NACIONALES
Testifican víctimas de violación
Mujeres describen abusos vividos durante la masacre ixil, en juicio contra Lucas García.
“Volver a contar lo que ya conté me causa dolor”, expresó una de las víctimas que compartió ayer su testimonio durante el juicio contra Benedicto Lucas García, exjefe del Estado Mayor del Ejército de Guatemala, el cual se efectúa en el Tribunal de Mayor Riesgo A.
Ella, cuyo nombre se omite, junto a otras mujeres indígenas revivió la violencia sexual que sufrió por parte de los soldados hace más de 40 años en el conflicto armado interno en Quiché. Con la voz entrecortada y en su idioma natal detalló cómo el 16 de febrero de 1982, elementos del Ejército llegaron en helicópteros
a su comunidad y desataron el terror.
A pesar de sus intentos por huir a la montaña, las capturaron y se vieron forzadas a refugiarse en una choza, y el relato continúa con el testimonio de la forma en que presenciaron las ejecuciones de sus seres queridos.
5 de abril comenzó el debate por genocidio.
Además, describió cómo las sometieron a vejaciones sexuales. “El sufrimiento se prolongó por cuatro días, hasta que un hombre, en búsqueda de su propia familia, las encontró y las liberó”, refirió.
Lucas García, de 91 años, enfrenta acusaciones de genocidio, desaparición forzada y violaciones de los derechos humanos; en particular, contra el pueblo maya Ixil; por lo cual el Ministerio Público (MP) presenta los testimonios de 152 personas, respaldados por 81 expertos, así como más de 150 peritajes efectuados por la Fundación de Antropología Forense de Guatemala.
Evidencias que arrojan luz sobre los horrores ocultos por varias décadas, en búsqueda de justicia para las víctimas y sus familias.
Fotos: Norvin Mendoza
La educación es necesaria para prevenir el acoso escolar y cibernético. Esa fue una de las conclusiones de un conversatorio realizado en el Colegio Nacional Americano al que asistieron la vicepresidenta Karin Herrera y autoridades de la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas (Svet).
La actividad se llevó en el marco del Día Internacional de dicho flagelosocial. Durante el evento, Herrera llamó “a no normalizar este tipo de violencia, a tomar conciencia del problema y a evitar que niños y jóvenes caigan en estas trampas”.
Dannissa Ramírez, secretaria de la Svet, dio a conocer la labor realizada desde la institución para que evitar que los menores sean víctimas de este tipo de violencia.
Foto: Archivo
El periodista José Rubén Zamora Marroquín cumplió hoy 644 días en prisión preventiva, pese a no haber sido condenado ni sentenciado en un proceso judicial.
“El periodismo no es un crimen y el Poder Judicial debe dejar de mantenerlo como rehén por denunciar corrupción”, aseguró a EFE el hijo de Zamora Marroquín, José Zamora.
Las palabras del hijo del periodista tienen lugar en el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa, mientras el aludido permanece detenido en la cárcel del cuartel militar Mariscal Zavala desde el 29 de julio de 2022.
“Ninguna barrera puede silenciar nuestra búsqueda de la verdad ni la dedicación de mi papá al periodismo y a la libertad de prensa”, destacó.
Recordó que la acusación contra su progenitor ha sido “un proceso espurio, sin juicio ni condena”.
Zamora Marroquín es señalado de lavado de dinero y su captura ocurrió cinco días después de lanzar fuertes críticas de corrupción contra el entonces presidente Alejandro Giammattei (2020-2024) y su pareja sentimental, Miguel Martínez.
Una deuda de arrastre de 3 mil 500 millones de quetzales tiene el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) reveló el titular de la cartera, Oscar Cordón.
El funcionario dijo que ese es un asunto que el despacho debe lograr reducir. Actualmente, el MSPAS realiza una auditoría para determinar si el pago real abarcaría la administración pasada y otras, porque han detectado que hay cobros con más de 10 años de arrastre.
El pasado 7 de abril, Cordón afirmó que el compromiso con proveedores de la red hospitalaria pública ha bajado gracias a los acuerdos hechos con más de 100 abastecedores. Este adeudo de 10 años, que superaba los 733 millones de quetzales, afectaba la relación con los distribuidores para seguir otorgando los medicamentos, equipo y suministros.
Sin embargo, la cartera sanitaria informó que se agilizaron las diligencias para pagar y demostrar a los proveedores la buena fe de cumplir con los contratos firmados.
En este sentido, Salud liquidó, al 20 de marzo, más de 484 millones de quetzales, equivalentes al 66 por ciento. Con ello se busca aliviar la incertidumbre de los proveedores y mantener en firme los asuntos asumidos, y por ende solidificar el abastecimiento.
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