Fotos: PNC

Cinco presuntos asaltantes y tumbadores de drogas que se hacían pasar por elementos de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC), de la Policía Nacional Civil (PNC), fueron capturados en la aldea San Luis, Cobán, Alta Verapaz, sobre la Franja Transversal del Norte.

La banda, sindicada de saqueos, era integrada por Karen Martínez, Jairo Chacón, Víctor Barrera, Eddy Melgar y Kevil García. Las autoridades los interceptaron cuando se conducían en una camioneta rumbo a Ixcán, Quiché.

En el vehículo llevaban cuatro armas de alto calibre, 67 municiones, dos silenciadores, seis teléfonos celulares y dos juegos de placas para carro.

Según el informe de la PNC, a los señalados se les incautaron seis chalecos, gorras e insignias con los que se hacían pasar por agentes de la DEIC, así como documentos falsos que simulaban ser órdenes de allanamiento y capturas.

Estas acciones se suman a la lucha que el Gobierno, por medio del Ministerio de Gobernación
(Mingob), ha emprendido contra el crimen organizado, con el fin de recuperar áreas en poder de estructuras ilegales, como el narcotráfico, pandilleros y extorsionistas.

La semana pasada, el Mingob y la cartera de la Defensa Nacional pusieron en marcha el Plan Control Territorial Fase II, en el norte y nororiente del país, que incluye Petén, Izabal, Alta Verapaz y parte de Quiché, frontera con México; además de Zacapa y Chiquimula.

César Mateo, inspector de la PNC, señaló que “ya se le daba seguimiento a la banda desmantelada. No era la primera vez que cometían hechos ilícitos mientras portaban el escudo de la Policía. Sin embargo, se les copó y fueron puestos a disposición del órgano jurisdiccional competente para que
aclaren su situación”.

Los detenidos poseen antecedentes, lo que indica que habían sido apresados o pasan por un proceso penal.

Entre los señalamientos están los que tiene Chacón por robo, asesinato en grado de tentativa y homicidio agravado. Por su parte, Barrera es sindicado por asociación ilícita, tenencia ilegal de armas de fuego y
conspiración.

Rubelsy Pimentel

En su segunda reunión sobre el antejuicio 227-2023 en contra de magistrados titulares y suplentes del Tribunal Supremo Electoral (TSE) por aceptar la inscripción de Manuel Baldizón como candidato a diputado, pese a haber sido condenado por lavado de dinero en Estados Unidos, la Comisión Pesquisidora aprobó ayer el cronograma de trabajo, donde quedaron establecidas las acciones
a realizar en las audiencias de mayo, junio y julio.

De acuerdo con los diputados miembros, el 21 de este mes se le dará audiencia a la Fiscalía de Delitos Administrativos del Ministerio Público (MP); en tanto que el 4 de junio se citará a los magistrados titulares Irma Palencia y Mynor Franco y el suplente Álvaro Cordón, para cuestionarlos respecto a cual fue la normativa en la que se basaron para resolver a favor de Baldizón.

Por último, establecieron que el 2 de julio elaborarán el informe circunstanciado, el cual presentarán al Pleno durante una Sesión Extraordinaria el 8 de ese mes, donde votarán si declaran el antejuicio con lugar o no.

Giovanni Pérez Fotógrafo: Tatiana Valenzuela

Foto: TSE

Las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP), presentadas al Congreso de la República, deberían ser aprobadas este año para que entren en vigencia en las elecciones generales de 2027, ya que de no ser así podrían desatarse muchos problemas con las organizaciones políticas y el Tribunal Supremo Electoral (TSE), expresó la presidenta de esa institución, Blanca Alfaro.

La funcionaria reconoció, en la reunión de Resultados de la Comisión de actualización y Modernización Electoral (CAME), que el Parlamento pasa por situaciones difíciles, pero hizo un llamado a la unidad y a que las propuestas sean avaladas en el menor tiempo.

“Si se aprueban dentro de dos años, lleva implícita la temporalidad y por lo tanto no podrán ser aplicadas en el próximo evento electoral”, y esto, insistió, “causará muchos problemas”.

Gustavo Villagrán