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OEA investigará muerte de menor guatemalteco
El caso de la muerte del menor guatemalteco Julio Alvarado Ruano, de 13 años, supuestamente causada por el Ejército de Belice la semana pasada, será resuelto por la vía diplomática y judicial, mediante el debido proceso, informó el presidente Jimmy Morales.
El caso de la muerte del menor guatemalteco Julio Alvarado Ruano, de 13 años, supuestamente causada por el Ejército de Belice la semana pasada, será resuelto por la vía diplomática y judicial, mediante el debido proceso, informó el presidente Jimmy Morales.
Morales refirió que durante su estancia en la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en Nueva York, EE. UU., la semana pasada, se reunió con el primer ministro beliceño, Dean Barrow, a quien planteó “la necesidad de fortalecer todos los actos de confianza que habíamos tenido los últimos años mediante las cancillerías”.
En el encuentro con Barrow, se acordó pedir que una comisión internacional neutra llevara a cabo la investigación del crimen, por lo que se consensuó que será la Organización de los Estados Americanos (OEA). El secretario general de la entidad regional, Luis Almagro, pidió la carta de requerimiento por parte de cada país, lo cual ya fue concretado por Guatemala, según Morales.
Al secretario Almagro “se le solicitó que disponga de una comisión ad hoc, y que las investigaciones tengan vinculaciones de tema penal, para que pueda darse el debido proceso e impartirse justicia”, consideró el gobernante.
Asimismo, el mandatario aseguró que el Ministerio de Relaciones Exteriores, como representante del Estado, está dando el acompañamiento a la familia de Alvarado Ruano, para que haga la denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), primer organismo que conoció el caso.
Por el suceso, tanto la OEA como el Departamento de Estado de EE. UU. instaron a las dos partes a buscar las soluciones por la vía pacífica. “Reiteramos nuestro apoyo a ambos países a continuar los esfuerzos para hacer un referendo que dirija la disputa territorial hacia la Corte Internacional de Justicia (CIJ)”, indicó la institución estadounidense en un comunicado.
Fotos: Norvin Mendoza
La educación es necesaria para prevenir el acoso escolar y cibernético. Esa fue una de las conclusiones de un conversatorio realizado en el Colegio Nacional Americano al que asistieron la vicepresidenta Karin Herrera y autoridades de la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas (Svet).
La actividad se llevó en el marco del Día Internacional de dicho flagelosocial. Durante el evento, Herrera llamó “a no normalizar este tipo de violencia, a tomar conciencia del problema y a evitar que niños y jóvenes caigan en estas trampas”.
Dannissa Ramírez, secretaria de la Svet, dio a conocer la labor realizada desde la institución para que evitar que los menores sean víctimas de este tipo de violencia.
Foto: Archivo
El periodista José Rubén Zamora Marroquín cumplió hoy 644 días en prisión preventiva, pese a no haber sido condenado ni sentenciado en un proceso judicial.
“El periodismo no es un crimen y el Poder Judicial debe dejar de mantenerlo como rehén por denunciar corrupción”, aseguró a EFE el hijo de Zamora Marroquín, José Zamora.
Las palabras del hijo del periodista tienen lugar en el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa, mientras el aludido permanece detenido en la cárcel del cuartel militar Mariscal Zavala desde el 29 de julio de 2022.
“Ninguna barrera puede silenciar nuestra búsqueda de la verdad ni la dedicación de mi papá al periodismo y a la libertad de prensa”, destacó.
Recordó que la acusación contra su progenitor ha sido “un proceso espurio, sin juicio ni condena”.
Zamora Marroquín es señalado de lavado de dinero y su captura ocurrió cinco días después de lanzar fuertes críticas de corrupción contra el entonces presidente Alejandro Giammattei (2020-2024) y su pareja sentimental, Miguel Martínez.
Una deuda de arrastre de 3 mil 500 millones de quetzales tiene el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) reveló el titular de la cartera, Oscar Cordón.
El funcionario dijo que ese es un asunto que el despacho debe lograr reducir. Actualmente, el MSPAS realiza una auditoría para determinar si el pago real abarcaría la administración pasada y otras, porque han detectado que hay cobros con más de 10 años de arrastre.
El pasado 7 de abril, Cordón afirmó que el compromiso con proveedores de la red hospitalaria pública ha bajado gracias a los acuerdos hechos con más de 100 abastecedores. Este adeudo de 10 años, que superaba los 733 millones de quetzales, afectaba la relación con los distribuidores para seguir otorgando los medicamentos, equipo y suministros.
Sin embargo, la cartera sanitaria informó que se agilizaron las diligencias para pagar y demostrar a los proveedores la buena fe de cumplir con los contratos firmados.
En este sentido, Salud liquidó, al 20 de marzo, más de 484 millones de quetzales, equivalentes al 66 por ciento. Con ello se busca aliviar la incertidumbre de los proveedores y mantener en firme los asuntos asumidos, y por ende solidificar el abastecimiento.
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