Hasta un 57 por ciento se horraría el Estado al comprar medicamentos, insumos médico-quirúrgicos y equipo hospitalario tras la firma de un convenio, para el citado objetivo, con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops).

En el documento, que fue rubricado el 30 de abril entre dicha entidad y el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), se establece que el techo máximo es por 943.4 millones de dólares, durante
47 meses.

Andrea Calvaruso, director de Unops en Guatemala, afirmó que no podía responder de cuánto sería el ahorro para el país sobre la base del futuro de adquisiciones del MSPAS.

No obstante, aseguró que podía citar la experiencia que han tenido con el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) desde 2007. Con ellos “se logró una economía en las adquisiciones equivalente al 57 por ciento”, enfatizó Calvaruso.

En la región, la entidad ha comprado fármacos con la modalidad de convenios con instituciones de salud de México y Honduras, entre otras naciones, cuyos resultados han tenido éxito.

Transparencia

Santiago Palomo, titular de la Comisión Nacional contra la Corrupción, comentó que la decisión tomada por el MSPAS es un claro ejemplo de acciones para brindarle a la población un mejor servicio, que se fundamenta en la transparencia y la integridad. “Para la Comisión es una satisfacción este convenio, ya que es un hecho concreto para combatir este legado de opacidad”, añadió el funcionario.

El comisionado expresó que el acuerdo “tiene un beneficio claro para la eficiencia en el gasto público y rendición de cuentas.

Este tipo de proyectos es fundamental para prevenir la corrupción, porque a través de procesos transparentes se garantizará que las medicinas e insumos sean adquiridos con normas más claras y que lleguen a donde corresponde”.

Rodrigo Pérez Fotógrafo: Cecilia Vicente

Rubelsy Pimentel y Giovanni Pérez
Redacción

La no participación durante la caminata, no dejarse intimidar y el rechazo a las acciones que puedan afectar la educación y a los docentes fue la respuesta de distintas agrupaciones de enseñanza que ayer se negaron a formar parte de la manifestación organizada por Joviel Acevedo.

El Sindicato de Maestras y Maestros del Departamento de Guatemala (SMG), la Coordinadora Magisterial Marquense (CMM), la Asociación Magisterial Marquense (AMM), la Asociación Magisterial Quetzalteca (AMQ) y la Coordinadora Nacional del Magisterio (CNM) se unieron en resistencia contra los intereses de Acevedo, del Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG), y no se presentaron a la manifestación.

La CMM expresó en un comunicado que “como técnicos de campo buscamos que los programas de apoyo lleguen a todos los niños y jóvenes en el ámbito nacional”. El documento señala que “no recibimos viáticos ni carro oficial como la cúpula del STEG. Durante años, los gobiernos de la corrupción nos trataron como profesionales de segunda categoría”.

Por su parte, la AMM compartió en sus redes sociales un aviso: “Como maestros críticos, no nos dejamos manipular por el discurso e interés de las personas que promueven la corrupción en cada uno de los municipios de San Marcos”.

El texto, además, resalta que “estamos conscientes que nuestro salario lo paga el pueblo por medio de sus impuestos y que debemos apoyar las causas legales, justas y correctas para erradicar la corrupción en Guatemala”.

De paseo

Grupos de docentes que venían a manifestar no lo hicieron y, por el contrario, se dedicaron a distraerse en el Paseo de la Sexta, acudieron a expendios de licores y tiendas como lo constató un editor de este matutino.

Estas acciones han quedado en evidencia y puesto en duda el nivel y calidad de enseñanza que es impartida por estos profesores, afirmó Manuel Calderón, padre de familia, quien externó su malestar por la actitud de los docentes que abandonaron las aulas y a los alumnos, con tal “venir a pasear a la capital”.
Más tarde, Acevedo acudió al Congreso de la República, donde se reunió con el presidente del Legislativo, Nery Ramos, y miembros de la Junta Directiva.

Fueron 13 las solicitudes de los manifestantes, entre las que destacan que le pidan a la ministra de Educación dar a conocer su plan de trabajo, crear programas para beneficio de la niñez y la juventud de todos los niveles de formación y aprobar un punto resolutivo para restablecer el Seguro Médico Escolar.

Ramos señaló que se formará una mesa técnica donde se le dará participación a todas las partes involucradas y estará dirigida por la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología del Legislativo.

El pasado martes, la titular de Educación, Anabella Giracca, envió una carta al STEG para que el pacto colectivo sea desclasificado y se dejé atrás el secretismo.

Redacción DCA Fotógrafo: Danilo Ramírez

No acatar resoluciones de la Corte de Constitucionalidad (CC) que violan preceptos de la Carta Magna recomendó ayer el Movimiento para el Rescate de la Auténtica República Democrática, por medio de un campo pagado publicado en un medio de prensa.

En los considerandos se señala que la CC “con su ilegal interferencia está estableciendo de facto una jerarquía inconstitucional sobre el Congreso, lo que priva al partido Movimiento Semilla y a otros diputados legalmente electos de sus legítimos derechos para que formen parte de la Junta Directiva y puedan pertenecer y presidir las diferentes comisiones de trabajo”.

Rodolfo Rohrmoser, expresidente de la CC y uno de los firmantes del documento, indicó que entre los argumentos que se esgrimen para dicha petición es que la máxima ley del país indica que “nadie está obligado a acatar resoluciones manifiestamente ilegales”.

Demandan salida de Porras

También, se solicita al presidente Bernardo Arévalo que, al amparo del Artículo 251 de la Constitución, destituya a la fiscal Consuelo Porras, porque ha violado el espíritu y letra de la Carta Magna.

Citan, entre otros ejemplos, que Porras se ha constituido en fabricante de casos espurios en contra de periodistas, disidentes del antiguo gobierno y operadores de justicia, y que se constituyó en instrumento golpista del régimen caído.

Alfonso Cabrera, exconstituyente y excanciller, quien también es uno de los firmantes del campo pagado, remarcó que las reformas hechas a la Ley del MP en 2016 no impedían al jefe de Estado remover del cargo a Porras.

“Cualquier ley que contravenga un principio fundamental contenido en la Constitución es nula desde que nace”, aseguró.

Rodrigo Carrillo Fotógrafo: Archivo