NACIONALES
Reubican a 169 jóvenes en conflicto
Un total de 169 jóvenes en conflicto con la ley fueron separados y reubicados en distintos centros correccionales, de acuerdo a los casos en que incurrieron y según las sanciones impuestas, informó la Secretaría de Bienestar Social (SBS).
Unos fueron llevados al Centro Juvenil de Privación de Libertad (Gaviotas) y otros al Centro Juvenil de Detención Provisional (Etapa I), indicó Francisco Molina, subsecretario de la SBS.
Estos traslados se realizaron en cumplimiento a una orden judicial por parte de Verónica Galicia, juez de Ejecución Penal de Menores.
El correccional Etapa, ubicado en San José Pinula, es usado para adolescentes con detención provisional implicados en algún caso de conflicto con la Ley. En este lugar se encuentran 173 menores, quienes son investigados por el Ministerio Público.
En Gaviotas permanecen 349, que ya fueron sancionados y cumplen un castigo impuesto por los órganos jurisdiccionales, explicó el funcionario.
Con estos cambios, la Policía Nacional Civil se encuentra en alerta para evitar algún enfrentamiento, y los permisos para que los padres de familia puedan visitar a sus hijos detenidos no están suspendidos, agregó Molina. La SBS realizó una remodelación en Etapa, y después de una supervisión la juez Galicia autorizó el uso del centro, lo cual contribuye a evitar el hacinamiento.
También se trabaja en la construcción de otros dos centros juveniles: uno será inaugurado este año y el otro el próximo año, para lo cual se tiene previsto un presupuesto de Q14 millones, confirmó el subsecretario.
Actualmente, en los centros de reinserción social están recluidos 748 jóvenes. De estos, 528 son menores de edad y 220 mayores de 18 años, quienes deben cumplir con la sanción impuesta por los juzgados, se informó.
Con relación a quienes integran pandillas juveniles, el funcionario de la SBS dijo que se usa una herramienta legal para catalogar a los menores, no por el delito cometido, sino por su perfil.
Foto: Francisco Jiménez
Dos elementos de la Policía Nacional Civil (PNC) fueron aprehendidos ayer, por formar parte de un “caso gravísimo”, indicó el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, a través de su cuenta de X.
El jefe de la cartera del Interior explicó que un equipo antisecuestros desarrolló la captura de quienes señaló como “dos malos agentes”. “No puedo creer que a las autoridades anteriores les diera miedo entrarle a estos casos”, puntualizó el funcionario en el texto.
La decisión de la Sala Primera de Mayor Riesgo de reducir la condena del exministro de Comunicaciones, José Luis Benito, a un tiempo menor al establecido en primera instancia, solo incrementa la percepción de un sistema cooptado, porque “se sigue un patrón sistemático, en el cual la justicia favorece a los implicados en casos de corrupción”, señaló Manfredo Marroquín, de Acción Ciudadana.
Según Marroquín, la reciente resolución “es una muestra más de cómo el sistema judicial parece operar en beneficio de las redes de corrupción”, y afirmó que la impunidad de los corruptos “es una batalla desgastante”.
Como se recordará, el proceso legal contra Benito por el caso de los 122 millones de quetzales localizados en una casa en La Antigua Guatemala ha sido una montaña rusa de decisiones, desde la declaración de culpabilidad del imputado en febrero pasado, luego un aumento de la pena por parte de la Sala de Apelaciones, y finalmente una nueva reducción de la condena y multa.
Ante el constante robo de transportes pesados con la utilización de tecnología, los empresarios han incrementado su seguridad y servicios de rastreo, aunque no descartan que las organizaciones criminales mejoren sus técnicas.
Las ciencias aplicadas se han convertido en un aliado de las bandas criminales, que a través de aparatos que bloquean la señal GPS atracan los furgones. Llamó la atención de la Asociación de Transportistas Internacionales que en uno de los últimos hechos delictivos se encontró un dispositivo profesional para entorpecer el sistema de posicionamiento.
“Por ello hemos tenido pérdidas millonarias durante mucho tiempo”, expresó uno de los afectados y miembro de la gremial, quien no quiso identificarse por temor.
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