NACIONALES
Ordenan arraigo contra diputado Gustavo Medrano
Un juzgado de Guatemala decidió hoy prohibir la salida del país del diputado independiente Gustavo Arnoldo Medrano Osorio, acusado de participar en un «negocio familiar» de corrupción en Chinautla, donde su padre era alcalde.
Esta resolución, emitida por el Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente para Diligencias Urgentes de Investigación, a petición del Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), se produce después de que el parlamentario perdiera el fuero el miércoles.
El desafuero fue pedido por las autoridades en julio de 2017 para profundizar en la investigación, en la que el padre del ahora diputado, el exalcalde de Chinautla Arnoldo Medrano, en prisión preventiva y vinculado a varios casos de corrupción, dirigió «un negocio familiar» de corruptelas para la contratación de obras públicas.
Las pesquisas, que se iniciaron en 2011, detallan que la familia Medrano-Osorio ocupaba la Alcaldía y 4 concejalías, lo que les permitía tener la mayoría suficiente para la adjudicación de las obras a 7 empresas, 6 de las cuales fueron creadas en 2008 en menos de 15 días por personas allegadas al regidor.
«Así, por medio de un esquema de cooptación del municipio de Chinautla, el alcalde y sus concejales se asociaron de forma ilícita para que los contratos de obra pública fueran asignados a las empresas del grupo criminal, con el fin de beneficiarse económicamente», dijo en ese momento la CICIG.
No menos de Q25 millones
Al menos se trata de 7 proyectos analizados, que ascienden a Q25 millones (3.4 millones de dólares), pero aún se desconoce de cuánto se habrían apropiado.
La forma de operar del «clan» Medrano-Osorio, según las autoridades, también se amplió hacia otras municipalidades por medio de la contratación de su red de empresas, y al menos 7 de ellas recibieron entre 2009-2010 alrededor de Q400 millones (54.7 millones de dólares).
Medrano, alcalde por unos 27 años, está imputado en varios casos de corrupción, por los que se encuentra en prisión preventiva, entre ellos una trama de corrupción municipal que defraudó más de Q3 millones (415 mil dólares) en la construcción de viviendas.
*Con información de ACAN-EFE
Fotos: Norvin Mendoza
La educación es necesaria para prevenir el acoso escolar y cibernético. Esa fue una de las conclusiones de un conversatorio realizado en el Colegio Nacional Americano al que asistieron la vicepresidenta Karin Herrera y autoridades de la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas (Svet).
La actividad se llevó en el marco del Día Internacional de dicho flagelosocial. Durante el evento, Herrera llamó “a no normalizar este tipo de violencia, a tomar conciencia del problema y a evitar que niños y jóvenes caigan en estas trampas”.
Dannissa Ramírez, secretaria de la Svet, dio a conocer la labor realizada desde la institución para que evitar que los menores sean víctimas de este tipo de violencia.
Foto: Archivo
El periodista José Rubén Zamora Marroquín cumplió hoy 644 días en prisión preventiva, pese a no haber sido condenado ni sentenciado en un proceso judicial.
“El periodismo no es un crimen y el Poder Judicial debe dejar de mantenerlo como rehén por denunciar corrupción”, aseguró a EFE el hijo de Zamora Marroquín, José Zamora.
Las palabras del hijo del periodista tienen lugar en el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa, mientras el aludido permanece detenido en la cárcel del cuartel militar Mariscal Zavala desde el 29 de julio de 2022.
“Ninguna barrera puede silenciar nuestra búsqueda de la verdad ni la dedicación de mi papá al periodismo y a la libertad de prensa”, destacó.
Recordó que la acusación contra su progenitor ha sido “un proceso espurio, sin juicio ni condena”.
Zamora Marroquín es señalado de lavado de dinero y su captura ocurrió cinco días después de lanzar fuertes críticas de corrupción contra el entonces presidente Alejandro Giammattei (2020-2024) y su pareja sentimental, Miguel Martínez.
Una deuda de arrastre de 3 mil 500 millones de quetzales tiene el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) reveló el titular de la cartera, Oscar Cordón.
El funcionario dijo que ese es un asunto que el despacho debe lograr reducir. Actualmente, el MSPAS realiza una auditoría para determinar si el pago real abarcaría la administración pasada y otras, porque han detectado que hay cobros con más de 10 años de arrastre.
El pasado 7 de abril, Cordón afirmó que el compromiso con proveedores de la red hospitalaria pública ha bajado gracias a los acuerdos hechos con más de 100 abastecedores. Este adeudo de 10 años, que superaba los 733 millones de quetzales, afectaba la relación con los distribuidores para seguir otorgando los medicamentos, equipo y suministros.
Sin embargo, la cartera sanitaria informó que se agilizaron las diligencias para pagar y demostrar a los proveedores la buena fe de cumplir con los contratos firmados.
En este sentido, Salud liquidó, al 20 de marzo, más de 484 millones de quetzales, equivalentes al 66 por ciento. Con ello se busca aliviar la incertidumbre de los proveedores y mantener en firme los asuntos asumidos, y por ende solidificar el abastecimiento.
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