El irrespeto a los derechos laborales, así como la malnutrición y la pobreza, son solo algunos de los males que afectan a la sociedad guatemalteca, aspectos ante los que el gobierno encabezado por el presidente Bernardo Arévalo y la vicegobernante Karin Herrera enfocó sus esfuerzos durante las útimas horas.

Ayer, en un inusual acto, Arévalo recibió, frente al Palacio Nacional de la Cultura, a los líderes de sindicatos que participaron en la marcha por la conmemoración del Día Internacional del Trabajo, de quienes recibió demandas de crear los mecanismos que permitan mejores condiciones laborales, protección social, seguridad ocupacional y respeto a las actividades sindicales. Ante ellos y miles de asistentes que se dieron cita en la Plaza de la Constitución, el mandatario renovó su compromiso con los valores fundamentaltes de la democracia y la justicia social.

“Nos seguimos enfrentando a la mezquindad de quienes quieren que todo permanezca igual, de quienes se enriquecen a costa del pueblo, satisfechos y temerosos de perder sus privilegios, esa élite político criminal corrupta que ha cooptado las distintas instituciones del Estado y que se resiste a abandonarlas, a pesar del veredicto del pueblo en las urnas”, refirió el jefe de Estado al dirigirse a la multitud.

Horas antes de refrendar su compromiso con la clase obrera, Arévalo y Herrera lanzaron una ofensiva contra la pobreza y la malnutrición en siete municipios, tres de Huehuetenango, así como uno en los departamentos de Totonicapán, Chimaltenango, Sololá y Quiché. El programa, en el que están involucradas nueve instituciones estatales y que busca llevar adelante “una nueva posiblidad para vivir mejor”, se ampliará progresivamente hasta alcanzar los 114 municipios priorizados por sus niveles de pobreza y desnutrición.

El Gobierno está consciente de la “misión trascendental” que tiene por delante, pero, pese a los obstáculos que debe afrontar producto del deterioro institucional que encontró el binomio presidencial al asumir funciones, impulsa acciones para combatir los flagelos que enfrenta la sociedad, pues se siente acompañado por el pueblo de Guatemala al que se debe, toda vez que “la mayoría de guatemaltecos se cansó de ser estafada por esa estirpe de políticos corruptos, esa gente que se sabe merecedora de un futuro mejor y que está dispuesta a participar activa y honradamente en su construcción”, como lo afirmó Arévalo.

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En el marco de los primeros 100 días de gestión (los cuales se cumplieron hace una semana), los 48 cantones de Totonicapán se pronunciaron sobre el trabajo realizado por el Gabinete de Gobierno liderado por el binomio presidencial constituido por Bernardo Arévalo y Karin Herrera. La evaluación es bastante
crítica, aunque sigue siendo esperanzadora en cuanto a la construcción de una Guatemala “incluyente, competitiva, con equidad política y prosperidad para todos”.

Históricamente, la voz de los 48 cantones ha tenido indudable importancia, puesto que representa la visión y necesidades de un sector importante de los pueblos originarios.

Sin embargo, en estos momentos, sus demandas adquieren un carácter fundamental, porque fueron ellos, junto a otras organizaciones, quienes evitaron que el país sucumbiera ante los desenfrenados deseos de la administración de Alejandro Giammattei, en complicidad con el Ministerio Público (MP) de Consuelo Porras y magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) y de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), de legitimar la asfixiante dictadura que llevaban en proceso.

Al recordar los más de 100 días de resistencia pacífica, estos liderazgos reiteraron sus reclamos sociales, entre los que destaca “la pronta destitución de la Fiscal General del MP y los jueces aliados de la impunidad y corrupción”.

Además, claman por ejecuciones presupuestarias que beneficien a los pueblos maya, xinca y garífuna, mayor inversión en infraestructura productiva, vial y eléctrica en áreas donde se concentra la pobreza, así como un sistema educativo trilingüe (maya, castellano e inglés), la reinvención de la red hospitalaria pública y fortalecer la micro, pequeña y mediana empresas rurales, “desde la lógica” de sus representados.

Arévalo y Herrera tienen claro que la nueva primavera implica atender a los sectores que, desde siempre, han sido olvidados de las políticas públicas y saben que el camino al desarrollo pasa, obligadamente, por depurar las instituciones estatales y generar oportunidades para todos.

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El Ministerio de Gobernación (Mingob), en esfuerzo integral con otras instituciones del Estado, no baja la guardia en su lucha contra el narcotráfico.

Es una labor titánica de las fuerzas especiales de la Policía Nacional Civil (PNC) que no tiene tregua en los cuatro puntos cardinales, utilizando todas las herramientas para evitar que el país sea cada vez más, parte o puente del trasiego internacional de estupefacientes.

El golpe más reciente contra los grupos de narcotraficantes se produjo ayer, cuando en una de las rampas de Puerto Quetzal fue incautada gran cantidad de cocaína que había llegado en un contenedor, estimada en 1 mil 300 kilogramos.

Con este cargamento, el volumen arrebatado a las organizaciones ilícitas internacionales, de enero a la fecha, suma más de siete mil kilogramos, superando con creces los resultados obtenidos en similar período del año anterior.

El términos monetarios los mismos representan más de 700 millones de quetzales, contra 610 millones en 2023, pero, sobre todo, las autoridades evitan de esta manera, daños irreparables en la salud de los consumidores.

El trabajo de inteligencia, y sobremanera, el compromiso del Gobierno se está cumpliendo, pues no se puede soslayar que directa o indirectamente, el ingreso de drogas a manos de los grandes cárteles, ocasiona severos daños en la población.

Por consiguiente, con estas acciones, las fuerzas antinarcóticas se están convirtiendo en un escudo contra los embarques de estupefacientes.

Es oportuno destacar que esa imagen que se ha tenido sobre Guatemala, de ser un puente de casi el 90 ciento de la droga que va con destino a Estados Unidos, debe quedar atrás con esta política de combate frontal de las fuerzas de seguridad.

Por lo pronto, para los próximos años ese reto que tienen las autoridades de fortalecer los controles, sin lugar a dudas, es un desafío mayúsculo debido a que los grupos criminales buscarán otras maneras de trasegar.

Sin embargo, el apoyo interinstitucional con el Ministerio de la Defensa y la Fuerza Especial Naval, junto al Ministerio Público, seguirá siendo clave en ese compromiso. La Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica, también juega un papel de inteligencia preponderante, pues cada vez el trasiego será más sofisticado.

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