NACIONALES
Se inicia diálogo para reforma judicial
En el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias fue presentado ayer el Diálogo Nacional: hacia la reforma de la justicia, iniciativa que es resultado del acuerdo alcanzado por los tres poderes del Estado, el Ministerio Público (MP), la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
En el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias fue presentado ayer el Diálogo Nacional: hacia la reforma de la justicia, iniciativa que es resultado del acuerdo alcanzado por los tres poderes del Estado, el Ministerio Público (MP), la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
En el acto, el mandatario Jimmy Morales refirió: “La impunidad se ríe de millones de guatemaltecos que no reciben justicia. Este Diálogo Nacional sienta las bases para solucionar ese problema”, y agregó que la participación de los tres organismos estatales garantiza el liderazgo en las acciones.
Al respecto, el titular de la CICIG, Iván Velásquez, indicó que para el país, “sin una reforma profunda de la Justicia, ningún resultado será sostenible a mediano y largo plazo”.
Por su parte, Mario Taracena, titular del Organismo Legislativo, resaltó: “Es la primera vez en la era democrática que los poderes del Estado presentarán una iniciativa en conjunto”; se expresó optimista y comprometido con las gestiones ágiles para su aprobación.
Hacia el consenso
El MP, PDH y CICIG integraron una secretaría técnica que se encargará de llevar a la práctica las acciones de discusión. Velásquez informó que el esfuerzo será financiado por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Thelma Aldana, fiscal general, explicó que las conversaciones se organizarán en ocho regiones, con sedes en Alta Verapaz, Guatemala, Huehuetenango, Jutiapa, Petén, Quetzaltenango, Sacatepéquez y Zacapa, y que se tiene programado entregar los resultados en agosto.
Por discutir
El documento base, el cual será estudiado en las instancias, es una propuesta de 23 cambios a la Constitución y a 5 leyes, entre los cuales destaca que se busca garantizar la independencia funcional y económica del Organismo Judicial, cuya carrera abarcará desde los jueces de Paz hasta a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, quienes durarán 12 años en sus cargos. La presidencia de este ente se ejercerá por 4 años y no se permitirá la reelección.
En relación con la Corte de Constitucionalidad, el número de sus togados se incrementa de 5 a 9, y durarían 9 años en el puesto, y la presidencia se ejercería de forma rotativa.
En cuanto al MP, se propone que la Fiscalía General sea ocupada por 6 años y que no haya reelección sucesiva. Asimismo, se discutirá la creación de un tribunal castrense que conocería delitos o faltas de materia judicial estipuladas en el Código Militar.
También se persigue la eliminación del derecho de antejuicio para los alcaldes y postulantes a cargos públicos, y que los viceministros solo gocen de esa prerrogativa cuando se desempeñen como encargados del despacho.
Rojas refirió que con las modificaciones se pretende garantizar la autonomía judicial, en tanto Oswaldo Samayoa, experto en temas de seguridad, subrayó que, además, se crearán los mecanismos idóneos para la elección de magistrados.
Acuerdos de país
Con el comienzo de las discusiones para reformar el sistema de justicia en Guatemala, se abre el gran diálogo nacional para lograr acuerdos de país que promueve el Gobierno, pues se busca que otras áreas sean abordadas por todos los sectores de la sociedad, según el presidente Jimmy Morales.
“Hago el anuncio de la convocatoria al gran diálogo nacional para el desarrollo humano, en el que todos los sectores nos sentemos a discutir las prioridades que como país tenemos, cómo las alcanzaremos y cómo las vamos a financiar”, puntualizó el mandatario.
Asimismo, Morales invitó a la comunidad internacional para que acompañe los procesos, y “a la población guatemalteca a que, tal como hizo en 2015, siga vigilante y exigiendo a las instancias para que puedan hacerse las reformas tal cual se plantean desde un principio”.
Fotos: PNC
Los allanamientos en busca de presuntos extorsionistas continúan en el país por parte del Ministerio de Gobernación (Mingob). Ayer fueron ejecutadas 10 acciones en el departamento de Guatemala para localizar a personas vinculadas con el mencionado delito.
Como resultado, la Policía Nacional Civil (PNC) reportó la detención de tres supuestos malhechores. A la fecha, suman 595 aprehensiones por el hecho ilícito señalado.
Investigadores de la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (Dipanda) y fiscales estuvieron a cargo de las diligencias en Mixco, Villa Nueva, Santa Catarina Pinula y la capital. Los arrestados son Brenda N, Henry N y Lisseth N, señalados por exigir dinero a ciudadanos bajo
amenazas.
Las autoridades pusieron a los tres a disposición del órgano penal competente para que sean juzgados. Estas diligencias se desarrollaron como parte de la lucha contra las pandillas, que fue redoblada desde que tomó posesión el actual gobierno.
Otros allanamientos
Las fuerzas de seguridad también efectuaron 11 despliegues en Morales, así como en la aldea Fronteras, Río Dulce, Livingston, Izabal, para fortalecer procesos de investigación por distintos crímenes.
NACIONALES
Cinco presuntos delincuentes capturados
Queda desmantelada banda de supuestos tumbadores de droga y asaltos.
Fotos: PNC
Cinco presuntos asaltantes y tumbadores de drogas que se hacían pasar por elementos de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC), de la Policía Nacional Civil (PNC), fueron capturados en la aldea San Luis, Cobán, Alta Verapaz, sobre la Franja Transversal del Norte.
La banda, sindicada de saqueos, era integrada por Karen Martínez, Jairo Chacón, Víctor Barrera, Eddy Melgar y Kevil García. Las autoridades los interceptaron cuando se conducían en una camioneta rumbo a Ixcán, Quiché.
En el vehículo llevaban cuatro armas de alto calibre, 67 municiones, dos silenciadores, seis teléfonos celulares y dos juegos de placas para carro.
Según el informe de la PNC, a los señalados se les incautaron seis chalecos, gorras e insignias con los que se hacían pasar por agentes de la DEIC, así como documentos falsos que simulaban ser órdenes de allanamiento y capturas.
Estas acciones se suman a la lucha que el Gobierno, por medio del Ministerio de Gobernación
(Mingob), ha emprendido contra el crimen organizado, con el fin de recuperar áreas en poder de estructuras ilegales, como el narcotráfico, pandilleros y extorsionistas.
La semana pasada, el Mingob y la cartera de la Defensa Nacional pusieron en marcha el Plan Control Territorial Fase II, en el norte y nororiente del país, que incluye Petén, Izabal, Alta Verapaz y parte de Quiché, frontera con México; además de Zacapa y Chiquimula.
César Mateo, inspector de la PNC, señaló que “ya se le daba seguimiento a la banda desmantelada. No era la primera vez que cometían hechos ilícitos mientras portaban el escudo de la Policía. Sin embargo, se les copó y fueron puestos a disposición del órgano jurisdiccional competente para que
aclaren su situación”.
Los detenidos poseen antecedentes, lo que indica que habían sido apresados o pasan por un proceso penal.
Entre los señalamientos están los que tiene Chacón por robo, asesinato en grado de tentativa y homicidio agravado. Por su parte, Barrera es sindicado por asociación ilícita, tenencia ilegal de armas de fuego y
conspiración.
En su segunda reunión sobre el antejuicio 227-2023 en contra de magistrados titulares y suplentes del Tribunal Supremo Electoral (TSE) por aceptar la inscripción de Manuel Baldizón como candidato a diputado, pese a haber sido condenado por lavado de dinero en Estados Unidos, la Comisión Pesquisidora aprobó ayer el cronograma de trabajo, donde quedaron establecidas las acciones
a realizar en las audiencias de mayo, junio y julio.
De acuerdo con los diputados miembros, el 21 de este mes se le dará audiencia a la Fiscalía de Delitos Administrativos del Ministerio Público (MP); en tanto que el 4 de junio se citará a los magistrados titulares Irma Palencia y Mynor Franco y el suplente Álvaro Cordón, para cuestionarlos respecto a cual fue la normativa en la que se basaron para resolver a favor de Baldizón.
Por último, establecieron que el 2 de julio elaborarán el informe circunstanciado, el cual presentarán al Pleno durante una Sesión Extraordinaria el 8 de ese mes, donde votarán si declaran el antejuicio con lugar o no.
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