NACIONALES
Redoblan acciones de apoyo al adulto mayor
Gobierno implementará más centros permanentes destinados a este sector social.
El Gobierno estableció más acciones en beneficio de los adultos mayores, por medio del Comité Nacional de Protección a la Vejez (Conaprov). Así lo indicaron ayer las autoridades de esta instancia durante su tercera reunión ordinaria.
Entre los puntos aprobados, los integrantes de Conaprov acordaron unir esfuerzos para impulsar una estrategia de comunicación, a fin de que la ciudadanía conozca el trabajo dirigido a proteger a la citada población etaria.
Según los funcionarios, el objetivo es generar conciencia en la ciudadanía sobre el trato digno a las personas mayores, divulgar sus derechos e informar acerca de los diferentes servicios que tienen las instituciones para al sector aludido.
84 recintos diurnos existen para atender al citado sector social.
Además, anunciaron que trabajan en habilitar otro Centro de Atención Permanente para el Adulto Mayor, con el cual ya sumarían 3 de este tipo y 84 diurnos en todo el país.
De acuerdo con lo informado, la integración de la mencionada comisión a la Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS) permitió impartir un diplomado dirigido a todas las cuidadoras de los recintos aludidos en todo el territorio nacional, para reforzar sus conocimientos en las técnicas y cuidados de los ancianos.
En la reunión también fue abordada la participación de la presidenta de Conaprov en el curso Formación sobre derechos de las personas adultas mayores en Iberoamérica, que tuvo como objetivo mejorar las políticas enfocadas en la vejez, desde una perspectiva de derechos humanos.
La Conaprov la integran los ministerios de Trabajo, de Salud y de Desarrollo Social, así como la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) y la Procuraduría General de la Nación (PGN).
Esta entidad es la encargada de promover, impulsar, coordinar, realizar y orientar programas y acciones relativos al bienestar y seguridad de las personas de la tercera edad.
La Comisión de Economía y Comercio Exterior, presidida por el diputado Jorge Ayala, se reunió con el presidente del Congreso de la República, Nery Ramos y otros integrantes de Junta Directiva, así como con distintos representantes de los bloques legislativos para dar continuidad a la discusión de las enmiendas propuestas a la Ley de Competencia.
De acuerdo con Ayala, se buscarán los consensos necesarios para modificar 54 artículos de la iniciativa 5074, para lo cual fue constituida una instancia de asesores de todas las bancadas, quienes estudiarán las propuestas que sí requerirían un análisis, las cuales espera empiece la próxima semana.
Para la Sesión Plenaria de este martes estaba agendada la Ley de Competencia, para su aprobación en tercera lectura; sin embargo, necesitaba un quórum de 107 parlamentarios, pero asistieron menos de 100, por lo que quedó pendiente su avance.
Foto: Movimiento Semilla
Diputados electos por el Movimiento Semilla presentaron hoy, en Gestión Penal del Organismo Judicial (OJ), una querella contra los fiscales del Ministerio Público (MP), Rafael Curruchiche, Cinthia Monterroso y Leonor Eugenia Morales.
La acción legal se interpuso debido a que, en una conferencia de prensa que tuvo lugar en diciembre de 2023, los señalados cuestionaron los resultados electorales. Por ello, la agrupación consideró que los empleados del MP cometieron delitos de usurpación, desobediencia y violaciones a la Constitución.
El legislador Samuel Pérez explicó que la acción contra los fiscales es por intentar hacer creer que los resultados de la actividad cívica no reflejaban la voluntad del pueblo de Guatemala, por lo que es parte de un proceso para evitar la impunidad en estos casos.
«Presentamos la denuncia y los señalamos por sus declaraciones en una conferencia de prensa, en la cual daban a entender o intentaban hacer creer la invalidez de las urnas», declaró el legislador a los medios de comunicación.
La Comisión Pesquisidora, presidida por el diputado Christian Martínez, tuvo su primera reunión de trabajo para analizar las diligencias de antejuicio 227-2023, promovidas en contra de magistrados titulares y suplente del Tribunal Supremo Electoral (TSE).
Durante la instancia se entregó el expediente del caso a los diputados miembros y acordaron reunirse los martes a las 10:00 horas, en cumplimiento de la Ley en Materia de Antejuicio, que les dispone 60 días hábiles para efectuar un informe circunstanciado que deberá presentarse ante el Pleno del Legislativo.
En esta denuncia se señala a los magistrados por aceptar la inscripción de Manuel Baldizón como candidato a diputado, pese a que fue condenado por lavado de dinero en Estados Unidos, con lo que se dejó de lado criterios de honorabilidad e idoneidad.
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