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Sala ordena a tribunal que determinen presencia de prensa en juicio por genocidio
Una Sala de Apelaciones de alto impacto otorgó amparo provisional a la defensa de los militares, en situación de retiro, acusados en el juicio por Genocidio.
Una Sala de Apelaciones de alto impacto otorgó amparo provisional a la defensa de los militares, en situación de retiro, acusados en el juicio por Genocidio.
Se ha ordenado al Tribunal de Mayor Riesgo B, a cargo de María Castellanos, que evalúen si la audiencia debe ser a puerta cerrada. «Se ha ordenado a los jueces de Tribunal que decidan si el juicio especial amerita la presencia de los medios de comunicación», explicó Nicté Ochoa, secretaria de la Sala.
Se trata de un amparo provisional que se otorgó a Luis Rosales, defensor militar acusado, José Efraín Ríos Montt,.
La resolución del órgano jurisdiccional da luz verde para que la presidenta del tribunal analice si pueden ingresar o no los medios de comunicación. En este caso se encuentran en el banquillo de los acusados Ríos Montt y José Mauricio Rodríguez Sánchez, señalados de genocidio y delitos de deberes contra la humanidad.
El debate oral y público se retomará el próximo lunes a las 8:30 horas.
Foto: Francisco Jiménez
Dos elementos de la Policía Nacional Civil (PNC) fueron aprehendidos ayer, por formar parte de un “caso gravísimo”, indicó el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, a través de su cuenta de X.
El jefe de la cartera del Interior explicó que un equipo antisecuestros desarrolló la captura de quienes señaló como “dos malos agentes”. “No puedo creer que a las autoridades anteriores les diera miedo entrarle a estos casos”, puntualizó el funcionario en el texto.
La decisión de la Sala Primera de Mayor Riesgo de reducir la condena del exministro de Comunicaciones, José Luis Benito, a un tiempo menor al establecido en primera instancia, solo incrementa la percepción de un sistema cooptado, porque “se sigue un patrón sistemático, en el cual la justicia favorece a los implicados en casos de corrupción”, señaló Manfredo Marroquín, de Acción Ciudadana.
Según Marroquín, la reciente resolución “es una muestra más de cómo el sistema judicial parece operar en beneficio de las redes de corrupción”, y afirmó que la impunidad de los corruptos “es una batalla desgastante”.
Como se recordará, el proceso legal contra Benito por el caso de los 122 millones de quetzales localizados en una casa en La Antigua Guatemala ha sido una montaña rusa de decisiones, desde la declaración de culpabilidad del imputado en febrero pasado, luego un aumento de la pena por parte de la Sala de Apelaciones, y finalmente una nueva reducción de la condena y multa.
Ante el constante robo de transportes pesados con la utilización de tecnología, los empresarios han incrementado su seguridad y servicios de rastreo, aunque no descartan que las organizaciones criminales mejoren sus técnicas.
Las ciencias aplicadas se han convertido en un aliado de las bandas criminales, que a través de aparatos que bloquean la señal GPS atracan los furgones. Llamó la atención de la Asociación de Transportistas Internacionales que en uno de los últimos hechos delictivos se encontró un dispositivo profesional para entorpecer el sistema de posicionamiento.
“Por ello hemos tenido pérdidas millonarias durante mucho tiempo”, expresó uno de los afectados y miembro de la gremial, quien no quiso identificarse por temor.
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