Durante los primeros meses del año, el combate al narcotráfico en Guatemala ha logrado resultados sin precedentes, con un marcado incremento en la incautación de cocaína, en comparación con el mismo período de 2023.

Según datos proporcionados por el titular del Ministerio de Gobernación (Mingob), Francisco
Jiménez, los decomisos de droga están valuados en 859 millones 143 mil 465.89 quetzales, y corresponden al trabajo del 14 de enero al 29 de abril de 2024.

El aumento contrasta con las cifras del año anterior, cuando estos despojos a los cárteles alcanzaron 156 millones 813 mil 911.09 quetzales en el mismo lapso. “Van 5.5 veces más cocaína confiscada ahora que en similar período de 2023”, resaltó Jiménez en sus redes sociales.

El último golpe al crimen organizado se registró el pasado fin de semana en Puerto Quetzal, Escuintla, donde las fuerzas antinarcóticas de la Policía Nacional Civil (PNC) aseguraron 1 mil 300 kilos de cocaína, valorados en 133 millones 563 mil 300 quetzales. Además, el 25 de abril se reportó la incautación de 826 kilogramos de la misma droga en Morales, Izabal, con un valor de 84 millones 864 mil 685.5 quetzales.

Estas operaciones se realizan de manera interinstitucional, con el apoyo del Ejército de Guatemala, que ha respaldado las acciones de seguridad de la PNC, fortaleciendo la vigilancia en fronteras y áreas interiores del país.

Buenas acciones

Walter Menchú, analista en serguridad del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), dijo que estos logros son alentadores y reflejan un avance en la lucha contra este flagelo. “Esperamos que para finales de 2024 se superen las cifras alcanzadas en 2023”, expresó.

En cuanto a la reducción del ingreso de ilícitos por aire, Menchú explicó que durante la pandemia del Covid-19 se utilizaron métodos aéreos debido al cierre de fronteras, pero ahora se han retomado las rutas tradicionales, como los envíos marítimos y trasiegos terrestres.

Asimismo, destacó la importancia de la colaboración internacional, especialmente con países aliados como Colombia, México y Estados Unidos, con los que Guatemala ha mejorado sus relaciones, el intercambio de información e inteligencia para identificar y combatir estos trasiegos.

Por su parte, Jorge Ortega, militar retirado y experto en seguridad nacional, resaltó la importancia del trabajo conjunto entre el Ejército y la Policía para neutralizar las amenazas transnacionales.

Luis Carrillo Fotógrafo: Archivo

Con la finalidad de exponer, teóricamente, el contenido de la propuesta de reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP), la presidenta del Tribunal Supremo Elector (TSE), Blanca Alfaro, se reunió con la Comisión de Asuntos Electorales del Parlamento.

“Se presentó lo platicado durante las diferentes mesas de la CAME (Comisión de Actualización y Modernización Electoral) y los planteamientos administrativos que, de alguna manera, han sido incluidos en la iniciativa”, explicó la funcionaria. Agregó que, seguramente, habrá otras proposiciones y serán las bancadas las que buscarán los consensos.

El proyecto incluye 31 artículos por reformar, los cuales abordan ejes como Sistema Electoral y de Organizaciones Políticas, Régimen de Financiamiento Político y Medios de Comunicación, Justicia Electoral, Fortalecimiento de la Autoridad Electoral y Proceso Electoral.

Juan Ignacio Quijada, presidente de la mencionada sala legislativa, indicó que la visita fue a solicitud de los diputados integrantes de la citada instancia, quienes querían conocer, de primera mano, la propuesta. Sin embargó, expuso que, posiblemente, no vayan a aprobar todo el paquete de modificaciones, debido a que deberán analizar las más importantes.

Se inician audiencias

Al mismo tiempo que la presidenta del TSE promovía las reformas, la Comisión Pesquisidora que analiza el expediente 246-2023, que abre proceso de antejuicio contra los magistrados titulares Irma Palencia, Ranulfo Rojas, Alfaro, Gabriel Aguilera y Mynor Franco, inició las reuniones y estableció la primera audiencia.

El legislador electo por el Movimiento Semilla Luis Cáceres, quien la preside, señaló que sesionarán los lunes por tema de agenda y la próxima reunión, programada para el 6 de mayo, se tendrá la declaración del denunciante, el exdiputado de la UNE Víctor Guerra y de los representantes del Ministerio Público (MP).

Giovanni Pérez Fotógrafo: Cecilia Vicente

Luego de más de dos meses de espera y tras la evaluación de expertos y de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), el puente Adolfo Mijangos, ubicado en zona 3 capitalina, fue declarado inhabilitado, debido a daños irreparables ocasionados por un camión que colisionó contra sus bases, el pasado 17 de febrero.

Luego de una serie de análisis de la mesa técnica integrada por diversos actores, se determinó que es necesaria la construcción de nueva infraestructura, la cual será ejecutada por la Municipalidad
de Guatemala.

Ricardo Quiñónez, alcalde capitalino, informó que se estima que la obra esté concluida antes de que finalice el año, y destacó que tras conocer el estudio de inmediato solicitó la nueva obra, dado el impacto que representa en la movilidad de la ciudad. “La municipalidad liderará el proyecto para lo cual se dispondrá de medidas de orden y control, y se tomará como prioridad la seguridad y atención de las necesidades de los vecinos”, afirmó el jefe edil.

70 mil usuarios circulan por esa área al día.

Ángel Contreras, presidente de la Asociación de Vecinos de la Colonia Bran, expresó su satisfacción ante la noticia; especialmente, porque se ha resuelto la preocupación de los residentes sobre quién asumiría la responsabilidad de la obra. Además, consideró que el plazo estipulado para la finalización parece apresurado dada su complejidad. Sin embargo, refirió que esperan que todo salga como lo se lo informaron a las autoridades.

Asimismo, Roberto Arango, ingeniero estructural y constructor especializado en puentes, opinó que el período indicado es adecuado, ya que, según su experiencia, con estructuras similares a la de Bran, se han construido en un lapso récord de entre tres y cuatro meses.

Arango destacó que lo que llevará más tiempo será la demolición, la cual será difícil para no interrumpir el tránsito en el Periférico. En ese sentido, consideró que no se trabajará con maquinaria pesada, sino se usará más pequeña.

Wendi Villagrán Fotógrafo: Mariano Macz