COLUMNAS
¿Por qué unos sí y otros no?
Por: Acisclo Valladares Molina
No habrá bono navideño para los empleados del Organismo Judicial –tal lo anunciado–, pero sí lo habrá para otros empleados públicos y es más que razonable que, en consecuencia, cualquiera pudiera preguntarse:
¿Por qué unos sí y otros no?, Interrogante que da lugar –innumerables las respuestas– a todo tipo de conjeturas.
¿Por qué las prebendas de que gozan algunos empleados públicos –el bono navideño, por ejemplo– o el crecimiento de sus salarios –con proporciones geométricas, crecimiento por mera antigüedad–, en tanto que los de otras dependencias e instituciones no las gozan y hace que , como los chinos –simpática expresión esta del mejor sabor chapín– se quedan tan sólo “milando” ?
Múltiples las conjeturas para explicarlo pero, la verdad, es que solamente existe una que es válida y nos da la respuesta: la Torre de Babel en que hemos convertido el Estado ,hasta hacerlo el reino mismo de las más increíbles incoherencias y arbitrariedades.
El pecado original es la cultura de incumplimiento de las leyes que sigue prevaleciendo entre nosotros, empezando por el incumplimiento de la Constitución Política de la República, la más alta de las normas, cuerpo legal que establece que es el Procurador General de la Nación –nadie más– el representante del Estado y es el caso, sin embargo, que en representación del Estado adquieren los distintos funcionarios compromisos que le obligan, tal el caso de los Pactos Colectivos de Condiciones de Trabajo que proliferan –incontrolables– en las instituciones públicas y las graciosas granjerías que se ocurren, canastas navideñas, por ejemplo.
Como cosa curiosa, donde brilla por su ausencia un razonable pacto colectivo de condiciones de trabajo es ni más ni menos que en la Procuraduría General de la Nación, sus funcionarios y empleados, echados al olvido.
Feudo de las más increíbles granjerías, el feudo de los puertos, olvidado el Estado que con el dinero del pueblo –cuantiosísimas las inversiones– se buscó eficiencia y buen servicio, con el menor de los costos y no la creación de privilegios: clave la actividad de los puertos para nuestro comercio exterior en ambas vías, importaciones y exportaciones pudiendo, si caro su servicio, hacer menos competitivos nuestros productos y castigar a nuestros consumidores con un precio mayor para los bienes que importamos.
Puede haber diferencias ¡Qué duda cabe! pero diferencias debidamente evidenciadas y evaluadas con una unidad de criterio cuya expresión final tiene que ser –necesariamente– la de la única autoridad que, por mandato constitucional expreso, tiene la representación del Estado, el Procurador General.
Quejas, quejas, quejotas y quejitas (en esas vivimos), pero somos incapaces de colocarnos frente al espejo, preguntarnos el porqué de nuestras quejas, respondernos cómo superarlas y tomar acciones para lograrlo.
La Torre de Babel se extiende a que no llega a comprenderse que la representación del Estado que compete al Procurador General es la interna en tanto que, la externa, compete al Presidente de la República, jefe del Estado, al Ministro de Relaciones Exteriores y a los agentes diplomáticos cuando investidos de poderes para hacerlo y en el exclusivo ámbito de la jurisdicción que les competa.
El agente principal del Estado en los juicios internacionales recibe su nombramiento como tal del Ministro de Relaciones Exteriores y carece de cualquier representación distinta a la que implique –en el caso concreto– su calidad de abogado del Estado.
Como consecuencia de esta segunda Torre de Babel, se han contraído compromisos del Estado en el ámbito internacional por instituciones y dependencias que carecen de su representación interna o externa, los contraídos por la Comisión Presidencial en Materia de Derechos Humanos (COPREDEH) el más significativo de los abusivos ejemplos.
Sin cuido alguno por quienes deben hacerlo y sin representación legítima –ajustada a la ley– se han contraído obligaciones que, en algunos casos –nulas– llegan en los Pactos Colectivos de Condiciones de Trabajo hasta el límite mismo de lo absurdo y, de igual manera, las indemnizaciones ilegalmente convenidas, millonarias unas –lo que se oculta– y otras, paupérrimas.
Si grave el festinado uso que se hace de la representación del Estado por quienes carecen de título alguno para hacerlo, contrariando la representación establecida por mandato constitucional expreso y las Convenciones y los Usos internacionales, gravísimo, también, que cada institución del Estado se haya convertido en un feudo de juridicidad, olvidándose que los dictámenes de los distintos asesores no tienen valor alguno si carecen del visto bueno del Procurador General, la Procuraduría General, la única asesora y consultora de los órganos que integran el Estado.
Esta es la razón por la que el Estado ha perdido su unidad de criterio jurídico y cada institución va por donde quiere.
Lo malo es que los jóvenes quieren que todo esto cambie, pero no saben cómo y, los mayores, bien que lo saben pero a pesar de las quejas y quejitas no se atreven a los cambios. ¿El cambio requerido? Aunque parezca mentira, uno solo y muy sencillo: que se cumplan la Constitución y las leyes.
Entre tanto, absurdos y leoninos pactos colectivos, indemnizaciones por doquier, arbitrarias e incoherentes decisiones, sin unidad alguna de criterio jurídico las autoridades del Estado.
Consejo Editorial Conadi
Desde la pandemia de Covid-19, la inmunización se ha constituido como un tema de trascendental importancia, al ser una herramienta crucial para salvaguardar a nuestras comunidades. El acceso equitativo a la vacunación no solo constituye un componente esencial de la atención primaria de salud, sino que también se establece como un derecho humano fundamental.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha subrayado que sin las vacunas, las epidemias de numerosas enfermedades prevenibles podrían resurgir, dando lugar a un aumento significativo en los casos de enfermedad, discapacidad y, lamentablemente, fallecimientos.
Por consiguiente, resulta imperativo tomar conciencia sobre la importancia de que los programas de inmunización sean accesibles para todas las personas, especialmente para aquellas que viven con alguna discapacidad.
La vacuna salva millones de vidas cada año.
La International Disability Alliance (IDA) ha emitido un llamado enérgico instando a los países a implementar planes de vacunación que prioricen a todas las personas con discapacidad. Este colectivo enfrenta barreras tanto actitudinales como ambientales que pueden obstaculizar su acceso a los servicios de salud, lo cual subraya la necesidad de una atención prioritaria.
Es importante tener en cuenta que las personas con discapacidad, según su condición, pueden estar especialmente expuestas a enfermedades infecciosas y correr un mayor riesgo de sufrir complicaciones graves. Por lo tanto, la vacunación adquiere una relevancia aún mayor para proteger su salud y bienestar.
La Red Latinoamericana de Organizaciones de Personas con Discapacidad y sus Familias (Readis) ha destacado que las personas con discapacidad constituyen un grupo vulnerable dentro de la población, lo que implica la necesidad de que los gobiernos garanticen y prioricen la vacunación para este segmento, independientemente de diversos factores como género, edad o tipo de discapacidad.
Para garantizar el derecho a la salud de las personas con discapacidad y crear un entorno seguro, es esencial incluir a asistentes personales, cuidadores familiares y trabajadores de servicios relacionados con la discapacidad en los programas de vacunación.
Esto supondría un avance significativo en la priorización de los sectores vulnerables que conforman nuestra sociedad. En el ámbito nacional, el Organismo Legislativo ha dado pasos importantes para garantizar el acceso a los programas de vacunación, como la aprobación en 2022 del Decreto 6-2022, Ley de Vacunación, normativa que garantizará la vacuna voluntaria y gratuita a todos los guatemaltecos y que hace posible la inmunización con pertinencia cultural en todos los departamentos del país.
La Semana Mundial de la Inmunización, celebrada del 24 al 30 de abril, nos brinda la oportunidad de unirnos al llamado global para garantizar programas de vacunación dirigidos a personas con discapacidad y sus familias. La salud es un derecho fundamental respaldado constitucionalmente, y su provisión debe ser equitativa y libre de discriminación.
Mary Macmillan
Facultad de Artes Liberales
En los últimos años se ha visto un aumento significativo en la producción de textos dirigidos a un público infantil. Numerosas editoriales tanto consolidadas como aquellas que conocemos como independientes han considerado explícitamente en sus catálogos a esos “locos bajitos”, como diría Serrat. Si visitan ferias de libros habrán notado esta oferta de libros colorinches, incluso para pre lectores con tapas duras, con una variedad de temas y estilos singulares que marcan cada propuesta editorial.
Los niños de hoy en día son “consumidores” de libros y los padres están dispuestos a invertir económicamente en este ítem. Sin embargo, ocurre un fenómeno curioso y preocupante: una vez que el niño supera la etapa de la infancia y entra a la adolescencia o a la preadolescencia, deja de leer o interesarse por comprar nuevos libros.
Se supone que si un niño está familiarizado con el libro tanto como objeto como con el proceso de lectura seguiría de modo casi espontáneo con la lectura en niveles más complejos.
Por supuesto que siguen leyendo los textos de lectura obligada en sus colegios, pero ya no compran sus propios libros. ¿Por qué ocurre este fenómeno? Intentaré dar algunas luces. Se supone que si un niño está familiarizado con el libro tanto como objeto como con el proceso de lectura seguiría de modo casi espontáneo con la lectura en niveles más complejos.
Pero no es así. Una primera respuesta a este problema radica en la enorme oferta de libros para niños que no poseen una suficiente calidad literaria que le permita hacer una experiencia de lectura significativa.
Muchos padres no lectores conciben la compra de libros para sus hijos como una inversión en términos de un capital informativo o de lectura como herramienta laboral. Pero la experiencia de lectura implica muchos aspectos que van más allá de lo informativo.
Un libro es un espacio en el que se nos introduce en un entramado simbólico, de tradiciones culturales previas, de estructuras narrativas complejas y también de belleza estética. Llenar al niño con libros colorinches no es necesariamente llevarlo a una competencia lectora.
En una experiencia de lectura el niño se plantea sus propias preguntas, cultiva un lenguaje rico en resonancias y connotaciones, sigue una narración de la que se hace parte con apuestas anticipatorias, rechaza o confirma finales, se mueve en planos morales sobre conductas o comportamientos de los personajes, etcétera.
La lectura es un acto complejo en el que la mediación de un adulto empático y criterioso sigue siendo de suma importancia. Es lo que la estudiosa de literatura infantil, Teresa Colomer, denomina como “implicación sociofamiliar”.
Esto porque “a menudo no hay adultos formando ese entramado socioafectivo en casa ni en el entorno social”. En los tiempos que corren este planteamiento puede ser juzgado de adultocéntrico y de impositivo.
Pero desconocer la importancia de la mediación es olvidar el contexto intergeneracional en que brota el trascendental hábito de la lectura por gusto. Entendemos la mediación lectora como un compartir y debería estar lejos de situaciones del tipo “adivina qué tengo en la cabeza” (Gordon Wells).
Es decir, ese hábito docente en el que “los niños se esforzaban por saber qué esperaba el maestro que respondieran, en lugar de pensar realmente en el cuento sobre el que eran interrogados” (Colomer). La lectura libre que surge del mismo sujeto solo perdurará si ha sido previamente impulsada por un adulto interesado en el niño, que sabia y prudentemente lo ayude a encontrar ese libro que lo estimule y lo introduzca en su propio camino.
Andrea Cocchini
Profesor de Derecho Internacional de la Universidad de Navarra
Estos datos manifiestan la inadecuación de los sistemas de reciclaje actuales, así como de alternativas, aparentemente más sostenibles, como los plásticos biodegradables o los bioplásticos.
Claro está que no se puede pedir que el futuro tratado regule y resuelva los múltiples retos, técnicos, económicos y sociales, que suponen todas las fases de vida de los plásticos (la extracción de las materias primas, el diseño de los productos, su consumo, la gestión y el traslado transfronterizo de los desechos plásticos).
El borrador sugiere excluir del ámbito de aplicación del futuro tratado las fases de extracción y transformación de las materias primas necesarias para la producción de plásticos.
No obstante, en atención a la gravedad y la urgencia del problema, parece que una (¿quizás ya la única?) solución aún posible para invertir el rumbo al que nos llevan las cifras referidas sería la inclusión en el nuevo tratado de una prohibición a los estados partes de producir nuevos plásticos innecesarios. Sin embargo, después de la tercera ronda de negociaciones del INC (de las cinco previstas), la sensación es que los delegados estatales no están realmente barajando esta posibilidad, ni siquiera a medio plazo.
En el momento en que se escribe, disponemos de un segundo borrador de tratado que será el documento de referencia para las negociaciones de la cuarta sesión, que tienen lugar del 21 al 30 de abril de 2024 en Ottawa (Canadá). El documento recoge las diferentes posturas de los representantes nacionales durante la tercera ronda de negociaciones que tuvo lugar en Nairobi (Kenia), en noviembre de 2023.
Este segundo borrador cubre un amplio abanico de alternativas, en ocasiones diametralmente opuestas. Por un lado, mantiene la propuesta de prevenir, reducir progresivamente y eliminar la futura contaminación plástica para 2040, reflejando así las posturas de los países más interesados en erradicar el problema, como los reunidos en la Alianza de Pequeños Estados Insulares.
Por otro lado, de acuerdo con los Estados que proponen centrarse más en la gestión racional de los residuos plásticos y en la mejora del diseño del plástico para hacerlo más reciclable (como los del Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo), el borrador sugiere excluir del ámbito de aplicación del futuro tratado las fases de extracción y transformación de las materias primas necesarias para la producción de plásticos (esencialmente, crudo y gas).
Continuará…
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