Mediante el Acuerdo Gubernativo 49-2016, el presidente Jimmy Morales vetó el Decreto 13-2016 del Congreso de la República, que entre otros aspectos buscaba, por medio de reformas al Código Penal (Decreto 17-73), sancionar hasta con 3 años de cárcel a funcionarios que hubieran sido citados al Organismo Legislativo y no asistieran.
Entre los argumentos del mandatario está que la disposición atenta contra la Carta Magna, por lo que se refiere que la Corte de Constitucionalidad tendrá que dictaminar sobre el asunto.
El Decreto 13-2016 establece la enfermedad como única excusa para que los trabajadores gubernamentales no atiendan citaciones de diputados.
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