un cliente al que había que subsidiar y por lo mismo poco atractivo.

En tercer lugar, la burocracia y requisitos que tiene el Estado para poder contratar los bienes y servicios necesarios para ejecutar obra son tantos y a la vez tan complejos que automáticamente convierten a los entes estatales en ejecutores con complicados tiempos para alcanzar sus metas.

Concluimos que el déficit de cobertura de electricidad en nuestro país era un problema de capacidad de ejecución del Estado, pro-blema que en este caso se corrigió casi inmediatamente con la privatización de la distribución. Sin embargo, cabe preguntarse: ¿por qué la máxima cobertura que se ha alcanzado es del orden del 90 por ciento, teniendo a la fecha un 10 por ciento pendiente de conectarse a la red? ¿Qué hacer al respecto? Continuaremos con este análisis.

Colaborador DCA
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